untitled-.pdf - VSIP.INFO (2023)

ESTUDIOS DE

HISTORIA DEL DERECHO José Antonio Escudero

Derecho Histórico Boletín Oficial del Estado

Estudios de Historia del Derecho

José Antonio Escudero

ESTUDIOS DE

HISTORIA DEL DERECHO

José Antonio Escudero

ESTUDIOS DE HISTORIA DEL DERECHO

Estudios de Historia del Derecho José Antonio Escudero

Boletín Oficial del Estado Madrid, 2016

Primera edición: Febrero de 2016 En sobrecubierta: retrato de Jaime I de Aragón en el Vidal Mayor, segunda mitad del siglo xiii. En contrasobrecubierta: Cantigas de Santa María - Alfonso X El Sabio y su corte de eruditos y músicos.

© José Antonio Escudero © Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidas la reprografía y el tratamiento informático.

http://publicacionesoficiales.boe.es

NIPO (AEBOE): 007-16-005-7 ISBN: 978-84-340-2271-3 Depósito Legal: M-3879-2016 Imprenta Nacional de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

SUMARIO

Págs.

NOTA INTRODUCTORIA .........................................................................

11

I. EL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL ANTIGUO RÉGIMEN ..............

13

  1. El Rey y la monarquía ..................................................................

15

  2. El gobierno de Carlos V hasta la muerte de Gattinara. Canciller, Consejos y Secretarios ..................................................................

21

  3. Felipe II y el gobierno de la monarquía .......................................

35

  4. Privados, Validos y Primeros Ministros .......................................

45

  5. Privados, Validos y Primeros Ministros en la monarquía española del Antiguo Régimen (Viejas y nuevas reflexiones) ............

65

  6. Tres ministros y un rey: cuatro italianos en el gobierno de España ..........................................................................................

79

  7. La Corte de Carlos IV: la política interna .....................................

99

  8. Política y Administración en el reinado de Isabel II ....................

113

  9. La nobleza y los altos cargos de la Administración en la España del Antiguo Régimen .................................................................... 125 10. Los extranjeros en el gobierno de la España del Antiguo Régimen ............................................................................................... 141 II. ORDENACIÓN TERRITORIAL Y DECRETOS DE NUEVA PLANTA .....

149

11. Introducción a la génesis territorial de España ............................

151

12. Los Decretos de Nueva Planta en Aragón ....................................

165

13. El Decreto de Nueva Planta de Cataluña ......................................

217 7

Estudios de Historia del Derecho

Págs.

III. LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL ....................................................

271

14. Trabajos y recuerdos de Historia de la Administración .............

273

15. El rey y el gobierno central de la monarquía en el Antiguo Régimen ............................................................................................... 315 16. Cortes de Monzón de 1585: los cronistas y la Junta de Noche ...

369

17. Un manuscrito napolitano sobre las Secretarías de Estado a principios del siglo xvii .................................................................

383

18. El reformismo borbónico y la Administración Central en España .......................................................................................... 391 19. La Administración central en la Constitución de Bayona ..........

407

20. Sobre el Consejo de Estado ..........................................................

423

IV. AMÉRICA Y LA ADMINISTRACIÓN INDIANA ...............................

427

21. La condición jurídica de los indios ..............................................

429

22. El gobierno del Consejo de Indias entre los siglos xvi y xvii .......

433

23. Reformas del Consejo de Indias a la entrada del siglo xviii .........

447

24. La creación del Consejo de Cámara de Indias ..............................

457

25. El gobierno central de las Indias: el Consejo y la Secretaría del Despacho ......................................................................................

497

26. Presidente Laguna, secretario Ibarra, escribano Ledesma: enfrentamientos en el Consejo de Indias a fines del siglo xvi ..... 521 27. Propuestas hechas desde España para la independencia de América ........................................................................................ 533 V. CORTES Y CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ .............................................

547

28. Reflexiones ante un próximo bicentenario: Cortes de Cádiz y Constitución de Cádiz ..................................................................

549

29. Las Cortes de Cádiz: génesis, Constitución de 1812 y reformas .

557

30. La Constitución de Cádiz ..............................................................

621

31. El Archivo Nacional de Cuba y los ecos de la Constitución de Cádiz .............................................................................................

629

8

S u ma r i o

Págs.

32. Un personaje en los inicios del liberalismo español, Antonio Alcalá Galiano ...............................................................................

637

33. Los orígenes del municipio constitucional ..................................

649

VI. FUENTES, HISTORIOGRAFÍA Y OTROS TEMAS .............................

663

34. Sobre la génesis de la Nueva Recopilación ..................................

665

35. Tríptico escandinavo (en recuerdo de Gunnar Tilander) .............

689

36. Ceuta y España: consideraciones histórico-jurídicas ..................

713

37. La Real Cédula de 6 de julio de 1803 ...........................................

733

38. Joaquín Costa y la Historia del Derecho ......................................

737

39. El Centro de Estudios Históricos y la Historia del Derecho ........

751

40. Sobre la Constitución de 1978: historia, textos y personas ........

755

41. El conflicto de los bienes del Monasterio de Sijena: breves apuntes ......................................................................................... 763 42. La Iglesia en la historia de España: prólogo .................................

771

43. Sobre los Derechos Humanos ......................................................

785

44. Escribanos y secretarios en los preliminares de la edición del Quijote .......................................................................................... 793 45. Y como final, un cuento ...............................................................

813

9

NOTA INTRODUCTORIA Recoge este libro una serie de artículos sobre Historia del Derecho, del Estado y la Administración, aparecidos en los últimos años en revistas científicas, libroshomenaje por efemérides académicas, y libros colectivos de naturaleza diversa, algunos coordinados o dirigidos por el propio autor. En aras de un mayor orden y sistemática, los artículos han sido agrupados en seis partes o secciones que tienen un fondo de afinidad. La primera trata del gobierno del Estado en el Antiguo Régimen, e incluye, tras una síntesis de la historia de la monarquía, varios trabajos correspondientes a distintos reinados; así los referidos al gobierno de Carlos V y Felipe II, en el siglo xvi; a los de privados y validos en el xvii; al relativo a la participación de ministros italianos en el xviii, y a los de Carlos IV e Isabel II en ese siglo y en el xix. Por último, dos estudios sobre la presencia de la nobleza y de los extranjeros en general en los altos cargos del gobierno de España. La segunda parte se centra en la historia de la Administración territorial y, más en concreto, en los Decretos de Nueva Planta, con una visión general y dos trabajos sobre esos Decretos en Aragón y Cataluña. La tercera, más amplia, es la relativa a la Administración Central, en la que, tras un artículo introductorio sobre el régimen polisinodial o de Consejos, y el ministerial de las Secretarías del Despacho, se ofrecen otros particulares sobre instituciones de los reinados de los Austrias, del reformismo borbónico o de la ordenación de la Administración en la Constitución de Bayona. Concluye con unas reflexiones sobre el Consejo de Estado como organismo cardinal en la Administración pública de los últimos siglos. La cuarta parte da cabida a trabajos referidos a América. Entre una introducción sobre la condición jurídica de los indios, y el epílogo a propósito de ciertas propuestas hechas desde España de abandonar todos o parte de los territorios de ultramar, esos trabajos se dedican al organismo principal, el Consejo de Indias, en los siglos xvi, xvii y xviii, refiriendo las luchas por el poder dentro de él; al complementario Consejo de Cámara de Indias y a la Secretaría del Despacho de Indias que luego se transformará en Ministerio de Ultramar. 11

Estudios de Historia del Derecho

La quinta parte contiene trabajos sobre las Cortes y Constitución de Cádiz, y sobre ciertos lugares (Cuba), personas (Antonio Alcalá Galiano) o instituciones (el municipio) especialmente relacionadas con el mundo gaditano y el recién estrenado liberalismo español. La sexta, y última, en fin, es una miscelánea de temática diversa. Encontrará en ella el lector, en materia de fuentes, un estudio sobre la compleja génesis de la Nueva Recopilación de 1567 y sus sucesivos redactores. En lo relativo a historiografía, otro referido a Joaquín Costa como historiador del Derecho, y otro más sobre las relaciones de la historiografía jurídica escandinava con España. Este último (Tríptico escandinavo) dedica su primera parte, relativa a Dinamarca, a rectificar la tesis comúnmente admitida de que la importante obra histórico-jurídica del danés Franckenau, Sacra Themidis Hispanae Arcana, fuera escrita en realidad por el jurista español Juan Lucas Cortés; la segunda, a propósito de Noruega, precisa algunos aspectos del paralelismo que advirtió la historiografía germánica entre el derecho godo hispánico y el noruego; y la tercera evoca la figura del eminente historiador Gunnar Tilander, editor y estudioso de las fuentes medievales españolas. Esta misma sexta parte da cabida además a un estudio panorámico de la evolución de la Iglesia en la historia de España; a otro que rememora ciertos aspectos de la elaboración de la Constitución de 1978, y a un panorama general de la vinculación histórico-jurídica de Ceuta con España. Siguen unas reflexiones sobre los Derechos Humanos en dos planos, el más antiguo de los fueros medievales españoles, y el más reciente de su tutela por el Parlamento Europeo. Prosigue con un trabajo sobre los personajes de la Administración, escribanos y secretarios reales, que tuvieron el honor de figurar en los preliminares de la edición del Quijote, es decir, los que suscriben la preceptiva tasa, el testimonio de erratas y la autorización de impresión, o refrendan las cédulas reales que autorizan la inmortal obra, de cuya segunda parte se cumple precisamente ahora el cuarto centenario. El libro concluye con un ensayo sobre el mundo jurídico de los cuentos infantiles y las relaciones de esos cuentos con la historia del Derecho. Tras esta referencia panorámica, el autor quisiera dejar constancia de su gratitud a D. Manuel Tuero Secades, Director de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y brillante impulsor en ella de las publicaciones histórico-jurídicas, que ha hecho posible la edición de este libro. Madrid, 12 de octubre de 2015

12

i el gobierno del estado en el antiguo régimen

1.  EL REY Y LA MONARQUÍA * 1 Casi mil seiscientos años han transcurrido desde la aparición de la monarquía en España con el primer rey visigodo, Ataulfo, que se instaló el 415 en la provincia romana Tarraconense, y más de mil cuatrocientos desde que el Estado hispano-godo, con su rey Atanagildo (555-567), fijó la capital en Toledo. En ese milenio y medio, hasta el reinado en nuestro tiempo de Juan Carlos I, se ha dado la ordinaria y más conocida monarquía hereditaria, pero también se dio antes una monarquía electiva con los visigodos, en el inicio del reino de Asturias y en el curioso episodio, en pleno siglo xix, de un rey italiano (Amadeo de Saboya) elegido por las Cortes de España. Desde aquellas remotas fechas hasta hoy, con el breve paréntesis de dos Repúblicas (la primera, de once meses en el bienio 1873-1874, y la segunda, de un lustro, entre 1931 y 1936), y el no tan breve de una Dictadura entre 1939 y 1975, es decir, de un total de cuarenta y dos años, todo ha sido en España monarquía, reyes y dinastías. Reinó así sobre todo la familia de los Baltos en la España visigoda; reinaron después diversas dinastías en el Medievo, en la «España de los Cinco Reinos», según fue el caso de los Trastámara en Castilla, y reinaron Austrias y Borbones en la España moderna, junto al añadido efímero de aquel rey italiano de la Casa de Saboya, y de José Bonaparte, nombrado por Napoleón y reconocido por los diputados reunidos en Bayona. Sin embargo, pese a la omnipresencia de la monarquía en nuestra historia, carecíamos de un estudio institucional sobre la figura del monarca; no sobre lo que hizo o no hizo tal o cual rey, sino sobre la entidad institucional de la realeza misma: cómo se accede a ella, cómo se ejerce, cuáles han sido y son sus funciones, derechos y deberes, cómo se extingue, y cuál ha sido, es, y debe seguir siendo el significado de la Institución, encarnada antaño en la monarquía absoluta, y hogaño en la parlamentaria y democrática. Algo, en fin, que no estaba hecho y que ahora ha sido posible hacer. A tal efecto un grupo de juristas, historiadores y publicistas, con la vista puesta *  Este trabajo figura como prólogo al libro colectivo, dirigido por el autor, El Rey. Historia de la Monarquía, 3 vols. Planeta, 2008; en I, 7-12.

15

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

atrás –en lo que ha pasado–, en el presente –lo que está pasando–, y con el rabillo del ojo mirando al futuro, han unido sus plumas en este libro que, auspiciado por la Fundación Rafael del Pino, sale a la luz con el escueto título de El rey. Con una andadura de tantos años a la espalda, y en tiempos y circunstancias políticas harto heterogéneas y disímiles, no es de extrañar que la realeza haya sido muchas cosas, y que resulte posible detectar en el recorrido histórico múltiples fenómenos dignos de consideración. En primer lugar, su identificación con el logro de la unidad política de España en dos principales y distantes secuencias. La primera, cuando los reyes visigodos consiguen reducir al reino suevo del norte, que había durado nada menos que sigloy medio (411-585), y expulsar a los bizantinos del sur, con lo que Suíntila (621-631) se convierte en el primer rey de la Península entera. En segundo lugar, cuando las Coronas de Castilla y Aragón se unen, mediado el siglo xv, en las personas de Isabel y Fernando, y, con la ulterior conquista de Granada (1492) e incorporación de Navarra (1512), tiene lugar la que conocemos como unidad nacional. La historia de la monarquía aparece, como la de cualquier otra institución o, si se quiere, la de la vida misma, dulce y placentera unas veces, y abrupta y arriscada otras. En su orto, con la monarquía visigoda, tuvo mucho más de lo segundo que de lo primero, y ello hasta tal punto que llegó a convertirse en habitual el destronamiento violento de los monarcas por quienes pretendían sucederles en el trono. Fue el célebre morbo gótico, tan frecuente que habrá de cuestionar la existencia de la monarquía electiva en cuanto tal. Hasta Viterico (año 603), diez reyes visigodos fueron asesinados, y desde Viterico, con el panorama algo menos tenso, once fallecieron de muerte natural y sólo tres (Suíntila, Tulga y Vamba) fueron depuestos. Aquella monarquía tuvo como cabeza a unos reyes-guerreros, y el último de ellos, el legendario don Rodrigo, perdió el trono y la vida en el campo de batalla. Ocupada la Península por el Islam, la gran crisis del año 750, en la que es asesinado por los abbasíes el último califa omeya de Damasco, da lugar a que otro omeya, Abd al-Rahman I, convierta a Al-Andalus en un emirato, y que un sucesor suyo, Abd al-Rahman III, eleve su rango al de califato independiente, con lo que hace de la capital, Córdoba, la ciudad más importante de Occidente. En la España musulmana el monarca es el eje del sistema político y quien establece la jerarquía de todas las magistraturas de gobierno. Desmoronado el califato en 1031, se abre paso la etapa de los reinos de Taifas, gobernados por reyezuelos de ascendencia diversa y de origen bereber, árabe o eslavo (los Beni-Hud en Zaragoza; los Beni Dunnun en Toledo; los aftasíes de Badajoz, abbedíes de Sevilla, hammudíes de Málaga, nazaríes de Granada, etc.). Paralelamente a ese proceso de disgregación, tiene lugar el fortalecimiento de los reinos de la España cristiana surgida de la Reconquista, con una realeza institucionalizada, donde coyunturalmente retoña la antigua violencia gótica con destronamientos como el 16

1.  El Rey y La Monarquía

de Alfonso III en el reino astur-leonés (año 909), e incluso en Castilla con el asesinato de reyes como Sancho II (en el cerco de Zamora) y Pedro I. El rey lo es hasta la muerte o hasta que, por circunstancias imprevisibles, pierde el trono. Así en la España Moderna hay reyes que dejan de serlo de forma pacífica y voluntaria, según es el caso de Carlos I con los Austrias y de Felipe V con los Borbones, monarcas ambos que abandonaron el trono en base a motivaciones personales y religiosas. Carlos I abdicó en Felipe II y se retiró a Yuste en 1558, y Felipe V abdicó en Luis I y se retiró a La Granja en 1724, aunque este último episodio tuviera la peculiaridad de que, muerto Luis, Felipe V intentara y consiguiera recuperar el trono, con lo que vendrá a suceder que el primer Borbón reine dos veces. Pero además de esas abdicaciones libres y sosegadas, en la España moderna y contemporánea se han dado otras renuncias a la corona forzadas por las circunstancias, en las que los reyes renuncian al trono o lo abandonan de hecho porque les es imposible o muy difícil seguir manteniéndolo. Tal fue el caso, en los inicios del xix, de la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando y de la renuncia de ambos a sus derechos a la corona en la persona de Napoleón. También, mediada la centuria, de la marcha de Isabel II, exiliada en Francia en 1868, y de Amadeo de Saboya, que retorna a Italia en 1873. Y ya en el sigloxx, la de Alfonso XIII, que deja España en 1931. En el Antiguo Régimen el rey encarna la soberanía y el Estado aparece como creación suya, lo que conduce a negar la supremacía de cualquier otro poder temporal. El rey, en consecuencia, no reconoce superior. Y es el monarca, así, quien está facultado para declarar la guerra y quien puede impartir justicia entre los súbditos sometidos a su autoridad. En esta preeminencia estriba justamente la soberanía, siendo soberano aquel príncipe «que después de Dios no reconoce a nadie superior a si mismo», según la clásica afirmación de Bodino en el libro primero de La República. Hay, sin embargo una forma egregia y superior de ser rey, la de ser rey de reyes o emperador, de lo que en nuestra historia constatamos un intento frustrado (el de Alfonso X, que trató en vano de conseguir el Imperio alemán) y dos eximias realidades en las Edades Media y Moderna. En aquélla, con la Península articulada en diversos reinos, el caso del Imperio castellanoleonés, con un rey, Alfonso VI, que aparece como «emperador de toda España» o «emperador de las dos religiones», o de Alfonso VII, coronado emperador en la catedral leonesa de Santa María en 1135. En la Edad Moderna, en fin, el Emperador por antonomasia, Carlos, que se hizo con la corona imperial en 1519 y de quien diría ante las Cortes el doctor Pedro Ruiz de Mota que «él solo en la tierra es rey de reyes». En el Estado constitucional, a raíz de 1812, la monarquía es monarquía parlamentaria, con un rey cuyo peso institucional y poderes políticos varían según las épocas. En una primera fase, el rey ostenta la máxima representación de la nación, declara la guerra y ratifica la paz dando cuenta documentada a las Cortes; 17

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

cuida de que en el reino se administre justicia; dirige las relaciones diplomáticas y expide los decretos conducentes a la ejecución de las leyes; dispone de la fuerza armada; acuña moneda y designa y separa libremente a los ministros. Le corresponde también la salvaguardia del orden público y el nombramiento de los funcionarios civiles y militares. Antes de contraer matrimonio deberá comunicarlo a las Cortes, a fin de que ellas lo aprueben. Necesita de autorización especial para enajenar, ceder o permutar cualquier parte del territorio nacional, para admitir tropas extranjeras en el país, para ratificar los tratados y para abdicar la Corona. En el día de hoy, a tenor de la Constitución, el Rey, Jefe del Estado y símbolo de la unidad y permanencia de la Corona, «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes» (art.56, 1). Con reinados heterogéneos y cronológicamente desiguales, la historia de los reyes es, en buena medida, la historia misma de España. En los tiempos modernos se dieron reinados largos: los más largos los de Felipe II en el siglo xvi (15561598), de Felipe IV en el xvii (1621-1665) y de Felipe V en el xviii (1700-1745), los tres de una duración superior a cuatro décadas, aunque ninguno llegara a alcanzar el medio siglo. Pero hubo también reinados breves, como el del antes citado Amadeo de Saboya, o muy breves como el de Luis I, quien por unas intempestivas viruelas ocupó el trono sólo siete meses, de enero a agosto de 1724. Por lo demás, la idea que el pueblo tuvo de sus reyes quedó a menudo reflejada en los sobrenombres y calificativos que les adjudicó, los cuales fueron especialmente frecuentes en tiempos medievales. Nos encontramos así entonces en los reinos peninsulares con apelativos referidos al temple guerrero del monarca (Alfonso el Batallador; Jaime el Conquistador; Sancho VII el Fuerte) o bien a su excelsitud e importancia (Alfonso III el Magno; Sancho el Mayor; Pedro III el Grande; Ramón Berenguer III el Grande), o a su omnisciencia (Alfonso X el Sabio) y virtudes morales o religiosas (Alfonso V el Noble; Martín el Humano; Alfonso II el Casto; Fernando III el Santo). No faltan tampoco sobrenombres menos gratos (Enrique IV el Impotente) y otros enigmáticos de más difícil interpretación (Enrique III el Doliente). En la Edad Moderna el fenómeno irá a menos con los Austrias, sin que falten algunos apelativos encomiásticos (Felipe I el Hermoso; Felipe II, Rey Prudente) o denigratorios (Carlos II el Hechizado), y casi desaparecerá con los Borbones, en los que sólo cabe recordar el paradójico apelativo de Deseado con que se bautizó a Fernando VII, sin duda uno de nuestros reyes menos deseables. Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt, escribió Tácito en su Germania. Y si en aquellos pueblos los reyes eran elegidos por la nobleza de su sangre, como los duques militares por su valor, la legitimidad monárquica de la sangre constituye hoy un presupuesto de reyes respetuosos con el ordenamiento constitucio18

1.  El Rey y La Monarquía

nal y con los derechos de quienes han dejado de ser súbditos para convertirse en ciudadanos. La historia de la realeza, en fin, es nuestra propia historia, imposible de entender al margen de una Institución encarnada hoy en quien ha protagonizado el feliz tránsito a una España democrática, y recuperado y defendido la libertad y el sistema de valores propios de la Europa del siglo xxi. Por eso es tan de agradecer que el Presidente de la Fundación, don Rafael del Pino, haya tenido la clarividencia y generosidad de llamar a unos y otros, y empujarnos a todos a hacer este libro.

19

2.  EL GOBIERNO DE CARLOS V HASTA LA MUERTE DE GATTINARA. CANCILLER, CONSEJOS Y SECRETARIOS * 1 I.  EL RÉGIMEN DE GOBIERNO A LA LLEGADA DE DON CARLOS El 5 de enero de 1515 fue declarado Carlos V mayor de edad, con lo que recayó en él la soberanía de los Países Bajos. Ese mismo año, Fernando el Católico, pretendiendo para el monarca que le habría de suceder una educación española que Carlos no había recibido, nombra en su testamento de Burgos gobernador de Aragón y Castilla a su segundo nieto, Fernando, señalándole así como futuro titular de los reinos peninsulares. Las nuevas de esta decisión llegan a Flandes, provocando la inmediata reunión del Consejo asesor de don Carlos, compuesto por Juan de Sauvage, gran canciller; el señor de Chiévres, Guillermo de Croy, jefe del partido borgoñón; monseñor de Chaulx, y los españoles residentes en Bruselas (Alonso Manrique, obispo de Badajoz; don Diego de Guevara y el embajador Juan de Lanuza). El Consejo decide que venga a España Adriano de Utrecht, principal educador de don Carlos, a fin de que tome posesión en su nombre del gobierno de España cuando muera el Rey Católico. La intervención de Adriano, quien actuó asesorado por algunos personajes españoles (el doctor Carvajal y los licenciados Zapata y Vargas), hizo que Fernando revocara el testamento de Burgos, nombrando heredero en Madrigalejo (enero de 1516) al príncipe don Carlos y gobernador en su ausencia al cardenal Ximénez de Cisneros. Muerto el Rey Católico, rey de Aragón y gobernador de Castilla, el 23 de enero de 1516, actúa Cisneros en espera de la venida de don Carlos. Éste viaja ‘en septiembre de 1517 de Flandes a España, y, tras desembarcar en Asturias, se traslada a Valladolid acompañado de un cortejo de flamencos a cuya cabeza figura Chiévres. Pocos meses después, en febrero de 1518, tienen lugar las Cortes de Valladolid, *  Publicado en El Imperio de Carlos V. Procesos de agregación y conflictos, libro dirigido por Bernardo J. García García, Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 2000, 83-96.

21

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

en las que los procuradores, por boca del representante de Burgos, Zumel, plantearon sus reivindicaciones. A continuación don Carlos acudirá a Zaragoza y Barcelona a jurar ante las Cortes aragonesas y catalanas 1. La unión de las dos coronas, de Castilla y Aragón, en el reinado de los Reyes Católicos había sido una unión de carácter personal, respetuosa con las instituciones peculiares de cada una, pero que en cualquier caso supuso una notable agregación de territorios 2. En la Corona de Castilla Isabel era reina, y también Fernando, aunque sólo en cuanto legítimo marido suyo. En Aragón, en cambio, aunque ambos ostentan el título de reyes desde 1479, sólo Fernando es rey con poder efectivo, gozando Isabel únicamente de la dignidad real. «Por tanto, en rigor, sólo Fernando es rey efectivo de ambas Coronas y sólo en él están unidas ambas; pero con la particularidad de que mientras que en Aragón es rey hasta su muerte, en Castilla sólo lo es en tanto permanezca casado con Isabel» 3. Al no llegar a constituirse una «Corona de España», los títulos de las dos Coronas persistentes de Castilla y Aragón se entremezclan en la titulación de los reyes, con lo cual, como ha observado García-Gallo 4, la entidad institucional de cada una de ellas se debilita, fortaleciéndose en cambio la de los reinos. Se perfila así el formato político-administrativo de la «Monarquía universal española», que será objeto de adecuada institucionalización más adelante. El régimen de gobierno vigente en 1516, y previo por tanto a la llegada de don Carlos, con la referencia de quiénes despachaban los papeles de las distintas materias y territorios, nos es conocido por cierta Relación de las personas que tienen a cargo de despachar los negocios de estos reynos 5. Según ella, el sistema en Castilla era el siguiente: «Las cosas de la guerra al Consejo de la Guerra. Las cosas de la justicia, al Consejo. Las cosas de la inquisición, al Consejo de la Inquisición. Las cosas de las Órdenes que tocan a justicia, al Consejo de las Órdenes. Las otras de mercedes y de expedientes, al Comendador mayor de Castilla. Las cosas de la hacienda a los contadores. Las cosas de Castilla y de expedientes y de merced, al secretario Conchillos. Las de la Cruzada y composiciones, al obispo de Burgos. Lo de Navarra al Consejo. Generalmente todas las peticiones que se davan al rey, que haya gloria, de lo de Castilla, embiará al secretario Conchillos, para que el licenciado Zapata y el doctor Carvajal y él las remitiesen y proveyesen». 1  Véase el resumen de estos primeros acontecimientos en P. Aguado Bleye, Manual de Historia de España, 9.ª ed., revisada por C. Alcázar Molina, Madrid, 1964, págs.412 y sigs. 2  M. Artola, La Monarquía de España, Madrid, 1999, págs.258-259. 3  A. García-Gallo, Manual de Historia del Derecho español, 10.ª reimpr., Madrid, 1984, 1, pág.676. 4  Ibidem, pág.677. 5  AGS, Estado, leg. 3. Copia en la British Library (en adelante BL), Additional 28572, folio 160. Di noticia de este texto en Los Secretarios de Estado y del Despacho, 4 vols., Madrid, 1969 (vid.en i, 37), obra a la que me remito en general.

22

2.  El Gobierno de Carlos V hasta la muerte de Gattinara...

Sobre este texto convendría advertir que el «Consejo de Guerra» que se cita no era en realidad el que luego se conocerá como tal, sino probablemente alguna sección especializada del Consejo de Castilla. También procede destacar el poder de que por entonces hacía gala el secretario Conchillos, un confidente del rey Fernando y hombre de azarosa historia 6. A su vez, el panorama de la Corona de Aragón era éste: «Lo de Estado y Nápoles, al secretario Quintana. Lo de Sicilia y Valencia, al secretario Calcena. Todo lo otro de Aragón, al Protonotario. Lo de Cerdeña, al secretario Juan González. Las cosas de la hacienda de los reinos de Aragón al tesorero Luis Sánchez». El gobierno de las dos Coronas se ordenaba, pues, por los dos Consejos de Castilla y Aragón. Los temas de gobernación y justicia de los territorios de las órdenes militares castellanas corrían por el Consejo de Órdenes, y por el Consejo de Cruzada lo relativo a la recaudación y administración de la bula de la Cruzada. Las cuestiones inquisitoriales eran despachadas por el Consejo de la Suprema Inquisición. En poco tiempo sería organizado el Consejo de Hacienda para las cuestiones financieras, y el de Cámara de Castilla para los asuntos de gracia y merced. Para la política internacional y las supremas cuestiones políticas internas, se establecerán los Consejos de Estado y Guerra. En cuanto a los secretarios, destacaba en Castilla un aragonés de Tarazona, Lope de Conchillos. Como hemos visto, este personaje había sido enviado a Flandes, a la muerte de la reina Isabel, a fin de obtener un poder para que don Fernando gobernase vitaliciamente Castilla 7. Mantenido allí como representante de los intereses de Fernando el Católico ante su hija doña Juana, y actuando como secretario de ella 8, vuelve en 1507 a España donde es encargado de los asuntos de Indias, para retornar de nuevo a Flandes, desempeñando también la secretaría del Consejo de Órdenes. 6  «Aunque desde 1500 Lope de Conchillos tenía un modesto cargo en la secretaría real, su valimiento empieza súbitamente a la muerte de la Reina Isabel, en cuyo Codicilo sospechosamente intervino, Acompañante de Fonseca a Flandes, a fin de sonsacar amplio poder a Doña Juana para su padre, al fracasar el plan, D. Felipe le hizo dar tormento para descubrir los planes de su suegro, y lo encerró en una mazmorra subterránea tan húmeda que perdió en ella para siempre el pelo de la cabeza, cejas y barba sin que pudiera salir de ella hasta meses antes de morir el archiduque (25-IX-1506). Casi seguramente para compensarle estos malos ratos y su rapidez en, desde la Corte de Burgos, maniobrar a su favor e informarle como espía, Fernando V, al volver a Castilla, en 1507, le nombró su secretario, con cien mil maravedís de quitación anual, adscribiéndole, con Fonseca, al gobierno de las Indias, donde empezó a adquirir puestos, derechos, granjerías y enchufes que, a la muerte del Rey, le proporcionaban cuatro millones de maravedís anuales» (M. Giménez Fernández, Bartolomé de las Casas, I, Delegado de Cisneros para la reformación de las Indias (1516-1517), y II, Capellán de S. M. Carlos I, Poblador de Cumaná (1517-1523), Sevilla, 1953 y 1960. Vid.en I, págs.12-14. 7  L. de Padilla, Crónica de Felipe 1 el Hermoso, CODOIN, VIII, pág.125. 8  F. W. Schirrmacher, Geschichte von Spanien, Gotha, 1902, pág.370: «... hatte nämlich Don Fernando den Lope de Conchillos, einen jungen, ihm treu ergebenen Aragonesen, an die Doña Juana gesandt, um ihr Abwesendheit Gemahls als Sekretär Dienste zu leisten».

23

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Hacia 1518, Conchillos es retirado de todos estos negocios, que fundamentalmente van a parar a las manos de Francisco de los Cobos. Al margen de Conchillos, los asuntos internacionales habían seguido otro camino. En principio fueron gestionados por Juan de Coloma, que representó a los reyes en las conversaciones previas a las Capitulaciones de Santa Fe 9 y que figuró en algunos episodios importantes previos al descubrimiento de América 10. A fines del siglo xv o principios del xvi, Coloma fue sustituido en esa primera Secretaría o Secretaría de Estado (aunque entonces todavía no existiera tal Consejo) por Miguel Pérez de Almazán, aragonés de Calatayud y «muy privado» 11 del rey, quien la desempeñó hasta su muerte en 1514. Esos personajes, Coloma y Almazán, serán así vistos como los primeros secretarios de asuntos internacionales o secretarios de Estado, llegando a afirmar un autor como Doussinague que ellos fueron «los dos primeros Secretarios o Ministros de Estado que ha tenido España y aun Europa, pues nuestra nación ha sido la primera en tener una Secretaría de Estado dedicada exclusivamente a asuntos internacionales, ejemplo que hasta un siglo después no imitó Francia y mucho más tarde las demás potencias» 12. Tras Almazán, entra en juego en 1514 otro aragonés, Pedro de Quintana, natural de Tarazona. Quintana aparece en los asuntos internacionales y en los internos más importantes (refrenda, por ejemplo, la escritura de anexión del reino de Navarra a Castilla), monopolizando la confianza del Rey Católico 13. A la muerte de éste, en 1516, Quintana acude a Flandes, donde es bien recibido por Chiévres, quien le ratifica en su puesto de secretario real de Aragón y también del reino de Nápoles. La secretaría de asuntos internacionales plantea, en cambio, otros problemas. Al regreso a España, cuando en 1517 llega don Carlos con su séquito cosmopolita, debió de hacerse patente la dificultad de que gestionara todo aquello una persona como Quintana, sin conocimientos especiales de idiomas. Es así que entonces se echa mano de otro individuo, el doctor Mota, «traductor de todas las lenguas», para que, probablemente sin título de secretario, se encargue de esa secretaría de asuntos internacionales 14, o 9  J. Manzano, Cristóbal Colón. Siete años decisivos de su vida, 1485-1492, Madrid, 1964, pág.281. 10  R. Konetzke, Das spanische Weltreich, Munich, 1943, pág.146. 11  Gayangos y De la Fuente recogen y comentan el texto de las Quinquagenas de Gonzalo Fernández de Oviedo. Véase en Cartas del Cardenal Don Fray Francisco Jiménez de Cisneros, dirigidas a Don Diego López de Ayala, Madrid, 1867, pág.19. 12  J. M. Doussinague, La política internacional de Fernando el Católico, Madrid, 1944, págs.95-96. 13  «Sumo cacique Fernandista», le llama Giménez Fernández, Op. cit. (nota 6), pág.224. 14  F. Walser, «Die Überlieferung der Akten der kastilisch-spanischen Zentralbehörden unter Karls V», en Berichte und Studien zur Geschichte Karls V., VIII. Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-Historische Klasse, 1933, pág. 109. También A. Walther, Die Anfänge Karls V., Leipzig, 1911. Que Mota no dispuso de título de secretario, lo

24

2.  El Gobierno de Carlos V hasta la muerte de Gattinara...

«secretaría de Estado», precedente directo de la secretaría de Estado del propio Consejo de Estado, que aparecerá enseguida con la creación de este organismo.

II.  GATTINARA Y LA SUCESIÓN EN LA CANCILLERÍA Al llegar don Carlos a España, Chiévres era el personaje principal entre los flamencos, y a quien había que recurrir para cualquier asunto, pues, como escribe Sandoval, «todo se había de proveer por su mano» 15. Es así comprensible que la airada reacción nacionalista contra los extranjeros se dirigiera especialmente contra él. Ahora bien, Chiévres no ocupa entonces ninguna pieza principal de la estructura político-administrativa. Él es un supremo asesor y consejero del monarca, una especie de «privado», que parece tener bajo su jurisdicción y control a Sauvage, encargado de la cancillería, y destinatario también de las protestas castellanas. Sauvage había sido nombrado gran canciller de los Países Bajos el 17 de enero de 1515 16, y con ese título vino a España. Al poco tiempo, víctima de cierta enfermedad, murió casi repentinamente en Zaragoza el 7 de junio de 1518, con lo que, como observa Karl Brandi, «se llevaba consigo a la tumba parte del odio de los españoles» 17. Su sucesor fue Mercurino de Gattinara, antiguo consejero de la princesa Margarita, hombre de amplia formación, «gran personalidad, humanista con verdadero talento político, jurista serio, hombre íntegro cuya absoluta rectitud y desinterés nadie pudo poner en duda» 18. La sucesión, no obstante, requiere algunas precisiones institucionales. Según sabemos, existía ya en los reinos medievales la figura del «canciller»; Sauvage, a su vez, era propiamente el «gran canciller de los Países Bajos», con cuyo título debió de hacerse presente aquí. Gattinara, en cambio, aparece como «gran canciller de todas las tierras y reinos del rey», lo cual le otorgaba una jurisdicción general, además de ser, en juicio de Brandi 19, una «casualidad feliz», puesto que entonces comenzaban las negociaciones para la sucesión al Imperio. asegura Walser, el mejor conocedor de estas cuestiones y quien rastreó la correspondencia y papeles de la época: «Mota war allerdings nie tituliert Sekretär» (pág.110 n.). 15  Fray Prudencio De Sandoval, Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V, máximo, fortísimo Rey Católico de España y de las Indias, islas y tierra firme del mar océano, BAE, LXXXLXXXII; vid.en libro III, cap. XLIII, pág.152. 16  A. Walther, Die burgundischen Zentralbehörden unter Maximilian I. und Karl V., Leipzig, 1909, pág.101. 17  K. Brandi, Carlos V. Vida y fortuna de una personalidad y de un Imperio mundial, Madrid, 1943, pág.78. 18  Doussinague, Op. cit. (nota 12), pág.133. 19  Brandi, Op. cit. (nota 17), pág.79. 25

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Gattinara restableció la armonía personal con los castellanos, logrando ser bien visto por ellos. Piamontés de nacimiento, hablaba, junto a su italiano materno, latín, español, francés y alemán, con lo que, al decir de un embajador veneciano, todos estaban contentos («et tutti si contenteva di lui per ayer le lingue»). Semejante dominio de lenguas era el correlato de un personaje de amplios horizontes, que bien pudo inculcar a Carlos V aquellas pretensiones ambiciosas que llegarían a cristalizar en la «idea imperial»  20. Al fallecer a principios de 1519 su abuelo el emperador, don Carlos se enfrentó en el terreno de los hechos a una elección cuyos hilos fueron manejados en España principalmente por Chiévres. Convocadas las Cortes de Santiago para plantear la necesaria marcha a Alemania y recabar el servicio, allí se encontraba el nuevo canciller Gattinara, quien sin embargo hubo de ceder la presidencia de las Cortes al obispo de Badajoz, Pedro Ruiz de la Mota. Al concluir la asamblea, el 20 de mayo de 1520, don Carlos zarpaba para los territorios del norte. Tras llegar a Inglaterra, y luego a Bruselas, el 7 de octubre entró en Aquisgrán.

III.  LA PLÉYADE DE SECRETARIOS: FRANCISCO DE LOS COBOS A la muerte de Fernando el Católico se produjo una desbandada de personajes cortesanos a Flandes, dándose entonces en Bruselas diversos nombramientos de secretarios: en julio, Pedro de Quintana; en septiembre, Juan de Vozmediano; en octubre, Jorge de Varacaldo; en diciembre, Francisco de los Cobos 21. Éstos venían a sumarse a algunos otros (Antonio de Villegas, Gonzalo de Segovia, Pedro Ximénez) que ya figuraban relacionados en cierta Ordonnance de 1515, y otros varios, en fin, que también estaban allí antes (Ugo de Urriés, Pedro de Barrionuevo, Gaspar Sánchez de Orihuela, Sancho Cota), y que, muerto el rey de España, habrían recibido de Chiévres la promesa de ser confirmados en sus cargos 22. En el diálogo institucional de la corte española, regentada por Cisneros, y la flamenca de don Carlos, algunos eran ostensiblemente mal vistos por el cardenal, según fue el caso del antiguo secretario de los Reyes Católicos, Lope de Conchillos, quien, contra los deseos de Cisneros, fue de nuevo rehabilitado como secretario en Flandes en 1517. De todos estos secretarios, uno habría de alcanzar especialísima relevancia: el andaluz Francisco de los Cobos. 20  Sobre la interpretación de Karl Brandi y Peter Rasow, concordes en atribuir a Gattinara las sugestiones de la idea imperial, y la réplica de Menéndez Pidal en favor del origen hispánico de esa idea imperial de Carlos V, véase J. Vicens vives, «Imperio y Administración en tiempo de Carlos V», en Charles-Quint et son temps, París, 1959. 21  He recogido sus títulos en Los Secretarios de Estado y del Despacho, III, apéndice I, docs. 5-8. 22  H. Keniston, Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V, Madrid, 1980, pág.30.

26

2.  El Gobierno de Carlos V hasta la muerte de Gattinara...

Durante los dos años que don Carlos pasó en el norte de Europa, los secretarios más importantes debieron ser los que manejaban las lenguas francesa y alemana, despachando así la correspondencia real; entre ellos Jean Hannart, vizconde de Lombek, y Jean Lallemand, conocido en España como Juan Alemán 23. Por las indagaciones de Walser 24, sabemos que Hannart escribe principalmente los textos alemanes y Alemán los franceses, mientras se encargan de la correspondencia española Alonso Soria, Pedro García y Hugo de Urriés, y de la latina Gaspar Argullensis, Nicola y el célebre Alonso de Valdés, quien unas veces aparece como «secretario del Gran Canciller», otras como «secretario ordinario», y otras como «secretario del Emperador» e incluso «secretario de Estado» 25. En el nuevo viaje a España del rey, que arribó con su comitiva a Santander en julio de 1522, pareció dibujarse una diarquía influyente: Gattinara, con Alemán como colaborador, y Francisco de los Cobos. Gattinara, en el puesto de canciller, se aplicará al Consejo de Estado del que, según veremos, será secretario Alemán. Cobos a otros varios Consejos. Una carta de Martín de Salinas al tesorero Salamanca, de 7 de septiembre de 1524, ofrece un cumplido panorama del régimen de gobierno vigente entonces: «Quiere V. Md. saber quiénes son los secretarios que al presente les corre ventura o fortuna; y asimismo a los otros oficiales y ordenamiento de casa: en piezas lo tengo escrito y por ésta lo declararé... Cobos tiene todo el cargo de Estado de Castilla, y en la verdad se tiene en esta Corte por muy averiguado estar muy en la gracia de S. M. y todas las cosas de estos reinos se despachan por su mano. Puede creer V. Md. que triunfa: la vida de los otros secretarios no hago cuenta, porque en estos dos Estados se consume el Estado de S. M. Villegas y Castañeda, que son, asimismo, secretarios, ocúpanse en los relieves que destos pueden alcanzar. Consejo de Cámara es el Chanciller y el Comendador Mayor don Hernando y el Dr. Carvajal y el secretario Cobos; deliberan todas las cosas de mercedes. Consejo de Hacienda, están ahora en él el señor Marqués y don Juan Manuel, y por secretario, Cobos o su lugarteniente. Hay Consejo de Indias, del cual es presidente el confesor de S. M., el obispo de Osma; los de su Consejo son el obispo de Canaria, el Dr. Beltrán y Pedro Mártir, y otro letrado que no sé como se llama, y por secretario, Cobos, que lo sirve de lugarteniente» 26. Ibidem, pág.63. Walser, Op. cit. (nota 14), pág.110. 25  Más tarde, en 1532, el embajador inglés le llama «secretario principal del Emperador». Vid.Fermín Caballero, Conquenses ilustres, Alonso y Juan de Valdés, Cuenca, 1995, pág.94. 26  A. Rodríguez Villa, El Emperador Carlos V y su Corte según las cartas de Don Martín de Salinas (1522-1539), Madrid, 1903-1905, págs.210-211. 23  24 

27

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Según se aprecia, Cobos figuraba en tres Consejos que hacía muy poco se habían constituido: el de Cámara, quizás en 1518 27; el de Hacienda, en 1523 28, y el de Indias, en 1524 29. Estaba en marcha, pues, una dinámica de institucionalización del aparato de gobierno, en la que será capítulo principal la fundación de los Consejos de Estado y Guerra.

IV.  LOS ORÍGENES DEL CONSEJO DE ESTADO La muerte de Chiévres el 27 de mayo de 1521 supuso para Gattinara la oportunidad de un fortalecimiento institucional, por cuanto pareció claro que no iba a repetirse el fenómeno de alguien interpuesto, a modo de «privado», entre el emperador y el canciller. Por otra parte, a principios de enero de ese mismo año, Gattinara había dirigido un memorial a don Carlos, recomendándole la constitución de un «Consejo secreto», desconocido hasta entonces. Según indica Walser 30, de él habrían de formar parte Gorrevod, Lachaulx, Lannoy, el señor de la Roche, el confesor Glapion, el médico Marliano, el cardenal Von Lüttich, el caballero Armstorff, Jean Hannart y tres españoles, Mota, el duque de Alba y Antonio de Fonseca. Algunos de estos personajes figuraban desde antiguo en el Consejo de don Carlos; otros, en cambio, habían aparecido muy recientemente. De esta suerte, el «Consejo secreto» que aparece en la Dieta de Worms en las postrimerías de la vida de Chiévres poco tiene que ver con el que existía cuando don Carlos fue declarado mayor de edad. El nuevo «Consejo secreto» era ya un organismo internacional compuesto por gente de los Países Bajos (Lannoy y Adriano de Croy), de Piamonte (Gattinara) y de Saboya (Gorrevod), con un italiano de origen como Marliano, tres del Franco Condado (Lachaulx, La Roche y Alemán), un francés como el confesor Glapion, los tres españoles, etc. Curiosamente sólo faltaban alemanes. 27  Frente a la opinión de S. DE DIOS, quien estima que el arranque decisivo del Consejo de Cámara tiene lugar en 1588, y que hay que desmentir «cualquier hipotética creación o fundación del Consejo de la Cámara de Castilla por normas dadas en 1518 v 1523» (Gracia, merced y patronazgo real. La Cámara de Castilla entre 1474 y 1530, Madrid, 1993, págs.160-161), me parece más razonable la interpretación tradicional que apunta a esas fechas. Por lo que dice esta carta, parece claro que el Consejo de Cámara, con varios componentes y un secretario, existía ya en 1524. Véase mi artículo «El Consejo de Cámara de Castilla y la reforma de 1588», en Administración y Estado en la España moderna, Junta de Castilla y León, 1999, págs.467-482. 28  E. Hernández-Esteve, Creación del Consejo de Hacienda de Castilla (1523-1525), Madrid, 1983, y J. de Carlos Morales, El Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602. Patronazgo y clientelismo en el gobierno de las finanzas reales durante el siglo xvi, Junta de Castilla y León, 1996. 29  E. Schäfer, El Consejo Real y Supremo de las Indias. Su historia, organización y labor administrativa hasta la terminación de la Casa de Austria, 2 vols., reimpr. Nendeln-Liechtenstein, 1975. 30  F. Walser, Die spanischen Zentralbehörden und der Staatsrat Karls V., ed. completada y publicada por R. Wohlfeil, Gotinga, 1959, págs.157 y ss.

28

2.  El Gobierno de Carlos V hasta la muerte de Gattinara...

De esa época conservamos el acta de una reunión del Consejo secreto, presidido por don Carlos, en agosto de 1521 31. Según Walser, ya entonces había sectores partidistas en él, enfrentándose los franceses y los españoles –Alba y Fonseca–, partidarios de la paz con Francia, con los defensores de las tesis del canciller. Por otra parte, aquel Consejo todavía no era lo que Gattinara exactamente quería. La nueva configuración, en fin, iba a tener lugar con el regreso del emperador a España, en 1522 o principios de 1523. Gattinara se hace con la dirección de ese Consejo secreto o Consejo de Estado, compuesto entonces, según el mismo autor 32, por el propio canciller, el conde Enrique de Nassau, Gorrevod, Lachaulx, La Roche, don Juan Manuel, Hernando de Vega y el secretario, primero Hannart 33 y luego Alemán, es decir, un total de ocho personas que se irán renovando en el futuro. Por otra parte, y según advierte el profesor Barrios 34, «esta configuración del Consejo no será definitiva, sino que la dinámica de reformas en que se encuentra la administración en el bienio 1522-1523, afectará también a nuestro organismo». De este último año nos consta una consulta, fechada en Pamplona en noviembre-diciembre, en la que el organismo aparece explícitamente mencionado como «Consejo de Estado»: «E lo de las consultas que vayan primero por peticiones al Consejo de Estado y después lo que fuere de importancia que se lleve ya delgazado a V. M. 35. A principios del mismo 1523, una carta de Martín de Salinas desde Valladolid nos ofrece el siguiente panorama: «Lo que sobre los Secretarios S. M. ha determinado, según lo que aquí se dice por el vulgo y algunas personas me certifican, los que quedan son: para las cosas de Castilla, el secretario Cobos solo; para Aragón Urriés; para Nápoles Pero García; para Roma Soria; para la Guerra Çoacola, y más micer Juan Alemán y Annart. A todos los otros se dice por muy cierto que dan congia. Del secretario Villegas sé que va con los muchos, de lo que me pesa, aunque le he visto servir después del terremoto, pero no como solía. Por ésta no puedo escribir más de lo que se dice y sospecha, y asimismo creo que presto darán tras la resta, según todos lo piensan. Es muy gran lástima ver a estos del Consejo que han sido despedidos, cuan gravemente lo han senti31  Véase K. Lanz, Aktenstücke und Briefe zur Geschichte Kaiser Karls V. Aus dem königlichen Haus-, Hof- und Staats-Archive zu Wien, «Monumenta Habsburgica», I, sección II, Viena, 1853, págs.236-242. 32  Walser, Op. cit. (nota 30), pág.233. 33  Hannart había trabajado en la cancillería de Maximiliano (cfr. Andreas Walther, Die Anfänge Karls V, Leipzig, 1911, págs.244-245), siendo cedido a don Carlos en 1515. En 1517 es primer secretario para España, y en 1522 aparece transitoriamente como vicecanciller de Austria [Walser, Op. cit. (nota 301), pág.245, n. 58]. 34  El Consejo de Estado de la Monarquía española 1521-1812, Madrid, 1984, pág.51. 35  Fue publicada por K. Brandi, «Aus den Kabinettsakten des Kaisers», en Berichte und Studien zur Geschichte Karls V., en las Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften in Góttingen. Philologisch-Historische Klasse, ix (1941), págs.161-257.

29

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

do; y no hay hombre que tenga corazón pensando que han de ver por sus casas otra tal fiesta. Los que en el lugar de los despedidos del Consejo han entrado, que al presente yo he visto, son dos oidores de esta chancillería: el uno se llama el licenciado Medina; el otro el Dr. Vázquez; no sé quiénes serán los otros» 36. Poco después, a fines de 1524, va a tener lugar el primer cambio en la secretaría, con la salida de Hannart y la entrada de Alemán. Una carta de Salinas de 7 de noviembre, ofrece la siguiente composición del Consejo, al cual él llama ahora «Consejo privado»: «Su Majestad tiene Consejo privado, del cual es el marqués de Zenete y el Chanciller y el Mayordomo mayor Mr. de Laxao, y Don Juan Manuel y el Comendador Mayor Hernando de Vega, y por Secretario Maestre Juan Alemán, el cual tiene cargo de todo lo intrínseco con estar bien favorecido de Su Majestad» 37. Consolidado ya ese «Consejo secreto», «Consejo privado» o «Consejo de Estado», la salida de Hannart, a quien se atribuían desarreglos e irregularidades en los asuntos del norte, debió de efectuarse a raíz de su viaje a Alemania en 1523 y, en todo caso, antes de noviembre de 1524. Sin embargo, debido probablemente a sus idas y venidas, la fecha resulta un tanto confusa, pues todavía se habla de Hannart en octubre de 1526 como si esa salida acabara de tener lugar 38. En cualquier caso, de esos dos informes de Salinas se deducen los ejes del sistema de gobierno carolino: las dos Coronas de Castilla y Aragón con sus dos Consejos, en manos respectivamente de Cobos y Urriés, y los dos nuevos Consejos propios del monarca: el de Estado, primero con Hannart de secretario, y luego con Juan Alemán, y lo que será el Consejo de Guerra con Zuazola como secretario. Y por encima de ese aparato específico de la monarquía, la figura de Gattinara como canciller. En resumen, Gattinara al mando de los resortes internacionales, y Cobos sobre todo lo demás. Un autor como Pfandl vio así el papel del piamontés: «Él es quien, durante los diez primeros años del gobierno imperial de Carlos V, tenía en seguras manos los hilos de la política europea. Sobre sus espaldas pesaba toda la carga del Consejo y del tráfago diplomático y cancilleresco. No solamente dominaba el inmenso rodaje gracias a su inagotable capacidad de trabajo, sino que sabía alumbrado para el joven soberano y para sí mismo con el brillo mágico de una alta idea 39. Carta al tesorero Salamanca de 8 de febrero (Rodríguez Villa, op. cit. [nota 26], págs.100-101). Ibidem, pág.194. 38  Carta de Salinas al tesorero Salamanca, fechada en Granada el 4 de octubre de 1526: «S. M. manda ir a su casa a Juan Annart y lleva cierto cargo de no mucha importancia en qué entender, no embargante que el dicho Juan Annart se ha sentido agraviado en le quitar su oficio de primer Secretario, el cual ha dado S. M. al dicho Juan Alemán; y el dicho Juan Annart es ya partido, el cual me habló dándome larga cuenta de la poca culpa que ha tenido, la cual así ha dado a S. M.» (Ibidem, pág.335). 39  Juana la Loca, Madrid, 1943, págs.130131. 36 

37 

30

2.  El Gobierno de Carlos V hasta la muerte de Gattinara...

V.  SALIDA DEL CANCILLER Tras el encumbramiento de Gattinara, tuvo lugar una crisis que se hace perceptible ya en el mismo año 1523, en el que queda al margen de la ordenación del Consejo de Hacienda, o en julio de 1525, cuando plantea retirarse. Esa crisis estalla en marzo de 1527 con una crítica y reivindicativa carta al monarca: «Vuestra Majestad no tiene en cuenta el honor de mi cargo; más bien lo degrada, concediendo audiencia a otras personas de menor categoría, poniendo en sus manos lo que debería pertenecer sólo a mi cargo, tolerando en vuestra presencia cosas que vuestros predecesores no hubiesen jamás permitido, sino que hubieran castigado a aquellos que lo merecieren; a veces me llama Vuestra Majestad y me hace permanecer durante una o dos horas sin hacer nada, mientras espero a causa de quienes debieran aguardar a que yo salga; con frecuencia suspende Vuestra Majestad el despacho conmigo para hablar con gente insignificante, cuando debería ocuparse, sin estas injerencias, de los asuntos de importancia. En resumen, parece que no soy sino una figura decorativa» 40. Según Keniston, esta carta, por su inadmisible tono, no fue entregada por La Roche al emperador, sino que fue devuelta a su autor. Pero Gattinara preparó entonces un memorial 41 con diez peticiones que, en lo que aquí más propiamente interesa, pueden resumirse de la siguiente forma: –  Que el emperador ordene a los Consejos que le obedezcan. – Que los secretarios también le obedezcan y no hagan nada sin su autorización. – Que no presenten nada al Consejo ni redacten documentos sin orden del rey o suya. – Que el monarca, a su vez, no mande nada a los secretarios sin estar él presente. – Que ningún secretario abra la correspondencia sin permiso del canciller y en su presencia, y que los embajadores y virreyes dirijan las cartas al rey y no a los secretarios. – Que las concesiones de mercedes y nombramientos se hagan en su presencia. – Que él pueda proveer nombramientos menores sin previa consulta. – Que, como prueba de confianza, pueda entrar cada mañana en el dormitorio del emperador para informar y recibir órdenes. Como puede verse, aparte de reclamar más confianza por parte de don Carlos, el alegato de Gattinara va dirigido directamente contra los secretarios que se excedían en sus funciones. Y ¿quiénes eran ellos? No parece lógico pensar que se refiera a su protegido Alemán, bastante sujeto en un Consejo de Estado que el propio canciller controlaba. Sí en cambio es de suponer que esté pensando en los 40  41 

Keniston, op. cit. (nota 22), pág.97. Se da cuenta de él en Ibidem, págs.98-99. 31

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

otros secretarios de los Consejos, y de modo especial en el omnipresente Francisco de los Cobos, secretario entonces de Castilla, Cámara, Hacienda e Indias. Como consecuencia de la crispación, o por otras causas desconocidas, a fines de marzo de 1527 Gattinara hizo un extraño viaje a Italia que asemejaba ser una retirada en toda regla. Volvió sin embargo en otoño y la situación se recompuso. Como ha escrito Walser, aquello fue el último conflicto personal del canciller con el emperador. Parecía que con el transcurso de los años ambos habían aprendido a ventilar sus diferencias de opinión de forma tranquila y amistosa 42.

VI.  EL TRIENIO FINAL: ORDENACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO Y MUERTE DE GATTINARA Dos textos complementarios dan razón de la fundamental reordenación que sufrió el Consejo de Estado en Granada en 1526. Por un lado, la crónica de fray Prudencio de Sandoval. Por otro, las cartas de Martín de Salinas al tesorero Salamanca. Según la Historia de Carlos V de Sandoval 43, «en esta ciudad ordenó el Cesar el Consejo de Estado para comunicar las cosas de sustancia y más importantes, que tocaban a la buena gobernación de Alemania y España. Fueron de este Consejo don Alfonso de Fonseca, arzobispo de Toledo; Enrique, conde de Nasau; Mercurio Gatinara, gran chanciller; don Fadrique de Toledo, duque de Alba; don Pedro de Zúñiga, duque de Bejar; don García de Loaysa, obispo de Osma; don Alonso Merino, obispo de Jaén». Se mantiene, pues, el número de ocho miembros (a estos siete habría que añadir el secretario, que no se menciona), pero el cambio interno es radical por la entrada de los españoles. Salinas, a su vez, en carta fechada en Granada el 4 de julio de 1526, nos dice que el emperador recibió el día 1 «para su Consejo de Estado al Arzobispo de Toledo y al Duque de Alba y Duque de Béjar, y al obispo de Osma, su confesor, y al Arzobispo de Barrio, que es obispo de Jaén, juntamente con los que antes estaban» 44. Esta referencia se corresponde obviamente con el relato de Sandoval, pues según Salinas entran en el Consejo el arzobispo de Toledo, el duque de Alba, el duque de Béjar, el obispo de Osma y el obispo de Jaén, que se suman a Gattinara y Nassau, que son precisamente «los otros que antes estaban». Es claro, pues, que los dos hablan de lo mismo, coincidiendo en todos los nombres. Para Sandoval, la reforma granadina significa la «ordenación» del Consejo de Estado («en esta ciudad ordenó el César el Consejo de Estado...»). ¿Y qué significó para Salinas? Exactamente lo mismo. Unos meses más tarde, el 11 de marzo 42  43  44 

32

Walser, op. cit. (nota 30), pág.169. Libro XIV, cap. XVII. Rodríguez Villa, op. cit. (nota 26), pág.327.

2.  El Gobierno de Carlos V hasta la muerte de Gattinara...

de 1527, este informado personaje recuerda que «en Granada ordenó S. M. Consejo de Estado», explicando luego el carácter de esa «ordenación»: «para lo cual fueron elegidos con los otros que antes estaban, el Arzobispo de Toledo, el Duque de Alba y el Duque de Béjar, y el confesor [es decir, el obispo de Osma] y el obispo de Jaén» 45. En resumen, las referencias a la «ordenación» del Consejo de Estado no pueden entenderse como hechas al acto constitutivo del Consejo, pues efectivamente ese Consejo existía ya. Si no hubiera sido así, no tendría sentido la afirmación de Salinas de que entraban una serie de personas para sumarse «a los que antes estaban». En Granada, pues, tuvo lugar el 1 de julio de 1526 la «reforma» del Consejo de Estado. Una reforma que supuso la mayoritaria españolización del organismo. En ese Consejo de Estado se mantuvieron tres no españoles: Gattinara, el conde de Nassau y Juan Alemán. Este último, teóricamente secretario desde 1524, pasó un tanto desapercibido los dos años siguientes (lo que quizás explique que no se le mencione), y desde 1526 recobró protagonismo. En 1527 Salinas se refiere con admiración a Alemán –«el cual sirve tanto que no sé escrebirlo»–, pero ese mismo año cae en desgracia y es exilado a un lugar de Toledo. Se le acusó de haber mantenido relaciones secretas con los franceses, de irregularidades en el despacho y otras cuestiones. El veredicto tardaría dos años en llegar: absolución del «crimen lese maiestatis y de todos los capítulos a él tocantes y concernientes», y condena por los otros cargos con confiscación de parte de sus bienes y destierro de la corte 46. Con este episodio se cerraba la poco brillante trayectoria de los dos primeros secretarios del Consejo de Estado, Hannart y Alemán, ambos de gestión problemática y salida precipitada, aunque el futuro iba a ser mejor. En la Secretaría de Estado se organizó una sección española, con Cobos como jefe con título de secretario, y otra francesa cuya dirección recayó en Granvela –sin título de secretario– con la ayuda del secretario Perrenin 47. Se dibuja así la poderosa diarquía Cobos-Granvela, un secretario y un alto consejero, que en el futuro llevará el control del aparato de gobierno. Gattinara, en fin, falleció en 1530. El emperador había llegado a Innsbruck el 4 de mayo para iniciar las conversaciones conducentes a la Dieta de Augsburgo. Con él venía Gattinara enfermo. Un mes más tarde, el 5 de junio, murió de un ataque de apoplejía: «Carlo V entró a Innsbruck il 4 maggio; il gran Cancelliere vi giunse malato. Nei primi giorni di riposo parve migliorare, tuttavia la febbre non lo lasciava quasi mai, verso la metá di maggio si occupava ancora di affari, ma Ibidem, págs.353-354. He tratado esto con detalle en Los Secretarios..., op. cit. (nota 5), 1, págs.75-76. También Keniston, op. cit. (nota 22), págs.108-109. 47  Walser, op. cit. (nota 30), págs.260-261. 45  46 

33

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

ormai il grave e continuo lavoro avena logorato quella fortissima fibra: sabato, 4 giugno, fu coito da apoplessia, domenica 5, giorno di Pentecoste, spiró» 48. La muerte de Gattinara acarreó importantes consecuencias institucionales, por cuanto el canciller siempre había actuado como supremo resorte de control del Consejo de Estado y de su secretario, con lo que este último se vio forzado a desempeñar un papel secundario. Ahora en cambio, al no proveerse la Cancillería y no nombrarse sucesor, el Secretario de Estado quedó sin nadie interpuesto entre él y el rey. Con ello, como señalé en otra ocasión 49, se abrió a partir de 1530 la gran etapa de plenitud institucional de este cargo.

48  C. Bornate citando a Sanuto en la Historia vite et gestorum per dominum magnum cancellarium (Mercurino Arborio di Gattinara), con note, aggiunte e documenti, «Miscellanea de Storia italiana», Turín, 1867-1928, vols. XLVIII-L, cap. VII, pág.398. 49  Los Secretarios..., op. cit. (nota 5), I, pág.81.

34

3.  FELIPE II Y EL GOBIERNO DE LA MONARQUÍA * 1 I.  INTRODUCCIÓN Muchas veces se ha recordado, en lenguaje coloquial y gráfico, que en los dominios de Felipe II no se ponía el sol. En otro lenguaje más técnico y preciso, se ha hablado también de aquella monarquía que Felipe gobernó en la segunda mitad del siglo xvi, como el Imperio español o la Monarquía universal española. En cualquier caso, éstas y otras denominaciones y calificativos apuntan a destacar la inmensidad de las posesiones reunidas en la corona de España: los reinos y dominios peninsulares (Castilla, Aragón, Valencia, Principado de Cataluña y Navarra) o insulares, los enormes territorios descubiertos y conquistados en ultramar (desde México hasta el Paraguay y el Plata más algunos de Oceanía y las Filipinas), así como los de Orán, Bugía y Túnez en África. Felipe fue dueño también del Rosellón, rey de Nápoles, Sicilia y Cerdeña, y señor de Milán. Heredó por otra parte en Europa los Paises Bajos y el Condado de Borgoña. Finalmente, al convertirse en rey de Portugal, quedaron bajo su poder Brasil y las dilatadas posesiones del país vecino en África y ultramar. Ahora bien, si tantas veces se ha rememorado la inmensidad de posesiones que formaron ese gigantesco Imperio, compuesto de pueblos distintos, de razas, religiones y costumbres heterogéneas, sujetos a costumbres y ordenamientos jurídicos diferentes, muchas menos se ha prestado atención al modo y manera como todo aquello se articuló y fue gobernado. Vamos a examinar así la maquinaria del Estado, es decir, el conjunto de piezas de las que dispuso el monarca para regir esa monarquía universal, y cómo tales piezas funcionaron en la realidad de la vida cotidiana. O dicho de otra manera: por debajo de los grandes y espectaculares episodios de la política nacional o internacional (eventos cortesanos, tratados y paces), más allá de las peripecias y batallas llenas de notoriedad que se *  Publicado en M.ª Dolores del Mar Sánchez González (Coordinadora), Corte y Monarquía en España, Edit. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2003, 17-27.

35

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

cuentan como gloriosas o infortunadas (Lepanto o la Armada Invencible), existió una estructura de gobierno, aparentemente silenciosa y poco llamativa, que alienta y mueve todo. Esa estructura de gobierno se compuso, a nivel central, de Consejos, Juntas y Secretarios, y a nivel territorial y local de virreyes y corregidores. Pero limitándonos a la acción y efecto del gobierno central, hay que decir que tal estructura, con el monarca a la cabeza, forma como una red capilar que llega desde Madrid o El Escorial a los últimos rincones del vasto Imperio. Gracias a ella fue posible que ese Imperio se tuviera en pie. También aconteció, en fin, que algunos de sus graves defectos contribuyeron en buena medida a desmoronarlo.

II.  EL LLAMADO «RÉGIMEN POLISINODIAL»: CONSEJOS Y SECRETARIOS Felipe II heredó de su padre una España plural, con reinos y territorios en las antiguas coronas de Castilla y Aragón que tenían leyes distintas, Cortes diferentes, moneda e instituciones diversas, y que mantenían incluso fronteras bien delimitadas. Desde la Edad Media, cada uno de esos reinos había sido gobernado por el rey con la ayuda de un Consejo, que solía ser órgano asesor del monarca, alto cuerpo político y, a veces, suprema instancia judicial. Como diría Fadrique Furió Ceriol en un texto clásico, El Consejo y consejeros del Príncipe, publicado en Amberes en 1559, un Consejo «es una congregación o ayuntamiento de personas escogidas para aconsejar al Príncipe en todas las concurrencias de paz y de guerra... Es el Consejo para con el Príncipe como casi todos sus sentidos, su entendimiento, su memoria, sus ojos, sus oídos, su voz, sus pies y manos. Para con el pueblo es padre, es tutor y curador. Y ambos, digo, el Príncipe y su Consejo, son tenientes de Dios acá en la tierra». Existieron así desde antiguo los Consejos de las dos Coronas –Consejo de Castilla y Consejo de Aragón– a los que se sumó, con la incorporación del reino de Navarra, el Consejo de Navarra, que sería el único con sede fuera de la Corte (en Pamplona). Desde los Reyes Católicos, pues, lograda la unidad nacional, que al principio significó poco más que reinos distintos tuvieran unos mismos reyes, cuando éstos gobernaban Castilla, Aragón o Navarra, debían hacerlo contando con el Consejo correspondiente. Ahora bien, con el descubrimiento de América que fue incorporada a la Corona de Castilla, o con la expansión de Aragón por el Mediterráneo, los asuntos de esos nuevos territorios, tratados al principio en el seno de los Consejos de Castilla y Aragón, requirieron la constitución de Consejos independientes. Surgen así el Consejo de Indias y el Consejo de Italia. Por otra parte, y debido a la incorporación de los territorios correspondientes, fueron creados los Consejos de Flandes y Portugal. Todos estos Consejos tenían una jurisdicción de carácter territorial. Pero con el tiempo, conforme el aparato del Estado se fue haciendo más complejo, surgieron otros de competencia material, es decir, dedicados a un tipo concreto de 36

3.  Felipe II y el gobierno de la monarquía

asuntos. Este fue el caso del Consejo de Ordenes, para las materias tocantes a las Ordenes Militares, y que se ocupaba del gobierno y justicia en los territorios de esas Ordenes; del Consejo de Cruzada, para la recaudación de las llamadas tres gracias (bula de la cruzada, subsidio y excusado) que Roma había concedido al Rey Católico a fin de poder organizar cruzadas como Defensor de la Fe; del Consejo de Hacienda, que se ocupó de las importantísimas cuestiones económicas y financieras, y del Consejo de la Inquisición o Suprema, órgano rector del Santo Oficio, custodio máximo de la ortodoxia católica en un Estado confesional, y que además era competente en el nombramiento de inquisidores y agentes inquisitoriales. Por otra parte, de los Consejos de Castilla e Indias se desgajaron los correspondientes Consejos de Cámara, el Consejo de Cámara de Castilla y posteriormente –ya en el reinado de Felipe III– el Consejo de Cámara de Indias, ocupados de todo lo relativo al patronato eclesiástico, del ejercicio de la gracia regia, de casi todo lo concerniente a las mercedes reales y de la importantísima tarea de los nombramientos de los altos oficiales de la Administración. Finalmente, todo lo correspondiente a política exterior pasaba en consulta por el Consejo de Estado, y cuando esa política exterior se traducía en conflictos bélicos, ellos eran competencia del Consejo de Guerra, del que formaban parte consejeros de Estado y algunos expertos en temas militares. Esta fue la estructura fundamental del gobierno central en la monarquía de Felipe II. El rey heredó muchos de esos Consejos, o bien creó él mismo otros (p. ej. los de Portugal e Italia) a tenor de las necesidades que iban surgiendo. El conjunto de tal sistema de gobierno fue conocido como régimen polisinodial, es decir, régimen de gobierno con sínodos o Consejos. Semejante sistema, de una forma simple, fue heredado por Felipe II de su padre, perfeccionándolo él y transmitiéndolo a sus sucesores, de suerte que se convirtió en el estilo de gobierno característico de la monarquía de los Austrias a lo largo de los siglos xvi y xvii. Desde el xviii habría de ser sustituido por el régimen de las Secretarías del Despacho o Ministerios, vigente hasta nuestros días. Los Consejos que hemos visto estaban compuestos fundamentalmente por un presidente y varios consejeros, pertenecientes de ordinario a los más altos estratos de la nobleza. Algunas presidencias de Consejos eran cargos de suma representación en la vida del país. Este era el caso del presidente del Consejo de Castilla, considerado, en juicio de un cortesano, como el mayor cargo de Justicia que hay en la Cristiandad, o el presidente del Consejo de Inquisición, que era nada más y nada menos que el Inquisidor General, nombrado directamente por el papa a propuesta del rey. Pero esos Consejos, además de presidentes, consejeros, fiscales, etc., tenían también uno o varios secretarios, que se encargaban de los quehaceres burocráticos, de los papeles y de redactar las consultas y darles el oportuno trámite anotando la propuesta del Consejo para el asunto en cuestión. Ahora bien, entre esos secretarios de los Consejos, los del Consejo de Estado 37

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

habrían de desempeñar siempre un papel muy especial. Y ello porque como los Consejos de Estado y Guerra eran los únicos presididos directamente por el rey, al no asistir éste a las sesiones, debía luego ser informado por los secretarios de cuanto había sucedido, llevando más tarde esos secretarios al Consejo las propias indicaciones y sugerencias del monarca. Y en tanto en cuanto el Consejo de Estado despachaba las materias de Estado, esto es, los asuntos de política internacional y las más importantes cuestiones de la vida interna de la monarquía, es fácil comprender que esos secretarios de Estado, interlocutores habituales de Felipe II, se convirtieran en personajes claves de la vida política y administrativa de España. Secretario de Estado fue, por ejemplo, Antonio Pérez, quien, como veremos, llegó a protagonizar un espectacular enfrentamiento con el monarca. Nos hemos referido a los secretarios de los Consejos y especialmente a los secretarios de Estado. Pero había además otros secretarios de extraordinaria importancia: los privados o particulares del monarca, que despachaban con él los papeles procedentes de la maquinaria de los Consejos. Si se tiene en cuenta que el rey lo era por derecho divino, que la soberanía recaía en él, y que el monarca era la fuente de todo potestad, es fácil comprender que se tuviera poder en la medida en que se tuviera acceso al rey. Por ello estos secretarios privados fueron también personajes de notoria significación. El más relevante de ellos, Mateo Vázquez, trabajó muchos años junto al monarca, muriendo incluso de la misma enfermedad que él. ¿Cual fue la política y qué directrices adoptó Felipe II respecto a los secretarios? Por de pronto hay que decir que, bien sea por una patológica desconfianza hacia las personas o por creer en la conveniencia de repartir y fraccionar las competencias, el caso es que Felipe II multiplicó los secretarios, evitando cuidadosamente que nadie en solitario acaparara el poder. Su padre, Carlos V, había tenido un único secretario de Estado, el andaluz Francisco de los Cobos, y también acostumbró a tener un secretario privado, el navarro Francisco de Eraso. Felipe dividió la hasta entonces única secretaría de Estado, creando una oficina para los asuntos del Mediterráneo y otra para los del Norte de Europa; dividió también las secretarías de otros Consejos (por ejemplo en el de Guerra dispuso un secretario para asuntos de mar y otro para los de tierra), y multiplicó el número de sus secretarios personales a quienes enviaba y reenviaba los papeles. A diferencia de los presidentes y consejeros, los secretarios de los Consejos o los secretarios del rey no fueron gente noble, sino personas de extracción social media, formadas en el oficio burocrático desde niños, cuando entraban a aprenderlo en las secretarías de sus parientes. «El oficio de secretario hay que mamarlo en la leche», le recordaba a Felipe II un pretendiente a cierta secretaría vacante. El propio rey favoreció la endogamia del oficio, procurando que los secretarios educaran en él a sus parientes jóvenes para que luego les sucedieran en su desempeño. «Paréceme –le decía el rey a un secretario de Estado– que vayais intro38

3.  Felipe II y el gobierno de la monarquía

duciendo en los papeles a otros, porque según todos somos mortales, es bien que vayan unos aprendiendo de otros, y si yo faltare, pues también lo soy, bien habrá menester el que me sucediere tales personas para cosas de tanta importancia como se le ofrecerán, e importa que no sean todos nuevos». Durante el reinado de Fernando el Católico los secretarios habían sido preferentemente aragoneses, como el monarca. Con Carlos V hubo de todos los reinos de España y también del extranjero. Con Felipe II se produjo una irrupción masiva de secretarios vascos, o vizcaínos, como entonces se les llamaba. Los secretarios vascos –entre los que hubo algunas familias ilustres, como los Idiaquez– coparon buena parte de las secretarías de los Consejos y de las oficinas del rey. Luego, al sucederse en el seno cerrado de las familias, se perpetuaron a lo largo del siglo xvii en auténticas dinastías. La presencia de los vascos en las oficinas de la monarquía fue ciertamente un hecho llamativo. Tanto es así que el dramaturgo Alarcon llegó luego a escribir en su comedia El examen de maridos a propósito de cierto personaje: «Y a fe que es del tiempo vario efecto bien peregrino que no siendo vizcaíno llegase a ser secretario.»

III.  LA FORMA DEL DESPACHO A)  El despacho «a boca» y por escrito El despacho con el rey podía ser a boca o por escrito. El despacho a boca, u oral, comportaba lógicamente la entrevista personal con el monarca, y estuvo reservado a muy pocas personas. Felipe II solía despachar con los presidentes de los Consejos, con los secretarios de Estado y con los secretarios privados, alguno de los cuales (como Mateo Vázquez) era un secretario asiduo para el despacho cotidiano y que presentaba al rey todo tipo de papeles, y otros eran llamados en función de las específicas materias que trataban (v. gr. el secretario Gracián, que se ocupó de las relativas a la construcción de El Escorial). A su vez, el despacho por escrito significaba resolver y anotar los papeles, que fundamentalmente procedían, como hemos dicho, de la maquinaria de los Consejos. Felipe II no fue partidario del despacho a boca, como, en general, no fue partidario de conceder audiencias y recibir a la gente, sea a los cargos de la Administración, o a los particulares que pedían mercedes (los pretendientes) o se quejaban de supuestos agravios (los pleiteantes), o bien a los que entregaban memoriales solicitando cualquier cosa o aconsejando cualquier remedio para los problemas del país. Bien fuera por problemas de carácter, retraimiento y timidez personal, o bien porque prefiriese la reflexión, tranquilidad y seguridad de con39

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

testar por escrito, a los avatares de una charla personal, el caso es Felipe aparece como un rey reservado, esquivo y poco accesible. «El negocio del señor Agullana se hará –escribe en 1575 cierto, personaje cortesano a don Luis de Requesens en Flandes–, pero quándo no lo sabré yo decir, porque el rey no oye a nadie y hánselo de consultar, que no hay que espantar desto porque en sesenta días que a que está aquí el marqués (de los Vélez) no a tenido una hora de audiencia con Su Magestad para poderle dar qüenta de la comisión que llevó». Tal actitud de apartamiento le fue reprochada con crudeza al monarca por sus propios colaboradores. A este respecto, conocemos cierta carta que le dirigió su limosnero mayor, D. Luis de Manrique, que por otra parte prueba hasta qué punto fue capaz Felipe II de tolerar las más ásperas críticas: «Recriminan mucho el no aparecer Vuestra Magestad y negociar por billetes y por escrito, pareciendo a todo el mundo que esto es causa que se despachen pocas cosas y tarde... Y así se platica que, tratando Vuestra Magestad con los ministros de palabra, los negocios se despachan más y mejor en una hora que, a las veces, en muchos días. Y danse muchos a entender que Vuestra Magestad no negocia por escrito porque le parezca más conveniente, sino porque no le hable nadie, contra su obligación real que es de oir y despachar a todos, grandes y pequeños. Y no estarían los escritorios de los ministros de Vuestra Magestad tan llenos de memoriales remitidos, y las calles y mesones y posadas, de hombres tristes, desconsolados y desesperados, y de muchos y muchas que, detenidos en la Corte, pierden las haciendas y con ellas también las honras y las almas; que si fuesen oidos de vuestra magestad podrían ser despachados con una sola palabra.»

En el despacho escrito, el documento básico del trabajo de los Consejos que llegaba al rey era la consulta. La consulta recogía y resumía un asunto cualquiera, sumarizaba el parecer del Consejo, y era elevada al monarca a través de sus secretarios para que él decidiera. La consulta tenía de ordinario un amplio margen a fin de que el secretario privado que despachaba con el rey anotara la resolución del monarca que luego sería refrendada por éste con un rasgo o firma abreviada, siendo finalmente devuelta al organismo que la había remitido para que ejecutase la decisión y lo comunicara al interesado. Ahora bien, dada la inmensidad de las distancias y la lentitud de las comunicaciones entonces (un papel tardaba varias semanas desde algunos puntos de Europa; varios meses desde los territorios de América, y un año al menos desde Filipinas), transcurría de ordinario bastante tiempo desde que un asunto o una petición se planteaba, hasta que era debatido en Madrid en el Consejo correspondiente. Más aún, el trámite en el Consejo solía ser lento, tanto por la acumulación de papeles como por la inercia del organismo, compuesto de varias personas, muchas de ellas letrados y proclives así a múltiples distingos y sutilezas jurídicas. 40

3.  Felipe II y el gobierno de la monarquía

De esta suerte, el documento llegaba muy tarde al ámbito decisorio del rey. Pero con harta frecuencia Felipe II entonces no decidía, sino que reenviaba la consulta, con anotaciones que él hacía al margen, a otro secretario u organismo para que añadieran su informe u opinión y le reexpidieran luego los papeles. Aquello, en fin, se convertía en un verdadero laberinto, transcurría tiempo y tiempo, y los pretendientes no tenían otra solución para controlar y agilizar sus asuntos, que abandonar sus quehaceres, acercarse a la Corte y merodear por las diversas instancias. Eso constituyó un verdadero problema nacional al que el mismo rey intentó poner coto con disposiciones diversas. En cuanto al complicado trasiego de papeles de unos a otros, véase lo que decía un contemporáneo: «En qué razón cabía el laberinto de Creta que había? Que el negociante daba su memorial a Juan Ruiz. Juan Ruiz a Su Majestad o hacía relación el Rey a Juan Ruiz. Juan Ruiz a Gasol. Gasol a Villela. Villela para hacer la relación. Villela a Gasol. Gasol a la Junta. La Junta a Gasol. Gasol a Juan Ruiz. Juan Ruiz a Su Majestad. Su Majestad a Don Cristóbal de Mora. Don Cristóbal a Juan Ruiz. Juan Ruiz a Gasol. Gasol a la parte. ¡Que aun para referirlo es largo –comenta nuestro hombre–, cuanto más para pasar por ello!.»

B)  La forma del despacho a lo largo del reinado Felipe II se inició como príncipe en las tareas de gobierno en 1543. Desde ese año empezó a firmar con las palabras «Yo el Príncipe» en los documentos oficiales. Muchos años después, él mismo recordaría: «Yo comencé a governar el año de 1543». Desde entonces hasta su muerte, en 1598, cabe diferenciar cuatro etapas distintas en lo que se refiere a la gestión de la maquinaria del Estado. La primera comprende el período 1543-1556, año éste en que Felipe se convierte en rey de España. La segunda abarca la década siguiente, 1556-1566. La tercera da cabida a veinte años y concluye en 1586, fecha en que Felipe dio un importante giro en el despacho de los asuntos y papeles. La cuarta, en fin, va desde ese año hasta su muerte. En aquella primera etapa como príncipe, se dibujan en la Corte dos grupos políticos encabezados por el secretario Cobos y por el cardenal Juan de Tavera, arzobispo de Toledo e Inquisidor General. Muertos ambos, y ya en la segunda etapa, los líderes de los dos nuevos grupos cortesanos fueron Ruy Gómez, príncipe de Eboli, que había trabajado con Felipe en Inglaterra y en los Países Bajos, disfrutando siempre de fácil acceso al monarca, y el Duque de Alba. La secretaría de Estado, única al principio del reinado, estuvo a cargo de un clérigo humanista, Gonzalo Pérez, mientras la secretaría privada del rey quedó en manos de 41

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Francisco de Eraso, bien relacionado con el partido de Ruy Gómez y que, al ser también secretario del Consejo de Cámara de Castilla, intervenía en la decisiva tarea de proponer todos los nombramientos, seculares y eclesiásticos, tanto en Castilla como en las Indias. En el bienio 1565-1566 Ruy Gómez pierde buena parte de su influencia y Eraso es sometido a un proceso por corrupción. Se inicia así la tercera etapa de las señaladas, en la que al principio irrumpe un poderoso personaje, el cardenal Diego de Espinosa, presidente del Consejo de Castilla y en seguida Inquisidor General, el cual tiene como secretario a un clérigo oscuro, llamado Mateo Vázquez, que luego habrá de conseguir el favor del rey. Efectivamente, muerto Espinosa en 1572, Mateo Vázquez se autopropone como secretario del monarca y obtiene el puesto. Por otra parte, también al principio de esta tercera etapa, muere Gonzalo Pérez y Felipe II divide la Secretaría de Estado entre su hijo Antonio y otro secretario llamado Gabriel de Zayas. Los enfrentamientos entre dos grupos, tradicionales en la Corte y respecto a los cuales el rey había guardado una escrupulosa neutralidad, tienen lugar ahora entre Antonio Pérez, el secretario de Estado, un hombre brillante y de cuidadas maneras, y el secretario privado Mateo Vázquez. Era el eterno conflicto entre la política imaginativa de un ministro audaz, y la influencia pragmática del burócrata de oficio. El conflicto se había suscitado entonces por la cuestión de Flandes y tuvo como punto de referencia el asesinato político de Juan de Escobedo, secretario del hermano del rey, don Juan de Austria. Antonio Pérez, de manera un tanto forzada, fue procesado por la Inquisición y huyó al extranjero. Desde entonces, como alguien dijo, Mateo Vázquez se convirtió en «la peana a través de la cual medio mundo adoraba al santo escondido en su agujero de El Escorial». La cuarta y última etapa se inicia en 1586. El rey había caído gravemente enfermo. Tal vez por ello, viéndose incapaz de proseguir con un intenso régimen de trabajo, y siendo quizás también consciente de que había que aligerar la lenta y complicada maquinaria de los Consejos, inauguró un nuevo estilo de gobierno: el de las Juntas. Se trataba de poner en marcha unos organismos más ágiles, compuestos de gentes procedentes de distintos Consejos, para aplicarse a asuntos determinados. Semejante sistema, que alcanzaría un gran predicamento en el siglo xvii con su hijo Felipe III y, sobre todo, con su nieto Felipe IV, respetó la existencia de los venerables Consejos, pero supuso una opción alternativa a la mecánica del despacho. Las Juntas, pues, eran comités más o menos informales que aconsejaban al rey sobre un tema y luego se disolvían. Sin embargo hubo una Junta estable y un tanto especial, la llamada Junta Grande, compuesta por Moura, el conde de Chinchón y Juan de Idiaquez, asistida por el secretario Mateo Vázquez, que asesoró al rey en sus últimos años. 42

3.  Felipe II y el gobierno de la monarquía

IV.  LA VOCACIÓN BUROCRÁTICA DEL MONARCA Según hemos visto, desde 1543, y debido a la ausencia de su padre el Emperador, Felipe II se encargó de los asuntos del gobierno de España. A partir de entonces, y en sucesivos viajes, él pasó un total de ocho años fuera del país, visitando el norte de Italia, el sur de Alemania, los Países Bajos y algo de Francia e Inglaterra. Fue pues, al principio, un príncipe y rey viajero. Sin embargo, desde 1559 se instaló definitivamente en España, aplicándose sin tregua ni descanso al despacho con sus ministros y al quehacer burocrático. Ello le dio la imagen de rey burócrata y papelista que habría de prevalecer. Concluyamos así examinando algunos aspectos de esta aplicación del monarca a la maquinaria del Estado que hemos descrito. Felipe II despertaba hacia las ocho de la mañana, para pasar después cerca de una hora leyendo documentos en la cama. Tras levantarse, oía misa, recibía visitas o se dedicaba a otros menesteres hasta el almuerzo a mediodía. Tras una pequeña siesta, trabajaba en el despacho hasta la hora de la cena, continuándolo después de ella. La hora de acostarse era variable, dependiendo de los asuntos pendientes, aunque no solía suspender el trabajo hasta pasadas las once de la noche: «Hasta ahora que son las 11, escribe una noche de abril de 1575, he estado esperando el pliego y ya no puedo esperarle más, que ni tengo ojos en la cabeza...». Como hemos dicho, el rey prefería el despacho escrito a la entrevista oral. En 1586 criticaba al Consejo de Castilla por estar «gastando mucho tiempo en hablar, de que resulta ser poco el despacho». La fama de rey papelista, pues, se correspondió estrictamente con la realidad. Se podrían dedicar muchos comentarios a glosar las anotaciones de Don Felipe a las consultas y cartas; anotaciones hechas al principio en el margen, pero proseguidas muchas veces luego por entre las propias líneas del texto original hasta hacer incluso casi ininteligible el documento. Quien haya examinado los papeles conservados en Simancas y otros archivos, puede dar fe de atinadas observaciones y notas del rey, pero también de una enorme cantidad de glosas, comentarios y advertencias minúsculas o superfluas, hechas sobre cualquier asunto. Esta propensión por comentar todo y puntualizar todo ya llamó la atención de los contemporáneos. Su propio cronista, Cabrera de Córdoba, recoge algunos ejemplos: «Volvió una carta a un secretario porque tenía mala ortografía, y a otro porque estaba mal apuntada y hacía el sentido equívoco». Llevándole a firmar una carta con título de Provincial de una orden religiosa, dijo: «No hay sino General en ella; vuélvase a hacer». Firmando una venta para un don fulano de un lugar de behetría, dijo: «Vuélvase a hacer sin el don, porque no puede haberle en lugar de beetría». En el traspaso de un oficio de alguien de Toledo a su hijo, borró el don y escribió: «No le tenga pues no le tiene su padre». Pidiendo facultad un 43

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

clérigo para que heredase una hija suya setecientos ducados de renta, anotó: «Bastan ciento para hija de clérigo». Esa vigilancia por la corrección de los papeles, se extendía también al orden de la oficina. Tenía por esto tanto cuidado con los papeles de su mesa, nos cuenta también Cabrera, que advertía aun el orden con que los dejaba. «Negociando con el secretario Mateo Vázquez desde otra pieza (de la oficina), vio apenas que un ayuda de cámara los hojeaba buscando una consulta de un negocio suyo, y dixo: –Decid a aquél que no le mando cortar la cabeza por los servicios de su tío Sebastián de Santoyo, que me le dio». La escrupulosidad por la buena forma y orden de los papeles alcanzó incluso, según un contemporáneo, a la caligrafía y al primor de la letra: «y así le hubo en su reinado admirable». La dedicación de extenuantes horas de trabajo a los papeles, con continuas advertencias sobre pequeñeces y detalles, mereció también la crítica irónica de sus propios súbditos: «Cuanto a la menudencia con que Su Majestad trata los negocios más menudos, años ha que entendemos que es materia de lástima, porque perder el tiempo para no ocuparle, eso es lo que los hombres llaman pasatiempo, más ocuparle para perderle, cosa es que no se puede poner el nombre que merece». Se ridiculizaba, en suma, que el rey perdiera el tiempo trabajando de esa forma. Y hay que observar que el comentario figura nada menos que en la carta de un noble, el Conde de Portalegre, a cierto secretario del rey, Esteban de Ibarra. Otro testimonio de cómo era posible entonces criticar a un monarca, normalmente conocido con el cliché de hombre absoluto, opresor e intolerante. Felipe II tuvo la permanente preocupación del secreto, que encareció a sus colaboradores en nombramientos e instrucciones. A Antonio Pérez le reprochó así ser un mozo muy derramado, es decir, muy disperso y extrovertido. Su frialdad y congénita desconfianza le llevó, como hemos dicho, a repartir el poder entre muchos, a multiplicar el número de secretarios, y a reenviar los papeles de unos y otros sin entregarse nunca a la opinión y voluntad de uno solo. Murió así recomendando a su hijo, el futuro Felipe III, una saludable desconfianza y el reparto a ultranza del poder. Paradójicamente el nuevo rey hizo inmediatamente todo lo contrario y entregó la monarquía entera al Duque de Lerma. Finalizó así con Felipe II, al concluir el siglo xvi, el régimen de gobierno personal del monarca, para pasar con Felipe III en el xvii a otro régimen de gobierno de Validos y Privados.

44

4.  PRIVADOS, VALIDOS Y PRIMEROS MINISTROS * 1 Entre los Cursos de Verano de la joven Universidad Rey Juan Carlos, celebrados en Aranjuez en el verano de 2003, tuve el honor de dirigir uno dedicado a Los Validos, cuyas ponencias, junto a algún otro trabajo, figuran ahora en el presente libro. El Curso recogía a su vez los frutos de un Proyecto de Investigación (BHA 2000-0196) en el que colaboramos profesores de diversas universidades, y que trataba de Los Validos en la España del Antiguo Régimen, es decir, del gobierno de la Monarquía a través de ese notable personaje –el Valido o Privado– que, revestido de hecho o de derecho de poderes extraordinarios, gobierna a la sombra de su amigo el rey. Ahora bien, en todo régimen político, en el añejo de la Monarquía absoluta del Antiguo Régimen o en el hodierno de la Monarquía constitucional de partidos políticos, suele vislumbrarse la figura, junto al número uno (rey, presidente del gobierno, líder del partido, etc.) de un número dos que goza de la máxima confianza de aquél y que, a menudo, dirige el aparato de la Administración o de la organización y manda de hecho. Por ello, junto a los historiadores de los Validos en el Antiguo Régimen, el Curso acogió también unas Mesas Redondas de juristas, políticos y periodistas, que debatieron con los asistentes hasta qué punto se da también la privanza o el valimiento en el moderno Estado democrático y en el mundo de hoy. O, dicho con otras palabras, cuál es el papel de la amistad en la política. Los nombres de los historiadores los encontrará el lector al frente de las ponencias que vamos a reseñar. En las Mesas Redondas intervinieron personalidades tan prestigiosas como los exministros Fernando Morán y Gustavo Suárez Pertierra, el catedrático y embajador Raúl Morodo, el catedrático y exdiputado Oscar Alzaga, y los periodistas Miguel Angel Aguilar y Ramón Pí.

*** * 

Introducción al libro colectivo, coordinado por el autor, Los Validos, Dykinson, 2004, 15-33. 45

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Volviendo al paisaje del Antiguo Régimen, objeto de este libro, hay que recordar que Validos y Privados existen en España en todo tiempo; en los siglos medievales, y en los modernos de Austrias y Borbones. Ahora bien, lo que en distintas centurias y reinados aparece de forma ocasional y episódica, en el siglo xvii cobra contornos institucionales precisos, sucediéndose unos Validos a otros de forma regular y metódica a tenor de parámetros que se repiten una vez y otra. Los Validos y Privados dan así lugar al fenómeno político e institucional del valimiento o la privanza. Aquel Curso, pues, se aplicó, y el presente libro se aplica fundamentalmente a la institución del valimiento en ese siglo xvii, y a buena parte de sus protagonistas más destacados, situando como pórtico y antecedente el caso del Valido medieval –que encarnan las figuras de Alvaro de Luna y Juan Pacheco, de quienes se ocupan Luis Suárez Fernández (Real Academia de la Historia) y José Manuel Calderón (Universidad de Alcalá)–, y como epílogo el del Valido borbónico, en la persona de don Manuel Godoy, reexaminado por su biógrafo el profesor Emilio La Parra (Universidad de Alicante). Entre los Validos del xvii, al primero de ellos, el Duque de Lerma, están dedicados tres artículos de Antonio Feros (Universidad de Pennsylvania), Ricardo Gómez Rivero (Universidad de Elche) y de quien esto escribe. A su sucesor, en el mismo reinado de Felipe III, el Duque de Uceda, lo estudia la profesora Regina Pérez Marcos (UNED). A su vez, los tres Validos de Felipe IV, Baltasar de Zúñiga –un personaje de transición–, el gran Conde-Duque de Olivares y Luis de Haro son analizados por Carmen Bolaños (UNED), I. A. A. Thompson (Universidad de Keele) y Andrés Gambra (Universidad Rey Juan Carlos). Y ya en el reinado de Carlos II, de la figura del primer Valido extranjero, el Padre Nithard, se ocupa Carmen Sáenz Berceo (Universidad de La Rioja), mientras la profesora María Carmen Sevilla (Universidad de La Laguna) examina la Junta de Gobierno establecida durante la minoridad del rey. Por su parte, Camino Fernández (UNED) estudia a Valenzuela, mientras Dolores Alamo (Universidad de Gran Canaria) trata del Duque de Medinaceli, y José Ramón Rodríguez Besné (Universidad de Vigo) se aplica al poco conocido Conde de Oropesa. Otros dos profesores, en fin, Ignacio Ruiz (Universidad Rey Juan Carlos) y María Teresa Manescau (Universidad de La Laguna) dedican su atención a una figura institucional confusa, la de don Juan José de Austria, quien podría ser catalogado tanto de Primer Ministro o privado, como de pintoresco «golpista» avant la lettre.

*** De lo dicho se desprende que en lo que antaño fueron ponencias y hogaño son artículos del libro, interesa más lo institucional que lo personal, o, si se quiere, interesa más el valimiento que las mismas figuras y peripecias de los Validos, y ello aunque muchos de estos personajes carezcan todavía de biografías acordes con su importancia. Por ahora contamos, en ese pórtico medieval y en el epílogo 46

4.  Privados, Validos y Primeros Ministros

borbónico, con las dedicadas a don Alvaro de Luna y a Godoy 1, mientras de los Validos y Primeros Ministros del xvii cabe decir que sólo Lerma y Olivares han merecido biografías solventes. El primero, la escrita por Antonio Feros 2, y el Conde-Duque con las dos sugestivas y dispares que le dedicaron Marañón hace muchos años y Elliott en fechas todavía recientes 3. A su vez, el primer planteamiento institucional fue obra de nuestro recordado colega Francisco Tomás y Valiente, quien en 1963 publicó una perspicaz interpretación de conjunto de lo que había significado el mundo de Validos y Primeros Ministros en el xvii 4. Sobre ambas perspectivas, la histórico-biográfica y la institucional de los Validos españoles, ha habido otras varias aportaciones estos últimos años 5. Pero es que además, la figura del Valido o Privado trasciende las fronteras y aparece también, de una forma u otra, en las principales monarquías europeas. Así, hace ya treinta años, en 1974, el historiador francés Jean Bérenger, subrayó en un estudio precursor el panorama europeo del fenómeno del valimiento 6, en el que, junto a nuestros Lerma, Uceda, Olivares o Haro, figuraban también entre otros Richelieu y Mazarino en Francia, sir Robert Cecil y Buckingham en Inglaterra, o Axel Oxenstierna en Suecia, e intentó pergeñar los rasgos y caracteres comunes de tal elenco de personajes. A partir de ese ensayo de Bérenger se reactivó en Europa la reflexión institucional sobre los Validos, celebrándose a fines de los noventa en el Magdalen College de Oxford un coloquio internacional sobre El mundo del favorito, 1550-1700, cuyas ponencias fueron recogidas en un libro publicado en 1999 por la Universidad de Yale, The World of the Favourite, que fue inmediatamente traducido al español 7. Este es, en fin, en cuatro palabras, el clima que propició el proyecto conjunto de investigación y la reunión estival a orillas del Tajo. Dicho lo cual, el prologuista, si vale el símil taurino, va a trocar la seda por el percal. Es decir, va a a abandonar el ritual iniciático y meramente presentador de todo prólogo, colorista y descomprometido como el paseillo de la fiesta taurina, para fajarse y comprome1  J. M. Calderón Ortega, Alvaro de Luna: riqueza y poder en la Castilla del siglo xv, Madrid, 1998; Alvaro de Luna (1419-1453). Colección Diplomática; E. La Parra, Manuel Godoy. La aventura del poder, Barcelona, 2002. 2  El Duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de Felipe III, Madrid, 2002. 3  G. Marañón, El Conde-Duque de Olivares (La pasión de mandar), Espasa-Calpe, 3 ed., Madrid, 1952; J. F. Elliott, El Conde-Duque de Olivares, ed. Crítica, 1990. 4  Los Validos en la Monarquía española del siglo xvii (Estudio institucional), Madrid, 1963. Segunda edición, ampliada y reelaborada, en Siglo XXI (Madrid, 1982). 5  Una referencia a ellas puede verse en el epígrafe «Estado de la cuestión» de mi artículo "Los poderes de Lerma", reproducido en mi libro Administración y Estado en la España Moderna (Junta de Castilla y León, 1999). 6  «Pour une enquête européenne: le problème du ministériat au XVIIe siècle», en Annales, 29 (1974), 166-192. 7  El mundo de los Validos, bajo la dirección de John Elliott y Laurence Brockliss, 2.ª ed., Taurus, 2000.

47

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

terse con el problema que está en el ruedo. Y lo va a hacer, sin pretensiones y con brevedad, pues los prólogos no deben dar más de sí, con cuatro lances o consideraciones. Esto es, con una sencilla faena de aliño.

I.  PRIVADOS Y VALIDOS Según creemos, privado es aquella persona que tiene acceso al monarca y disfruta de su amistad y confianza, y que como consecuencia de ello controla determinados resortes del gobierno y del poder. Consecuentemente puede haber uno o varios privados. En cambio, la calificación de Valido suele hacer referencia al exclusivismo de esa amistad y confianza, y por ende al exclusivismo también en el poder y el mando. Podríamos así convenir, haciéndonos eco de los textos de la época, que cuando el Privado es uno, ese Privado es tenido por Valido, o, por lo mismo, que un monarca puede tener simultáneamente varios privados pero no puede tener varios validos. Semejante cuestión de la unidad o pluralidad de consejeros-amigos personales del rey y con facultades de gobierno, revierte a su vez en la justificación doctrinal de la privanza y del valimiento, que pueden ser y son a veces a nuestro juicio dos problemas distintos. En cuanto al primero, los autores suelen aceptar, sin mayores problemas, que el rey pueda tener privados, aunque alguno de esos autores, como Fray Juan de Santa María, al preguntarse si es bien que los reyes tengan privados, denuncie la impropiedad de la amistad entre el rey y alguno de sus súbditos, es decir, entre personas esencialmente desiguales: «y no es muy fácil la respuesta, porque privado es lo mismo que amigo particular, y como la amistad ha de ser entre yguales no parece que la puedan tener los que son vassallos o criados con su Rey y Señor» 8.

Con independencia de alguna observación de ese tipo, los autores, según decimos, suelen reconocer el beneficio de la amistad y el derecho del monarca a tener sus propios amigos. «El Príncipe –escribió Vicente Mut– no debe gobernar por sí solo, porque es pesada máquina el Imperio, es difícil deliberar sin compañía... Los que llama el vulgo privados, llamo yo amigos, porque conviene que aquéllos sean amigos, y más puede fiar y asegurarse el Príncipe de un amigo, que del que privare sólo por el mérito» 9. A su vez, Andres Mendo, en su Príncipe perfecto y ministros ajustados, que dedicó a Felipe IV en 1657, exclama con rotundidad: «Déjesele al Príncipe gozar los bienes de la amistad, y no se le niegue 8  República y policía christiana. Para reyes y príncipes y para los que en el govierno tienen sus vezes, Barcelona 1617, 206. 9  El Príncipe en la guerra y en la paz. Copiado de la vida del Emperador Justiniano, Madrid, 1640, 10.

48

4.  Privados, Validos y Primeros Ministros

la dicha que los demás logran, pues necesita de más alivio que todos» 10. Ciertamente, y como ya apuntó Tomás y Valiente 11, la discusión así planteada no deja de ser artificiosa y banal, por cuanto lo que habría que discutir no es si el rey puede o no tener amigos, sino si puede tener amigos a los que entregue el poder. En cualquier caso, sin esta matización, los autores suelen convenir en que el monarca tenga varios amigos o privados. El ya citado Fray Juan de Santa María lo expresa con claridad al responderse a la pregunta si es bien que los Reyes tengan más que un privado: «No en valde puso Dios tantos miembros en el cuerpo humano, y doblados los más dellos, sino para enseñarnos que muchos son necessarios en las acciones humanas y que no lo puede hazer todo uno, que, o no trabajará o se gastará muy presto... Y por esta consideración digo que el Rey supremo y cabeça del Reyno ha de ser uno solo...pero los privados dos y tres, y aun más han de ser, quedando la unidad reservada para lo mayor y supremo» 12.

Otra cosa es la privanza de uno solo, es decir, según nuestra interpretación, la existencia del Valido mismo. Ya Carlos V había advertido explícitamente a su hijo que «ni agora, ni en ningún tiempo, ni de ningún otro, antes tratad los negocios con muchos, y no os ateys ni obligueis a uno solo; porque aunque es más descansado, no os conviene...porque luego dirán que sois gobernado...» 13. Por otra parte, es bien conocido que el Emperador gobernó con varios consejeros y secretarios: Gattinara, Granvela, Cobos, etc. 14. A su vez, de Felipe II se dijo que tuvo varios privados, pero no se dijo que tuviera un Valido. A Ruy Gómez de Silva, por ejemplo, se le ha considerado Privado del Rey Prudente 15. «Fue Rui Gómez –escribe el cronista Cabrera de Córdoba 16– el primero piloto en trabajos tan grandes...vivo conservó la gracia de su Rey; muerto le dolió su falta y la lloró su reino, que en su memoria le ha conservado para exemplo de fieles vasallos y prudentes privados de los mayores príncipes». Del cardenal Espinosa, en el mismo reinado de Felipe II, el Conde de Chinchón afirmó que era «el hombre de toda España de quien el rey haze más confiança y con quien más negocios Ver en pág. 323. Los Validos, 133. 12  República y policía christiana, 215-216, 13  «Instrucción secreta de 6 de mayo de 1543», en F. de Laiglesia, Estudios históricos (15151555), Madrid, 1918. 14  J. A. Escudero, Los Secretarios de Estado y del Despacho, Madrid, 2 ed., 1976. Y también «El gobierno de Carlos V hasta la muerte de Gattinara. Canciller, Consejos y Secretarios», en B. J. García García (director), El Imperio de Carlos V. Procesos de agregación y conflictos, Madrid, 2000, 83-96. 15  Sobre Ruy Gómez como privado, véase el capítulo «The Privado» de la obra de James M. Boyden, The courtier and the king. Ruy Gómez de Silva, Philip II, and the Court of Spain, University of California Press, 1995, 63-88. 16  Felipe Segundo, Rey de España, 4 vols., Madrid 1876-1877; en II, 142. 10  11 

49

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

trata» 17. Uno, Ruy Gómez, fue llamado rey Gómez, y el otro, Espinosa, fue llamado el otro rey 18, pero a pesar de ello siempre se tuvo la conciencia de que el poder estaba de alguna forma repartido. Cuando disfrutaba de gran influencia el Príncipe de Éboli, era influyente también el Duque de Alba. A su vez, el período de predominio de Espinosa fue realmente breve, y con unos privados y otros tuvieron además notable peso los secretarios (Francisco de Eraso, Gonzalo Pérez, Antonio Pérez y Mateo Vázquez, principalmente). En suma, lo que llamó la atención al entrar a gobernar Felipe III no fue que el rey tuviera amigos y hombres de confianza, sino que sólo tuviera uno. De forma bien clara lo expresa cierta relación de la época: «También a dado y da mucho que decir la privanza de uno solo, cosa no aprovada por ninguna razón de Estado, y el prudentísimo rey don Felipe Segundo siempre lo aborreció... Las razones que se dan para eso son muchas y de importancia... La primera será el descontento general que tienen todos los vasallos, y principalmente los criados y ministros del Rey, en ver toda la auctoridad, provechos y honras en una persona sola, cosa que engendra muy malos humores... Añádase a esto que estando el poderío en un solo, aunque sea un ángel, o se haze o parece malo de llevar y casi insufrible» 19. Así pues, si la inmensa mayoría de los autores estuvo de acuerdo en que el rey tuviera amigos o privados que disfrutasen de parcelas de poder, muchos menos fueron los que defendían al Privado único, favorito real o Valido. Entre ellos se suele mencionar a fray Pedro de Maldonado, quien escribe su Discurso del perfecto privado a principios del siglo xvii a modo de justificación teórica de la presencia de Lerma 20. En él Maldonado afirma: «Nunca al pueblo de Dios le fue bien sino cuando su Príncipe tenía un buen privado. Faraón un Joseph; Asuero un Mardocho; Baltasar un Daniel, y Saúl un Samuel». Es decir, que si aquellos legendarios dirigentes tenían un solo privado y ello fue beneficioso para el pueblo de Dios, también habría de serlo que lo tenga el propio príncipe cristiano. Ahora bien, los ejemplos de la historia sagrada que aporta Maldonado, no son siempre en favor de un privado único, sino también de varios o de los privados en general. Así, según él, el mismo Jesucristo habría tenido dos: el apostol Juan, «su querido en particular», y el apostol Pedro, «su vicario» 21. Ahora bien, si resultó chocante en el tránsito de Felipe II a Felipe III el paso de varios privados a uno solo, ya bien entrado el siglo xvii los teóricos tuvieron 17  Carta de Chinchón al Duque de Alburquerque fechada en Madrid el 15 de diciembre de 1566 (Archivo General de Simancas, Estado, leg. 148, núm. 181). 18  Escudero, Felipe II: el rey en el despacho, Madrid 2002, 110 y 202. 19  Biblioteca Nacional de París, manuscrito Du Puy 22, folio 11. Los subrayados son míos. 20  A. Feros, El Duque de Lerma, 217 y ss. También, del mismo autor, «Imágenes de maldad, imágenes de reyes: visiones del favorito real y el Primer Ministro en la literatura política de la España moderna, c. 1580-c. 1650», en Elliott-Brockliss, El mundo de los validos, 293-319, especialmente, 303-304. 21  Estos textos en Feros, El Duque de Lerma, 218.

50

4.  Privados, Validos y Primeros Ministros

que justificar o reprobar al único privado o favorito, pues era lo que realmente había. Así en el reinado de Felipe IV, Quevedo, tras dar por sentado en su Política de Dios y gobierno de Cristo 22 que los reyes habían de tener criados que disfrutaran de distinta confianza y a los que dispensarían mayor o menor afecto, llega a admitir que «entre ellos podrá ser que uno solo sea dueño de la voluntad del Príncipe». Y en el reinado de Carlos II, Juan Baños de Velasco, refiriéndose al Valido en una obra dedicada al monarca, comenta que «lo más conforme es necesitar el rey y los súbditos deste Primer Ministro a quien secunde con sus favores y él le sirva con su debido obsequio» 23. En todo caso, no faltará en los teóricos más templados y hasta en los apologistas del Valido, la salvedad de que en última instancia la decisión final de las cuestiones de gobierno ha de corresponder al monarca. Con otras palabras de Quevedo, «rey que llama criado al que le violenta y no le aconseja, al que le gobierna y no le sirve, al que toma y no le pide, no pasa la majestad del nombre: es un esclavo a quien para mayor afrenta permite Dios las insignias reales» 24.

II.  VALIDOS Y PRIMEROS MINISTROS Al estudiar la serie de poderosos personajes que actúan como número dos, tras el monarca, en la España del xvii, Tomás y Valiente caracterizó a los validos con dos notas: su encumbramiento a través de la amistad con el rey y el haber logrado mediante ello una intervención directa en las tareas de gobierno 25. De acuerdo con semejante diagnóstico no merecerían la consideración de validos quienes hubieran llegado al poder por intrigas palatinas o por la fuerza, ni tampoco –cabe añadir– los amigos del rey cuya amistad hubiera quedado en el entorno privado sin trascender a lo público. Aplicando aquellos dos parámetros a quienes aparecen en la cúspide política en los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, se llegaría así a un catálogo de seis Validos: Lerma, Uceda, Olivares, Haro, Nithard y Valenzuela. Y no serían Validos, sino otra cosa, quienes llegaron al poder por la pura fuerza (don Juan José de Austria) o por la presión de partidos y camarillas cortesanas (Medinaceli y Oropesa). Ahora bien, semejante diagnóstico, que nos parece sumamente atinado y aceptable en lo fundamental, requiere alguna matización u observación complementaria. En primer lugar, que el hecho de que el Valido deba su preeminencia al puro favor regio, no implica que sea un amigo sin más y que no desempeñe 22  23  24  25 

En Obras, BAE, tomo XIII, 51-52. El ayo y maestro de Príncipes, Séneca en su vida, Madrid, 1674. Política de Dios y gobierno de Cristo, 32. Vid. Tomás y Valiente, Los Validos, 137. Los Validos, 32. 51

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

puestos en el aparato de gobierno. O dicho con otras palabras, que el Valido logre situarse por encima del total gobierno de la monarquía y que mande a todos en nombre del rey, no quiere decir que él mismo no desempeñe tal o cual puesto. Al tratar de Lerma, por ejemplo, y para ilustrar que el Valido sólo manda por el favor regio y sin ninguna apoyatura institucional, Tomás y Valiente comenta que no fue ni siquiera consejero de Estado y que no tuvo ningún oficio en la Corte 26, lo que es de hecho inexacto porque Lerma sí fue, y desde el principio, consejero de Estado, como lo serán después Olivares y otros, y recibió además el nombramiento cortesano de Caballerizo Mayor. Lo que sucede es que, siendo tan importante pertenecer al Consejo de Estado 27, la preeminencia absoluta de Lerma no fue consecuencia de ello (había y habrá otros muchos consejeros de Estado) sino de la amistad con el monarca y de la predilección con que éste le distinguió. Si esto es así con los Validos del xvii, lo es también con los anteriores y posteriores. Alvaro de Luna fue entre otras cosas Condestable de Castilla, probablemente el cargo más importante de la Administración medieval 28, y Godoy fue Secretario del Despacho o Ministro de Estado, sin duda el más importante de los Ministerios de la Administración moderna 29, pero semejantes cargos no fueron definitorios por sí mismos pues en otras épocas hubo también otros muchos Condestables o Ministros de Estado que no lograron relevancia especial, porque lo característico de aquellos personajes no fueron los cargos que desempeñaron sino el haber logrado el monopolio de la amistad y favor regio. De esta suerte, el cargo desempeñado por el Valido de turno no fue decisorio para explicar su predominio, porque lo que le sustentaba en la cúspide no era ser tal o cual cosa, sino estar a la vera del monarca y disfrutar en exclusiva de su confianza. En ese sentido, el del sustento de su privanza, todos los Validos son iguales: mandan en tanto en cuanto el rey lo quiere y confía en ellos, sin que importe gran cosa el puesto institucional –Condestable, Ministro, Consejero, Caballerizo, Sumiller, etc.– que desempeñan. Y si fuera cierto, como los autores han repetido desde Ranke a Tomás y Valiente, que Felipe III delegó su firma en Lerma, y que la firma de éste valió tanto como la del rey, habría que afirmar que Lerma fue un Valido extraordinario o que tuvo unos poderes jurídicamente excepcionales que no tuvo nadie, pues de ningún otro Valido se afirma algo semejante. Sin embargo, como creemos haber demostrado en el artículo sobre Lerma reproducido en mi libro Administración y Estado en la España Moderna, semejante afirmación es irreal Los Validos, 80. Sobre este capital organismo, F. Barrios, El Consejo de Estado de la Monarquía absoluta, 1521-1812, Madrid, 1984. 28  J. M. Calderón Ortega, Alvaro de Luna: riqueza y poder en la Castilla del siglo xv, 107. 29  La Secretaría del Despacho de Estado será el Ministerio de Estado, antecedente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sobre ello, B. Badorrey, Los orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 1999. 26  27 

52

4.  Privados, Validos y Primeros Ministros

–fruto de un equívoco repetido– y carece por completo de fundamento. Todos los Validos, en fin, habrían tenido el poder de mandar en nombre del rey, como también mandaron en nombre del rey todas las personalidades políticas (en el xvi los grandes secretarios y en el xviii los grandes ministros) que antes y después gozaron de esa misma confianza de los monarcas. Otro problema fundamental es la aparición, con alguno de estos personajes, del título de Primer Ministro, lo que nos lleva a una cuestión clave cual es las semejanza o diferencia institucional del Valido y del Primer Ministro, es decir, qué fue una cosa –ser Valido– y qué fue la otra –ser Primer Ministro– si es que no fueron lo mismo, tema que se nos antoja problemático, abierto y necesitado de ulteriores indagaciones, las cuales quizás deberían partir de una tesis y de una hipótesis previas. La tesis, lo que cabe afirmar y constatar, es que ser Valido –como ser amigo del rey, o, mejor dicho, como ser único gran amigo del rey– es un fenómeno de hecho, extrainstitucional, aunque luego se proyecte a dirigir la maquinaria del Estado. Por eso no hay título de Valido, ni el Valido como tal tiene sueldo ni rango determinado en la Administración pública que dirige, ni figura como tal en el sistema de precedencias u honores. Todo eso les corresponde a quienes ostentan el valimiento en función del otro cargo concreto que desempeñan –Condestable, Sumiller, Consejero o Secretario de Estado, etc.–, pero no en función de ser Validos. La hipótesis, a su vez, es si el cargo de Primer Ministro, que con el tiempo llegará a tener título preciso, significa la institucionalización del valimiento. O, dicho con otras palabras, si esa condición amorfa e inaprensible del Valido, cuaja institucionalmente en la figura del Primer Ministro. Tras una precisión elemental, la de que en la terminología del Estado moderno en España hay una acepción genérica de ministro –de ministrare, esto es, de servir un cargo u oficio 30– y otra técnica que se corresponde con los Secretarios del Despacho que ocupan la cúspide de la Administración Central a partir del xviii, hay que señalar que los Validos fueron ocasionalmente y desde el principio calificados como ministros, debiendo ser entendido ese calificativo como genérico habida cuenta de que en el xvii sólo existe el llamado sistema polisinodial o de Consejos, y de que el ministerial, de Secretarios del Despacho o ministros aparecerá después. Lerma fue así llamado, en ese sentido genérico, ministro o ministro principal del rey, como precisamente le califica Baltasar Alamos de Barrientos en su Norte de Príncipes 31. Mucha más precisión y fijeza, con todo, parece tener el tema con Olivares, en la medida en que, según ha destacado Elliott 32, ciertos cortesanos le llaman en sus cartas principal ministro o primer ministro de España, y que él mis30  Sobre el oficio público bajomedieval, en la antesala de ese Estado moderno, véase la obra de J. M. García Marín, El oficio público en Castilla durante la Baja Edad Media, Sevilla, 1974. 31  Ver el cap. 6, «Primer Ministro del Rey» de la obra de Feros, El Duque de Lerma, 201 y ss. 32  J. H. Elliott y J. F. De la Peña, Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares, Madrid, 1978-1980; en I, 203-204. También en El Conde-Duque de Olivares, 183.

53

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

mo en cierta misiva al Papa asegura que algunos están «clamando contra mí como al primer ministro del rey nuestro señor». Con todo, según parece, Olivares debió considerar la denominación de privado como peyorativa, prefiriendo en cambio la de ministro. Así, en ciertas Reflexiones políticas y cristianas que dirige a Felipe IV 33, tras proponer una serie de remedios asegura que con ello «cesará también la razón del nombre de Privado y lo más apetecido de su ejercicio, porque de solo esto se compone; que el servir en los Consejos y dar su parecer en las cosas de oficio, está tan lejos de ser ejercicio de Privado, que si no son cuatro Embajadores no habrá hombre que se llegue a sus puertas». Por lo demás, esa preferencia por la calificación de ministro la compartirá el propio rey, pues en el decreto de cese de Olivares que Felipe IV dirige al Consejo de Cámara manifestando el propósito de reasumir el gobierno, advierte el monarca «que la falta de tan buen ministro no la ha de suplir otro sino yo mismo» 34. El Valido siguiente, don Luis de Haro, aparece también como ministro y como Primer Ministro. Y así en la misma carta que Felipe IV escribe a Sor María de Agreda el 30 de enero de 1647, justificando el nuevo abandono del poder 35, el rey recuerda a la monja que en ninguna de las monarquías antiguas o modernas «ha dejado de haber un ministro principal o criado confidente», mientras cierto autor de la época, Eugenio Carreto, asegura que el monarca «declaró a los seis meses a don Luis de Haro por su Primer Ministro» 36, y otro, fray José Laínez, define al favorito en su libro El Josué esclarecido como «primer ministro del rey» 37. En todo caso, la consagración oficial de esa denominación de Primer Ministro la encontramos en el tratado de los Pirineos, a cuyo término los reyes de España y Francia declaran enviar a Haro y al Cardenal Mazarino a la frontera con los poderes pertinentes, siendo ambos personajes calificados de Primeros y Principales Ministros 38. Ahora bien, ¿tenía esa denominación algún trasfondo institucional?. Con toda probabilidad, no. Llamar entonces a alguien Primer Ministro debía ser lo mismo que llamarle principal Ministro, es decir, reconocer la preeminencia del favorito, sin que esa preeminencia fuera acompañada de título, sueldo o puesto preciso en la cúspide de la Administración. Llamar a alguien primer o principal Ministro no era otra cosa que dignificar aquel antiguo calificativo de privado que se había tornado controvertido y para muchos odioso. En suma, un brindis al sol. Pero según acontece en la biología política, donde al igual que en la de los seres vivos la función crea el órgano, de llamar a alguien tantas veces Primer Ministro se Las publicó Tomas y Valiente. G. Marañón, El Conde-Duque de Olivares, Apéndice XXVIII, 464. 35  F. Silvela, Cartas de la venerable madre Sor María de Agreda, y del Señor Rey don Felipe IV, 2 vols., Madrid, 1885; en I, 183 y ss. 36  Tomás y Valiente, Los Validos, 16. 37  Feros, «Imágenes de maldad, imágenes de reyes», en Elliott-Brockliss, 305. 38  Tomás y Valiente, Los Validos, Apendice IX, 175. 33  34 

54

4.  Privados, Validos y Primeros Ministros

debió pasar a darle un título con ese nombre. Y así, a tenor de los datos que proporciona la profesora Camino Fernández, un personaje como Valenzuela debió recibir el título de Primer Ministro. Y merced a la investigación de la profesora Dolores Alamo, sabemos que ese título lo recibió Medinaceli y conocemos además el título mismo. Un título en el que Carlos II confiesa que «haviendo pedido a Dios me alumbre los medios de que devo valerme para el expidiente de tanto como está a mi cargo, he reconocido por la formalidad de govierno de mi Monarquía y las ocurrencias de aora nezesitan, de primer ministro», para luego confesar que «no e dudado en cargar que me acudas en esta forma, así por tus grandes obligaciones como por lo que en ti (he) experimentado, por lo qual he mandado a mi confesor te exprese este mi ánimo creiendo de tu buena ley te sacrificarás en obedecerme, seguro de que conozco quanto arás en esto por mi servicio». Este es el título de Primer Ministro de 21 de febrero de 1680 39. Un título, en fin, sin perfiles institucionales, sin señalamiento de sueldo, deberes, derechos ni obligaciones. Como decíamos antes, un brindis al sol. En cuanto al siglo xviii, en el que ya hay varios Secretarios del Despacho que, mediada la centuria, son calificados oficialmente de Ministros 40, en el sentido técnico de titulares de los departamentos de la Administración Central, cabe decir que entonces hay un Secretario o Ministro que goza de especial rango: el Secretario del Despacho de Estado o Ministro de Estado. Es lo que podríamos llamar la preeminencia cualitativa o institucional. A lo largo de toda la centuria, el Secretario del Despacho de Estado precede a los demás, y, por ejemplo, cuando en 1787 se constituye la Junta Suprema de Estado, antecedente orgánico del Consejo de Ministros, su presidente de hecho –sin nombramiento como tal– es el titular de Estado, el Secretario o Ministro, Conde de Floridablanca 41. Pero junto a ello ocasionalmente se da también una preeminencia cuantitativa de determinados ministros que no son de Estado y que acumulan varios departamentos, como aconteció con José del Campillo y el Marqués de la Ensenada, quienes fueron titulares de Hacienda, Marina e Indias y Guerra en los reinados de Felipe V y Fernando VI. Cuando eso sucede, y junto al ministro que regenta el departamento de teórico mayor rango (el de Estado/preeminencia cualitativa) se da otro que acumula varios otros (preeminencia cuantitativa), podemos hablar y hemos hablado de un sistema en equilibrio 42. 39  Copias de este título se encuentran en la sección Egerton de la British Library, núm. 2082, folio 303, y núm. 338, folio 543. 40  Al estudiar la figura del Secretario del Despacho de Estado, la profesora Badorrey advierte que fue en el Decreto de 4 de diciembre de 1746, nombrando a Carvajal «nuestro Consejero y Ministro de Estado», cuando por vez primera se denomina a alguien Ministro en lugar de Secretario del Despacho (Los orígenes, 84-86). 41  Sobre ello, véase mi libro Los orígenes del Consejo de Ministros en España, 2 vols., 2.ª ed. Madrid, 2001. 42  Los orígenes del Consejo de Ministros en España, 163.

55

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Ahora bien, si hay ministros en el xviii, ¿hay acaso Primer Ministro?. Por de pronto procede señalar que, tras la pésima experiencia de los Validos y Primeros Ministros con el último de los Austrias, la predisposición de los Borbones hacia ellos no debió ser precisamente buena. Y así cuando Luis XIV asesora a Felipe V sobre la forma y manera de gobernar, se despide de él con una significativa advertencia: «concluyo dándoos un consejo de los más importantes: no os dejeis gobernar; sed siempre amo, ni tengais favorito ni primer ministro» 43. Pese a ello, conforme avance la centuria sucederán dos cosas. Por una parte que el Secretario del Despacho de Estado adquirirá el reconocimiento formal de Primer Secretario. Por otra, que hay dos personajes extranjeros, el italiano Alberoni y el holandés Riperdá, que aparecen en determinados momentos al frente del conjunto de la Administración con un rango muy especial y son tenidos en boca de muchos por Primeros Ministros. En cuanto al reconocimiento de Primer Secretario que se da al titular de Estado, lo que podría equivaler en cierto modo al reconocimiento de Primer Ministro pues los Secretarios del Despacho eran entonces, según sabemos, los Ministros, hay que decir que nos encontramos con esa denominación de Primer Secretario –o la correlativa, para la oficina, de Primera Secretaría– en documentos oficiales de distintas fechas. Así por ejemplo en 1759 con ocasión del nombramiento de Ricardo Wall como consejero de Estado 44; en 1776 al ser designado como Secretario del Despacho de Estado Floridablanca 45; en 1792 cuando fueron nombrados el Conde de Aranda 46 o Godoy 47; en 1798 cuando el propio Godoy fue exonerado y se nombró a Saavedra 48; en 1800 con ocasión del nombramien43  W. Coxe, España bajo el reinado de la Casa de Borbón. Desde 1700 en que subió al trono Felipe V hasta la muerte de Carlos III acaecida en 1788, 4 vols., Madrid, 1846-1847; en I, 88. 44  Comunicación de Isabel de Farnesio al Consejo de Estado de 5-X-1759: «La particular satisfacción y agrado que han merecido al Rey, mi Señor y Hijo, los muchos y distinguidos servicios de D. Ricardo Wall, cavallero comendador de Peñausende en la Orden de Santiago, teniente general de sus Reales egércitos, y su Primer Secretario de Estado y del Despacho de la misma negociación...» (en Badorrey, Los orígenes, 118, nota 3). 45  Comunicación de Grimaldi a Floridablanca de 12-XI-1776: «Con este motivo, juzgando S. M. que en la instrucción, mérito y prendas de V. S. I. hay toda la proporción necesaria para servir con entera satisfacción y confianza de S. M. la Primera Secretaría de Estado y del Despacho...» (en Badorrey, Los orígenes, 155). 46  Decreto de 28-II-92: «Al mismo tiempo que por otro decreto de este día he resuelto restablecer el exercicio del Consejo de Estado, nombrando para Decano de él al Conde de Aranda, he determinado se encargue interinamente, y hasta que Yo ordenare otra cosa, de la Primera Secretaría de Estado y del Despacho...» (en Badorrey, Los orígenes, 208-209). 47  Título de 16-XI-1792: «Don Carlos, por la gracia de Dios... Por quanto atendiendo a los buenos e importantes servicios de vos, Dn. Manuel Godoy y Alvarez de Faria...he tenido por bien nombraros, como en virtud de la presente os nombro, por mi primer Secretario de Estado...» (en J. A. Escudero, Los cambios ministeriales a fines del Antiguo Régimen, 2 ed., Madrid, 1997, 21, nota 14). 48  Aranjuez, 28-III-1798: «He venido en acceder a las reiteradas súplicas que me ha hecho el Príncipe de la Paz, así de palabra como por escrito, para que le eximiere del empleo de Primer

56

4.  Privados, Validos y Primeros Ministros

to de Pedro Ceballos 49, etc., etc. El Secretario del Despacho o Ministro de Estado disfrutaba, en fin, de un superior rango. Ahora bien, ese superior rango no le facultó –como hubiera sido propio en el caso de un Primer Ministro– para intervenir en el conjunto de la Administración y supervisar todos los departamentos. Creemos por ello que el Primer Secretario de la Administración borbónica del setecientos no fue propiamente un Primer Ministro. En cuanto al caso de los dos personajes extranjeros, Alberoni y Riperdá, el primero de ellos controló el gobierno de España (constituido entonces por Consejos y Secretarías del Despacho) entre 1715 y 1719, sin ser él mismo Secretario del Despacho o Ministro. Alberoni recibió ciertamente poderes extraordinarios, que se acrecentaron en 1717 cuando el 26 de octubre le fue concedido «todo el poder autoridad y facultad que se requiere sin limitación alguna para tratar y concluir qualquiera paz con qualquiera potencia», y además «plena facultad y autoridad de dar las órdenes y disposiciones necessarias para todo lo que mira a Hacienda, Marina y Guerra». Mediante esta concesión 50, según hace notar el profesor Perona, Alberoni quedó convertido de hecho en Primer Ministro aunque jurídicamente no pueda ser considerado como tal al no haber recibido título ni nombramiento alguno 51. Estando de acuerdo con ello, añadiríamos alguna observación. En primer lugar que lo que esa concesión contiene no es, según parece, un poder extraordinario de carácter general, como sería el propio de un Primer Ministro, sino otros más concretos, aplicados a la política internacional en paz o en guerra (de ahí las referencias a las cuestiones de Marina y Hacienda, conexas con ella). Por eso se concedieron los tales poderes –según reconoce el texto– a fin de que estando Yo armado, pueda lograr una paz honorable y ventajosa. Y en segundo lugar, que los tales poderes concretos fueron dados al parecer en un clima de recato y cierto secreto 52, lo que evidentemente resta peso institucional a quien los disfrutó. El Barón de Riperdá, por su parte, tras no pocas peripecias, adquirió máxima notoriedad en el bienio 1725-1726. El 12 de diciembre de aquel año fue objeto de un único –desde el punto de vista formal y documental– y doble nombraSecretario de Estado y del Despacho... Y he nombrado para que sirva interinamente dicha Primera Secretaría de Estado y del Despacho a D. Francisco de Saavedra...» (en Badorrey, Los orígenes, 252). 49  Comunicación de Carlos IV al Consejo de Estado el 13-XII-1800: «Hallándose vacante el empleo de Primer Secretario de Estado y del Despacho por separación de D. Francisco de Saavedra, he venido en nombrar para él a D. Pedro Ceballos Guerra» (en Badorrey, Los orígenes, 269). 50  Fue publicada por Badorrey, Los orígenes, 40. 51  D. A. Perona Tomas, «Apuntes sobre el perfil institucional de Alberoni, Riperdá y Godoy», en Anuario de Historia del Derecho español, LXVIII (1998), 83-150; ref. en 107 y 110. Reproduce con ligeros retoques el texto de la concesión en el Apéndice II, p. 132. 52  Es inimaginable un secreto total y que no fueran conocidos por nadie, porque al menos tuvieron que ser notorios a las autoridades militares y financieras que habrían de acatarlos. Si no, carecerían de sentido. 57

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

miento –en cuanto al contenido– de Secretario de Estado y de Secretario del Despacho, ambos genéricos y sin aplicación conocida 53. Desde los contemporáneos de entonces a nuestros días, la condición institucional de este personaje ha sido objeto de muy diversas calificaciones, a partir sobre todo de esa designación genérica de Secretario del Despacho, insólita por cuanto todas las que conocemos, antes y después, se aplican a un ramo concreto de la Administración. Por ello le calificamos en su día de Secretario del Despacho sin negociación señalada 54, siendo tenido sin fundamento por muchos como Primer Ministro aunque tampoco recibiera título. Perona le niega incluso la condición de favorito o privado 55. En el siglo xviii, en fin, hay dos propuestas de interés, formuladas por importantes personajes que formaron parte de gabinetes ministeriales, sobre la conveniencia de institucionalizar esa figura del Primer Ministro. De un lado, la contenida en el Testamento político de José Carvajal 56, de 1745, donde puede leerse: «El Rey se ha fijado en no tener un primer Ministro, y ha tenido grandes ventajas en tenerlos; y si no miren desapasionadamente lo que hizo el Cardenal Alberoni; dejo los meses de Riperdá, que el acordarse de tal locura sonroja; y digo que si Don José Patiño hubiera sido primer Ministro declarado, hubiera hecho grandes cosas, y siendo Secretario no pudo menos que dejar de hacer muchas; pero el caso es que de no querer el Rey tener un primer Ministro, ha pasado en tener muchos; porque no nos engañemos, ¿hay primer ministro que pueda hacer más a su gusto, que cada Secretario lo hace en sus dependencias?; puede ser que no pueda el primer día, el octavo, ni el veinte, pero el veinte y uno ha de salir; pues aquí de la razón, si es malo tener un primer Ministro, peor es tener varios; si es bueno, mejor es que lo sea uno solo» 57.

Bastantes años después, en 1781, el Conde de Aranda, entonces embajador en París, remite al Príncipe de Asturias, a petición suya, un Plan de gobierno como remedio al diagnóstico hecho de que «la máquina de la monarquía está desbaratada». Ese plan propone una estructura político-administrativa com53  J. L. Bermejo Cabrero, «Sobre la caracterización institucional de Riperdá», en Anuario de Historia del Derecho español LX –por error figura en portada LIX– (1990), 551-555. 54  Los orígenes del Consejo de Ministros, I, 75 y ss., donde se recogen las versiones de los distintos autores antiguos y modernos. Un panorama completo, revisando el caso, se encuentra en Perona, «Apuntes», 111 y ss. 55  «Tampoco era un favorito o un privado, pues a la amistad es preciso añadir una actividad soterrada; por el contrario, ésta fue pública» (Ibidem, 122). 56  Testamento político reducido a una idea de un gobierno católico, político y militar, como conviene para la resurrección y conservación de España, publicado en la Continuación del almacén de frutos literarios o Semanario de obras inéditas, I, Madrid, 1818, 1-160. Ha sido estudiado por Badorrey, Los orígenes, 93-96. 57  En Los orígenes, 95. El subrayado es mío.

58

4.  Privados, Validos y Primeros Ministros

puesta por el rey, un ministro confidente, el Consejo de Estado y los Secretarios de Estado y del Despacho o Ministros normales. Aquella figura, la del ministro confidente, corresponde en realidad a la del Primer Ministro: «El ministro confidente vigila sobre el cumplimiento de los otros, trabaja, discute con ellos, dirige las especies para enterar al rey de sus circunstancias; y quando cada secretario lleva su despacho, ya puede estar seguro el rey de su precedente examen y de la verdad en el todo de lo que lleva, pues por la intervención anterior del ministro celador no cabe amasijo ni reserva, y a más hallándose presentes los dos, puede su Magestad interrogarlos, oirlos y ladearse o no al uno, a los dos, u a ninguno. En viendo el soberano las cosas en limpio como son, resuelve con sus luces superiores siempre lo mejor. La intervención entre dicho ministro y el diferente secretario del despacho sugeta a uno y otro. Aquél no es arbitrario, porque los materiales paran en poder del secretario; y éste tampoco, por el examen de aquél. Si son hombres de ir derechos, esta sugeción no incomoda, y si no lo fuese alguno, la merece; con que se ha de reducir cada asunto a la opinión acorde de los dos, o a la diversidad en ella, y a la final decisión del príncipe. Sea ésta qual fuere, se sigue que el cumplimiento es exacto, porque ministro y secretario uno por otro se guardarán bien de desviarse de la suprema voluntad cuio texto consta a ambos» 58.

En resumen, pues, notables políticos del xviii propugnan la creación, o, más bien, la formalización de ese Primer Ministro declarado o ministro confidente, que no llegará a hacerse realidad. Señalemos finalmente que en el xix, cuando ya se hizo usual la calificación de ministros, existiendo el Consejo de Ministros desde 1823, en una primera etapa el Ministro de Estado siguió conservando su mayor rango. Ese Secretario o Ministro de Estado fue autorizado desde 1824 a hacer uso del título de Presidente del Consejo de Ministros. Más tarde, a partir del Estatuto Real de 1834, la presidencia del Consejo se configura como cargo independiente y llega a recaer en ministros que no son de Estado. Por último, en 1840 accede al puesto un personaje, el general Espartero, que ya ni siquiera es ministro. Desde entonces el Primer Ministro o Presidente del Consejo de Ministros es una figura orgánica distinta, autónoma e independiente, representativa del partido político que ha alcanzado el poder y a quien corresponde, tras ser nombrado por el monarca, la propuesta de designación del gabinete ministerial 59. 58  El Plan de gobierno lo reproduce R. Olaechea en su obra El Conde de Aranda y el «partido aragonés», Zaragoza, 1969, 157-182; ref. en 171-172. Me he referido a él, comentando la figura de ese ministro confidente, en Los orígenes del Consejo de Ministros en España, 369 y ss. 59  Sobre ello, J. A. Escudero, «La creación de la Presidencia del Consejo de Ministros», Anuario de Historia del Derecho español, XLII (1972), 757-767.

59

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

III.  VALIDOS Y SECRETARIOS A lo largo del siglo xvi, y especialmente en el reinado de Felipe II, el gobierno y el despacho de los reyes se articula en base a los secretarios, los cuales figuran en los diversos Consejos y Juntas, o bien trabajan directamente con el monarca a modo de secretarios privados. Todos esos secretarios mantienen un despacho por escrito con el rey, y algunos más importantes (los Secretarios de los Consejos de Estado y Guerra; los privados y los de alguna Junta muy especial como la de Obras y Bosques) trabajan además con el monarca mediante entrevistas personales y mantienen lo que se llamó despacho a boca. El siglo xvi, pues, y más especialmente la segunda mitad, fue la edad de oro de los secretarios, y sobre todo de aquellos que mantuvieron con el rey el doble despacho a boca y por escrito 60. ¿Qué significó, sobre esos presupuestos, la irrupción de los Validos a la entrada del siglo xvii?. Pues exactamente que los Validos arrebataron a los secretarios el despacho a boca, propio de las entrevistas personales con el rey. Un informado contemporáneo, Francisco Bermúdez de Pedraza, testigo de los hechos y excelente conocedor de estos problemas, escribió en 1620 una obra titulada El Secretario del Rey, en la que se dirige a Felipe III con las siguientes palabras: «V. M. no ha tenido Secretario privado porque los Grandes de España afectos de su servicio toman este cuidado, despachando con su Real Persona a boca las consultas y los expedientes del Secretario, pues el exercicio es el que le haze y no el nombre; que es la mayor grandeza suya aver ocupado los Grandes su exercicio, y a los Secretarios les ha quedado el nombre y la pluma, privados de la acción principal de negociar y resolver a boca con V. M. las cosas más graves que se ofrecen» 61.

El texto refleja lo que efectivamente pasó. Los Secretarios de Estado perdieron en el xvii el despacho a boca que habían tenido en el xvi sus antecesores (Cobos, Antonio Pérez, Zayas, Juan de Idiáquez, etc.). Al Secretario de la Junta de Obras y Bosques le pasó más o menos lo mismo, y quienes desempeñan ese mismo cargo en el xvii parecen un pálido reflejo de los poderosos Hoyo e Ibarra en el xvi 62. Los secretarios privados, en fin, desaparecieron y ya no hubo gente como aquel Mateo Vázquez que fue llamado admirativamente archisecretario de Felipe II. Todo el despacho a boca pasó, como Bermúdez de Pedraza dice, a los Grandes, es decir, a los nobles. O para las fechas en que Pedraza escribe, a Lerma y Uceda, los que habían sido Validos hasta entonces. Y así, si en el xvi prevalecieron unos Secretarios de clase media, ahora, en el xvii, prevalecerán estos Validos nobles. Para estas cuestiones me remito a mi libro Los Secretarios de Estado y del Despacho. La obra se publicó en Granada. Mi referencia figura en p. 12. 62  Véase el libro de F. J. Díaz González, La Real Junta de Obras y Bosques en la época de los Austrias, Madrid, 2002. 60  61 

60

4.  Privados, Validos y Primeros Ministros

Según ya hice notar en otra ocasión 63, la interposición de los Validos entre el monarca y los hasta entonces influyentes Secretarios de Estado, redujo a éstos a su puro papel administrativo, dependiente por supuesto del nuevo y poderoso Valido de turno. Pero la desaparición del secretario privado del monarca, que anotaba las consultas, resumía memoriales y cartas, y enviaba y reenviaba papeles, tuvo además otras consecuencias de enorme alcance. El Valido, desde luego, sustituyó al Secretario en el despacho verbal con el rey, pero Lerma y sus sucesores, con independencia de que anotaran las consultas más importantes y las codiciadas propuestas de nombramientos 64, en modo alguno estaban dispuestos a consagrarse a la absorbente y sacrificada carga del papeleo. Así, si el despacho a boca con el rey siguió –ahora en las bocas más exquisitas de los Validos–, el despacho por escrito con el rey no siguió, o siguió en muy escasa medida. De esta suerte, conforme avanzó el siglo xvii se fue haciendo patente la arritmia de la Administración y la parálisis del despacho en el núcleo decisorio Rey-Valido. Para remediar el problema, nada más acceder al trono, Felipe IV designará un Secretario que trabaje «en el despacho». Y como había de hacerse cargo de todo ese despacho, el nuevo secretario será conocido como el Secretario del Despacho Universal. No estará desde luego junto al rey (como estuvieron antes Mateo Vázquez o Jerónimo Gasol), ni gozará ostensiblemente de poder e influencia, sino que permanecerá recluido en la oscura covachuela de Palacio. De esta suerte, a lo largo de la centuria el Valido de turno mantendrá el despacho a boca y será el personaje rutilante de la Corte, mientras el Secretario del Despacho Universal trabajará en un relativo anonimato 65. Al iniciarse el xviii, en fin, desaparecen o se transforman los Validos según lo dicho, pero aquel humilde Secretario del Despacho, mediante sucesivos desdoblamientos de su cargo, se constituye en base y piedra angular del futuro y definitivo régimen ministerial.

IV. OTRAS OBSERVACIONES, FIN DEL VALIMIENTO A la vista del panorama de favoritos y Validos presentes en la Europa del siglo xvii, o, más precisamente, entre 1550 y 1650, algunos autores han intentado una caracterización institucional del fenómeno y de sus protagonistas. Así por 63  Véase el apartado «Validos y Secretarios» en el tomo I de Los Secretarios de Estado y del Despacho, 232-237, y los comentarios que sobre ello hace Tomás y Valiente en la citada segunda edición de Los Validos, 41 y ss. 64  Sobre el trabajo de Lerma al respecto, véase en este libro el estudio de Ricardo Gómez Rivero, «Lerma y el control de cargos». 65  El Secretario del Despacho Universal logró cierta notoriedad en los años de minoría de edad de Carlos II, con ocasión de las actuaciones de la Junta de Gobierno dispuesta por Felipe IV antes de morir. Quien lo era entonces –Blasco de Loyola– era al tiempo secretario de esa Junta que despachaba con la reina gobernadora. Véanse Duque de Maura, Vida y reinado de Carlos II, 2 vols., Madrid, 1954, I, 63 y ss, y el artículo de la profesora C. Sevilla que figura en este libro.

61

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

ejemplo A. Lloyd Moote lo explicó por la conjunción de factores como la debilidad de los reyes, la construcción y el fortalecimiento del Estado y las necesidades consiguientes al problema de la guerra 66. A su vez, Laurence Brockliss subraya que la singularidad del ministro-privado se manifiesta en tres sentidos principales: la condición masculina del personaje y su imposición independiente del atractivo personal (lo que le habría de diferenciar del mundo cortesano de amantes y concubinas); su condición de hombre que trabaja y dirige la Administración y ejerce el patronazgo, y su independencia de pensamiento y criterios respecto al rey protector, diferenciándose así del mero adulador o cobista 67. Semejantes criterios, u otros cualesquiera, parecen tan aceptables como cuestionables, y en lo que concierne a los personajes españoles resultan válidos en unos e inaplicables en otros. La masculinidad de un consejero político que ejerce el poder no se nos antoja muy determinante –como no lo sería la del guerrero, el trabajador o el hombre de iglesia– en una sociedad que en términos generales estaba controlada y monopolizada por los varones. Más clara me parece la condición del Valido como hombre que trabaja y está al frente de la Administración, con lo que se diferenciaría del mero favorito cortesano o amigo banal. El Valido es, desde luego, gestor del patronazgo real y dispensador de cargos, con lo que se convierte en el centro de una red clientelar, pero hay que tener en cuenta que antes y después quién manda pretende exactamente lo mismo. Baste recordar los forcejeos en la España de Felipe II por el control del Consejo de Cámara de Castilla (con Mateo Vázquez por medio), o, mucho después, por el control del Consejo de Cámara de Indias, organismos ambos a través de los cuales se procedía a la presentación de candidatos a los oficios públicos, o se otorgaban mercedes. Por lo demás, frente a los secretarios de extracción social media, los Validos suelen pertenecer al mundo nobiliario o ser gentes integradas en la Iglesia (Richelieu y Mazarino en Francia; aquí Nithard y Lerma en sus últimos años), aunque en ocasiones el encumbramiento no depende exclusivamente de la amistad con el rey, sino de otras circunstancias como la amistad con la reina o la amistad con el príncipe heredero que luego habrá de convertirse en rey. En cuanto a la presunta calidad nobiliaria de los Validos, hay que recordar que los orígenes maternos de un personaje tan significado como don Alvaro de Luna son más que confusos. Valenzuela tuvo acceso a Palacio merced al matrimonio con cierta criada de la reina gobernadora, de quien fue confidente, siendo rechazado como un advenedizo por la nobleza palaciega. Y aquella misma reina regente, doña Mariana de Austria, convirtió en otro momento en Valido a Nithard, que era su confesor. Godoy a su vez, hijo de un regidor del ayuntamiento de Badajoz, debió 66  «Richelieu as Chief Minister: A comparative study of the favourite in early seventeenthcentury politics», en Joseph Bergin y Laurence Brockliss, Richelieu and his age, Oxford, 1992. 67  «Observaciones finales: anatomía del ministro-favorito», en El mundo de los Validos, 397 y ss.

62

4.  Privados, Validos y Primeros Ministros

su carrera a la predilección de la reina María Luisa. Y en cuanto a la amistad con el príncipe y futuro rey como medio de promoción, el caso de Lerma fue sintomático, como fuera del ámbito de los Validos será sintomático también a fines del xviii el caso del Conde de Aranda. En otro aspecto, si los secretarios habían crecido y se habían formado al amparo de estructuras familiares, la relación parental tuvo también alguna relevancia en el mundo de los Validos del xvii. Hubo así dinastías de secretarios –los Pérez (Gonzalo y Antonio); los Eraso (Francisco y Antonio); los Escobedo (Pedro y Juan); los Idiáquez (Juan, Francisco y Martín), etc., etc.–, lo que se explica porque hijos y sobrinos aprendían de padres y tíos un verdadero oficio, el oficio de papeles, con sus múltiples prescripciones para formalizar consultas, resumir documentos, titular las cartas o hacer notas de todo tipo. Mucho más extrañas fueron en cambio las razones por las que se dio esa relación familiar en los validos, donde no había ningún oficio que aprender como no fuera la política en general, y que el rey, tras abandonar o cesar a uno, se echara en brazos del pariente del cesado. Felipe III destituye así a Lerma, pero nombra a su hijo Uceda. Baltasar de Zúñiga es tío de su sucesor Olivares, como Olivares es a su vez tío de quien también le sucede, Luis de Haro. El término de la privanza o del valimiento, como el de cualquier relación de amistad y confianza entre dos personas, se produce a veces de modo natural por la muerte de cualquiera de ellas, rey o Valido. Al fallecer Felipe III, su hombre de confianza, Uceda, hubo de entregar los papeles a otro. Zúñiga y Haro, a su vez, dejaron de ser Validos sólo cuando la muerte les alcanzó. Pero lo normal fue la salida brusca e incluso traumática. Lerma y Olivares abandonan la Corte a medias entre la dimisión y el cese. Nithard y Valenzuela salen violentamente, sufriendo éste incluso un insólito destierro en Filipinas, y el último de los Validos tratados, Godoy, termina su vida en el exilio francés. Peor suerte, en fin, corrió el primero de nuestros personajes, don Alvaro de Luna, decapitado en la plaza mayor de Valladolid.

63

5.  PRIVADOS, VALIDOS Y PRIMEROS MINISTROS EN LA MONARQUÍA ESPAÑOLA DEL ANTIGUO RÉGIMEN (VIEJAS Y NUEVAS REFLEXIONES) * 1 En el panorama del Antiguo Régimen en España reviste notable interés la figura del Privado o Valido, es decir, de la persona que ocasionalmente aparece, tras el rey, como máxima autoridad de la monarquía. De igual modo, llama la atención en los diversos regímenes políticos del mundo contemporáneo, la presencia habitual de un número 2, que tanto en el sistema de partidos del Estado Constitucional como en las autocracias y dictaduras, disfruta de la máxima confianza del supremo líder político, acumula poderes y controla el aparato de la administración y gobierno. Y es que en la vida política, de ahora y siempre, manda desde luego el que manda (el Rey absoluto en el Antiguo Régimen; el Rey constitucional y el Presidente de la República o del Gobierno después), pero manda también el que es amigo y confidente del que manda; el que tiene acceso directo y personal a él, pudiendo así sugerir o aconsejar lo que se debe o no hacer, a quién hay que nombrar o destituir en los diferentes cargos, y quiénes deben ser los beneficiarios de las múltiples prebendas y sinecuras. Procede, pues, diferenciar bien el rango teórico y el poder efectivo, y ello explica en la historia política la existencia de personajes, como el confesor del Rey, sin rango teórico reconocido pero con máximo poder e influencia 2. *  Publicado en Estudios en honor de Bernardino Bravo Lira. Revista Chilena de Historia del Derecho, 22 (2010), 2 tomos; en I, 321-331. 1  El presente artículo recoge algunos textos de la «Introducción» del autor al libro colectivo Los Validos, publicado por la Editorial Dykinson en 2004; del estudio sobre «Los poderes de Lerma» en el mismo volumen, y de las consideraciones sobre privados y validos contenidas en el Curso de Historia del Derecho. Fuentes e instituciones político-administrativas (3ª ed., Madrid, 2003). 2  Sobre esta figura, véase el libro de Leandro Martínez Peñas, El Confesor del Rey en el Antiguo Régimen, Madrid, 2007.

65

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Centrándonos en el Antiguo Régimen, que ahora interesa, la existencia de privados o validos es conocida desde la Baja Edad Media hasta las Cortes de Cádiz; desde personajes como don Alvaro de Luna en la primera mitad del siglo xv a don Manuel de Godoy en el xix. Don Alvaro monopolizó el favor del rey castellano Juan II, como Godoy monopolizará el de Carlos IV, logrando ambos ascender en la escala social, disfrutar de títulos nobiliarios y acaparar riquezas. Ahora bien, lo que en esos reinados aparece como realidad esporádica o coyuntural, cobra en el siglo xvii perfiles institucionales, sucediéndose unos validos a otros de forma sistemática y reglada, y siendo objeto el valimiento de justificación y estudio por los teóricos de la política. Vamos pues a reflexionar sobre la naturaleza de privados y validos, y la aparición de la figura del Primer Ministro con Austrias y Borbones.

I.  PRIVADOS Y VALIDOS Cabría preguntarse en primer lugar cuál es la diferencia, si existe, entre privados y validos, términos que a menudo los autores modernos citan de forma indiscriminada y confusa. A nuestro entender, y en base a los textos de la época, privado es una persona que disfruta de la amistad y confianza del rey y, como consecuencia de ello, goza de máximo ascendiente político y controla la maquinaria del Estado. Ya los cronistas habían dicho de López Dávalos, en la minoridad de Enrique III de Castilla, que «tuvo gran privanza» con el rey, como lo dirán luego, de forma más rotunda y clara de don Alvaro de Luna, a quien podemos considerar el primero de los grandes validos 3. Consecuentemente puede haber uno o varios privados, compatibles incluso con monarcas autócratas que gobernaron por sí mismos. En cambio, la calificación de valido suele hacer referencia, en esos mismos textos, al exclusivismo en el disfrute de la amistad y confianza regia, y en consecuencia también al exclusivismo en el poder y el mando. Ya en el siglo xvi, Carlos V gobernó con consejeros (Gattinara, Granvela) que los autores de la época consideraron muy privados suyos, pero tuvo sumo cuidado en entregarse a una sola persona y aconsejó a su hijo, Felipe II: «tratad los negocios con muchos, y no os ateys ni obligueis a uno solo; porque aunque es más descansado, no os conviene…porque luego dirán que sois gobernado». A su vez, de Felipe II se dijo que tuvo varios privados, pero no se dijo nunca que tuviera un valido. Su colaborador, Rui Gómez de Silva, príncipe de Éboli, por ejemplo, fue considerado por un autor de entonces como «ejemplo de fieles vasallos y prudentes privados» 4, mientras otro personaje, el cardenal Espinosa, que acumuló los cargos de presidente del Consejo de Castilla y de Inquisidor General, fue visto como 3  4 

66

Luis Suárez Fernández, «Orígenes del validaje», en el citado libro colectivo Los Validos, 35-40. Luis Cabrera de Córdoba, Felipe Segundo, Rey de España, 4 vols, Madrid, 1876-1877; en II, 142.

5.  Privados, Validos y Primeros Ministros en la Monarquía...

alguien de la máxima confianza de Felipe II. El uno, Ruy Gómez, fue llamado rey Gómez, y el otro, Espinosa, fue llamado el otro rey, pero a pesar de ello se tuvo siempre conciencia de que el poder estaba de alguna forma repartido y que Felipe II, desde luego, gobernaba por sí mismo. Cuando disfrutó de gran influencia Éboli, era influyente también el Duque de Alba. A su vez, el periodo de predominio de Espinosa fue muy breve, y con unos privados y otros tuvieron en aquel reinado notable peso los secretarios como Francisco de Eraso, Antonio Pérez o Mateo Vázquez. Esto en el siglo xvi. En el xvii cambiarán radicalmente las cosas. Poco antes de morir Felipe II, en 1598, haciéndose eco de lo que su padre le había advertido a él, aconsejó a su hijo que mantuviera a los colaboradores que le dejaba y que no se confiara exclusivamente a ninguna persona. El cronista González Dávila se hace eco así de las siguientes palabras del rey: «Y también os quiero advertir…que un Príncipe como vos se ha de servir de todos y de cada uno en su oficio, sin sujetaros a nadie, ni dejaros gobernar conocidamente de ninguno» 5. Pero nada más morir su padre, Felipe III hizo exactamente lo contrario: echó a casi todos los políticos del anterior reinado y llamó a su amigo el marqués de Denia, a quien nombró duque de Lerma, de su Consejo de Estado, camarero mayor, sumiller de corps y comendador mayor de Castilla, haciendo ostensible que depositaba toda la confianza en él. En suma, lo que llamó la atención de los contemporáneos no fue que el nuevo rey tuviera amigos, privados y hombres de confianza, sino que sólo tuviera uno. «También a dado y da mucho que decir –comenta un manuscrito de la época– la privanza de uno solo, cosa no aprovada por ninguna razón de Estado, y el prudentísimo rey don Felipe Segundo siempre lo aborreció» 6. Con el Duque de Lerma entramos así en el siglo xvii y en la etapa de institucionalización de los validos.

II. QUIÉNES FUERON LOS VALIDOS Ahora bien, a fuer de ser precisos, ¿qué diferencia al valido del hombre ocasionalmente poderoso y quiénes fueron los que podemos considerar validos en aquel siglo xvii? Como notas distintivas del valido se han señalado dos: que accede al poder por amistad con el monarca, y que interviene en el gobierno de la monarquía 7. Si se aceptan esos parámetros, el catálogo de los validos en el siglo xvii quedaría fijado en seis nombres: Lerma y Uceda con Felipe III; Olivares 5  Monarquía de España. Historia de la vida y hechos del ínclito monarca, amado y santo don Felipe Tercero, Madrid, 1771; en libro I, cap. XII, pág. 26. 6  Biblioteca Nacional de París, ms. Du Puy 22, folio 11. El subrayado es mío. 7  Francisco Tomás y Valiente, Los Validos en la Monarquía española del siglo xvii, 2.ª ed., Madrid, 1982.

67

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

y Haro con Felipe IV; y Nithard y Valenzuela, con Carlos II. Repasemos telegráficamente su trayectoria. En el reinado de Felipe III, Lerma mantiene el poder absoluto durante dos décadas, entre 1598 y 1618, si bien en 1612, debido a un incidente coyuntural, el rey se vio obligado a dirigir una real cédula a los Consejos donde mandaba «que cumplais todo lo que el duque os dixere o ordenare, y que se haga lo mismo en ese Consejo, y podrásele decir todo lo que quisiere saber del». O lo que es lo mismo, que los Consejos tenían que obedecer a Lerma e informarle de cualquier cosa que preguntase. Respecto a Lerma, los autores modernos, siguiendo al historiador alemán Leopoldo von Ranke, han afirmado que llegó a gozar de poderes tan excepcionales como que su firma valiera tanto como la firma del rey, privilegio que no habría alcanzado ningún otro valido, y que precisamente la primera orden que dio Felipe III al subir al trono fue delegar la firma en él. Sin embargo, esto no parece cierto; es fruto de un error de Ranke que ha equivocado a otros muchos hjstoriadores, y la tan traída y llevada delegación de firma –de la que no habla ningún contemporáneo– en realidad no existió pues Lerma mandó siempre en nombre del monarca 8. Desde el principio del reinado, sin que se ordenara nada, se entendió que había que obedecer al Duque, y por eso la cédula de 1612, al recordarlo comenta: «que aunque esto –el obedecer a Lerma– se ha entendido assí desde que yo subcedí en estos Reynos, os lo he querido encargar y mandar agora». Al abandonar el valimiento y perder el favor regio, Lerma fue sustituido por su hijo el duque de Uceda, «hombre sin virtudes ni vicios», como alguien dijo, que fue miembro de los Consejos de Estado y Guerra, así como alcalde de la Alhambra de Granada y tesorero perpetuo de la Casa de la Moneda de Madrid. Uceda conservará tres años el valimiento, hasta la desaparición del rey en 1621. Todavía con Felipe III en el lecho de muerte, y según cierto relato de la época, el duque de Uceda se encuentra junto a la cámara regia con el conde de Olivares. «¿Como van las cosas del Príncipe?, le preguntó; y don Gaspar, sin poder reprimir la ambición satisfecha, respondió “Todo es mío”. “¿Todo?” replicó el Duque. “Todo sin faltar nada” dijo el Conde» 9. La conversación, ciertamente, era muestra de la ascendencia de Olivares con el príncipe, y del poder que habría de tener con el nuevo rey. Sin embargo, al acceder al trono Felipe IV se hace cargo de los negocios del Estado don Baltasar de Zúñiga, pero este personaje, por no gozar totalmente de la confianza del monarca y por la interposición de Olivares, no podría ser considerado propiamente un valido. Es más, parece creíble, como señala 8  Para este problema, véase mi trabajo «Los poderes de Lerma», en Administración y Estado en la España Moderna, Junta de Castilla y León, 2002, 275-325, y también en el citado libro colectivo Los Validos, 121-175. 9  Gregorio Marañón, El Conde Duque de Olivares (La pasión de mandar), 3.ª ed., Madrid, 1952, 44.

68

5.  Privados, Validos y Primeros Ministros en la Monarquía...

Marañón en su biografía 10, que el Conde Duque habría utilizado la estrategia de ceder al principio del reinado el puesto principal a Zúñiga, tío suyo, para a su muerte, en 1622, hacerse con los papeles y con el poder. El Conde-Duque, sin duda el más famoso de todos los validos, aparecerá como paradigma del validoestadista, patrocinador de una política de uniformización jurídica de España, o de castellanización de España, presentada al rey en su célebre Gran Memorial de 1624, que habría de fracasar. Las dificultades de la política europea, las todavía más agudas de la española (con los problemas de Cataluña y Portugal) y la consiguiente crítica interna, hicieron renunciar a Olivares, hasta que su dimisión fue aceptada. «Días ha que me hace instancias continuas el Conde-Duque para que le dé licencia de retirarse por hallarse con gran falta de salud… –dice el rey en el decreto de cese de 24 de enero de 1643 11– Yo lo he ido dilatando cuanto he podido…pero viendo el aprieto con que estos últimos días me ha hecho nuevas y vivas instancias por esa licencia, he venido en dársela, dejando a su albedrío cuando quisiera usar de ella». Según el confesor del rey, «el Conde pidió licencia para irse a su estado de Sanlucar», a lo que el rey respondió: «Tan lejos, no, Conde; más cerca sí» 12. Olivares marchó desterrado a Loeches y luego a Toro, convirtiéndose en nuevo valido don Luis de Haro. Al principio, tras la salida del Conde-Duque, Felipe IV se propuso gobernar por sí mismo –«yo tomo el remo», afirmó 13–, llegando a dictar un decreto en el que advertía al Consejo de Cámara «que la falta de tan buen Ministro no la ha de suplir otro sino yo mismo» 14, pero tales propósitos quedaron en nada y tras pocos meses cedió de nuevo y entregó el poder a Haro. Pese a la más discreta actuación de este personaje, y pese a las admoniciones de una monjita –sor María de Agreda– que recordaba al rey la obligación que tenía de gobernar por sí mismo, Haro desempeñó el valimiento hasta su muerte en 1661. Pero ahora Felipe IV sí recuperó en solitario el poder, que mantuvo, sin valido, en los cinco años en que sobrevivió a Haro. En la minoridad de Carlos II, el último de los Austrias y el último monarca del xvii, un eclesiástico, Nithard, logró pronto el favor de la reina y se convirtió en valido. No obstante, en el caso de Nithard se dieron una serie de circunstancias (su condición de jesuita; de modesta familia, posible ascendencia protestante y además extranjero) que le granjearon notoria impopularidad, a lo que hubo que sumar la hostilidad implacable del segundo don Juan de Austria, don Juan Ibidem, 51-52. Ibidem, 464. 12  Ibidem, 356. 13  J. H. Elliott, El Conde-Duque de Olivares, Barcelona, 1991, 629 14  El Decreto de cesantía de Olivares, en Marañón, El Conde Duque de Olivares, Apéndi­ ce XXVIII, 464-465. 10  11 

69

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

José. Acosado por éste 15, que, considerándose representante del pueblo y líder de la Cataluña descontenta, organizó una amenazadora marcha hacia Madrid, Nithard perdió en 1669 la privanza que pasó a don Fernando de Valenzuela, un individuo de origen andaluz, nacido en Nápoles, carente de alcurnia y sobrado de torpeza. Valenzuela gobernó unos años y fue destituido en 1677, viviendo una experiencia insólita: la de ser desterrado por diez años al lugar más lejano de la Corte, las Islas Filipinas, para morir al regreso, de un accidente en México. Se extinguió así la serie de los que podemos considerar validos de los Austrias. Ciertamente, en el reinado de Carlos II, otros personajes se hacen con el poder: don Juan José de Austria, por ejemplo, pero no a través de la amistad con el rey sino por la pura fuerza. A su vez gobernaron después Medinaceli y Oropesa, pero tampoco aupados por el patrocinio regio sino por la presión de partidos y camarillas. Estos políticos, pues, ya no son validos, sino otra cosa: Juan José de Austria una especie de dictador que llega al poder mediante un golpe de Estado, y los Medinaceli y Oropesa unos primeros ministros más o menos institucionalizados. Recordemos, en fin, en este bosquejo del siglo xvii, que el fenómeno del valimiento se dio en España pero también entonces en otros países de Europa: en Francia, con Richelieu y Mazarino; en Inglaterra, con sir Robert Cecil y Buckingham; en Suecia, con Oxenstierna o en Dinamarca con Griffenfeld 16, lo que sin duda hubo de contribuir a que los escritores políticos españoles consideraran el fenómeno de la delegación del poder regio como algo común y, por lo mismo, explicable y tolerable.

III.  EL VALIDO ANTE LOS TEÓRICOS Y LA OPINIÓN PÚBLICA Los autores aceptaron sin problemas que el rey tuviera privados, aunque alguno de esos autores, como fray Juan de Santa María, al preguntarse si es bien que los reyes tengan privados, denuncie la impropiedad de la amistad entre el rey y alguno de sus súbditos, es decir, entre personas esencialmente desiguales: «y no es muy fácil la respuesta –escribe– porque privado es lo mismo que amigo particular, y como la amistad ha de ser entre yguales no parece que la puedan tener los que son vasallos o criados con su Rey y Señor» 17. Con independencia de este testimonio, la doctrina favorable a privados y validos tomó cuerpo tras la obra del confesor de Lerma, Pedro de Maldonado, 15  Como resumen de este enfrentamiento, véase mi trabajo «Don Juan José de Austria frente al padre Nithard», en Administración y Estado en la España moderna, 2002, 615-619. 16  Véase John Elliott y Laurence Brockliss, El mundo de los validos, ed. Taurus, 2000. 17  República y policía cristiana. Para reyes y príncipes y para los que en el gobierno tienen sus vezes, Barcelona, 1617, 206.

70

5.  Privados, Validos y Primeros Ministros en la Monarquía...

que escribe en 1609 El perfecto privado. Maldonado –como ha observado Feros 18– defiende la tesis de que el privado no debe ser considerado un mal menor, tolerable por las necesidades o deficiencias del príncipe, sino que es algo beneficioso en sí mismo. «Nunca al pueblo de Dios le fue bien sino cuando su Príncipe tenía un buen privado. Faraón un Joseph; Asuero un Mardocho, Baltasar un Daniel y Saúl un Samuel». El mismo autor observa que si bien el sol ilumina toda la tierra, brilla más en unos sitios que en otros; el alma da vida a todo el cuerpo, pero favorece especialmente a la cabeza y al corazón. Incluso Jesucristo se habría comportado así, concediendo una singular confianza a dos personas: Juan, «su querido en particular», y Pedro «su vicario». Ahora bien, si los teóricos próximos al valido justificaban ocasionalmente el valimiento, siguió siendo claro que no era lo mismo que hubiera varios privados o que hubiera uno. Así Quevedo, en su Política de Dios y gobierno de Cristo 19, tras dar por sentado que el rey había de tener diversos criados que disfrutaran de su confianza, llega a admitir, como tratándose de un supuesto extremo, que «entre ellos podrá ser que uno solo sea dueño de la voluntad del Príncipe». Mucho menos complaciente debía ser el pueblo, si hacemos caso de los testimonios de autores como Novoa y Pellicer 20. Los hombres, comenta Novoa, «no quieren muchos reyes o muchos ídolos, que a ese solo nombre tienen los privados; no quieren ser infieles, sino adorar a un solo rey verdadero… del quieren ser maltratados o beneficiados». A su vez Pellicer, reconociendo que «ningún mortal puede vivir sin tener confidente con quien desabrochar sus cuidados y descansar sus obligaciones», reconoce que el nombre de valido es «voz odiosa en todos los siglos» si bien «no tanto vive aborrecida la persona como la dignidad». Este espectro, en fin, de opiniones de los autores españoles se corresponde con lo que de sus propios privados, pensaban los autores extranjeros. El monarca podía y debía tener consejeros, pero siempre que se reservara la última palabra en la resolución de los negocios. Como escribió Justo Lipsio en su Politicorum sive civiles doctrina libri sex, el rey debía consultar a sus consejeros pero teniendo en cuenta que no podía «enflaquecer el vigor del principado» delegando su autoridad en un favorito; y el italiano Giovanni Botero, tratando el caso de un favorito único, es decir de lo que aquí llamamos valido, afirmó que los súbditos no lo tolerarían pudiendo rebelarse contra él e incluso contra el rey 21. 18  Antonio Feros, «Imágenes de maldad, imágenes de reyes: visiones del favorito real y el primer ministro en la literatura política de la Europa moderna, c. 1580-c. 1650», en el citado libro dirigido por Elliott-Brockliss, 303. 19  En Obras, BAE, tomo XIII, 51-52. 20  Matías de Novoa, Memorias (Codoin LX-LXI), y José Pellicer de Tobar, Avisos históricos (en el Semanario Erudito de Valladares). Cit. por Tomás y Valiente, Los Validos, 120-122. 21  En Feros, Imágenes de maldad, 298-299.

71

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

IV.  PROCEDENCIA DEL VALIDO Y FUNCIONES. VALIDOS Y SECRETARIOS Los validos o fueron nobles u tuvieron decididamente en contra a la nobleza, estamento que pareció considerar el valimiento como algo propio. De origen noble fue en el Antiguo Régimen el que hemos considerado primero entre los validos, don Alvaro de Luna, pero no lo fue el último, Godoy, aunque en su meteórico ascenso fuera revestido de todos los honores y de un título de príncipe (Príncipe de la Paz) ciertamente insólito en nuestra historia política por no pertenecer su beneficiario a la familia real.. En cuanto al siglo xvii, la mayoría de los validos fueron nobles, y cuando no lo fueron, casos de Nithard o Valenzuela, contaron desde el principio con la hostilidad implacable de la nobleza. Los validos en el siglo xvii heredaron algunas funciones que en el siglo anterior habían disfrutado los poderosos secretarios de Estado (como Antonio Pérez) o los también poderosos secretarios privados (como Mateo Vázquez). Efectivamente, en el siglo xvi Felipe II instauró en el sistema de gobierno el uso de despachar por escrito con todos los secretarios de los Consejos, y de escrito y de palabra («a boca», según se decía) con aquellos más importantes secretarios de Estado o con los secretarios privados. En el xvii los validos se hicieron con ese «despacho a boca», relegando a los secretarios de Estado al ámbito burocrático de su Consejo y desapareciendo los secretarios privados. Como recordaba en 1620 un especialista, Francisco Bermúdez de Pedraza, al rey Felipe III, «VM no ha tenido Secretario privado porque los Grandes de España afectos de su servicio –es decir, los validos– toman este cuidado, despachando con su Real persona a boca las consultas y los expedientes del Secretario, con que en la realidad y en la substancia el privado viene a ser el Secretario, pues el ejercicio es el que le hace, y no el nombre» 22. Ahora bien, el hecho de que los validos heredaran en el xvii de los importantes secretarios del xvi el «despacho a boca», pero no asumieran el despacho escrito y la anotación de las consultas, con lo que los billetes y memoriales de los Consejos quedaban sin respuesta o sufrían considerables retrasos, condujo a fines del reinado de Felipe III al colapso burocrático de la monarquía. Fue así entonces cuando a un secretario cualquiera se le situó en la covachuela de palacio, adscribiéndole el llamado despacho universal, es decir el despacho de todos los papeles de todos los Consejos y organismos que llegaban al rey. A partir de entonces gobernarán el rey y el valido de turno, mientras ese Secretario del Despacho Universal, hombre de confianza del valido, sacará humildemente adelante el magma de papeles y consultas. 22 

72

El Secretario del Rey, Granada 1620, fol. 12.

5.  Privados, Validos y Primeros Ministros en la Monarquía...

Los secretarios habían sido gentes de extracción social media, pertenecientes a familias (los Eraso, los Idiáquez, los Pérez, etc.) en los que los más jóvenes aprendían el oficio de sus mayores. Pero también con los validos tuvieron importancia los clanes familiares, dándose el caso curioso de que el rey despidiera al padre pero nombrara en su lugar al hijo (caso de Lerma y Uceda), o despidiera al tío para promover al sobrino (caso de Olivares y Haro).

V.  EL LOGRO Y LA PÉRDIDA DEL VALIMIENTO Al valimiento se accede, según dijimos, por la voluntad magnánima del rey, que asocia al gobierno a su amigo y predilecto. Y del valimiento se sale por la misma voluntad del monarca, pues aunque el valido dimita, esa dimisión no se consuma hasta que el monarca lo quiere y la acepta. El acceso al valimiento fue así siempre algo festivo y gratificante. Pero la salida fue por lo común convulsa y desagradable, cuando no trágica. El primer valido, don Álvaro de Luna, fue ajusticiado en la plaza Mayor de Valladolid, y el último, Godoy, a punto estuvo de perder la vida en el Motín de Aranjuez, concluyendo sus días en el exilio. En la serie de validos del siglo xvii, Lerma manifestó a Felipe III que quería irse, pero cuando el rey le tomó la palabra, tras una entrevista de la que, según cierto testimonio de la época 23, el Duque salió lloroso, hubo de abandonar tristemente la Corte y retirarse a Lerma. Él y su hijo, Uceda, que perdió el valimiento al morir Felipe III, su rey protector, fueron al principio perseguidos por Olivares. Éste, a su vez, deprimido y cansado, solicitó repetidas veces irse, hasta que Felipe IV lo aceptó. O por decirlo con palabras de Marañón, «se fue y no le echaron» 24. En cuanto a los validos de Carlos II, Nithard salió de manera violenta, como consecuencia de presiones de don Juan José de Austria y de una manifestación popular que aparece, en la España del xvii y quizás por vez primera en nuestra historia, como un medio de presión política. Nithard fue destituido, según confesó la reina regente, por la pura necesidad y la violencia, a fin de salvar la quietud pública, con lo que fue además la primera vez en que un valido es depuesto contra la voluntad regia. Y en cuanto al último de los favoritos, Valenzuela, terminó su etapa de hombre poderoso en la cárcel de Consuegra y, como hemos dicho, con una orden de destierro que le llevó a Filipinas diez años y de cuyo destierro no llegaría a retornar. Esto significa que el único de los validos que murió pacíficamente en el disfrute de la privanza fue don Luis de Haro, un hombre discreto y mesurado, verdadero contrapunto a la ostentosa «pasión de man23  Resolución que tomó Su Majestad cerca de algunas cosas que importan a su Monarchía por setiembre de 1618, Biblioteca Nacional, ms. 2349, 189-193. 24  El Conde-Duque de Olivares, 357.

73

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

dar» que había dominado a su tío Olivares. A fin de cuentas el valido de temple más humilde; el que quería ser llamado simplemente «don Luis», fue el que perduró más tiempo y el único que se fue al otro mundo gozando hasta el final del favor regio.

VI. INTENTOS DE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL VALIMIENTO: LOS PRIMEROS MINISTROS El cargo de valido no existe como tal. La privanza regia es una pura situación de hecho que el rey hace notoria mediante testimonios públicos de predilección y afecto, exclusividad en el despacho y eventualmente con la concesión de otros cargos. Pero no hay cargo de valido y, por consiguiente, no hay título de nombramiento, ni instrucciones, ni sueldo ni rango jerárquico. Incluso cuando cesa no se dice de qué cesa o de qué es cesado. La cédula de 15 de noviembre de 1618, que formaliza la salida de Lerma en el reinado Felipe III, se limita a indicar a los Consejos que ya no hay que obedecerle ni informarle; la de 24 de enero de 1643, relativa al cese de Olivares con Felipe IV, habla elípticamente de una «licencia de retirarse», y el decreto de 25 de febrero de 1669, que determina el cese de Nithard en el reinado de Carlos II, indica que se le concede «la licencia que pide para poderse ir a la parte que le pareciere» 25. El valido jurídicamente es lo que es por otros cargos (don Alvaro de Luna, condestable y maestre de Santiago; Godoy, ministro de Estado, teniente general, gentilhombre de cámara, etc.; los validos del xvii, consejeros de Estado y, ocasionalmente, otras varias cosas), pero con independencia de esos distintos cargos que desempeñe, lo definitorio es el logro de la predilección regia. Cuando accede al poder Lerma y los contemporáneos advierten la convulsión del cambio, el nuevo favorito había sido nombrado ciertamente miembro del importantísimo Consejo de Estado, pero allí era un consejero entre muchos consejeros. Lo verdaderamente decisivo era otra cosa: que el rey había hecho ostensible que todo lo despachaba con él y que todo debía pasar por él. La figura del valido, por consiguiente, carece en la primera mitad del siglo xvii de marco institucional y soporte jurídico, y es, como hemos dicho, una mera situación de hecho. Pero en la segunda mitad del mismo siglo se intenta institucionalizarla, lo que se llevará a cabo, según nuestra interpretación, con el nombramiento de Primer Ministro. O dicho con otras palabras, la condición amorfa del valido cuaja institucionalmente en la figura del Primer Ministro. Las primeras muestras de ese calificativo se dan con Olivares, el cual fue llamado por algunos cortesanos en sus cartas principal ministro o primer ministro 25  La cédula de 15-XI-1618 puede verse en mi trabajo «Los poderes de Lerma», en Los Validos, 168. La de 24-I-1643 en Marañón, El Conde-Duque de Olivares, 464-465. Y la de 25-II-1669, en Tomás y Valiente, Los Validos, Apéndice XI, 176-177.

74

5.  Privados, Validos y Primeros Ministros en la Monarquía...

de España 26. El Conde-Duque debió ciertamente considerar la denominación de privado como peyorativa y preferir la de ministro. Así, en ciertas Reflexiones políticas y cristianas que dirige a Felipe IV 27, tras proponer una serie de remedios, asegura que con ello «cesará también la razón del nombre de Privado». Ahora bien, será con su sucesor, don Luis de Haro, cuando tal nomenclatura alcance reconocimiento tanto en la literatura política como en algún importante documento oficial. De esta suerte, un autor como Eugenio Carreto asegura que el monarca «declaró a los seis meses a don Luis de Haro por su Primer Ministro», y otro, fray José Laínez, en su libro El Josué esclarecido, define al favorito como «primer ministro del rey». La consagración oficial del nombre tendrá lugar en el texto de la Paz de los Pirineos, donde Haro y el cardenal Mazarino aparecen como Primeros y Principales Ministros 28. Ahora bien, ¿tenía esa denominación de Primer Ministro un contenido jurídico preciso? Con toda probabilidad, no. Llamar entonces a alguien Primer Ministro debía ser lo mismo que llamarle principal ministro, es decir, reconocer la preeminencia del favorito, sin que esa preeminencia fuera acompañada de mayores precisiones. Pero según acontece en la biología política, donde también la función crea el órgano, de llamar a alguien tantas veces Primer Ministro se pasó a darle un título con ese nombre. Lo debió recibir Valenzuela y lo recibió con toda seguridad el Duque de Medinaceli, en las postrimerías del siglo xvii 29. Un título de Primer Ministro, el que conocemos, de 21 de febrero de 1680, sin perfiles institucionales, sin señalamiento de sueldo, deberes, derechos y obligaciones. Es decir, un brindis al sol. Por lo demás hay que considerar que se hablaba de Primer Ministro en ese siglo xvii en el que técnicamente no había ministros, pues el rey –y con el rey el valido– gobernaban la monarquía de los Austrias con un sistema polisinodial o de Consejos (de Estado, Guerra, Hacienda, Indias, etc.), es decir, de organismos pluripersonales y colegiados. El régimen ministerial, o de secretarios del Despacho que son ministros, se inicia en el xviii al desdoblarse sucesivamente la Secretaría del Despacho Universal que mencionamos antes. Tras ese antecedente, pues, del Primer Ministro en un régimen sin ministros, veamos ahora, para concluir, quién fue Primer Ministro a partir del siglo xviii en el régimen ministerial borbónico. 26  J. H. Elliott y J. F. De la Peña, Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares, Madrid, 1978-1980; en I, 203-204. 27  Véanse en Tomás y Valiente, Los Validos, Apéndice V, 164-167. 28  Ver mi Introducción a Los Validos, 24-25. 29  Véanse los trabajos de M.ª del Camino Fernández Gimënez («Valenzuela: Valido o Primer Ministro»), y de M.ª Dolores Álamo Martell («El VIII Duque de Medinaceli: Primer Ministro de Carlos II»), en Los Validos, 353-405 y 547-571, respectivamente.

75

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

VII. SIGLOS XVIII Y XIX. VALIDOS Y PRIMEROS MINISTROS Como es notorio, don Manuel de Godoy fue, entre ambos siglos, el valido por antonomasia. Ascendió de manera fulgurante por la amistad con la reina y el rey, recibió múltiples nombramientos (entre ellos, ministro de Estado y capitán general de los ejércitos) y fue promovido a la nobleza con distinciones como duque de la Alcudia, grande de España o el toisón de oro. Ahora bien, si nos preguntamos si Godoy –desterrado luego– fue el único valido del xviii, al término de ese siglo, conviene recordar, al principio de él, el precedente de otro, o más bien de otra, una mujer, en el reinado de Felipe V. Se trata de la Princesa de los Ursinos, que vino a España como camarera de la reina María Luisa de Saboya, primera esposa del rey, y fue expulsada por la segunda, Isabel de Farnesio, en diciembre de 1714. La Princesa, ciertamente, logró el poder por su amistad con los monarcas españoles y con Luis XIV, manejó a su antojo los gabinetes ministeriales, y fue el personaje principal de la política española en los tres primeros lustros de la centuria. En resumidas cuentas, y según creo, hemos tenido validos pero también una valida, la única. Para mayor similitud con sus colegas masculinos, y en concreto con Godoy, terminó en el destierro. En cuanto a los Primeros Ministros, a lo largo del xviii, en el nuevo esquema ministerial que surge y se desarrolla, el Secretario del Despacho de Estado, es decir, el Ministro de Estado o Asuntos Exteriores, es la personalidad prominente del equipo de gobierno, y así por ejemplo, cuando en 1787 se constituye la Junta Suprema de Estado, antecedente del Consejo de Ministros, el Conde de Floridablanca, como ministro de Estado, es quien de hecho la preside. A la supremacía del antiguo Consejo de Estado entre los Consejos en el gobierno de los Austrias, corresponde ahora la del ministro de Estado entre los ministros de los Borbones. Ahora bien, con independencia de esa prelación de hecho del Secretario del Despacho de Estado sobre sus colegas, a modo de primus inter pares, cabe preguntarse si se repitió en el siglo xviii la figura del Primer Ministro. Por de pronto hay que señalar que, tras la mala experiencia de los validos y Primeros Ministros con el último rey de los Austrias, la predisposición hacia ellos de los recién llegados Borbones no fue especialmente buena. Y así cuando Luis XIV asesora a Felipe V sobre la forma y manera de gobernar, se despide de él con una significativa advertencia: «concluyo dándoos un consejo de los más importantes: no os dejeis gobernar; sed siempre amo, ni tengais favorito ni primer ministro» 30. Pese a ello, dos personajes extranjeros, el italiano Alberoni y el holandés Ripperdá, aparecen en determinados momentos al frente de sectores de la Administración 30  W. Coxe, España bajo el reinado de la Casa de Borbón. Desde 1700 en que subió al trono Felipe V hasta la muerte de Carlos III acaecida en 1788, 4 vols., Madrid, 1846-1847; en I, 88.

76

5.  Privados, Validos y Primeros Ministros en la Monarquía...

y son tenidos en boca de muchos por Primeros Ministros. El primero, Alberoni, controló el gobierno entre 1715 y 1719, sin ser él mismo ministro, recibiendo por escrito poderes extraordinarios en política internacional y en las materias conexas de hacienda, marina y guerra. Es decir, ni mandó sobre el conjunto de la Administración ni recibió título. En cuanto a Ripperdá, quien tras muchas peripecias dominó en la política española en el bienio 1725-1726, fue nombrado ministro «sin negociación señalada», es decir, ministro en general o «ministro sin cartera», como diríamos ahora, pero no Primer Ministro. Todo ello nos lleva a rechazar que uno u otro, Alberoni o Riperdá, puedan ser calificados de tales 31. Al entrar el siglo xix, el ministro de Estado sigue ostentando un papel preponderante en el seno del gabinete. Por eso cuando se crea el Consejo de Ministros en 1823, el decreto del rey de 19 de noviembre, dirigido a él, le dice: «Cuando Yo no asista presidireis vos, como mi primer secretario de Estado» 32. Ahora bien, esa pura prioridad de hecho es completada al año siguiente, 1824, por un Decreto de 31 de diciembre, el cual determina que en el mismo caso de ausencia del monarca presida el ministro de Estado –a quien también se dirige el decreto– y quienes lo fueren en lo sucesivo, «usando vos y ellos entre vuestros títulos del de Presidente del Consejo de Ministros». Es éste el primer reconocimiento oficial del título en el sistema ministerial contemporáneo. La definitiva consolidación de un cargo independiente de Primer Ministro tiene lugar cuando, a partir de entonces, se nombre Primer Ministro a otro ministro que no sea el de Estado (por ejemplo, al de Marina en 1827), y, sobre todo, cuando se nombre Primer Ministro a alguien que no es ni siquiera ministro ni pertenece al gabinete. Este fue el caso del general Espartero en 1840. Desde entonces el Primer Ministro o Presidente del Consejo de Ministros será una figura orgánica distinta, representativa del partido político que ha alcanzado el poder, y a quien corresponde, tras ser nombrado por el monarca, la propuesta de designación del gabinete. Es, en fin, el régimen de hoy.

31  Sobre este tema, véase D. A. Perona Tomás, «Apuntes sobre el perfil institucional de Alberoni, Riperdá y Godoy», en Anuario de Historia del Derecho español, LXVIII (1998), 83-150. También mi libro Los orígenes del Consejo de Ministros, I, 55 y ss. 32  Véase mi estudio «La creación de la presidencia del Consejo de Ministros», en Administración y Estado en la España Moderna, 89-96.

77

6.  TRES MINISTROS Y UN REY: CUATRO ITALIANOS EN EL GOBIERNO DE ESPAÑA * 1 Excelentísimo Señor Rector. Dignísimas Autoridades. Distinguidos e ilustres colegas. Miembros de la comunidad universitaria. Señoras y Señores

Sean estas primeras palabras para expresar mi profunda gratitud al excelentísimo señor Rector y a la corporación académica por el honor que me dispensan al acogerme hoy en su claustro. Gratitud especial a la «Facoltà di Scienze Politiche» y al «Senato Accademico dell’Università degli Studi di Messina», que tuvieron a bien formular y acoger respectivamente la propuesta de concesión de esta prestigiosa «Laurea Honoris Causa in Scienze Politiche». Y gratitud, en fin, más que especial, a mi querido y admirado colega el profesor Andrea Romano, Director del «Dipartimento di Storia e Comparazione degli Ordinamenti Giuridici e Politici», a cuya generosa amistad debo el honor de estar hoy entre ustedes. Honor, es la verdad, que se me dispensa de forma bien gratuita, merced a la magnánima iniciativa del profesor Romano, tan reconocido y respetado entre los historiadores del Derecho español. A ese honor yo sólo podré corresponder con muy modestas obras, pero a buen seguro que con perdurable agradecimiento. La gratitud es, señor Rector, la justicia del corazón. Y yo quisiera decir que si el exceso de vuestra generosidad ha dejado en un segundo plano a la estricta justicia, me toca a mí recuperarla para mantener siempre vivo lo que bien en justicia os debo: reconocimiento hoy, mañana y siempre. Como dijo el clásico, Santissimum est meminisse cui te debeas. Es un deber sagrado no olvidarnos de quienes nos favorecieron. *   EL texto corresponde a la Lectio Doctoralis del autor, con ocasión de serle otorgado el Doctorado honoris causa por la Universidad de Mesina el7 de diciembre de2005. Texto italiano en el Conferimento laurea honoris causa in Scienze Politiche a José Antonio Escudero. Universitá degli Studi di Messina, 7 diciembre 2005. Texto español en el Anuario de Historia del Derecho Español, LXXVI (2006), 411-430.

79

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Acabamos de escuchar la laudatio académica hecha por un compañero y amigo, lo que explica la generosidad de sus palabras, que tanto agradezco, y la largueza del elogio. Hay sin embargo en esas palabras un pequeño rescoldo de verdad, que tiene que ver con mi dedicación, sencilla pero ilusionada, a la historia de la Administración y de las instituciones políticas, y que me aconseja escoger algo de ella como tema de la disertación académica de hoy. Porque es el caso de que en el horizonte de mi investigación, vertida preferentemente a las formas de gobierno en España del rey con sus Consejos, Secretarios y Ministros, se ha cruzado más de una vez un mágico cometa: el de Italia y los italianos. No es frecuente, ciertamente, que en los tiempos modernos, desde el Renacimiento para acá, un país europeo haya tenido un rey traído expresamente de otro país. Y tampoco lo es que en el aparato de gobierno del Estado haya habido ministros procedentes de ese país distinto. Pues eso precisamente aconteció en España cuando en el siglo xix, tras la primera gran quiebra de la dinastía borbónica, vinimos a pediros y llevarnos un monarca de la Casa de Saboya. Y eso había sucedido antes, en la centuria anterior, cuando con el rey Felipe V alcanzó en mi país el rango de ministro principal un abate parmesano llamado Julio Alberoni, o cuando con el rey Carlos III fueron nombrados ministros el siciliano Squilace y el genovés Grimaldi. Es éste, creo yo, con independencia de las peripecias personales de unos y otros, un fenómeno institucional de alto rango, que bien merece ser recordado y analizado aquí, como muestra además del agradecimiento a la hospitalidad que vuestro gran país me brinda. Por ello he bautizado esta intervención con el título de una sencilla suma aritmética: Tres ministros y un rey: cuatro italianos en el gobierno de España.

I. INTRODUCCIÓN: LOS EXTRANJEROS EN EL GOBIERNO DE LA ESPAÑA DEL ANTIGUO RÉGIMEN En los inicios del Estado moderno, la presencia de extranjeros en el gobierno de España se vio propiciada porque Carlos V, el heredero de la Corona y nieto de los Reyes Católicos, vino joven desde Flandes a Castilla, acompañado por asesores flamencos que ocuparon distintos puestos de gobierno. Baste recordar al señor de Chièvres, vinculado a la persona de don Carlos en calidad de Gobernador, al canciller Sauvage, y sobre todo al canciller Gattinara, piamontés de nacimiento, quien diseña la política imperial y ordena una Administración Central supra castellana y de corte europeo, con una pieza principal, el Consejo de Estado, de la que será secretario otro flamenco, Juan Lalemand o Alemán 1. 1  Sobre los flamencos en esa Administración Central, Ernest Gossart, Notes pour servir à l’histoire du règne de Charles Quint, Bruselas, 1897, y sobre todo Fritz Walser, Die spanischen Zentralbehörden und der Staatsrat Karls V., edic. reelaborada y completada por Rainer Wohlfeil, Göttingen, 1959.

80

6.  Tres Ministros y un Rey: cuatro italianos en el Gobierno...

La presencia de hombres de Flandes se aseguró en los últimos años del reinado del Emperador con un alto consejero, Nicolás Perrenot, señor de Granvela, y pasó a Felipe II con el hijo de Nicolás, Antonio Perrenot, cardenal Granvela, quien en una primera etapa defendió los intereses del rey de España en el mundo crispado de Flandes, y luego se incorporó a la Corte de Madrid para ocupar el puesto de presidente del Consejo de Italia 2 Respecto a la España de Felipe II hay que recordar que los asuntos de Italia gozaron de atención preferente, y que los puestos de gobierno relativos a Italia fueron tenidos como de suma importancia e interés, y, en consecuencia, apetecidos y codiciados por los personajes más influyentes, según fue el caso tanto del Consejo de Italia como de la Secretaría de Italia del Consejo de Estado 3, y por supuesto también de los virreinatos de Nápoles, Sicilia y Cerdeña, o del gobierno de Milán. En todo caso, esa importancia de los asuntos italianos no se vio correspondida entonces con la de personajes italianos en el gobierno general de la monarquía española, de la que prácticamente estuvieron ausentes. En la férrea españolización del aparato de gobierno impuesta por Felipe II sólo cabe registrar dos excepciones: la del citado cardenal Granvela y la del influyente portugués Cristobal de Moura, a quien el rey llamaba respetuosamente don Cristobal. En la España del siglo xvii, descontando el caso del jesuita alemán Juan Everardo Nithard, procedente de una familia del Tirol, y que fue miembro de la Junta de Gobierno y Valido en la minoridad de Carlos II, no existe presencia apreciable de extranjeros. Desaparecidos los Austrias, las cosas cambian con la nueva dinastía borbónica del xviii. Con el primer rey, Felipe V, es patente la influencia francesa que, por lo que nos interesa, se manifiesta en la presencia de dos expertos financieros, Jean Orry y el Obispo de Gironda, como Veedor General e Intendente Universal, en el nuevo aparato de gobierno 4. Junto a ellos, un pintoresco personaje holandés converso del calvinismo, el barón de Riperdá, alcanzará extrema notoriedad a modo de Primer Ministro en la segunda parte del Sobre los Consejos de Estado y Guerra, Feliciano Barrios, El Consejo de Estado de la Monarquía absoluta, 1521-1812, Madrid, 1984, y Juan Carlos Domínguez, El Real y Supremo Consejo de Guerra (Siglos xvi-xviii), Madrid, 2001. 2  Sobre el Cardenal Granvela, Maurice van Durme, El Cardenal Granvela (1517-1586). Imperio y Revolución bajo Carlos V y Felipe II, Barcelona, 1957; Martin Philipson, Ein Ministerium unter Philip II. Kardinal Granvella am spanischen Hofe (1579-1586), Berlín, 1895. 3  Cuando en1567 el Consejo de Estado dividió su única secretaría en dos (Italia y Norte), de la de Italia se hizo cargo nada menos que Antonio Pérez. En cuanto a la secretaría del Consejo de Italia, luego dividida en tres (Nápoles, Sicilia y Milán), fue codiciada por la crema de la Corte, dando lugar a una encarnizada lucha de muchos años. Me he ocupado de estos temas en mi libro FelipeII: el rey en el despacho, Madrid, 2002. 4  Sobre Orry, véase François Rousseau, Un réformateur français en Espagne au XVIIIe siècle, Orry, Corbeil, 1907. He estudiado el aparato de gobierno de Felipe V y los orígenes del régimen ministerial en España, en dos libros: Los Secretarios de Estado y del Despacho, 4 vols., 2.ª ed., Madrid, 1976, y Los orígenes del Consejo de Ministros en España, 2 vols., 2.ª ed., Madrid, 2001.

81

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

reinado del primer Borbón 5. A su vez, con Fernando VI y Carlos III, el departamento más importante de la Administración Central, el Ministerio de Estado o de Asuntos Exteriores, es monopolizado por Ricardo Wall, un individuo nacido en Nantes de familia irlandesa refugiada en Francia. Junto a estos personajes de origen no español en la España borbónica del xviii (los franceses, el holandés y el irlandés), tres ilustres italianos, según dijimos, aparecen en las alturas del gobierno: Alberoni con Felipe V, y Esquilace y Grimaldi con Carlos III. Y ya en el xix, traspuesto el umbral del Antiguo Régimen al Estado liberal, vendrá el caso egregio del rey Amadeo. Volvamos pues ahora, situado el marco general de los extranjeros en el gobierno de España, a nuestros personajes italianos. En primer lugar, a los ministros. Luego, como colofón, al rey.

II. LOS MINISTROS ITALIANOS EN LA ESPAÑA DEL XVIII A)  Reinado de Felipe V: Alberoni, superministro de Asuntos Exteriores Nacido en Fiorenzuola, junto a Piacenza, en1664, e hijo de un jardinero parmesano, Alberoni pasó algún tiempo en Roma, donde perfeccionó su educación, aprendió francés y trabó relación con el mariscal galo Vendôme, con quien habría de viajar a Francia, los Países Bajos y España. Nombrado por su soberano el duque de Parma agente en Madrid, estrechó lazos en la Corte de Felipe V con la princesa de los Ursinos y la misma reina María Luisa, convirtiéndose en un personaje clave de las fiestas y diversiones palaciegas, a las que hacía traer flores de Mantua y disfraces de Venecia 6. Muerta la reina María Luisa, Alberoni gestionó hábilmente el segundo matrimonio del rey con Isabel de Farnesio, hija del príncipe de Parma Eduardo III, produciéndose entonces en la Corte de Felipe V, con la venida de Isabel a España en1714, la caída de la princesa de los Ursinos y la sustitución del eje dominante francés Ursinos-Orry por el italiano FarnesioAlberoni. Además en1715 fue repuesto el cardenal Giudice, un napolitano que había sido nombrado cuatro años atrás Inquisidor General y luego fue apartado 7. Convertido en protegido de su paisana la reina, Alberoni se proyectó en una doble dimensión: la palaciega, a la que ya estaba acostumbrado, y otra nueva y estrictamente política. En cuanto a la primera, habiendo quedado embarazada muy pronto la Farnesio, el abate, experto en cocina, atendía todos sus deseos y caprichos. Como él mismo escribió, «gracias a Dios, la reina sobrelleva muy bien su embarazo, pero continúa sin ganas de comer y se limita a viandas sencillas de Sobre Riperdá, Pierre Massuet, La vie du Duc de Ripperda, 2 vols., Amsterdam, 1739. Antonio Rodríguez Villa, «Alberoni y sus cartas íntimas», Revista Contemporánea XC (1893); Joaquín Maldonado Macanaz, «El Cardenal Alberoni», Revista de España, 1881-1882. 7  Sobre él, Henry Charles Lea, Historia de la Inquisición española, 3 vols., Madrid, 1983; en I, págs.357 y ss. 5  6 

82

6.  Tres Ministros y un Rey: cuatro italianos en el Gobierno...

nuestro país –es decir, de Italia– que yo tengo el honor de servirle...». Al parecer Alberoni encargaba a Italia buena parte de la comida, el vino, trufas en aceite, frambuesas y marzolini, teniendo que velar por el rápido trámite de las mercancías en la aduana de Alicante para que los alimentos no llegaran estropeados 8. Tantas atenciones y cuidados no dejaron por cierto de surtir su efecto y la reina dio a luz en1716 a un niño que habría de convertirse en el futuro rey Carlos III de España. En cuanto a la segunda dimensión de la gestión pública, la política internacional fue el fuerte de la actividad de Alberoni, consistente tanto en reorientar la política española, antes pro-francesa, cuanto en defender directamente los intereses italianos. Poseído por lo que algunos han llamado un patriotismo italiano, Alberoni trataría en Madrid de revisar los tratados de Utrecht y Rastatt, que España recobrara los territorios que había poseído en Italia, y que a su vez Italia, ayudada por España, se liberara del control de Austria, alcanzando para Isabel de Farnesio el gobierno de Parma y Plasencia, así como la sucesión de Toscana 9. Ahora bien, si desde la cocina y los saraos Alberoni cuidaba con tanto éxito de la salud y entretenimiento de Isabel de Farnesio, llegando a enorgullecerse de ser la nodriza de la reina 10, ¿cuál era su plataforma de acción política para gestionar tanto esa política internacional como lo que pudiera hacer en el ámbito doméstico?. O, dicho con otras palabras, ¿en virtud de qué mandaba Alberoni?; ¿cuál era su cargo, si es que tenía alguno? Es éste un tema de mucho mayor interés desde la óptica de las instituciones políticas. Cuando Alberoni llegó a España se estaba iniciando el diseño de una estructura de gobierno, la ministerial o de las secretarías del Despacho, construida de forma paralela a la antigua polisinodial o de Consejos heredada de la monarquía de los Austrias. En aquella estructura ministerial se realiza en1715, el primer año de la presencia de la Farnesio y del ya absoluto poder de Alberoni, una reestructuración que da lugar a cuatro secretarías del Despacho de Estado, Hacienda, Guerra y Marina, y Justicia. Ahora bien en esas secretarías del Despacho o Ministerios vemos a cuatro personajes (Grimaldo, el obispo de Gironda, Fernández Durán y Manuel de Vadillo), pero no vemos al influyente parmesano, quien de facto, sin ocupar ningún cargo, logrará en cierto modo estar sobre ellos. Por otra parte persistían los tradicionales Consejos que, por su historia, tradiciones y más compleja organización resultaban prácticamente inabordables para un recién llegado por significado que fuese. Así las cosas, Alberoni proyectó su acción e influencia sobre los secretarios del Despacho, especialmente sobre el de Pedro Voltes, Felipe V fundador de la España contemporánea, Espasa-Calpe, Madrid, 1991, Un ajustado resumen de la política internacional de Isabel de Farnesio y Alberoni, se encuentra en Pedro Aguado Bleye y Cayetano Alcazar Molina, Manual de Historia de España, 9.ª edic., Madrid, 1964, 84 y ss. 10  Georges Desdevises Du Dezert, La España del Antiguo Régimen, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1989, pág.268. 8  9 

83

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Estado o Asuntos Exteriores, y, de alguna manera, se interpuso entre ellos y el rey en el despacho de la llamada vía reservada, es decir, de los asuntos que el rey hurtaba a los Consejos para reservárselos él y encargarlos a sus ministros. Tal fenómeno, según advertimos, se dio de manera especial en la gestión de la política internacional. Y así Baudrillart nos dice que tras la dimisión del cardenal Judice, nadie estaba encargado expresamente de tratar con los enviados extranjeros, y que «bajo pretexto de mantener el secreto necesario, Alberoni había obtenido del rey una orden a los representantes de España, mandándoles que no dirigieran su correspondencia por la vía acostumbrada, la llamada de Estado, sino por la privada de la vía reservada que abocaba directamente al gabinete del rey», con lo que, citando las Memorias de Torcy, el mismo historiador aseguraba que el propio ministro de Estado, Grimaldo, «no era más que una especie de secretario particular de Su Majestad, sin carácter público y sin poder reconocido» 11. Ahora bien, al ser un personaje de máxima influencia pero no ser titular de ninguna secretaría del Despacho u otro cargo público, sucedieron dos cosas. En primer lugar que su acción política fue un tanto general y no específica y concreta, proyectándose principalmente a la política internacional (que correspondería al secretario Grimaldo) y de alguna forma a la eclesiástica (competencia del secretario Vadillo) que habrá de plasmarse en el Concordato de1717. Se da, pues, una cierta indefinición en su poder, pero sobre todo un acotamiento temático, lo que le distingue de los antiguos validos del xvii. Pero, en segundo lugar, si Alberoni de hecho mandaba más que los ministros sin recibir del rey un título que lo justificara, y si no desempeñaba cargo alguno en la administración del Estado, es probable que sus órdenes necesitaran el acompañamiento o refrendo de otras dadas por los que sí eran ministros. A eso hace referencia cierto fragmento de una Exposición reservada del político José Patiño –que luego sería ministro de Marina, Indias y Hacienda–, quien, a propósito de una conversación mantenida con Alberoni, relataba la dificultad del despacho con él de abajo arriba, es decir, de informarle directamente sin hacerlo antes a los ministros, o de arriba abajo, es decir, que sus órdenes hubieran de ser obedecidas sin que las diera quien podía darlas, esto es, un ministro: «Díjele (a Alberoni) que por mí el secreto se guardaría con toda religiosidad; pero que en cuanto a dar cuenta en derechura sólo a su persona, sin pasar por el canal de los Secretarios del Despacho, encontraba la dificultad de no tener el carácter de Ministro, ni orden para reconocerle por tal. Y que en materias o cosas de oficio había disimulado, lo mismo que entonces me prevenía, en otras ocasiones; pero, como siempre recibía sus cartas acompañadas con las de oficio de los Secretarios del Despacho, no hice en aquellos casos instancia alguna sobre esta materia» 12. Alfred Baudrillart, Philippe V et la Cour de France, 5 vols., París, 1890; II, pág.244. La Exposición reservada se encuentra recogida en Antonio Rodríguez Villa, Patiño y Campillo, Madrid, 1882, págs.19 y ss. El texto citado, en pág.30. 11  12 

84

6.  Tres Ministros y un Rey: cuatro italianos en el Gobierno...

A tenor de este texto, según se aprecia, Patiño recuerda a Alberoni que no puede informarle directamente marginando al ministro de turno, y que sus cartas (las de Alberoni) las solía recibir acompañadas de otras de oficio de ese ministro. En suma, que formalmente Alberoni no tenía un cargo que justificara informarle u obedecerle, dificultad que el abate obvia recabando una orden del rey 13: «A esto me respondió: –No se canse en hacer más discursos en este particular, que yo le daré una orden del Rey, firmada de su Real mano, que servirá de resguardo para todos–. Y de hecho me entregó, dos horas después, la referida orden».

La autoridad de Alberoni alcanzó su cénit en1717, al ser nombrado cardenal en el consistorio de 12 de julio, aunque su paisano Giudice, ya destituido de Inquisidor General y exiliado en Roma, votara con resentimiento en contra de la propuesta: Promotionem Julii Alberoni approbare non possumus 14 Aquel mismo año, el26 de octubre, le fueron concedidos poderes extraordinarios en el ámbito de la política exterior: «todo el poder, autoridad y facultad que se requiere sin limitación alguna para tratar y concluir qualquiera paz con qualquiera potencia de Europa», y además «plena facultad y autoridad de dar las órdenes y disposiciones necessarias para todo lo que mira a Hacienda, Marina y Guerra» 15. Alcanzada la cúspide del poder, vino enseguida la decadencia y Alberoni cayó progresivamente en desgracia, víctima de la hostilidad y del acuerdo contra él de franceses e ingleses. Dos años y medio después, el14 de diciembre de1719, Felipe V le ordenó salir de España, pasando a la Corte de Viena, luego a Parma y finalmente a Roma, donde murió con avanzada edad. Desaparecía así aquel influyente italiano, un hombre –según Baudrillart 16– de talento indiscutible, espíritu atrevido y carácter enérgico, pero que no puede ser tenido como gran hombre de Estado. Un personaje, añadimos nosotros desde la óptica institucional, que había desempeñado en la Corte de España un papel tan importante como confuso. Al analizar ese perfil institucional, Perona recordó que algunos autores modernos le han tenido como ministro, lo que evidentemente no fue pues no desempeñó ningún ministerio, como privado o valido, o incluso como un Primer Ministro sin nombramiento 17. Respecto a uno u otro supuesto hay que decir que entre1715 y1717 13  El profesor Dionisio Perona hace referencia a este texto y de ahí deduce, con carácter general, que «las órdenes del hasta entonces abate iban acompañadas con cartas de oficio de los secretarios del Despacho» («Apuntes sobre el perfil institucional de Alberoni, Riperdá y Godoy», en Anuario de Historia del Derecho español, LXVIII –1998–, pág.105). Es muy posible que eso fuese así, de manera general, pero no hay que olvidar que Patiño habla de cómo despachaba él. 14  Voltes, Felipe V, pág.227. 15  El documento que recoge esos poderes fue publicado por B. Badorrey, Los orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 1999. 16  Philippe V et la Cour de France, II, pág.400. 17  «Apuntes sobre el perfil institucional de Alberoni, Riperdá y Godoy», págs.109-111.

85

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

su poder fue ciertamente grande, pero quizás dependiente de la formalización de sus órdenes por los secretarios del Despacho, lo que impide considerarle propiamente valido, privado o Primer Ministro. Y que luego, a raíz de la concesión de26 de octubre de1717, disfrutó de poderes extraordinarios, pero que, además de durar poco, no fueron, según adelanté en otra ocasión 18, generales para todo el espectro del gobierno, sino aplicados a la política internacional en paz o en guerra (de ahí las referencias a Hacienda y Marina). El gran poder de Alberoni fue la política internacional. En suma, Alberoni viene a ser una figura institucional atípica, y más que un valido o un Primer Ministro, se nos antoja un casi valido o un casi Primer Ministro. Más propiamente, un superministro de Asuntos Exteriores que tiene debajo al mismo titular del departamento. B)  Reinado de Carlos III: Esquilache y Grimaldi Tras morir Fernando VI sin sucesión, ocupó la Corona en1759 Carlos III, el hijo mayor de Felipe V y de Isabel de Farnesio, quien a la ascendencia italiana por vía materna sumaba su condición personal de rey de Nápoles y Sicilia. En efecto, tras los primeros quince años españoles, don Carlos marchó a Italia y el 10 de mayo de 1734 entró en Nápoles. Casi un año después, el 9 de marzo de1735, desembarca en esta ciudad de Mesina, trasladándose al monasterio del Salvatore, desde cuyo balcón habría de admirar y elogiar las bellezas del paisaje, agradeciendo los mesineses su presencia con una lápida conmemorativa. A continuación Palermo le recibe con fiestas y homenajes, y don Carlos corresponde al cálido recibimiento de sus nuevos súbditos con la devolución a Sicilia del título de reino. De regreso a Nápoles se aplica al fomento y esplendor de la vida cortesana, y entre antiguos y nuevos palacios (Portici, Caserta, Capodimonte) inicia un reinado que habría de durar un cuarto de siglo 19. Este don Carlos, biológicamente tan italiano como español, es el llamado en1759 a Madrid, siendo así fácil de explicar la italianización de la vida social y cultural, y también de la administración pública española en su reinado, en la que figuran comos ministros Squilache y Grimaldi. Al partir de Nápoles don Carlos había constituido un Consejo de Regencia del que nombra presidente a su colaborador, el marqués de Tanucci, y se lleva consigo a España a otro hombre de confianza, Squilace, que había desempeñado en el gobierno de Nápoles el cargo de director general de aduanas. 18  Véase mi estudio Privados, Validos y Primeros Ministros en el libro colectivo que he coordinado, Los Validos, Madrid, 2004, págs.15-33. Lo relativo a Alberoni, en págs.27-28. 19  Gaetano Falzone, Carlo III e la Sicilia, Palermo, 1947; Pedro Voltes, Carlos III y su tiempo, págs.33 y ss.

86

6.  Tres Ministros y un Rey: cuatro italianos en el Gobierno...

Los reyes fueron despedidos en Nápoles con afecto y sentimiento, y también con afecto fueron recibidos en Barcelona. Los pronósticos de una radical reorganización ministerial, a tono con el cambio de reinado, no tuvieron en cuenta el carácter del nuevo rey, singularmente refractario a cualquier política de cambios. Carlos acogió así a los ministros del reinado anterior, con la única excepción del departamento de Hacienda, donde fue nombrado Squilache. Y como el departamento de Estado lo desempeñaba desde antes Ricardo Wall, de origen irlandés y nacido en Nantes, hay que subrayar que dos extranjeros eran los ministros principales de España al iniciar su reinado Carlos III. El año 1763 fue clave en el aseguramiento y potenciación de la influencia italiana en la Corte de Madrid. En el mes de agosto de ese año, dimite Ricardo Wall, entonces titular de Estado y Guerra, nombrándose para este último departamento a Squilache, quien así, como ministro de Guerra y Hacienda, logra fortalecer todavía más su poder. Para Estado fue designado el entonces embajador en París, marqués de Grimaldi. Era Grimaldi, según el retrato de Coxe 20, un segundón de casa ilustre de Génova, que pasó luego a Roma para iniciar la carrera eclesiástica que habría de abandonar, y más tarde a España con una misión diplomática. Según precisa el historiador, «era muy cuidadoso de su persona y le llamaban generalmente el bello abate», destacando por «la amenidad de su trato y sus agradables modales» que « hicieron tanta impresión como la belleza de su fisonomía». Protegido en Madrid por el todopoderoso ministro Marqués de la Ensenada, fue empleado en varias misiones en Viena, Hannover, La Haya y Estocolmo, culminando su carrera diplomática con la embajada en París. De Squilache, por su parte, el mismo Coxe ponderaría su capacidad de trabajo y propensión a querer ocuparse de todo 21, mientras el Conde de Fernán Núñez elogió su «bondad natural» y «su deseo del acierto de quitar abusos y de aumentar las rentas del rey» 22. No duró mucho tiempo, ciertamente, el predominio de estos dos ilustres italianos, sobre los que descansaba en lo fundamental el gobierno de España 23. Según hemos observado en otra ocasión 24, en la gestión de Squilace en ambos departamentos de Hacienda y Guerra son de apreciar algunas medidas de dudoso éxito y, sobre todo, de dudosa popularidad, según fue el caso de los reajustes económicos. Squilace aparecía ante el pueblo como un auténtico ministro del Interior, definidor de la política de abastos, celoso del fomento de las fábricas y vigilante de las medidas de policía y orden. Así las cosas, y contando además con 20  William Coxe, España bajo el reinado de la Casa de Borbón. Desde1700 en que subió al trono Felipe V hasta la muerte de Carlos III, acaecida en1788, 4 vols., Madrid, 1846; IV, pág.131. 21  España bajo el reinado de la Casa de Borbón, IV, pág.136. 22  Vida de Carlos III. Edición de A. Morel-Fatio y A. Paz y Melia, 2 vols., Madrid, 1898; I, pág.197. 23  Escudero, Los orígenes del Consejo de Ministros en España, I, pág.303. 24  Los orígenes del Consejo de Ministros en España, I, págs.304 y ss.

87

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

los resquemores eclesiásticos y la presión francesa, una real orden de22 de enero de1766 prohibió el uso de capa larga, sombrero redondo y embozo, lo que fue el detonante para que el pueblo se echara a la calle en Madrid, convirtiéndose la algarada inicial en una marea de protestas y tumultos extendida luego a otras varias ciudades españolas. Este motín, el llamado Motín de Esquilache, que llegó a ser tenido como preludio en la historia de Europa a la Revolución Francesa, ha merecido múltiples interpretaciones, entre las que hay que contar las de considerarlo un movimiento popular espontáneo o bien una conjuración organizada por eclesiásticos y nobles con la plebe como elemento de choque 25. En cualquier caso, lo importante entonces fue que Carlos III se vio forzado a comparecer ante el pueblo en el balcón de palacio y ofrecer a los amotinados sustituir a Squilache por un ministro español. A partir de ahí, Squilache hubo de escapar y esconderse, partiendo para Cartagena desde donde embarcó rumbo a Italia. Restablecida la calma, el rey quedó hondamente impresionado por cuanto había sucedido. Como ha escrito Coxe, «ningún acontecimiento afligió a Carlos más profundamente, ni egerció mayor influjo en su carácter pacífico. Siempre tenía presente este tumulto popular, y nada le afligía tanto como el haberse visto obligado a ceder a la voluntad imperiosa de un populacho amotinado, y de separar a un ministro de quien públicamente decía que si no tuviese más que un pedazo de pan, lo partiría con Squilace» 26. De lo que había pasado en Madrid informó a Tanucci el embajador de Nápoles, procurándose que la noticia, tan oprobiosa por lo que tenía de claudicación, no apareciera en la Gazetta napolitana, mientras Grimaldi, el paisano del ministro expulsado, hubo de ser quien, como titular de Estado, pusiera al tanto a los representantes españoles en el extranjero de cuanto había sucedido 27. La expulsión de Squilache hizo quebrar el predominio italiano, y Grimaldi quedó como único extranjero en un gabinete en el que todos los demás ministros eran españoles. Único extranjero, además, en una posición harto incómoda, tanto por los anónimos y escritos amenazadores que él también recibió, como porque a raíz de aquellos acontecimientos temía asumir cualquier responsabilidad, llegando a preferir en las deliberaciones del gabinete en los días siguientes no dar su opinión para que se hiciera sólo lo que querían los ministros españoles 28. En 25  El Motín de Esquilache ha generado una abundante bibliografía de la que cabría destacar, en los años sesenta y setenta del pasado siglo, el libro de Vicente Rodríguez Casado, La política y los políticos en el reinado de Carlos III, Madrid, 1962, y los artículos de Corona Baratech («El poder real y los motines de 1766», en el Homenaje al Dr. Canellas, Zaragoza, 1969); Pierre Vilar («El Motín de Esquilache y la crisis del Antiguo Régimen», en Revista de Occidente, 107 –1972–) y Laura Rodríguez («El motín de Madrid» y «Los motines de 1766 en provincias», en Revista de Occidente, 121 y122 –1973–). Recientemente, en2003, José Andrés-Gallego ha publicado sobre él un libro fundamental: El Motín de Esquilache, América y Europa. 26  España bajo el reinado de la Casa de Borbón, IV, pág.166. 27  Andrés-Gallego, El Motín de Esquilache, América y Europa, pág.34. 28  Coxe, España bajo el reinado de la Casa de Borbón, IV, pág.467.

88

6.  Tres Ministros y un Rey: cuatro italianos en el Gobierno...

estas circunstancias, y cuando no había transcurrido un mes desde la salida de Squilace, parece seguro que Grimaldi intentó dimitir 29, no aceptándolo Carlos III para quien sin duda debió resultar insoportable afrontar un nuevo cambio. Recuperado Grimaldi, la dinámica política en los años siguientes tuvo como referencia institucional las tensiones entre el ministro italiano y un nuevo y poderoso personaje español, el Conde de Aranda, que era presidente del Consejo de Castilla y luego, en1773, embajador en París. Según el juicio que dio por entonces un enviado austriaco, el príncipe de Lobkowitz, Grimaldi seguía disfrutando de la confianza del rey, pero sin poder conseguir la del pueblo 30. Por otra parte era en teoría el ministro principal, pero sus colegas se mostraban más afines al aragonés Aranda, quien había convertido la embajada francesa en una plataforma de influencias y conspiraciones. Así las cosas, mermaba el crédito político de Grimaldi, quien además se veía enfrentado a un cerco externo, siendo notorio el rechazo que generaba en el embajador francés y en el ministro portugués Pombal. Para colmo le era hostil la camarilla formada alrededor del Príncipe de Asturias, especie de quinta columna del embajador Aranda en el corazón de la Corte. En1776 otros acontecimientos convirtieron en crítica la situación del genovés 31. Con tantos frentes abiertos –a los que habría que sumar un curioso enfrentamiento con la Academia de San Fernando– el final era irremediable y próximo: «Durante la jornada de San Ildefonso se le acrecentaron los desabrimientos, no pasando día sin que le llegaran pliegos anónimos llenos de insultos y amenazas. Una noche quisiéronle incendiar en Madrid su casa, y con este objeto aplicaron materias embreadas al quicio de la puerta... Todas las mañanas aparecían pasquines en su contra. Por más que a los principios aparentara serenidad de ánimo, sin fuerza ya para el disimulo, hasta en el semblante se le conocían las desazones. Esto ya es menester dejarlo, era frase que apenas se le caía de la boca. Estoy absolutamente resuelto a dejar el ministerio y retirarme a Roma, porque creo que allí he de vivir aún diez o doce años, decía asimismo en el seno de la confianza» 32.

En los primeros días de noviembre de1776 Grimaldi presentó al rey verbalmente la renuncia, ratificada por escrito el 7 de ese mes 33. En el texto, y para 29  Lo afirma el enviado austriaco Lebzeltern en carta a Kaunitz de5 de mayo de1766, y lo reitera una semana más tarde. Lebzeltern asegura que existía una pequeña coalición en la Corte para echar a Grimaldi. Véanse los Berichte der diplomatischen Vertreter des Wiener Hofes aus Spanien in der Regierungszeit Karls III (1759-1788), publicados por Hans Juretschke y Otto Kleinmann (Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Sociedad Görres), tomo III, pág.357. 30  Informe a Kaunitz de15 de mayo de1774 (Berichte, VI, pág.31). 31  Sobre ello, Los orígenes del Consejo de Ministros, I, págs.354-355. 32  Antonio Ferrer del Río, Historia del reinado de Carlos III en España, 4 vols., Madrid, 1856; en IV, págs.148-149. 33  Todo lo relativo a la crisis y salida de Grimaldi lo trato detenidamente en Los orígenes del Consejo de Ministros, I, págs.356-361.

89

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

justificar su abandono por la edad y mala salud, recordaba el ministro los servicios realizados durante más de treinta años a la monarquía española, y la honra de los prestados directamente a don Carlos desde1763. «Que para corresponder a ella en la parte que le era possible –dice Grimaldi hablando en tercera persona– se ha esforzado en llevar hasta aquí el grave peso de su actual ministerio, pero que su avanzada edad de67 años y su salud que se deteriora, le hazen conocer que si continuase en él, no podría cumplir como conviene a las obligaciones de su empleo. Que resultaría gravísimo perjuicio al servicio de V.M. y que faltaría a su honor si dejara de representar nuevamente a V.M. la absoluta imposibilidad en que se juzga de poder cumplir los encargos que hoy tiene. Penetrado, pues, de la más profunda veneración, gratitud y respeto, se recomienda a la innata piedad de V.M., esperando se dignará darse por bien servido, y que le exonerará de todos los encargos con que se halla, a fin de que pueda retirarse y ocuparse sólo en dirigir incesantemente ruegos al cielo por la preciosa vida de V.M.». La dimisión de Grimaldi fue aceptada por el monarca el 9 de noviembre, manteniendo el ministro hasta el final el suficiente crédito como para revestir formalmente la salida de un tono de dignidad y decoro. Según parece, él mismo corrigió las minutas del decreto de su exoneración y, lo que es más importante, consiguió evitar que su enemigo Aranda, que tanto había maniobrado desde París, le sucediera en el cargo. La impresión popular ante el cese debió ser de alegría y satisfacción. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando se conoció el nombre de su sucesor, Floridablanca, pues a partir de ese momento sólo se escucharon alabanzas y elogios al ex ministro de Estado. Floridablanca era entonces embajador en Roma, con lo que se iba a producir un curioso trueque: el ministro, Grimaldi, pasó a embajador en Roma, y el embajador, Floridablanca, a ministro de Estado. Grimaldi, en suma, en una operación de salida perfectamente controlada, logró elegir a su propio sucesor. «Vamos a poner a uno de los nuestros», comentaría Grimaldi al presidente del Consejo de Castilla 34. Como apostilló luego Ferrer del Río, «Grimaldi cayó venciendo a sus enemigos, pues, lejos de legarles el poder a que aspiraban con anhelo, transmitiolo a una de sus más legítimas hechuras, que tal era y por tal se reconocía el conde de Floridablanca» 35. La embajada fue desempeñada por Grimaldi hasta1784, fecha en la que, teniendo ya setenta y cinco años, solicitó y obtuvo el retiro, pasando a Génova donde murió en septiembre de1789. Sobre su interesante figura, el juicio de Coxe puede darse por bueno: «Aunque objeto de una especie de odio y animosidad nacional, a causa de su cualidad de estrangero, amábanlo y estimábanlo los españoles ilustrados por su dulzura y urbanidad, así como por la protección especial que con34  35 

90

R. Olaechea, El Conde de Aranda y el «partido aragonés», Zaragoza,1969, pág.110. Historia, IV, págs.151-152.

6.  Tres Ministros y un Rey: cuatro italianos en el Gobierno...

cedía a la literatura y a las artes, y finalmente se elogiaba el celo con que procuró fomentar la prosperidad nacional» 36.

III. UN REY DE LA CASA DE SABOYA EN LA ESPAÑA DEL XIX A)  Trono vacante: a la búsqueda de un rey La crisis de la monarquía en la España del xix, patente ya en el reinado de Fernando VII, culmina mediada la centuria coincidiendo con una honda crisis económica y política. Al compás de los problemas financieros y agrarios, los desajustes políticos se hicieron incontrolables tras la muerte de Narváez en abril de 1868, cuando demócratas y progresistas firman el pacto revolucionario de Ostende. El18 de septiembre de ese año se alzó la escuadra fondeada en la bahía de Cádiz, y diez días después tuvo lugar la batalla de Alcolea que supuso el derrocamiento de Isabel II, quien hubo de exiliarse en Francia. El gobierno provisional convocó Cortes constituyentes que el1 de junio de1869 aprobaron una nueva Constitución y eligieron regente al vencedor de Alcolea, el general Serrano, Duque de la Torre. Y pese a que los revolucionarios habían destronado a IsabelII, y que el pueblo había gritado «abajo los Borbones», sin saber quizás ni quiénes eran 37, el Gobierno provisional primero, y la Constitución hecha por las Cortes Constituyentes después, reconocían la monarquía como forma de gobierno. Como ha escrito el Conde de Romanones, «aquellos revolucionarios, confiando alegremente en que para siempre habían hecho desaparecer la dinastía borbónica, ante el trono vacío se quedaron perplejos, no acertaban a decidir si mantendrían la forma monárquica o proclamarían la República. Fue Prim, el hombre cumbre de aquel período, quien se impuso, declarando que España no estaba preparada para cambiar de régimen, e instauró la forma monárquica en la nueva Constitución» 38. Esa Constitución proclamaba en su artículo33 que «la forma de Gobierno de la Nación española es la monarquía», y en el35 que «el poder ejecutivo reside en el rey». Así pues, España era un reino sin rey, y en consecuencia había que buscarlo. Elegido regente el general Serrano, Prim se hizo cargo de la presidencia del gobierno. Un gobierno que hubo de afrontar, además del conflicto con los federales patente en los motines de septiembre-octubre de1869, el arduo problema de la elección del rey. La búsqueda del nuevo monarca se tradujo en un largo y complejo proceso que, siguiendo el análisis de Palacio Atard 39, tuvo tres fases. España bajo el reinado de la Casa de Borbón, IV, pág.256. Ildefonso Antonio Bermejo, Historia de la interinidad y Guerra Civil desde 1868, 3 vols., Madrid, 1875-1877; en I, págs.235 y ss. 38  Amadeo de Saboya. El rey efímero, Espasa-Calpe, Madrid, 1935, págs.11-12. 39  La España del siglo xix, 1808-1898, Espasa-Calpe, Madrid, 1978, págs.410 y ss. 36  37 

91

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Una primera de tanteo, en la que las candidaturas principales fueron el Duque de Montpensier, defendido por Serrano pero rechazado por Prim y los progresistas, y el rey viudo de Portugal, Fernando de Coburgo, promovido sin éxito por esos progresistas. Una segunda fase, intermedia, en la que surgen las nuevas candidaturas del futuro Alfonso XII (rechazada por el jamás, jamás, jamás de Prim a los Borbones); la del prestigioso general Espartero, que vivía retirado en Logroño y que tuvo el sentido común de declinar la invitación «por sus muchos años y poca salud», y la del prusiano Leopoldo de Hohenzollern, para la que se llegó a recabar el consenso y acuerdo del emperador francés Napoleón III. El conflicto francoprusiano echaría por tierra esa candidatura, concluyendo así la fase que podría llamarse, como sugirió Romanones con frase pirandelliana, de «ocho ministros y un presidente en busca de un rey» 40. Tras ella, en la tercera fase final, surgirán otras candidaturas exóticas y de menor importancia, como las escandinavas, y por último la de Amadeo de Saboya, que es la que nos interesa aquí. La candidatura italiana, en realidad, había sido ya considerada al principio, cuando el embajador español en Florencia, Francisco de Paula Montemar, sondeó por encargo de Prim primero al hijo del rey Víctor Manuel, el duque de Aosta, y luego al sobrino, el duque de Génova, obteniendo de ambos requerimientos respuestas negativas. Cuando, pese a ello, se volvió al final del proceso con otra oferta a Amadeo, se contaba sobre todo con la aquiescencia del rey Víctor Manuel, que siempre había estado de acuerdo con que un miembro de su familia ocupara el trono de España. Don Amadeo, en cambio, parecía dubitativo, entre otras cosas porque corrió el rumor en Italia de que Prim aspiraba él mismo a ocupar el trono, y que realizaba esas gestiones sólo para encubrir su pretensión 41. Aclarado este equívoco, el2 de noviembre de1870 Amadeo aceptó el trono de España con la doble condición de ser elegido por las Cortes y obtener el beneplácito de las grandes potencias, cuestión esta última que, no siendo en sí difícil, rozaba con lo vejatorio para la dignidad nacional 42. B)  Elección por el Congreso y venida a España El3 de noviembre Prim presentó a las Cortes la candidatura de Amadeo de Saboya. Evocando el primer intento que se hizo de ofrecerle la Corona, y que quedó frustrado, Prim se expresó así: «La primera vez que el gobierno de S.A. el Regente del Reino se dirigió a la casa de Saboya, ya saben los señores diputados que no nos dio el resulConde de Romanones, Amadeo de Saboya, pág.49. Víctor Balaguer, Mis recuerdos de Italia, Barcelona, 1890, págs.210-211. 42  En el erudito libro El reinado de Amadeo de Saboya y la monarquía constitucional, Madrid, 1999, la profesora Carmen Bolaños ilustra este proceso de elección, así como las siguientes alternativas del reinado. 40  41 

92

6.  Tres Ministros y un Rey: cuatro italianos en el Gobierno...

tado a que aspirábamos, puesto que el duque de Aosta no tuvo por conveniente aceptar el ofrecimiento que se le hacía, ofrecimiento siempre condicional, como deben suponerse los señores diputados, porque el Gobierno no tiene autoridad, ciertamente, para ofrecer coronas, y, por lo tanto, sus gestiones tenían siempre por base y por principio el supuesto de que las Cortes Constituyentes se dignasen nombrarle. Pero si bien el noble duque de Aosta no había tenido por conveniente admitir el ofrecimiento que se le hacía, su negativa fue tan bondadosa, fue tan delicada, la hizo con frases tan dignas y honrosas para que aquella puerta, al cerrarse, quedara en disposición de poder volver a llamar oportunamente a ella. El Consejo de Ministros se ocupó de si era conveniente o no dirigirse otra vez a la casa de Saboya, y después de un maduro examen el Gobierno creyó que podía abrirse nueva negociación» 43.

Tras esa presentación se sucedieron algunas intervenciones y, entre ellas, la demoledora de Castelar: «Os acaban de anunciar que se va a salir de la interinidad, que por fin vais a tener un rey, y nadie, absolutamente nadie, se ha sonreído, nadie se ha regocijado, nadie ha aplaudido, nadie se ha levantado, nadie ha proferido un ¡viva!. ¿Creéis que a la glacial temperatura de esta Cámara se puede forjar una corona, operación que necesita el fuego del entusiasmo?...Yo he visto a la mayoría de esta Cámara, indiferente a un rey del Norte o del Sur, de las regiones boreales o de las regiones tropicales, germano o latino, mayor o menor de edad...El candidato alemán no vino, y hoy tenemos sometidos a nuestros votos un candidato italiano. ¿Qué decir de la nación que en el mes de julio tenía un rey alemán y en el mes de octubre un rey italiano?» 44.

Pese a tan severa crítica, y a la indiferencia que denunciaba de las Cortes, realizada la votación Amadeo de Saboya obtuvo191 votos, frente a los60 de la República Federal, 27 de Montpensier, 8 de Espartero, 2 de la República unitaria, 2 del príncipe Alfonso de Borbón y19 abstenciones. Había sido pues elegido rey Amadeo, quien, nacido en Turín en 1845, contaba entonces veinticinco años. Según el retrato del Conde de Romanones, el nuevo monarca era en lo físico «proporcionado de líneas, esbelto, y de facciones correctas», y en lo moral «exento de ambición (y) ferviente católico, habiendo heredado de su padre una sola condición: una inclinación apasionada por las hijas de Eva» 45. Tras la elección se constituyó una comisión que habría de acudir a Italia a ofrecerle la corona. La comisión embarcó en Cartagena en tres fragatas que arribaron a Génova, desde donde los comisionados viajaron a Florencia 46. Allí fueron Véase José Luis Fernández-Rúa, 1873. La Primera República, 136. Fernández-Rúa, 1873. La Primera República, pág.138. 45  Amadeo de Saboya, págs.56-57. Otros le juzgaron de manera mucho menos benigna (véase en Bolaños, El reinado de Amadeo de Saboya, pag. 141). 46  Para una descripción del viaje y de los actos celebrados, Bermejo, Historia de la interinidad y de la Guerra Civil de España, II, págs.1 y ss. 43  44 

93

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

recibidos por don Amadeo, quien, con estas palabras, aceptó el ofrecimiento que se le hacía: «Soy aún, señores diputados, muy joven; son aun desconocidos los hechos de mi vida para que pueda yo atribuir a mis méritos la elección que ha hecho la noble nación española...No sé si alcanzaré la fortuna de verter mi sangre por mi nueva patria y si me será dado añadir alguna página a las innumerables que celebran las glorias de España; pero en todo caso, estoy bien seguro, porque esto depende de mí y no de la fortuna, que los españoles podrán siempre decir del Rey que han elegido: Su lealtad se ha levantado por encima de las luchas de los partidos, y no tiene en el alma más deseo que la concordia y la prosperidad de la nación» 47. El discurso complació sobremanera a los comisionados, y el principal de ellos, Ruiz Zorrilla, exclamó con entusiasmo: «¡Diputados españoles, viva el Rey!». Las fragatas españolas, con don Amadeo a bordo de la Numancia, y otras italianas, partieron de Italia rumbo a España. Mientras tenía lugar la travesía, el 27 de diciembre, tras la reunión del Congreso y haber asistido antes a una ceremonia del Gran Oriente masónico, de camino al Ministerio de la Guerra, el general Prim sufrió un atentado en la antigua calle del Turco, de resultas del cual falleció tres días más tarde. El mismo30 fondeaba la escuadra en Cartagena con el monarca electo, quien al llegar a España recibía la infausta noticia. Aquel enigmático magnicidio 48, con la desaparición del más prestigioso de los promotores de don Amadeo, era como un negro augurio del nuevo reinado. C)  Don Amadeo en Madrid: reinado y renuncia El31 de diciembre de1870 Víctor Manuel entra en Roma, ciudad que entonces tenía menos de doscientos mil habitantes y era sólo la quinta en población de Italia, tras Nápoles, Milán, Turín y Palermo 49. Ese mismo día don Amadeo desembarca en Cartagena y el2 de enero hace su entrada en Madrid, donde tras acudir a la basílica de Atocha para orar ante el cadáver de Prim, comparece en el Congreso de los Diputados a fin de jurar la Constitución y ser proclamado rey. Se inicia así un reinado de poco más de dos años, del2 de enero de1871 al11 de febrero de 1873. La acogida del nuevo rey no fue buena y baste recordar que, coincidiendo con su llegada, se estrenó en el teatro Calderón de Madrid una comedia titulada Macarronini I, que ridiculizaba al monarca. El panorama político era sumamente complejo y poco manejable, pues en el fondo don Amadeo contaba sólo con aquellos191 diputados que le habían votaBermejo, Historia de la interinidad y de la Guerra Civil de España, II, pág.9. Sobre él y la problemática identificación de los terroristas, A. Pedrol Rius, Los asesinos del general Prim, Barcelona, 1960. 49  Gigi Speroni, Amadeo de Saboya, rey de España, traducción de Rubén Turrisi la Vía, Editorial Juventud, Barcelona, 1989, págs.97-98. 47  48 

94

6.  Tres Ministros y un Rey: cuatro italianos en el Gobierno...

do, teniendo enfrente tanto a los republicanos como a los carlistas y a los partidarios de los Borbones defensores del príncipe Alfonso. Ciertamente en su reinado se va a intentar el juego de un sistema bipartidista, con el partido constitucionalista, dirigido por Sagasta, y el radical vinculado a Ruiz Zorrilla 50, pero la realidad fue que tras la muerte de Prim esa tarea se hizo difícil por la fragmentación de los grupos políticos, habida cuenta de que existían, junto a aquellos dos grandes partidos, los restos de la Unión Liberal, congregados alrededor de los llamados fronterizos, los antiguos unionistas marginados como Cánovas del Castillo, y otros diversos grupúsculos, mientras los demócratas amadeistas se dividían a su vez en clanes enfrentados 51. Con tal fragmentación era inevitable la inestabilidad de los sucesivos gobiernos: el del general Serrano, al principio, cuyo líder dimitió al no obtener de don Amadeo poderes para disolver las Cortes; el de Ruiz Zorrilla después; el del general Malcampo; el de Sagasta con los problemas de la nueva guerra carlista y la disolución de las Cortes, y los segundos gobiernos de Serrano (con el Yo contrario del rey a la propuesta de suspensión de las garantías constitucionales) y del radical Ruiz Zorrilla que, entre otras cosas, hubo de ocuparse de la guerra de Cuba. Esos y otros problemas –el proyecto de abolición de la esclavitud en Puerto Rico o la indisciplina del ejército– apenas podían ser afrontados en un clima de tanta inestabilidad política. Como ha escrito Romanones, «ante el espectáculo que ofrecía la política española, D. Amadeo, cruzándose de brazos exclamaba Siamo in una gabbia di pacci. “Estamos en una casa de locos”. Y no le faltaba razón» 52. En Madrid, don Amadeo organizó su vida de forma un tanto peculiar, al menos si se compara con los que habían sido usos habituales de la realeza borbónica. «Duerme poco –escribe Speroni 53– (cuatro o cinco horas como máximo); al amanecer monta a caballo, y luego regresa a palacio para tomar una ducha muy fría y un curioso desayuno: una loncha de carne asada y café amargo. A las ocho recibe a los ministros, todavía soñolientos, y luego concede audiencia a cualquiera que se la pida, ya sea un dignatario o un representante del pueblo. A primera hora de la tarde, tras almorzar frugalmente, leer la correspondencia, que abre personalmente, y despachar los asuntos que quedan en su mesa, baja a la ciudad. Va solo o, como máximo, con un lacayo que guía la carroza o un ayudante que le hace compañía mientras pasea a pie y le sirve de intérprete. Su acompañante preferido, especialmente al caer la noche, es un oficial de marina de veinticuatro años... Se llama Emilio Díaz Moreu, y junto a este joven, cómplice en numerosas aventuras galantes, el rey se siente soltero». Esas aventuras amorosas serán bien 50  Luis Sánchez Agesta, Historia del Constitucionalismo español (1808-1936), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984, pág.265. 51  Palacio Atard, La España del siglo xix, págs.427-428. 52  Amadeo de Saboya, págs.133-134. 53  Amadeo de Saboya, pág.89.

95

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

conocidas, destacando entre ellas la relación que mantuvo con la llamada dama de las patillas, una hija del célebre escritor Mariano José de Larra, más conocido como Fígaro, y a la que don Amadeo habría cortejado enviándole una canastilla de flores de parte de un italiano que se siente solo. La vida del rey, así planteada, fue objeto de críticas y comentarios, a los que había que sumar al recelo popular ante un monarca extranjero y las mismas discrepancias de sus enemigos políticos. Todo confluía, en suma, a que cualquier cosa pareciera mal. Según escribió un periódico: «¡Pobre nuestro soberano: haga lo que haga es criticado! ¿Sale de paseo? Entonces no cumple con su deber quedándose a trabajar en el palacio. ¿Permanece en el palacio? No quiere saber lo que piensa el pueblo. ¿Sale y no mira a nadie? Es orgulloso. ¿Mira a la gente? Es que va en busca de hermosas mujeres. ¿Pasea elegantemente vestido? Es vanidoso. ¿Viste calesera? Es ridículo. ¿Da limosnas? Total, es el pueblo el que paga. ¿No las da? Es tacaño. ¿Recibe a los conservadores? Está traicionando la revolución. ¿Recibe a los radicales? Durará poco. ¿Se acuesta temprano? Es un niño. ¿Se va a dormir tarde? Es un noctámbulo. ¿Sale a caballo? Cuida demasiado las formas. ¿Sale a pie? Es vulgar. ¿Va solo? Es un provocador. ¿Va acompañado? Tiene miedo» 54.

La vida política, descompuesta desde el principio, se agravó con la crisis del orden público –en la que hay que registrar el atentado que sufrió el propio rey–, con la inacción de las Cámaras, los problemas de ultramar y, de modo especial, como ha señalado Bermejo 55, con algunas espinosas cuestiones como la abolición de la esclavitud y los desórdenes del cuerpo de Artillería. Éste sería el último asunto despachado por el monarca, quien firmó el decreto que se le presentaba de disolución de ese cuerpo de artilleros, habida cuenta de los desórdenes habidos y la indisciplina reinante, para a continuación anunciar al presidente del gobierno su decisión de abdicar. Las Cortes se declararon en sesión permanente y ante Congreso y Senado leyó el monarca la renuncia el11 de febrero de1873. En ella, tras recordar don Amadeo que «grande fue la honra que merecí a la nación española eligiéndome para ocupar su trono», hacía referencia a las dificultades presentadas que él inútilmente esperó superar con el concurso de los españoles: «Conozco que me engañó mi buen deseo. Dos largos años ha que ciño la corona de España, y la España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fueran estrangeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos, pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y pertur54  55 

96

En Speroni, Amadeo de Saboya, pág.90. Historia de la interinidad y Guerra Civil, II, pág.898.

6.  Tres Ministros y un Rey: cuatro italianos en el Gobierno...

ban los males de la nación, son españoles; todos invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan por su bien, y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible afirmar cuál es la verdadera, y más imposible todavía hallar el remedio para tamaños males» 56.

La renuncia dejaba entrever además el temple constitucional del monarca, que decía haber buscado el remedio de todo siempre dentro de la ley, aclarando que no debía entenderse como fruto de flaqueza de ánimo, a cuyo efecto pedía el indulto para los autores del atentado padecido. Finalmente hacía pública su abdicación y despedida: «Estas son señores diputados, las razones que me mueven a devolver a la nación y en su nombre a vosotros, la corona que me ofreció el voto nacional, haciendo esta renuncia por mí, mis hijos y sucesores. Estad seguros de que al desprenderme de la corona, no me desprendo del amor a esta España tan noble como desgraciada, y de que no llevo otro pesar que el de no haberme sido posible procurarla todo el bien que mi leal corazón para ella apetecía».

En la madrugada del mismo11 de febrero fue proclamada la República, y al día siguiente los reyes abandonaron España camino de Lisboa, donde embarcaron rumbo a Italia. Ya en Turín, donde don Amadeo fue acogido con entusiasmo, normalizó su vida con el título de Duque de Aosta, contrajo segundas nupcias, tras la muerte de doña María Victoria, con la princesa Leticia Bonaparte, y siendo todavía muy joven falleció de una extraña dolencia el 9 de enero de 1890. Al parecer, cuando alguien preguntó a los médicos de qué enfermedad había muerto, la respuesta fue: «De no poder soportar la vida sin ser Rey» 57.

IV. CONSIDERACIONES FINALES Los ministros extranjeros presentes en el Estado absoluto del Antiguo Régimen en España, aparecen bien sea formando parte de un grupo (los flamencos con Carlos V, los franceses con Felipe V o los italianos con Carlos III) o de forma individual y aislada, según fue el caso de Granvela o Moura con Felipe II, de Nithard con Carlos II, o de Alberoni y Riperdá con Felipe V. Normalmente, y como es lógico, la xenofobia es más acusada en el primer caso, lo que denota el rechazo frontal a la intromisión de grupos extraños, y el grado de tolerancia mayor en el segundo, si bien en cualquier caso hay cuando menos recelo y descon56  El texto de la renuncia puede verse en Bolaños, El reinado de Amadeo de Saboya, págs.238-239. 57  Conde de Romanones, Amadeo de Saboya, pág.172.

97

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

fianza hacia el extranjero que manda. Ello no es extraño en un país cuyos reinos habían exigido la presencia de naturales al frente de los oficios públicos. Los ministros extranjeros terminaron de ordinario mal y por lo común su gestión no concluyó pacíficamente con la muerte, sino con la dimisión o el cese, e incluso con la expulsión violenta. El canciller Gattinara, en la España de Carlos V, aparece como la excepción que confirma la regla. Granvela fue marginado en sus últimos años por Felipe II. Felipe III apartó al portugués Moura, antiguo colaborador de su padre. Nithard fue expulsado de la España de Carlos II, y con Felipe V Alberoni recibió la orden de marcharse mientras Ripperdá hubo de dimitir. Y de los dos ministros italianos, uno de ellos, Esquilache, protagonizó una salida brusca y violenta, mientras el otro, Grimaldi, tras ser coaccionado con diversas presiones, acreditará en cambio una dimisión honrosa y negociada, en la que, como hemos dicho, pactó el nombre de su sucesor, intercambió con él los cargos y abandonó el ministerio convirtiéndose en embajador. En cuanto al rey italiano, don Amadeo, su caso es de absoluta excepción. En primer lugar por ser el único ejemplo en esos siglos de monarca elegido: propuesto por el gobierno que lo propone y elegido por las Cortes en representación del pueblo. Unico rey elegido, pues, como el intruso José Bonaparte, antes curiosamente también rey de Nápoles, será el único rey nombrado. Y en segundo lugar por el carácter semiforzado de su abdicación. Antes de él habían abdicado apaciblemente Carlos V y Felipe V (aquél en Felipe II y éste en Luis I), y de forma claramente forzada Isabel II. La dimisión de don Amadeo tiene tanto de acto obligado por las circunstancias como de acto voluntario para evitar males mayores 58. La renuncia de Amadeo de Saboya prefigura en cierto modo la que protagonizará un siglo más tarde Alfonso XIII. Aquélla dio paso a la Primera República. Esta a la Segunda. Experiencias ambas, a la luz de lo que pasó, no ciertamente gloriosas. El reinado de Amadeo de Saboya, en fin, fue con sus dos años más que breve, pero aun hubo otro monarca, Luis I, que reinó menos tiempo, sólo unos cuantos meses. Don Amadeo, además, ganó en cierto modo la que pudiéramos llamar batalla de la opinión pública: a su marcha, fuera de España obtuvo el reconocimiento de Inglaterra y de Italia, y por supuesto también de su país; dentro de España se le echaría de menos enseguida, nada más hacerse presentes los desarreglos y el desconcierto de la Primera República.

58  Significativamente, el Conde de Romanones se haría esta pregunta: «¿Abdicó por propia libre voluntad o fue echado?» (Amadeo de Saboya, pág.159).

98

7.  LA CORTE DE CARLOS IV: LA POLÍTICA INTERNA * I. INTRODUCCIÓN «Luego que Carlos III falleció en Diciembre de 1788 –escribió el historiador Muriel– el Príncipe subió pacíficamente al solio con el nombre de Carlos IV, teniendo ya cuarenta años cumplidos; edad provecta en que está maduro el juicio y el hombre se halla amaestrado por las lecciones de la experiencia. Era de corazón bondadoso y recto…Para dar mayor realce a las dotes que adornaban el ánimo del Príncipe, su augusto padre puso cuidadoso esmero en que fuese educado cristianamente, prendas todas que hacían presagiar un reinado venturoso…» 1. No puede decirse, en verdad, que el reinado del nuevo monarca, que duró justamente veinte años y concluyó en 1808, fuera precisamente venturoso. Más bien fue el preludio de la desventura, de los gravísimos acontecimientos de 1808, entre los que tuvo lugar la abdicación del monarca el 19 de marzo en su hijo Fernando. A partir de ahí, Carlos IV vivirá desterrado primero en Francia (en Compiègne y Marsella) y luego en Roma, donde murió en enero de 1819. Setenta años, pues, de vida, y veinte de reinado. La política española, en sus líneas fundamentales, quedará a lo largo del reinado entre cinco personas: el rey, la reina María Luisa de Parma, y tres ministros, Floridablanca, Aranda y Godoy. Desde un principio, la reina estuvo asociada a las tareas de gobierno, y el mismo día de la muerte de Carlos III, despacharon los monarcas con los ministros de Estado y Marina, «quedando desde la primera hora –como observó Jovellanos– establecida la participación del mando a favor de la reina como naturalmente y sin solicitud ni esfuerzo alguno» 2. *  Publicado en Varia Studia. Libro homenaje al Profesor Dr. Luis Rodríguez Ennes con ocasión de su septuagésimo aniversario. Patronato del Instituto de Estudios Ibéricos, 2015, 395-403. 1  Historia de Carlos IV, tomo I, 3-4. 2  José Gómez de Arteche, Reinado de Carlos IV, en la Historia general de España escrita por individuos de número de la Real Academia de la Historia, bajo la dirección del Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo, 3 vols., Madrid, 1894; en I, 3-4.

99

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Según parece, Carlos III recomendó vivamente a su hijo, antes de morir, a don José Moñino, Conde de Floridablanca, personaje que había desempeñado un papel principal en los últimos años. De hecho en esa etapa postrera se habían acentuado las tensiones entre el ministro murciano Floridablanca y el aragonés Conde de Aranda. Floridablanca era el ministro de Estado y presidía de hecho la Junta Suprema, especie de Consejo de Ministros, que había sido creada el 8 de julio de 1787. Aranda, opositor de Floridablanca, era embajador en París y desde allí conspiraba para retornar a la Corte y hacerse con el poder. El principal apoyo de Aranda había sido el Príncipe de Asturias, el futuro Carlos IV, a quien Aranda envió el 22 de abril de 1781 un Plan de Gobierno, de cara al futuro, en el que, partiendo de que la máquina de la monarquía está desbaratada pretendía una reforma a fondo del aparato de la administración diseñando la figura de un ministro confidente, o Primer Ministro, cargo que sin duda se reservaba para él mismo. En esas tensiones Floridablanca-Aranda, el 10 de octubre de 1788 Floridablanca dimitió, pero Carlos III no le admitió la renuncia y le confirmó en el cargo. Dos meses después falleció el rey, con lo que el acceso a la corona del Príncipe de Asturias, amigo de Aranda, hacía presagiar el apartamiento del político murciano y la toma del poder por el Conde aragonés. Las cosas, sin embargo, no sucedieron así, pues Floridablanca fue confirmado por Carlos IV en el cargo. Como escribió Gómez de Arteche, «si se temió por unos días que en circunstancias tan críticas…llegara a desprenderse de los servicios del eminente estadista conde de Floridablanca, no se tardó a ver que el nuevo rey había respetuosamente seguido los consejos que le diera su antecesor y padre en el lecho de muerte». En realidad –añadimos nosotros– lo que debió suceder no fue que Carlos IV hiciera lo que le aconsejó Carlos III, sino que la reina María Luisa, que era quien contaba de verdad, pensaba de otra manera, como el propio Gómez de Arteche llegará a reconocer: «Parece sin embargo que la reina le contestó que aún no era tiempo, con lo que Floridablanca pudo continuar al frente del ministerio» 3. Respecto a Aranda, el monarca ordenó «que todos los de su tertulia de príncipe continuasen como antes». Se inicia así un reinado que, desde esa óptica del poder ministerial y confianza de los reyes, tendrá tres etapas. La primera, desde diciembre de 1788 a febrero de 1792, con Floridablanca como personaje principal. La segunda, muy breve, desde ese mes de febrero en que regresa Aranda a España hasta el 15 de noviembre del mismo año 1792, en que es cesado. La tercera, desde entonces, con Godoy en el poder, hasta el 19 de marzo de 1808, cuando Carlos IV, como consecuencia del motín de Aranjuez, abdica en su hijo Fernando. 3 

100

Los dos párrafos citados de Gómez de Arteche, en Reinado de Carlos IV, I, 18.

7.  La Corte de Carlos IV: La política interna

II.  PRIMERA ETAPA: FLORIDABLANCA Al llegar al trono Carlos IV la estructura de la Administración Central constaba de siete departamentos: Estado y Justicia regidos ambos por el Conde de Floridablanca; Hacienda, en manos de Pedro López de Lerena, antiguo escribiente de Floridablanca cuando éste desempeñó la fiscalía del Consejo de Castilla y protegido siempre por él; Marina a cargo de Antonio de Valdés, y Guerra, bajo la dirección de Jerónimo Caballero. A estos cinco ministerios tradicionales había que sumar otros dos fruto de la bipartición del Ministerio de Indias tras la muerte del ilustre malagueño José de Gálvez. En efecto, siempre se había considerado problemática la gestión de un único Ministerio de Indias, por la inmensidad de asuntos de todos los territorios de ultramar que recaían en una sola persona. De esta suerte, un decreto de 8 de julio de 1787 había dividido ese departamento en dos, con lo que a los cinco citados antes había que sumar el de Gracia, Justicia y materias eclesiásticas de Indias, a cargo de Antonio Porlier, antiguo fiscal del Consejo de Indias, y el de Guerra, Hacienda, Comercio y Navegación que se acumuló al titular de Marina, Valdés. Había así siete ministerios pero solo cinco ministros. En todo caso, más importante era que, en la misma fecha en que fue dividido el Ministerio de Indias, se creó la llamada Suprema Junta ordinaria y perpetua de Estado, a fin de institucionalizar un despacho colectivo y semanal de los ministros en los llamados asuntos que puedan causar regla general, es decir, aquellos susceptibles de afectar a varios departamentos. La Junta Suprema, debida a la inspiración de Floridablanca, careció en teoría de presidente, pero de hecho esa función fue desempeñada por él, que era entonces Secretario del Despacho de Estado o Ministro de Asuntos Exteriores, en cuyas oficinas se reunía. La Junta recibió una Instrucción, obra también de Floridablanca, de carácter reservado, con casi cuatrocientos capítulos, que constituye un detallado y minucioso programa de gobierno, al que los ministros debían acordar sus decisiones y propuestas. Todo este aparato de la Administración, de una forma u otra, vino a depender de la reina. Como observó Villa-Urrutia, «con el advenimiento de Carlos IV habíase introducido en el gobierno una novedad importantísima, que llamó la atención de propios y extraños, y era la asistencia de la reina al despacho, en el que intervenía discutiendo y decidiendo los asuntos que con el rey trataban sus ministros. La influencia de las reinas consortes sobre sus maridos no era cosa nueva, y harto conocida la de Isabel de Farnesio sobre Felipe V…Pero si la reina compartía con el rey el trono y el tálamo, no había hasta entonces compartido ostensiblemente el gobierno con voz y voto decisivo en el Consejo» 4. 4  Marqués de Villa-Urrutia, Mujeres de antaño. La reina María Luisa, esposa de Carlos IV, Madrid, 1927, 75.

101

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Si la reina era el eje de todo, la lucha por el poder entre los dos grupos de Floridablanca y Aranda se tradujo en atraerla y captar su voluntad. Especialmente llamativa fue la campaña de Aranda, quien envió algunas misivas a María Luisa solicitando atención y apoyo. El propio Aranda relataba así sus intentos de acercamiento, un tanto infantiles, en alguna velada palaciega, estando a la mesa: «Ninguna palabra me dirigió desde ella, bien que sí a los inmediatos; levantada S. M. vino azia aquella parte, dirigiéndose a varios, y al pasar por delante de mí, sin detenerse me dijo ¿Cómo va, Aranda?, respondiéndole sólo A los pies de V. M.; en el café después nada» 5. Floridablanca, por su parte, no disfrutaba tampoco de una situación claramente favorable. Los despachos del embajador ruso Zinoviev atestiguan la debilidad del gran político ya en 1789, aunque sacó adelante una serie de medidas para evitar la acumulación de bienes en manos muertas, y otras relativas al fomento del comercio y la marina 6. Por otra parte, el 30 de mayo de 1789 fueron convocadas las Cortes que habrían de reunirse en septiembre, con el objetivo principal de jurar al nuevo Príncipe de Asturias, don Fernando, como sucesor al trono. Estas Cortes, presididas por Campomanes, suplicaron a Carlos IV la abolición del auto acordado de Felipe V que modificaba el orden tradicional de sucesión a la Corona, lo que fue aceptado por el rey quien afirmó que «ordenaría a los de su Consejo expedir la pragmática-sanción que en tales casos corresponde y se acostumbra», y que no fue publicada entonces. Las Cortes adoptaron además otros acuerdos sobre distintas materias y, entre ellas, sobre el problema de los mayorazgos. Por lo demás, un autor como Madol ha subrayado el contraste entre la docilidad de las Cortes españolas y la crispación entonces existente en los Estados Generales de Francia, reunidos en Versalles 7. En estas circunstancias apareció en la Corte un libelo, titulado Confesión general del Conde, criticando los supuestos desaciertos de la política internacional, el cohecho en el Banco de San Carlos, los desajustes en la construcción de caminos y canales, y otras varias irregularidades. Al libelo respondió Floridablanca ordenando una investigación policial y publicando ciertas Observaciones que defendían su gestión de gobierno. Pero los problemas de la política interior eran menudencias frente al gigantesco problema de la Revolución Francesa, que exigía redefinir la política exterior, competencia específica de Floridablanca. En todo caso, y pese a algún éxito esporádico como el viaje de las corbetas Descubierta y Atrevida por el Pacífico a fin de levantar cartas hidrográficas y efectuar experimentos científicos, las presiones internas, que criticaban tanto la política de las 5  Sigo mi libro, Los orígenes del Consejo de Ministros, 2 vols., 2.ª ed., Madrid, Editorial Complutense, 2001; en I, 480. 6  Pedro Aguado Bleye y Cayetano Alcázar Molina, Manual de Historia de España, 3 vols., 9.ª ed., Espasa-Calpe, 1964; ver III, 216 y ss. 7  Hans Roger Madol, Godoy. El fin de la vieja España y el primer dictador de nuestro tiempo, Madrid, 1943.

102

7.  La Corte de Carlos IV: La política interna

relaciones con Francia como las malversaciones económicas en el Ministerio de Hacienda, se hicieron más agudas. En 1790 tuvo lugar un reajuste ministerial que consistió en tres cosas: suprimir los dos departamentos de Indias creados tres años antes y redistribuir los negocios entre sus homólogos de España; retirarle a Floridablanca el segundo de los ministerios que desempeñaba (el de Justicia, que pasó a Porlier), y sustituir en el Ministerio de Guerra a Caballero por el Conde de Campo-Alange. El 18 de junio de 1790 Floridablanca fue apuñalado en la entrada al palacio de Aranjuez, en el que probablemente fue el primer atentado político de la España contemporánea. Al grito de ¡muere, traidor!, un ciudadano francés –quizás agente de los jacobinos, hacia quienes Floridablanca practicaba una política hostil en defensa de los reyes de Francia– agredió al ministro que afortunadamente salió del trance con heridas leves. El atentado fallido llevó al agresor a la horca y suscitó en el pueblo una profunda corriente de simpatía hacia Floridablanca. En el acto litúrgico de acción de gracias porque el ministro hubiera salvado la vida, un predicador carmelita se expresaba así: «¿que admiración podrá causar se haya consternado la nación toda, a ejemplo de tan gran rey?; ¿qué no deberá hacer todo buen español que esté bien instruido y ame sinceramente los intereses de España?. Deberá rendir gracias al Todopoderoso porque nos ha preservado la preciosa vida de un ministro, cuya sabiduría hará época en nuestras historias?» 8. Se trataba en todo caso de una rehabilitación episódica, pues Floridablanca, mesurado y acomodaticio en otros temas de gobierno, adoptó en la cuestión francesa una posición radical 9. Formó así parte de un conciliábulo internacional para examinar la posible intervención armada en Francia, decretó el empadronamiento de los extranjeros en España –la mitad de ellos eran franceses– exigiéndoles jurar fidelidad a la religión católica y al rey, y terminó retirando al embajador en París, «con el justo pretexto de que no fuese insultado y nos comprometiésemos más». Ello le puso en el punto de mira de los revolucionarios franceses, mientras en España se difundían toda suerte de panfletos, e incluso le enfrentó a la representación diplomática del país vecino. Como ha escrito Carlos Seco, el encargado de negocios Bourgoing «puso en guardia a Carlos IV acerca del daño que su ministro estaba haciendo no a la causa de la libertad, sino, indirectamente, al Rey Cristianísimo», por lo que Carlos IV «no necesitó más advertencias (y) retiró su apoyo a Moñino». Dos decretos de 28 de febrero de 1792 extinguieron la Junta Suprema de Estado, que había sido la gran obra política de Floridablanca, restableció el ejercicio del Consejo de Estado, del que se nombró 8  La Oración del carmelita, padre Francisco Sánchez, en Biblioteca de Autores Españoles, tomo LIX, 351-355. 9  Sigo en estas cuestiones las Memorias de Godoy y otros textos que recojo y comento en Los orígenes del Consejo de Ministros, I, 540 y ss.

103

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

decano al Conde de Aranda, y entregó también al político aragonés, con carácter interino, el Ministerio de Estado.

III. SEGUNDA ETAPA: ARANDA Desmontado el aparato de gobierno creado por su antecesor, se hizo con el poder don Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, X conde de Aranda, oscense que había seguido una brillante carrera militar, otra diplomática como embajador en Lisboa, Polonia y París, y también una carrera política como gobernador del reino de Valencia y presidente del Consejo de Castilla. Según el propio Aranda contó después, Carlos IV le habría citado en Aranjuez poco antes de la caída de Floridablanca para anunciarle su próximo nombramiento. Resulta en todo caso problemática y poco clara esta crisis, sobre la que existen distintas interpretaciones de las que mencionaremos dos: la que la atribuye directamente a la presión francesa, y la que cree ver detrás de ella la mano de Godoy, quien habría promovido la candidatura de Aranda, como un personaje de transición, en espera de tomar él luego definitivamente las riendas del gobierno. Sea por lo que fuere, el caso es que el relevo de un Floridablanca entonces rehecho y fortalecido, resultó bastante sorprendente. «Por primera vez en su vida –escribió el embajador ruso Zinoviev– Carlos IV fingió con habilidad; la víspera estaba en excelentes relaciones con el conde, consentía a todas sus sugerencias y se paseaba con él» 10. Sobre este acontecimiento, el historiador norteamericano Richard Herr ha destacado la sorpresa que produjo la noticia entre los observadores de la época, quienes no llegaron a ponerse de acuerdo sobre las causas que la habían motivado 11. Y ello porque Floridablanca no sólo perdió los cargos, sino que hubo de padecer una insólita persecución. De regreso a su tierra de Murcia fue hecho prisionero y conducido a la ciudadela de Pamplona, haciendo frente a los cargos que se le imputaban (entre otros, abuso de autoridad) con una extensa y brillante Defensa legal. Su destino futuro habría de verse favorecido por la rápida caída de Aranda, con lo que en 1794 se le permitió regresar «al pueblo de su nacimiento», y al año siguiente quedó absuelto de responsabilidad política. Con todo, al gran estadista murciano le aguardaba un destino todavía más brillante, al convertirse en septiembre de 1808 en presidente de la Junta Central, dos meses antes de su muerte en Sevilla. Aranda, a su vez, no habría de disfrutar mucho tiempo de lo que tanto le había costado conseguir, puesto que en menos de nueve meses perdió el ministerio. Su acceso al poder en el mes de febrero de 1792 fue saludado con optimis10  Alexandre Tratchevsky, «LÉspagne à l’époque de la Révolution française». En Revue Historique, 31 (1886), 17. 11  España y la Revolución del siglo xviii, Madrid, 1964, 219.

104

7.  La Corte de Carlos IV: La política interna

mo y esperanza, pues se daba por supuesto que su condición de ex embajador en París, y su conocimiento de los protagonistas de la Revolución, le convertían en la persona naturalmente idónea para resolver los problemas con Francia. Como escribió Muriel, «el Conde de Aranda estaba bien quisto en las Cortes de Europa…La mansión prolongada que había hecho en Francia con el carácter de Embajador; el aprecio que supo granjearse en aquella Corte por su aptitud para el desempeño de los negocios, y la amistad que tuvo con varios sabios y literatos de ella, le hacían a propósito para observar con tino los sucesos de la Revolución francesa, cuyos elementos tenía vistos desde muy cerca. Ningún español se hallaba en estado de prever, o ya de juzgar mejor que él las resultas que debían seguirse. La elección de este varón experimentado para el puesto de primer Ministro dio, pues, ánimo y confianza a españoles y franceses» 12. Ahora bien, con independencia de que Aranda no fue nombrado Primer Ministro como Muriel indica, sino Decano del Consejo de Estado y ministro interino también de Estado (probablemente lo fue interino por su condición militar que quería mantener), las cosas no resultaron tan sencillas. Por de pronto resulta muy significativo que, desaparecida la Junta de Estado, no se llevara a cabo ninguna reorganización ministerial. O lo que es lo mismo, que Aranda estuviera en la cúspide político-administrativa de la monarquía con los mismos ministros que habían obedecido a Floridablanca, y mucho más significativo si se tiene en cuenta que Aranda había conspirado y medrado con el apoyo de una serie de colaboradores que formaban el llamado partido aragonés, aunque éste no fuera otra cosa, como advirtió Olaechea, que una facción o grupo compuesta por «Aranda, jefe moral nato, y unos cuantos partidarios suyos, no precisamente aragoneses (que) pensaban más que menos como el conde sobre cuestiones político-administrativo-económico culturales, con la mira puesta en poder llevarlas a la realidad» 13. Tal vez sucedió que él personalmente había perdido facultades para gobernar (eso es lo que comentaba el embajador ruso), pero lo más probable es que se viera sencillamente desbordado por el terremoto político francés. Efectivamente, los acontecimientos sucedidos en París el 20 de junio y el 10 de agosto de 1792, llevaron a Aranda el 24 de este mes a someter al Consejo de Estado la cuestión de si debía entrar España en coalición con los gobiernos de Viena, Berlín, Estocolmo y San Petersburgo para el caso de una guerra con Francia. Tras la respuesta positiva se iniciaron los preparativos, aunque el triunfo del ejército de la Convención sobre los prusianos obligó a Aranda a rectificar y proponer la neutralidad. Semejantes vaivenes en la cuestión más importante de la política de España coincidió con su edad avanzada, tenía entonces setenta y tres años, y sobre todo con el deterioro de sus relaciones con la reina. El Diario 12  13 

Historia de Carlos IV, I, 229-230. El Conde de Aranda y el «partido aragonés», Zaragoza, 1969, 33. 105

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

de Aranda nos cuenta sus peripecias cortesanas en 1792, en el que María Luisa le recibía siempre con Godoy delante. Según ese Diario, el jueves 15 de noviembre a última hora de la tarde le llamaron los reyes y, mientras don Carlos se apoyaba en su hombro, la reina le dijo: Aranda, estarás muy cansado con la vida que haces; a lo que él respondió: Señora, si yo acierto en cumplir con mi obligación a gusto de Vuestras Majestades, todo trabajo se hace soportable. María Luisa, en fin, apostilló: es que te queremos conservar para las cosas mayores y aliviarte de las molestas 14. A la salida de la entrevista, que también presenció el favorito, Aranda había sido cesado en el ministerio de Estado cuya propiedad fue entregada a Godoy 15. Aranda cayó así, pero no del todo, pues conservó su puesto en el Consejo de Estado. De esta forma transcurrió año y medio hasta que el supremo organismo celebró una memorable sesión, el 14 de marzo de 1794, en la que Aranda leyó un memorial propugnando la paz con Francia y se enfrentó directamente a Godoy, quien le contestó con un largo discurso en sentido contrario. Aunque existen distintas versiones sobre lo acontecido, de los protagonistas, de Jovellanos y de los historiadores antiguos y modernos 16, es claro que el rey tomó partido por Godoy. Aranda fue desterrado a Jaén y, tras abrírsele un proceso, a Granada, donde fue encerrado en la Alhambra, y a otras localidades andaluzas (Alhama y Sanlucar) hasta recalar en la aragonesa Épila, donde murió.

IV. TERCERA ETAPA: GODOY El 15 de noviembre de 1792 fue nombrado ministro de Estado el extremeño Manuel Godoy y Alvarez de Faria, sargento mayor de los guardias de corps, con lo que tuvo lugar la institucionalización de la privanza de un personaje que había logrado la máxima confianza de la reina y, a través de ella, del rey. En la vida de Godoy, siguiendo a su más reciente estudioso, el profesor La Parra 17, podrían distinguirse así cuatro tramos. El primero de 1789 a 1792, de entrada en la corte, en el que se convierte en acompañante de María Luisa y asiduo de las veladas de los reyes. Otro segundo, desde 1792 hasta 1798, en la que Godoy es ministro de Estado. El tercero, de marzo de 1798 a enero de 1801 en que abandona el ministerio de Estado y no ocupa cargo alguno. Y el cuarto, a partir de la Convención 14  Rafael Olaechea y José A. Ferrer Benimeli, El conde de Aranda. Mito y realidad de un político aragonés, 2.ª ed., Diputación de Huesca e Ibercaja, 1998, 355. 15  Véase mi libro Los cambios ministeriales a fines del Antiguo Régimen, 2.ª ed., Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997, 20-21. 16  Olaechea-Ferrer Benimeli, El Conde de Aranda, 362 y ss. 17  Emilio la Parra: «El amigo de los reyes. El lugar de Manuel Godoy en la monarquía de Carlos IV», en José Antonio Escudero (coordinador), Los Validos, Madrid, 2004, 617-631. Y, sobre todo, su biografía Manuel Godoy. La aventura del poder, Barcelona 2002.

106

7.  La Corte de Carlos IV: La política interna

de Madrid en enero de 1801, en el que aparece como generalísimo de los ejércitos y un verdadero valido. La caída de Aranda y su acceso al Ministerio de Estado es el punto de partida de ese segundo periodo, en el que Godoy comparte el gabinete con el Conde de Campo Alange, titular de Guerra; con Antonio Valdés, ministro de Marina; y con Eugenio de Llaguno y Diego de Gardoqui, ministros de Gracia y Justicia, y Hacienda, respectivamente 18. Desde su puesto de Ministro de Estado o de Asuntos Exteriores vio agravarse la situación en Francia, que llegó al extremo cuando el 21 de enero de 1793 Luis XVI fue ajusticiado. En tal situación extrema, cuatro meses después, el 25 de mayo, firma en Aranjuez el convenio provisional de alianza con Inglaterra, en el que Godoy aparece ostentando nada más y nada menos que los siguientes títulos: Duque de la Alcudia, grande de España de primera clase, regidor perpetuo de la ciudad de Santiago, caballero del toisón de oro, gran cruz de Carlos III, comendador de Valencia del Ventoso, consejero de Estado, primer secretario de Estado y del Despacho, secretario de la reina, superintendente general de Correos y Caminos, gentilhombre de Cámara, capitán general de los Reales Ejércitos, e inspector y sargento mayor del Real Cuerpo de Guardias de Corps 19. Sólo eso. La mera enumeración de cargos y títulos da idea de la implantación cortesana y política del personaje. Dos años después, tras firmarse con Francia la Paz de Basilea, Godoy recibe el título de Príncipe de la Paz. No deja de ser en verdad curioso que quien, frente al Conde de Aranda, había patrocinado una política agresiva y belicista, recibiera justamente ese título. Como razonablemente han observado los defensores de Aranda 20, «Godoy hubo de reconocer que la guerra contra la República francesa, además de ser un fracaso militar, arriesgaba la monarquía que pretendía defender… Lo paradójico en este caso es que Godoy, que día a día mantuvo su empeño belicista y su oposición a cualquier idea de paz…acabara ostentando el título de la Paz, en tanto que Aranda, que se opuso hasta la autoinmolación de su persona a esta guerra, y que siempre abogó por una actitud pacifista, recibió como premio el destierro y el olvido». De todas formas procede subrayar que lo verdaderamente insólito no es que se le diera el título de la Paz, sino el de Príncipe, que hasta entonces había sido exclusivo de las personas de estirpe regia. En la política interior entonces, Godoy se enfrentó al Santo Oficio, pidiendo al Inquisidor General, Abad y Lasierra, un plan de reforma que efectivamente recibió: el Plan de reforma del estilo del Santo Oficio en cuanto al nombramiento y ejercicio de calificadores, más importante de lo que el título da a entender pero menos de lo que Godoy hubiera deseado. Planeó también algunas reformas de la 18  19  20 

Escudero, Los cambios ministeriales a fines del Antiguo Régimen. Véase el Cuadro Sinóptico. Aguado Bleye-Alcázar Molina, Manual de Historia de España, 223. Olaechea-Ferrer Benimeli, El Conde de Aranda, 369. 107

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

misma Iglesia, e intentó, sin éxito, el desarrollo de la política agrícola. Ahora bien, dos circunstancias, una de política internacional (la declaración de guerra a Inglaterra el 4 de octubre de 1796) y otra de política interna (la crisis financiera de la que se le hizo responsable) llevaron al todopoderoso Godoy a una situación de crisis 21 que se habría de traducir en su salida del Ministerio de Estado. Y si la opinión pública echaba la culpa de todo al ministro favorito, a atizar esa crisis concurrieron los sectores aristocráticos, la Inquisición y el llamado «partido inglés». En tal situación, y pese a los esfuerzos que Godoy hizo para rehabilitar su imagen, permitiendo por ejemplo el regreso de los jesuitas, Carlos IV firmó el 28 de marzo de 1798 un decreto cuya primera parte decía: «Atendiendo a las reiteradas súplicas que me habeis hecho, así de palabra como por escrito, para que os eximiese de los empleos de secretario de Estado y de sargento mayor de mis Reales Guardias de Corps, he venido en acceder a vuestras reiteradas instancias eximiéndoos de dichos empleos…». Esta crisis de 1798 es, ciertamente, una crisis misteriosa. En primer lugar porque quien la padeció siguió siendo un personaje muy relevante que continuó en la Corte y mantuvo relación directa con los reyes y con los grandes personajes extranjeros. En segundo lugar porque, según algunos, Carlos IV llegó a firmar un primer decreto de proscripción de Godoy, que luego fue modificado, y que la reina, Jovellanos (entonces Ministro de Gracia y Justicia), y don Francisco de Saavedra –que le sustituirá en el Ministerio– deliberaron sobre la suerte del político extremeño, imponiéndose el parecer más suave de Saavedra en favor de la decisión finalmente adoptada, frente al parecer de Jovellanos que quería recluir a Godoy en la Alhambra como se había hecho antes con Aranda 22. Y en tercer lugar porque el doble cese –de ministro y de sargento mayor– se hubiera realizado, como asegura el Decreto, a instancias del interesado, en función de no se sabe qué extraña estrategia, a no ser que la afirmación sea sólo una claúsula de estilo. Por lo demás hay que decir que la crisis afectó sólo al Ministerio de Estado, y que todos los demás siguieron manteniendo sus titulares. El gran beneficiario, desde luego, fue Saavedra, que acumuló el departamento heredado de Godoy al que ya regía de Hacienda. En el quinquenio siguiente, hasta 1801, tuvieron lugar diversos cambios en el aparato de gobierno, sucediéndose en la titularidad del Ministerio de Estado tres personajes importantes: el citado Saavedra, el reformista bilbaino Mariano Luis de Urquijo, y un joven jurista, Pedro Ceballos, que había trabajado en la embajada de España en Lisboa. En cuanto a Godoy, padeció al principio una suerte de ostracismo, pero ese ostracismo no llegó a durar medio año. En concreto Godoy siguió escribiendo a la reina tras el cese, y cinco meses después, ante la desaten21  22 

108

La Parra, Manuel Godoy, 200 y ss. Ibidem, 215.

7.  La Corte de Carlos IV: La política interna

ción de que era objeto, pareció abandonarlo todo: «Ruego a V. M., Señora, se penetre de las causas que me obligan a tal partido y que reciba con agrado las lágrimas de este fiel hombre al tiempo de despedirse de sus bienhechores y de los reyes más buenos que tiene el orbe» 23. Estas líneas, de 24 de septiembre de 1798, marcan la inflexión hacia una nueva etapa de rehabilitación consumada en el verano del año siguiente, cuando, tras nuevas misivas de autoelogio, recibe una nota de la reina, refrendada por don Carlos, con las siguientes palabras: «estás perdonado, pero repito y repetimos que en nada hay por que pidas perdón». Cuando en 1801 los reyes le colocan al frente de las tropas que habrían de librar con Portugal la efímera guerra de las naranjas, recibe el título de Generalísimo –insólito como antes lo había sido el de Príncipe–, cargo que se institucionalizará como fijo el 4 de octubre del mismo año. En decreto de esa fecha aparece como Generalísimo del ejército y asuntos bélicos, pero prolonga sus competencias a cualquier grave cuestión de la monarquía. El propio Godoy habría de detallar por escrito las funciones propias de su cargo, para «que se aclaren las dudas y no siga el método confuso que hasta aquí», con las siguientes palabras: «Señor: mi empleo es el superior de la Milicia, y mis facultades las más amplias: ninguno puede dejar de obedecerme, sea cual fuese su clase, pues mi orden será como si V. M. en persona la diese…; que cuando V. M. tenga la bondad de oir mi parecer en causas militares o en cualesquiera otros asuntos de su Monarquía, me mandará darlo, sin más que un corto papel de remisión por el Ministerio y yo responderé directamente a V. M.». De estas palabras, La Parra, siguiendo a Carlos Seco, deduce que Godoy se colocaba «por encima del gobierno, en una posición intermedia entre éste y el rey» 24, al igual que Seco había entendido que Godoy se convirtió «en auténtico jefe del Gobierno, con atribuciones especiales, que le situaban un escalón por debajo de los reyes y varios por encima de los ministros» 25 interpretaciones ambas a nuestro juicio algo dudosas y quizá exageradas, pues la afirmación que las justifica está en el contexto de esos máximos poderes militares. El Decreto de 4 de octubre, y la aclaración de Godoy de 12 de noviembre, hacen referencia siempre a cuestiones castrenses, del ejército y la armada, que se tramitaban por los ministerios de Guerra y Marina, regidos ambos interinamente por José Antonio Caballero, debiendo entenderse probablemente esos qualesquiera otros asuntos de la monarquía como una hipótesis que él presenta: en resumen, es la máxima autoridad militar pero se ofrece a que el rey le consulte cualquier otra cosa. El Decreto le nombra Generalísimo de mis Armas de mar y tierra, y en cuanto a su declaración, es de suponer que si Godoy se hubiera considerado entonces por 23  24  25 

Ibidem, 222. Ibidem, 237. Carlos Seco Serrano, Godoy. El hombre y el político, Madrid, 1978, 120. 109

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

encima del Ministro de Estado, Pedro Ceballos, del de Gracia y Justicia, el mismo Caballero, o del de Hacienda, Cayetano Soler, y con competencia en esas materias, no hubiera dejado de decirlo. Con independencia de precisiones institucionales, es claro que, de una forma u otra, su poder de hecho en los primeros años del xix fue sobresaliente. Al inicio de 1807, cuando había transcurrido poco más de un año del desastre de Trafalgar, Godoy fue nombrado Generalísimo de la mar, es decir, Almirante General de España e Indias, con tratamiento de Alteza Serenísima. Por lo demás, tuvo la osadía de hacer Grande de España a su hermano Diego, gestionar para su amante Pepita Tudó los títulos de condesa y vizcondesa, y hasta pretender que el Príncipe de Asturias se casara con una hermana de su esposa, la condesa de Chinchón, con lo que se hubiera convertido en cuñado suyo. Demasiado. «Quanto es mayor el subimiento, tanto es peor la caída», había escrito siglos atrás el Infante Don Juan Manuel. Y la caída tuvo lugar el 19 de marzo de 1808 como consecuencia del motín de Aranjuez. El equipo ministerial de hombres oscuros (Gil de Lemus, Ceballos, Cayetano Soler), constantemente despreciados por la reina y el favorito, apenas resultó afectado y pudieron seguir en los departamentos, pero el favorito y el rey fueron al desastre. Godoy, destituido de su cargo de Generalísimo y de otros empleos y honores, fue agredido y maltratado por el pueblo. Carlos IV, temiendo por su vida y suponiendo que el motín se dirigía contra él, abdicó precipitadamente en un escrito sin formalidades que rezaba así: «Como los achaques de que adolezco no me permiten soportar por más tiempo el gran peso del gobierno de mis reinos y me es preciso para reparar mi salud, gozar de un clima más templado, de la tranquilidad de la vida privada, he determinado, después de la más seria deliberación, abdicar mi corona en mi heredero y muy caro hijo el Príncipe de Asturias. Por tanto es mi voluntad que sea reconocido y obedecido como rey y señor natural de todos mis Reinos y dominios. Y para que este mi Real Decreto, de libre y espontánea abdicación, tenga su éxito y su debido cumplimiento, lo comunico al Consejo y demás a quien corresponda. Dado en Aranjuez a 19 de marzo de 1808» 26.

Cuatro días después, el 23 de marzo, coincidiendo con la entrada en Madrid de las tropas del Duque de Berg enviadas por Napoleón, Carlos IV dirige a éste una humillante carta en la que se declara subordinado suyo, habla de «la magnanimidad y el genio del grande hombre que siempre ha mostrado ser amigo mío», le confiesa que no ha renunciado sino por causa de la intimidación y el miedo, y hace saber su propósito de conformarse «con todo lo que este mismo grande 26  Tomo el texto de este Real Decreto de la Antología de Fuentes (n.º 1164) del Manual de Historia del Derecho español, vol. II, de Alfonso García-Gallo, décima reimpresión, Madrid, 1984.

110

7.  La Corte de Carlos IV: La política interna

hombre quiera disponer de nosotros y de mi suerte, la de la Reina y la del Príncipe de la Paz», formalizando así un escandaloso trío de los monarcas y el favorito. En la misma carta adjunta un Acta de protesta declarando que «todo lo que manifiesto en mi Decreto del 19 de marzo abdicando la Corona en mi hijo, fue forzado por precaver mayores males y la efusión de sangre de mis queridos vasallos, y por tanto de ningún valor» 27. Carlos IV, pues, se despide dejando España en manos de Napoleón.

27 

La carta a Napoleón y el Acta de protesta, en Ibidem, n.º 1165. 111

8.  POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN ENELREINADO DE ISABEL II * 1 I. INTRODUCCIÓN En este ciclo de conferencias sobre Isabel II, me ha correspondido ofrecer un panorama general de la política y la Administración. Y voy a hacerlo, atendiendo tanto al período1833-1843, en que la futura reina es menor de edad y gobiernan las regencias, como sobre todo al propio reinado entre1843 y 1868. Y ello en base al siguiente esquema. En primer lugar una introducción al panorama político de la época. A continuación un examen del proceso constitucional. Luego la trama jurídica de códigos y leyes especiales. Y finalmente la situación de la Administración en sus tres planos de central, territorial y local.

II.  EL MARCO POLÍTICO A la muerte de Fernando VII (29 de septiembre de1833), su hija y heredera Isabel II no había cumplido tres años, por lo que se encargó de la regencia su madre doña María Cristina auxiliada por un Consejo de gobierno compuesto por eclesiásticos, nobles, militares y magistrados. Dos días después, el1 de octubre, don Carlos María Isidro publica el Manifiesto de Abrantes en defensa de sus derechos. Al asumir María Cristina las funciones de regente surgen los primeros levantamientos de voluntarios realistas, cuya alianza con los defensores del absolutismo tradicional tuvo como contrapartida la coalición de María Cristina con los liberales. La guerra enfrentará dos concepciones políticas y es además teatro de una pugna entre el mundo urbano, predominantemente liberal, y el *  Este texto, correspondiente a la intervención del autor en un ciclo de conferencias organizado por la Real Academia de la Historia sobre Isabel II, ha sido entregado para formar parte del Libro Homenaje al P. Gonzalo Martínez Díez, en recuerdo del maestro y amigo de tantos años.

113

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

del campo, donde los principios carlistas logran arraigo. En el ideario carlista, cuyo primer ingrediente fue el absolutismo monárquico contrarrevolucionario, concurren otros dos factores de suma importancia. De una parte, la cuestión religiosa, sobre todo a raíz de la política desamortizadora. De otra, por la preferente localización del movimiento en Vascongadas y Navarra, el problema foral. Frente a la amenaza laicista, el carlismo defiende una concepción religiosa tradicional y don Carlos se declara en sus proclamas «llamado por Dios para ocupar el trono español». Frente al uniformismo liberal, aunque no faltaran liberales vascos defensores del autonomismo, el carlismo se muestra decididamente foralista. La guerra, desarrollada en los dos frentes principales del país vasconavarro y del Maestrazgo, concluye con el Convenio de Vergara (1839) que significa el triunfo del liberalismo sobre el Antiguo Régimen. Su secuela jurídica, ya en la etapa siguiente, fue un decreto de29 de octubre de1841, que de hecho abolió el régimen foral vasco, aunque provisionalmente fuera restablecido tres años después; y sobre todo la importante Ley paccionada de16 de agosto de1841, la cual extendió a Navarra la organización política y judicial vigente en el resto de España, dejando sólo a salvo un residuo de autonomía administrativa y financiera 1. Los liberales, a su vez, se habían desenvuelto en los primeros años en un clima de compromiso razonable, del que fue reflejo el texto conciliador del Estatuto Real de1834. Sin embargo, tras el motín de la Granja, cuando dos años después otro pronunciamiento militar impuso por la fuerza un gobierno radical, el liberalismo quedó escindido en dos corrientes: progresista y moderado. El triunfo del liberalismo radical, para el que ya no sirve el modelo gaditano, tendrá su arquetipo en la Constitución de1837. En el campo del reformismo económicosocial y de las relaciones con la Iglesia, la acción de los progresistas se manifiesta a través de la campaña desamortizadora protagonizada por Mendizabal. Concluida la primera guerra carlista y asentado el régimen liberal, hubiera sido de esperar un gobierno en manos de la burguesía, según preconizaba el liberalismo doctrinario de la época. Pero tal como ha observado don Vicente Palacio Atard, autor de una lúcida interpretación del xix español 2, se produce entonces una aproximación de los políticos dirigentes a los militares de prestigio, en consonancia con el mito populista, entonces en boga, de exaltación del ejército. En esas circunstancias, un general de humilde cuna, Baldomero Espartero, aparece a modo de árbitro de las dificultades políticas que María Cristina atraviesa como regente en1840, por lo que se hace él mismo con la regencia que acumula a la presidencia del gabinete. La reina madre desaparece de escena y se instala en Francia. 1  Sigo la exposición de la parte VIII de mi Curso de Historia del Derecho. Fuentes e Instituciones político-administrativas, 3.ª ed., Madrid, 2003. 2  La España del siglo XIX. 1808-1898, Espasa-Calpe, 1978.

114

8.  Política y administración en el reinado de Isabel II

Si María Cristina había conducido el país en alianza con los moderados, Espartero intentó hacerlo apoyándose en los progresistas. Tuvo así enfrente a un gran sector del ejército, receloso de esa connivencia con los radicales, a los propios moderados, a la burguesía catalana –por la política de aquél favorable a los tejidos ingleses–, e incluso a los sectores sociales más extremistas. Cuando el general perdió el respaldo de su propio partido, la conjunción de todos le hizo caer. Tras unas sublevaciones en Andalucía y Cataluña, Narváez entra victorioso en Madrid y liquida el llamado cesarismo liberal de Espartero el mismo año1843 en que Isabel II, entonces mayor de edad, inicia efectivamente su reinado. *** Cuando en1844 Narváez disuelve las Cortes y convoca elecciones, su triunfo fue tan rotundo que sólo salió elegido un diputado liberal. No era sin embargo fácil que un frente tan amplio, vencedor de Espartero, bajo el señuelo de la «reconciliación de los partidos» pudiera ofrecer una alternativa de gobierno homogénea y sólida. Frente a las tensiones extremistas de derecha e izquierda se intentó y llevó a cabo un primer gran ensayo de centrismo político. La síntesis moderada tuvo, según su estudioso, el profesor Carlos Seco 3, tres claves principales, dos de ellas consumadas y una tercera inconclusa. La primera fue el propio ordenamiento constitucional, es decir, la Constitución de1845. La segunda, relativa a las problemáticas relaciones con Roma, se resolvió en el Concordato de1851. La tercera fue la posibilidad, frustrada, de cerrar el pleito dinástico mediante el matrimonio de la reina con el conde de Montemolín, primogénito del pretendiente don Carlos, proyecto defendido por el polígrafo catalán Jaime Balmes y que hubiera podido evitar la nueva guerra civil. Posiblemente, como dice Seco, ello constituía ya una «frontera insalvable para el asimilismo moderado». Al término de esa década tiene lugar la Revolución de1854, que se inicia con un pronunciamiento de militares conservadores en Vicálvaro (28 de junio), como protesta por el desgobierno y la corrupción, para derivar luego a la alianza con las fuerzas progresistas. A la vicalvarada madrileña siguieron así una serie de sublevaciones durante el mes de julio en Barcelona, Valladolid, Zaragoza y Valencia, cuyo triunfo posibilitó el gobierno Espartero-O’Donnell y una coalición moderado-progresista que durante dos años retuvo el poder. En1856 O’Donnell asume el restablecimiento del régimen moderado que él mismo había contribuido a derrocar con su participación en la vicalvarada. Eje 3  C. Seco Serrano, «Introducción» a La España de Fernando VII, de M. Artola, VII-XXXVI. También «España en la Edad Contemporánea», en J. R. de Salis, Historia del mundo contemporáneo, 2.ª ed., Madrid, 1966, I, 301-356 y II, 321-363. Y en la «Introducción» a Narváez y su época, de J. Pabón, 9-48.

115

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

del nuevo sistema fue un ecléctico centrismo, la Unión Liberal, compuesta, como ha observado Artola, por un amplio abanico de partidos que iba desde las tendencias moderadas a los progresistas de diversas filiaciones 4. Esta Unión Liberal, aunque quizás ayuna de ideología propia, representó una positiva aportación a la estabilidad política. Con cierto talante de modernidad e integración, de la que quedaron fuera carlistas y republicanos como extraños al consenso, la Unión Liberal representó, en frase de Raymond Carr, «un intento de conseguir gobernar con la anuencia de los gobernados» 5. Bajo esta coalición electoral, de la que formaron parte gentes de la izquierda moderada y progresistas templados, tuvo lugar entre 1858 y 1863 el gobierno largo de O’Donnell, que fue el de mayor duración de todos los que existieron en el reinado de Isabel II. Entre sus realizaciones más notables hay que destacar la recuperación de la imagen internacional de un país hasta entonces enclaustrado (Guerra de Africa, expedición a Cochinchina, episódica anexión de Santo Domingo e intervención en México), lo que despertó el optimismo nacional y revalorizó la imagen del ejército. A pesar de todos los éxitos, y a pesar también de la mayoría parlamentaria y del apoyo del ejército, esta segunda experiencia centrista sucumbió por males muy semejantes a los que destruyeron la primera. Rios Rosas, Alonso Martínez y Mon fueron algunos de los disidentes ilustres. La reina se negó a disolver las Cortes y O’Donnell hubo de dimitir en febrero de1863. En los cinco años y medio que transcurren desde la caída de O’Donnell hasta que Isabel II pierde el trono, se suceden siete gobiernos. Apoyada la Corona en la oligarquía palaciega, la desaparición de O’Donnell y Narváez, generales que habían presidido algunos de esos gobiernos, deja desguarnecido el trono. Tuvo lugar así un desviacionismo de las fuerzas políticas hacia posiciones extremas. El partido demócrata se orientó al republicanismo, mientras los progresistas desairados eran ya decididamente antidinásticos. Como ha destacado Fontana 6, para los demócratas solo era posible alcanzar el poder por medio de la revolución, mientras los progresistas, que durante un tiempo confiaron en que cualquier pronunciamiento obligara a la reina a llamarles al poder, concluyeron por desengañarse de tal posibilidad. La «oligarquía constitucional» de Isabel II, donde en observación del citado profesor había más funcionarios que electores reales, no permitía albergar muchas esperanzas de lo que saliera de las urnas. A un clima político depresivo, que arrastró al exilio a personalidades progresistas y moderadas (Pi i Margall, Castelar, etc.) se sumó la crisis económica. Todo apuntaba al M. Artola, Partidos y programas políticos. I. Los partidos políticos, Alianza Editorial, 1991, 257. España. 1808-1939, 2.ª ed., Ariel, 1970. 6  J. Fontana, La quiebra de la monarquía absoluta1814-1820 (La crisis del Antiguo Régimen en España), 3.ª ed. Barcelona, 1978. También, La crisis del Antiguo Régimen, 1808-1833, 2.ª ed., Barcelona, 1983. 4  5 

116

8.  Política y administración en el reinado de Isabel II

golpe de Estado. Prim fue el líder de la conspiración y en septiembre de1868 la conspiración triunfa. Isabel II se refugia en Francia.

III. LAS CONSTITUCIONES Durante las regencias y la minoridad de la reina, dos textos hay que considerar: el Estatuto Real y la Constitución de 1837. En el propio reinado, la Constitución moderada de1845. Estatuto Real. Tras acceder al poder Martínez de la Rosa, y considerando inadecuado restablecer la Constitución de Cádiz, acometió la ordenación de un nuevo cuerpo político. Con el nombre de Estatuto Real fue sancionado por la reina gobernadora el10 de abril de1834. Reflejo de un documento constitucional francés –la Charte de1814– configuraba una Corona de poderes limitados e introducía un sistema bicameral con un estamento de próceres, hereditarios o de nombramiento real, y otro estamento de procuradores elegidos. Partiendo de la distinción entre Constitución, texto elaborado por una asamblea soberana, Constitución pactada, fruto del acuerdo entre la asamblea y el monarca, y carta otorgada, ¿qué fue en realidad el Estatuto de1834? La controversia sobre su naturaleza jurídica se produjo ya en los mismos años en que estuvo vigente. Algunos de sus adversarios optaron con acritud por adjudicarle este último carácter, y un personaje como Avinareta llegaría a calificar el otorgamiento del Estatuto como «un verdadero insulto hecho a la soberanía nacional». Martínez de la Rosa, por el contrario, se negó a admitir la degradación constitucional de su obra, sosteniendo incluso que «nada se parece menos que el Estatuto Real a una Carta otorgada». Desde estos antecedentes polémicos, la doctrina tradicional lo ha valorado generalmente como carta otorgada, rechazando en consecuencia considerarlo como verdadera Constitución. No obstante, en los últimos años, su mejor conocedor, el profesor Tomás Villarroya, ha hecho acopio de argumentos para apartarse de ese juicio, destacando, por ejemplo, las diferencias entre el tono absolutamente concesivo del preámbulo de la Carta francesa –que atribuye toda la autoridad al rey– y el más ecléctico y dualista del Estatuto español. Para Tomás Villarroya, en fin, el Estatuto Real fue una Constitución otorgada, que cumplió los grandes objetivos de liquidar el régimen absolutista, conciliar el orden con la libertad, e introducir en nuestro país los mecanismos políticos existentes en las naciones más avanzadas. Constitución de1837.  Las Cortes Constituyentes tras el motín de La Granja se propusieron reformar la Constitución del12 en base a introducir el bicameralismo, eliminar del texto los preceptos propios de leyes de rango inferior, fortalecer la Corona e instituir un sistema de elección directa. Semejante tarea, presidida por el viejo líder gaditano Argüelles, concluyó con la redacción de una Constitución distinta, que en cierto modo representa el término medio entre la 117

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

de1812 y el Estatuto Real, integrando al tiempo aquellas instituciones beneficiosas del constitucionalismo extranjero que pudieran servir «para mantener la libertad». Técnicamente buena y de espíritu conciliador, la Constitución de1837 fue constantemente infringida. Jaime Balmes llegó a comentar con razón unos años después: «La Constitución no se ha observado en tiempo de guerra ni en tiempo de paz, ni durante la regencia de la reina madre ni en la de Espartero, ni tampoco desde la declaración de la mayor edad de Isabel II». Constitución de1845.  El acceso al poder de los moderados planteó la modificación de la Constitución de1837, posibilidad rechazada por alguno de los más lúcidos vencedores, al advertir que entrar en semejante dinámica significaba convertir la ley fundamental en instrumento cambiante del partido de turno. El gobierno de Narváez, no obstante, al disolver las Cortes decidió extender sus proyectos reformistas a la misma Constitución del Estado. Se acometía así una revisión de la Constitución progresista, y con ese carácter sancionó la corona el23 de mayo la nueva Constitución de1845, que introdujo importantes reformas. La más importante, sin duda, la desaparición del reconocimiento de la soberanía nacional, tema que había sido objeto de una brillante discusión parlamentaria. Frente a la oposición de los menos, que alegaban su validez teórica, así como la acogida de tal principio en las Constituciones europeas y hasta su apoyo en la tradición histórica española, los promotores del cambio consideraron la declaración de soberanía como superflua, abstracta y hasta inadecuada en sus efectos con la realidad del país. «Hay un hecho notabilísimo en España –decía Mon a propósito de esa soberanía nacional– que es de mucho peso, y es que cuando no ha estado consignado se ha llevado a efecto, y cuando lo ha estado no ha servido ni producido los fines que se deseaban. Por ejemplo, en el año1808 no estaba consignado este principio en ninguna carta constitucional y se levantó el país en masa ejerciendo la soberanía nacional; por el contrario en el año1823, estaba consignado en la Constitución de aquella época y los cien mil soldados franceses hicieron lo que quisieron». Junto a ello, fueron innovaciones destacables la nueva configuración del Senado, el distinto sistema de elección de los diputados al Congreso, y muy especialmente el suprimir la afirmación de la unidad de fuero de los españoles. Es de señalar asimismo su declaración más explícita de confesionalidad religiosa y el sustraer del juicio de jurados la calificación de los delitos de imprenta. Conviene decir además que la equiparación en el preámbulo de la Corona a las Cortes produjo una desmesurada ampliación de los poderes de aquélla, a lo que habrá que sumar la facultad reconocida al monarca –es decir, a Isabel II– de designar libremente a todos los senadores, con lo que controlaba absolutamente una de las dos cámaras, pudiendo además reunir, suspender o disolver la otra con muy escasas limitaciones. A esos defectos técnicos hay que sumar su gran defecto político: consagrar a ultranza las pretensiones de los moderados, o quizás 118

8.  Política y administración en el reinado de Isabel II

mejor, de los menos moderados de los moderados, con lo que la ley fundamental lo fue de un partido y hubo de ser derogada con el triunfo de los otros. En el bienio progresista de la Unión Liberal se redactó una nueva Constitución, la de1856, que a pesar de haber sido aprobada por las Cortes no llegó a ser promulgada. Tras la marcha de la reina y la revolución, en fin, la Constitución isabelina será desplazada por la de1869, de signo radicalmente contrario.

IV. LOS CÓDIGOS Y LAS LEYES Las Declaraciones de Derechos del hombre, las Constituciones y los Códigos fueron en el fondo productos de un idéntico espíritu que transformó el panorama jurídico de Occidente en las últimas décadas del siglo XVIII y durante el XIX. Bien entrada esta centuria se abrió así camino en España el proceso codificador que ya contaba en Europa, especialmente en Francia y Alemania, con logros bien notables. Procede en consecuencia examinar brevemente las realizaciones correspondientes a este período en el ámbito de la Codificación civil, procesal y penal. En el largo proceso de elaboración del Código civil, que se inició con el Proyecto de1821 y concluyó con el Código de1889, el reinado de Isabel II contempla un momento estelar, cual es el del Proyecto de mayo de1851, elaborado fundamentalmente por el navarro García Goyena. Ese Proyecto fue de corte centralizador y antiforal. El espíritu uniformista empapa el conjunto del articulado, pero es especialmente patente en algunos preceptos, como el que prohíbe en la regulación económica del matrimonio que los esposos pacten un régimen debienes conforme a fueros o costumbres. De forma taxativa, el último de sus artículos deroga el conjunto del derecho foral y consuetudinario. Semejante radicalismo, desconocedor de la vitalidad y empuje de la legislación foral, y sus posiciones también tajantes en otras cuestiones que rozaron los principios e intereses de la Iglesia (a la que un artículo, el608, negaba o limitaba su capacidad de adquirir bienes), impidieron que el Proyecto llegara a buen término. Pese a su indudable calidad técnica, que arropaba un cierto compromiso científico entre el antiguo derecho castellano y los adelantos del Código francés, el Proyecto de1851 fue incapaz de aniquilar el foralismo y desconocer, al tiempo, las pretensiones de aquella Iglesia con la que en el mismo año el Estado firmaba un Concordato. Era demasiado. No obstante, el esfuerzo de García Goyena y sus compañeros no resultó estéril pues habría de ser bien aprovechado treinta años más tarde, En ese mismo ámbito civil hay que destacar también lo relativo a la codificación procesal, pues1855, en pleno reinado de Isabel II, es el año de la primera Ley de Enjuiciamiento Civil, fruto del trabajo de una Comisión constituida a raíz de la entrada en el Ministerio de Gracia y Justicia de un animoso político, don José Castro y Orozco, marqués de Gerona. Figura destacada en este proceso de la 119

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

codificación procesal civil fue el jurista liberal Pedro Gómez de la Serna, persona viajada por Europa, pero que en esta tarea se volcó con verdadero fervor, y con más fervor que acierto, en las fuentes clásicas del derecho histórico nacional. Respecto a la Ley de1855 reconoce indulgentemente uno de los especialistas, el profesor Fairén que, si no fue capaz de delinear un proceso progresivo, al menos ordenó algo el panorama existente y clarificó muchas oscuras situaciones 7. Mejor valoración técnica, también en el ámbito civil, merecen algunas leyes especiales que regularon temas de vital importancia. Este es el caso de la Ley Hipotecaria de1861, formada a raíz de un proyecto preparado por la Comisión General de Codificación cuatro años antes. También la importante Ley del Notariado de1862, que sancionó la separación de la fe pública judicial y extrajudicial, estableció la unidad notarial al hacer desaparecer las diversas clases existentes de notarios y escribanos, y fijó finalmente el acceso mediante oposición ante las Audiencias. Por último, y de forma destacada, la Ley de Aguas de1866, que unificó el caótico panorama entonces existente y que ha sido calificada por Enterría como el monumento legal más prestigioso de la legislación administrativa del siglo xix. En otro ámbito distinto, el penal, hay que recordar que en el seno de la antes citada Comisión General de Codificación, el sector penal quedó en manos de un abogado granadino, Manuel Seijas, quien redactó un anteproyecto de código que fue aprobado en marzo de1848. El Código Penal del48, inspirado en el brasileño y el francés, armonizó con depurada técnica los principios de retribución e intimidación, estableció un riguroso sistema de garantías y fue quizás, pese a las contradicciones inherentes a su espíritu transaccional, lo mejor que se podía hacer entonces. La reconocida severidad del texto resultó acentuada por varios decretos dictados el año1850, y en especial por uno que agravó las penas de los delitos políticos. Para concluir este epígrafe, y aunque no hemos de ocuparnos del mundo económico que ya ha sido objeto de una conferencia independiente, permítaseme recordar unas leyes capitales que afectaron a la misma estructura del Estado. En primer lugar, respecto al proceso de disolución del régimen señorial, la Ley de26 de agosto de1837, la cual, en la espinosa cuestión de los títulos, arbitró una fórmula de compromiso consistente en eximir a los dueños de los señoríos solariegos de la obligación de presentarlos, y exigir en cambio el título de los señoríos jurisdiccionales objeto de incorporación. En segundo lugar, en lo relativo a la desvinculación de mayorazgos, el proyecto presentado a las Cortes al iniciarse la regencia de Espartero y que se convertirá en la importante Ley de19 de agosto de 1841. Finalmente subrayar la significación de este período en el trascendental campo de la Desamortización, pues él da cabida, junto a la famosa desamortización de Mendizábal y a la que hizo Espartero, ambas en la minoridad 7 

120

V. Fairen Guillén, Temas del Ordenamiento procesal. Historia. Teoría general, Madrid, 1969.

8.  Política y administración en el reinado de Isabel II

de la reina, a la más ambiciosa desamortización general de Madoz, que tuvo como eje, reinando ya Isabel II, la Ley de1 de mayo de1855, que con algunas alteraciones y paréntesis rigió durante toda la segunda mitad del siglo xix y que, en lo relativo a los bienes concejiles, llegó a estar vigente hasta el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo de1924. Por lo demás, los campos económicos particulares y determinados tuvieron sus propias leyes. Entre ellas destaca la Ley General de Ferrocarriles de1855, que remedió muchos desajustes anteriores (excepto el de la anchura de la vía, fijado en1844) y abrió una política de subvenciones y franquicias arancelarias. En el campo financiero, a su vez, es capital la Ley de Presupuestos de1845, que corresponde a la llamada reforma Mon-Santillán. Iniciada por el asturiano Alejandro Mon al tomar posesión del Ministerio de Hacienda en el gabinete Narváez, y con el concurso también de otro personaje, don Ramón de Santillán, esta Ley de Presupuestos, que renovó por lo menos la mitad del sistema tributario tradicional, aportó grandes novedades como el principio de la realidad del gravamen (es decir, aplicarlo a rentas reales o sectoriales y no a la genérica renta personal), y el principio de capacidad de pago, en función del acceso a los bienes de consumo. Curiosamente hay que hacer notar que las dos grandes reformas tributarias delxix –ésta y la posterior de Villaverde– fueron hechas por hombres de filiación conservadora. Resulta claro, en cualquier caso, que de la reforma Mon-Santillán arranca propiamente la historia del sistema tributario español contemporáneo.

V. LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, TERRITORIAL Y LOCAL Administración Central. Con el inicio del siglo xix se potencia y fortalece el sistema de las Secretarías del Despacho, mientras queda en muy segundo plano el viejo régimen de los Consejos que será liquidado en1834 al crearse en su lugar uno global llamado Consejo Real de España e Indias, que sólo duró dos años 8. Como vestigio del antiguo régimen polisinodial quedó, y sigue hasta hoy, el glorioso Consejo de Estado, pero convertido ya en otra cosa, un supremo órgano consultivo. En cuanto a las Secretarías del Despacho o Ministerios, la Constitución de Cádiz había fijado un gabinete de siete departamentos, dos de los cuales estaban destinados al gobierno de Ultramar. Poco antes de morir Fernando VII, en1830, se creó un Ministerio de enorme repercusión en el futuro, el de Fomento, que, a diferencia de los tradicionales, venía a representar la promoción y tutela de los 8  F. de Arvizu, «El Consejo Real de España e Indias (1834-1836)», en Actas del III Symposium. Historia de la Administración, Madrid, 1974, 381-408.

121

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

ideales defendidos la centuria anterior por la Ilustración 9, es decir, la felicidad y prosperidad de los súbditos. A los ojos de hoy, las competencias de este departamento resultan, por desmesuradas, casi increíbles: estadística, pesos y medidas, obras públicas, navegación interior, agricultura, ganadería, comercio, industria, universidades, escuelas, correos, ayuntamientos, sanidad, seguridad pública, moneda, minas, teatros, etc. Un modesto político, Victoriano Encima y de la Piedra, que para colmo era al tiempo Ministro de Hacienda, había sido el primero con optimismo suficiente como para hacerse cargo de todo aquello. Este Ministerio de Fomento, en la minoridad de Isabel II, cambió su nombre por el de Interior en1834 y por el de Gobernación en el año siguiente. También por entonces, con el gabinete de Martínez de la Rosa, se procedió a racionalizar la estructura de la Administración Central, creándose en todos los departamentos la figura del subsecretario y quedando además los Ministerios divididos en secciones o negociados generales. Por otra parte, al haberse producido ya la pérdida de buena parte del Imperio y la desaparición consiguiente del Ministerio de Indias, tiene lugar en1863 el sorprendente nuevo establecimiento del llamado Ministerio de Ultramar, fruto más del voluntarismo político que de otra cosa, pero que sin embargo llegó a subsistir hasta la hora agónica y final de1899 10. En cuanto al Consejo de Ministros hay que decir que, siendo su presidente desde la creación del Consejo el Ministro de Estado o de Asuntos Exteriores, en el reinado de Isabel II esa presidencia se configurará como cargo independiente 11. En 1840 accedió al cargo un personaje que ni siquiera era ministro, el general Espartero. Desde entonces el Presidente del Consejo es una figura orgánica distinta, representativa del partido político que ha alcanzado el poder, y a quien corresponde, tras ser nombrado por el monarca, la propuesta de designación del gabinete 12. Administración territorial. El21 de octubre de1833 el granadino Francisco Javier de Burgos accede al Ministerio de Fomento. Recibe entonces un nombramiento de la reina regente, donde ésta le encarga «que se dedique antes de todo a plantear y proponerme, con acuerdo del Consejo de Ministros, la división civil del territorio español». Burgos llega a un departamento descomunal donde casi todo debía estar por hacer, y se encuentra con que antes de todo ha de presentar 9  Sobre el Ministerio de Fomento, M. Santana Molina, Orígenes, antecedentes y evolución del Ministerio de Fomento, Universidad de Alicante, 2002. 10  E. Montanos Ferrin, «El Ministerio de Ultramar», en Actas del IV Symposium de Historia de la Administración, 557-578. 11  J. A. Escudero, Los orígenes del Consejo de Ministros en España, 2 vols., Madrid, 1979; «La creación de la Presidencia del Consejo de Ministros», en Anuario de Historia del Derecho español, XLII (1972), 757-767. 12  P. González Mariñas, Génesis y evolución de la Presidencia del Consejo de Ministros en España (1800-1875), Madrid, 1974.

122

8.  Política y administración en el reinado de Isabel II

el plan de organización de las provincias. No debía ser ciertamente apocado este hombre de Motril que en cuarenta y ocho horas crea en todas las circunscripciones los Subdelegados de Fomento y ordena publicar el Diario de la Administración, y que en veinte días había remitido el proyecto solicitado. El30 de noviembre del mismo año aparece un decreto con la nueva división provincial, vigente con algunos retoques nada menos que hasta hoy 13. La división de 1833 ha sido a veces tildada de artificiosa y geométrica, de desigual en el reparto (la provincia más extensa, Badajoz, es once veces mayor que la más pequeña, Guipúzcoa) y de algunas otras cosas. En todo caso la obra de Javier de Burgos se defiende sola, aunque nada más sea por el hecho de llevar a cuestas casi dos siglos y haber resistido en nuestros días el último gran embate del Estado de las Autonomías. Discrecional, desde luego, como cualquier reforma de este tipo, pero sólida, trabada y con más sentido histórico que las que le precedieron. Mejorable, no faltaba más, pero razonable, que no es poco. Desde entonces hubo en el régimen provincial algunos reajustes. El más pintoresco y efímero tuvo lugar con Espartero, quien llevado de un repentino amor a Logroño (de donde era su mujer), acrecentó el territorio de esta provincia en1841, aunque sus límites fueron de nuevo recortados cuando el general perdió el poder. Autoridad principal de estas circunscripciones fue el subdelegado principal del Ministerio de Fomento, que desde1834 recibió el nombre de gobernador civil. A partir de la importante Ley de Ayuntamientos y Diputaciones provinciales de8 de enero de1845 14, al frente de cada provincia aparece un jefe político que también preside la Diputación. Ahora bien, al existir al tiempo el intendente para la administración económica, se da de hecho en la cúpula provincial un confuso dualismo, provocando interferencias cuya solución fue reunir ambos cargos en uno solo. Por ello el decreto de28 de diciembre de1849 refundió las dos autoridades en una nueva figura, el gobernador de la provincia, que heredó las antiguas atribuciones de los «jefes políticos» y las económicas de los intendentes 15. Administración local. Concluyamos esta visión panorámica de las reformas políticas y administrativas del reinado, con lo relativo a la administración local 16. Punto de partida es el decreto de23 de julio de1835 «para el arreglo provisional de los ayuntamientos del reino», texto que mantiene la supresión de los oficios 13  Sobre la división provincial, G. Martínez Diez, «Génesis histórica de las provincias españolas», Anuario de Historia del Derecho español, LI (1981). 14  Sobre las Diputaciones provinciales en general, M. Santana Molina La Diputación provincial en la España decimonónica, Madrid, 1989. 15  M. A. Pérez de la Canal, Notas sobre la evolución del régimen legal de los gobernadores civiles, Madrid, 1964. 16  La visión clásica de esta materia se encuentra en los escritos de don Adolfo Posada. En concreto en Evolución legislativa del régimen local en España, reimpr., Madrid, 1982, y en sus Escritos municipalistas y de la vida local, reimpr., Madrid, 1979.

123

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

perpetuos, introduce la gran novedad del sufragio censitario (restringido a quienes posean cierta riqueza o ejerzan profesión que exija título), y acentúa la intervención del poder central, dejando al alcalde sujeto al gobernador civil. La dialéctica centralización-descentralización, autoritarismo-autonomía, había sido y seguirá siendo el eje de todas las alternativas programáticas del régimen local 17. En el período1836-1843, restablecido en lo que aquí interesa el sistema gaditano, los municipios lograron recuperar una cierta libertad y el centralismo resulta menos acusado. Hito principal de esta etapa fue la Ley de Ayuntamientos de1840, promulgada y suspendida el mismo año. Con su rehabilitación por un decreto de 1843, tiene lugar un nuevo giro conservador que reduce las atribuciones de la corporación municipal, a la que se prohíbe intervenir en negocios políticos, e institucionaliza un alcalde a quien corresponde la formación del censo electoral y que puede ser suspendido, como el ayuntamiento en su conjunto, por el jefe político. La restauración centralista se hace más ostensible con la Ley de Ayuntamientos de8 de enero de1845, de corte claramente autoritario y que deja a los municipios en manos del poder central y de las minorías oligárquicas locales. El alcalde es nombrado entre los concejales por el rey o el jefe político, quien ejerce una función de supervisión y controla el ejercicio presupuestario. Así pues, en resumen, el municipio isabelino fue fundamentalmente un municipio centralizado y sometido al poder político 18. Por lo demás, para controlar a los Ayuntamientos, al gobernador le bastaba con aplicar la ley. «No hay Ayuntamiento, por recta y honrada que sea su administración – sentenciará años después un experimentado político, el Conde de Romanones– capaz de resistir una buena visita de inspección». Y de hecho sabemos que cierta insumisa corporación fue suspendida en período electoral por no haber encendido todas las luces que debía. Para encontrar, en fin, un municipio más independiente y autónomo habrá que aguardar a las consecuencias de la Revolución del68, y en concreto a la innovadora ley municipal de3 de octubre de1877 que impuso un nuevo modelo que habrá de persistir hasta fin de siglo.

17  S. Martin Retortillo y E. Argullol, Descentralización administrativa y organización política. I. Aproximación histórica (1812-1931), Madrid, 1973. 18  J. García Fernández, El origen del municipio constitucional, Madrid, 1983. Un breve resumen de los principales problemas lo ofrezco en «Los orígenes del Municipio constitucional», en Estudios de Deusto. Homenaje al Profesor Don Pablo Lucas Verdú, vol. 51/1 (enero-junio2003), 155-168.

124

9.  LA NOBLEZA Y LOS ALTOS CARGOS DELAADMINISTRACIÓN EN LA ESPAÑA DELANTIGUO RÉGIMEN * 1 El aparato de gobierno de la monarquía española desde la unión de las Coronas de Castilla y Aragón muestra tres etapas distintas y bien diferenciadas: la correspondiente al llamado régimen polisinodial, es decir, de gobierno mediante sínodos o Consejos y Juntas, en los siglos xvi y xvii; la mixta de régimen polisinodial menguante y régimen ministerial (de los llamados Secretarios de Estado y del Despacho o ministros) en formación y creciente, sistemas ambos que coexisten en el siglo xviii; y la del régimen ministerial en exclusiva a partir del siglo xix hasta nuestros días. Por eso, si nos interesa analizar el papel de la nobleza en la Administración del Estado y en el aparato de gobierno entre los siglos xvi y xix, habremos de atenernos a las dos primeras etapas de las tres referidas Hay que decir también, como cuestión previa, que en la primera de esas etapas se advierten dos fases distintas. La que cronológicamente coincide con el siglo xvi, en la que los reyes gobiernan con los Consejos, donde se hace presente el estamento nobiliario, pero en cuya mecánica juegan un papel preferente los secretarios, que no eran nobles, sino gentes procedentes de la clase media. Y otra correspondiente al siglo xvii, en la que al frente del aparato de la Administración se sitúan unos nuevos personajes, los validos, nobles en su mayoría, que suplantan y desbordan a los antes poderosos secretarios y despachan directamente con el monarca o mandan en nombre de él. En la segunda etapa, en fin, en la que como hemos dicho decae el régimen polisinodial mientras emerge y se afianza el ministerial, habrá que indagar la presencia de la nobleza tanto en los ministros que van a más, como en los Consejos que van a menos. Así las cosas, y con estos presupuestos, examine*  Publicado en José Luis Soberanes Fernández y Rosa María Martínez de Codes (coordinadores), Homenaje a Alberto de la Hera, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008, 321-337.

125

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

mos el problema en los diversos reinados desde los Reyes Católicos hasta la llegada al trono de Fernando VII. ***

I.  SIGLO XVI: RÉGIMEN POLISINODIAL CON PREDOMINIO DELOS SECRETARIOS Cuando se produce la unión personal de las Coronas con Fernando e Isabel, una y otra se gobernaban por su Consejo respectivo. En el Consejo de Castilla la presidencia había estado reservada a los prelados y a la alta nobleza. Los grandes dignatarios eclesiásticos prevalecieron, habida cuenta de que de la nobleza laica solo ocupó la presidencia Álvaro de Portugal y Juan de Silva, Conde de Cifuentes. Por lo demás, la presidencia del Consejo de Castilla, el puesto de mayor rango en la estructura jerárquica del Estado, no constituyó un oficio de término en la carrera de la alta Administración, ni el último ascenso que podían esperar los consejeros, habida cuenta de que los reyes acostumbraron a nombrar presidentes a gentes provenientes de fuera, ajenas al Consejo y próximas a la familia real o a sus intereses. Así por ejemplo, el citado Álvaro de Portugal, tío de la Reina Católica 1. Además del presidente, ese supremo cuerpo de la administración castellana daba cabida a consejeros y letrados. Las Cortes de Madrigal de1476 ordenaron que residieran en el Consejo un prelado, dos caballeros y seis letrados, número que aumentó en las Cortes de Toledo de1480, las cuales dispusieron además en su ley32 que hubiera consejeros diputados para residir en el Consejo, personas con ese único título de consejero y las que lo eran por razón de su dignidad. Ello dio pie a una diferenciación estable entre altos consejeros eclesiásticos, nobleza titulada, maestres y comendadores de las Ordenes Militares y los que tenían a su cargo los principales oficios públicos o estaban acreditados en embajadas 2. En el Consejo de Aragón, en cambio, pareció predominar desde el principio un tecnicismo acusado. En la planta inicial del organismo, a fines del siglo xv, figuran personas originarias de esa Corona con el título de micer, es decir, doctores en ambos Derechos. Posteriormente el Consejo quedará compuesto del Vicecanciller que preside, y los regentes, aragoneses, catalanes y valencianos. Y como ese Consejo radicará en la Corte junto al rey, se va a acentuar su carácter técnico, en detrimento del rango social, quedando compuesto exclusivamente por juristas 3. 1  Salustiano de Dios, El Consejo Real de Castilla (1385-1522), Centro de Estudios Constitucionales, 1982, 247-248. Pedro Gan Giménez, «Los Presidentes del Consejo de Castilla (1500-1560), Chronica Nova1 (1968), 14 y ss. 2  Salustiano de Dios, El Consejo Real de Castilla, 255-256. 3  Jon Arrieta Alberdi, El Consejo Supremo de Aragón (1494-1707), Zaragoza, 1994, 340.

126

9.  La nobleza y los altos cargos de la Administración...

Sin embargo, al margen de esos dos grandes Consejos, o de otros entonces en formación (como los de Inquisición y Órdenes), en la España de los Reyes Católicos ya hacen acto de presencia en las instancias del poder los secretarios. De las cancillerías de Castilla y Aragón pasaron a la Corte de los reyes dos influyentes personajes, Gaspar de Ariño y Juan de Coloma, personaje éste que que aparece en los documentos relacionados con el descubrimiento de América, y que, a tenor del secuestro que se hizo de sus bienes al caer en desgracia, era dueño del castillo y lugares de la baronía de Alfajarín 4. En la etapa intermedia del reinado florecen otros secretarios, como Gaspar de Gricio, Zafra (especializado en los asuntos de la guerra de Granada), y, sobre todo, el aragonés Miguel Pérez de Almazán, oriundo probablemente de Calatayud 5. Y en la etapa final, la de las regencias de don Fernando, se imponen definitivamente los paisanos del monarca, los secretarios aragoneses como Conchillos o Pedro de Quintana, ambos de Tarazona. Conchillos fue comendador de Monreal, mientras Quintana era hijodalgo, obtuvo el hábito de Santiago y recibió la encomienda de Almendralejo 6. A ellos se refiere Gonzalo Fernández de Oviedo en sus Batallas y Quinquagenas con estas palabras: «Gran copia de secretarios aragoneses es la que habemos visto en tiempo del Rey Cathólico, y todos medrados y ricos en poco tiempo, y mejorados en nobleza de sus personas en renta e patrimonios» 7. Esto fue exactamente lo que pasó con aquellos servidores de los oficios burocráticos, de origen inicial modesto, pero mejorados por los reyes en sus armas, linajes y escudos, y en sus posesiones y encomiendas o a través de matrimonios ventajosos. Por otra parte, y en lo que respecta a Aragón, procede recordar que por encima de los secretarios estaba la figura del protonotario, cabeza de la real cancillería, que quedó adscrita a determinadas familias –los Clemente; los Villanueva– que, por lo mismo, adquirieron gran relevancia social 8. Los inicios del reinado de Carlos V van asociados a la presencia de flamencos en la administración del Estado. Entre ellos cabe destacar a tres. El primero, Guillermo de Croy, señor de Chièvres, duque de Arschot, que actuó como gran chambelán de Carlos V, y que resultó especialmente odioso a los ojos de los españoles. También Jean le Sauvage, señor de Escaubeque, que había sido Gran Canciller de los Países Bajos y que ostentando este cargo se trasladó a España. Y sobre todo a Mercurino Arborio de Gattinara, piamontés, consultor y agente de la duquesa Margarita de Habsburgo, que sucedió a Sauvage como canciller con José Antonio Escudero, Los Secretarios de Estado y del Despacho, 4 vols., 2.ª ed., 1976; en I, 15. Sobre Miguel Pérez de Almazán, véanse las Batallas y Quinquagenas de Gonzalo Fernándezde Oviedo, 4 tomos, ed. Real Academia de la Historia, 1983-2002; en II, 203-207, 6  Sobre Conchillos y Quintana, Fernández de Oviedo, Batallas y Quinquagenas, II, 209-213 y215-217. 7  Batallas y Quinquagenas, II, 215. 8  Juan Francisco Baltar Rodríguez, El Protonotario de Aragón1472-1707. La Cancillería aragonesa en la Edad Moderna, Zaragoza, 2001, 189 y ss. 4  5 

127

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

un título diferenciado de «Gran Canciller de todas las tierras y reinos del rey». Según ha señalado algún autor 9, Gattinara, gracias a la duquesa Margarita «preparaba su inclusión entre la nobleza borgoñona por medio de la compra del castillo de Chèvigny y de un trucaje genealógico por el cual pretendía que sus ancestros del linaje de los Arborio procedían de la nobleza borgoñona». Eran las sempiternas pretensiones de los políticos con poder y oscuro origen. Tras él, y otros dos personajes de menor fuste (Hannart y Lalemand) se cierra la presencia flamenca, dándose paso a una españolización de las instituciones, singularmente del Consejo de Estado, que había sido creado en1522 y que en1526 es reorganizado en Granada. En la suprema corporación de la monarquía, que gestionaba la política internacional y los más importantes asuntos internos, entran entonces altos eclesiásticos y nobles: el arzobispo de Toledo, los obispos de Osma y Jaén, el Duque de Alba y el Duque de Béjar. A la muerte de Gattinara en1530 el sistema de gobierno se organiza en base al equilibrio de dos personajes: el andaluz Francisco de los Cobos y el borgoñón Nicolás Granvela. Aquél se encarga del despacho de los asuntos del Mediterráneo y España. Éste de los de Flandes y Alemania. Granvela era un jurista que, antes de venir a España, había desempeñado diversos puestos, logrando una pequeña fortuna con la que compró el señorío del mismo nombre. Cobos tenía un origen todavía más modesto, y de creer a cierta leyenda de la época, habría encontrado casualmente siendo niño en una venta de Sierra Morena al secretario Hernando de Zafra, quien, satisfecho porque el muchacho le había facilitado tinta y papel, le incorporó a su servicio. Cobos procedía de familia relativamente humilde –fue hijo de un regidor de Ubeda–, pero, al igual que Granvela, la fortuna que logró en sus primeros cargos le permitió adquirir notoriedad social, casándose con doña María de Mendoza, hija de los condes de Ribadavia, que luego sería camarera de la emperatriz Isabel. Cobos a su vez, presente como secretario en varios de los más importantes Consejos de la monarquía, logró el adelantamiento de Cazorla y los títulos de comendador mayor de León y duque de Sabiote. Respecto a la importancia de la encomienda de León, hay que decir que entonces sólo había dos grandes comendadores de la Orden de Santiago, uno en Castilla y otro en León. «En resumen –puntualiza su biógrafo Keniston– se trataba de la más alta distinción que podía recibir un cortesano, algo así como una patente de nobleza, similar a la que tenían la familia de su mujer y su mujer misma» 10. La secretaría, pues, que había sido el trampolín de un matrimonio ventajoso, lo fue también de ennoblecimiento directo, pudiendo Cobos tener escudo propio: cinco leones rampantes sobre un campo de azur. 9  Véase José Martínez Millán, La Corte de Carlos V. Segunda Parte. Los Consejos y los consejeros de Carlos V, Sociedad Estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y CarlosV, vol. III, 166. 10  Hayward Keniston, Francisco de los Cobos, Secretario de Carlos V, Madrid, 1980, 117-118.

128

9.  La nobleza y los altos cargos de la Administración...

Cobos y Granvela fueron los dos ejes del gobierno del Emperador hasta que fallecieron ambos pocos años antes del retiro de Carlos V. En cuanto a los Consejos, se cumplía ya en esta época, como ha recordado Barrios 11, que en el de Estado se hicieran presentes los grandes señores, o los «nobles por linaje», mientras en los demás había mayor cantidad de hidalgos y letrados. Se apunta además el fenómeno, consolidado en el siglo xvii, de que la nobleza acapare las plazas de los colegios mayores, como medio para acceder luego, concluidos los estudios, a altos puestos de la administración. En lo que respecta al Consejo de Castilla, los presidentes siguieron siendo altos eclesiásticos, como Juan Pardo de Tavera, arzobispo de Santiago, o Fernando de Valdés y Fernando Niño, obispos ambos de Sigüenza. Un autor de entonces nos va a recordar que el Presidente de ese Consejo era en rango «el mayor cargo de España», lo que resulta más significativo si se tienen en cuenta las largas ausencias de Carlos V 12. En otros Consejos importantes, como el de Indias, la presidencia alterna entre eclesiásticos y nobles, siendo ocupada en esta primera mitad del siglo xvi por García de Loaisa (obispo de Osma; de Sigüenza; arzobispo de Sevilla; confesor del rey y cardenal), García Fernández de Manrique (Conde de Osorno) y don Luis Hurtado de Mendoza, marqués de Mondejar. En el Consejo de la Inquisición, en fin, consolidado también en la misma primera mitad del siglo xvi, los presidentes o Inquisidores Generales son eclesiásticos de alto rango, y junto al caso excepcional de Adriano de Utrecht, que llegaría a ser papa, hay que anotar varios arzobispos de Sevilla y cardenales (como Alfonso Manrique, García de Loaysa o Fernando Valdés) y el cardenal y arzobispo de Toledo Juan Pardo de Tavera. En el reinado de Felipe II, el reparto del poder, con ese sistema en equilibrio entre unos presidentes de Consejo y consejeros de Estado de elevada alcurnia, y los secretarios de extracción social inferior, pero que sin embargo prosperan en la escala social, se inclinará definitivamente en favor de estos últimos. Y ello porque aunque los grupos políticos de la Corte aparezcan liderados por nobles, y este es el caso de los que tuvieron por cabeza al príncipe de Éboli y al Duque de Alba, Felipe II organizará un sistema de despacho en el que él se entiende directamente con los secretarios de los Consejos y, por supuesto, con sus propios secretarios personales o privados. Con la mayoría de ellos el rey despacha por escrito. Y con algunos secretarios especiales, los del Consejo de Estado, los privados o los de la importantísima Junta de Obras y Bosques (especie de Patrimonio Nacional de nuestro tiempo), despacha además a boca, es decir, mediante entrevistas personales. Con ello se hace patente una cierta disociación entre el rango jerárquico de las personas (donde la condición de noble es muy relevante), y el 11  12 

Feliciano Barrios, El Consejo de Estado de la Monarquía española. 1521-1812, 1984, 234. Pedro Gan Giménez, El Consejo Real de Carlos V, Universidad de Granada, 1988, 162. 129

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

poder efectivo del despacho cotidiano, que ahora más que nunca está en manos de gentes de sencilla procedencia. Los nobles aparecen así al frente de facciones o grupos de poder en el Estado, y en esas facciones –resulta impropio hablar de partidos– se alinean los grandes secretarios. Detrás del príncipe de Éboli vemos al influyente secretario Francisco de Eraso, mientras el Duque de Alba cuenta en sus filas con otro secretario del rey, Gonzalo Pérez. Pero es el caso que Felipe II no sólo no exige un rango nobiliario a sus colaboradores, sino que incluso algunos de sus secretarios más íntimos y poderosos son personas de origen equívoco. Este es el caso del célebre Antonio Pérez, hijo del antes citado Gonzalo Pérez, que era clérigo, y del omnipresente Mateo Vázquez, que debió ser hijo sacrílego de un canónigo sevillano. Por lo demás, si la vida política en el reinado de Felipe II había girado bastantes años en torno al enfrentamiento de dos nobles, Éboli y Alba, y de sus seguidores respectivos, en una pugna que afectó incluso a las instancias regias (tengamos en cuenta que la casa del príncipe don Carlos era uno de los centros de la facción ebolista 13), otros dos políticos prominentes e influyentes serán altos eclesiásticos: el cardenal Espinosa, que fue presidente del Consejo Real e Inquisidor General, y que actuará a modo de privado de Felipe II entre 1565 y1572, y el cardenal Granvela, hijo de Nicolás, el consejero de Carlos V, que será llamado a la Corte como presidente del Consejo de Italia coincidiendo con la despedida de Antonio Pérez. En resumen, en el reinado de Felipe II los nobles y altos dignatarios eclesiásticos desempeñarán un liderazgo político, con independencia de que buena parte del poder efectivo esté en manos de unos secretarios con extracción social distinta, pero que prosperarán e incluso se ennoblecerán a través del poder que les dan sus cargos. Los nobles, además, tendrán principal asiento en los Consejos de Estado y Guerra. En aquél, de los49 consejeros que el rey tuvo, 11 fueron eclesiásticos y38 laicos. De los eclesiásticos, 7 fueron obispos o arzobispos; 4 cardenales; 2 confesores del monarca; 2 inquisidores generales, un comisario general de la Cruzada y dos caballeros religiosos de la Orden de San Juan de Jerusalén. A su vez, de los consejeros laicos, 3 pertenecían a la familia real y24 tenían título nobiliario.

II. SIGLO XVII: RÉGIMEN POLISINODIAL CON PREDOMINIO DE LOS VALIDOS El acceso al trono de Felipe III trajo consigo un brusco cambio. Al reparto del poder entre muchos, los nobles dirigentes de grupos cortesanos, los secretarios de los Consejos y los secretarios personales del rey, característico del reinado 13  Antonio Feros, El Duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de Felipe III, Marcial Pons, 2002, 44.

130

9.  La nobleza y los altos cargos de la Administración...

anterior, sucedió la privanza de uno solo, es decir, el régimen de valimiento. Y en este régimen, el Valido es ante todo un noble; un noble amigo del rey. Felipe II, ciertamente, había tenido privados, o gente que disfrutó de especial confianza, repartiendo de alguna forma el poder según hemos visto entre los secretarios de humilde origen y los relevantes nobles (al príncipe de Éboli, Ruy Gómez, se le llamó rey Gómez; y al cardenal Espinosa se le llamó el otro rey). Pero ahora la cosa cambia porque solo manda uno. «También ha dado y da mucho que decir la privanza de uno solo –dice un texto de la época 14–, cosa no aprovada por ninguna razón de Estado, y el prudentísimo rey Felipe II siempre lo aborreció». Felipe III al acceder al trono situó junto a él a don Francisco de Sandoval y Rojas. Con este personaje (quinto marqués de Denia, cuarto conde y después duque de Lerma) se inaugura la época –el siglo xvii– de institucionalización del valimiento, porque si ciertamente había habido validos antes (don Alvaro de Luna, por ejemplo) o los habrá después (Godoy), es en el siglo xvii cuando los validos se suceden unos a otros de forma regular y metódica, y el fenómeno de la privanza –con un privado único– cobra contornos institucionales precisos. Un noble, pues, Lerma, pasa a ser el número dos del Estado, y ello a modo de fenómeno de hecho pues el Valido no recibe nombramiento como tal. Lerma es, como otros muchos nobles, consejero de Estado, exactamente igual que lo será Olivares u otros validos, pero el valimiento no está refrendado por ningún título sino por la preferencia demostrada del rey. A lo sumo, cabe advertir que junto al nombramiento en la estructura política (de ordinario en los Consejos de Estado y Guerra), el Valido recibe otro alto nombramiento palatino en la casa del rey como caballerizo mayor, sumiller de corps o gentilhombre de Cámara. Lerma vivió en la cúspide política dos etapas. La primera, de1598 a1612, de poder indiscutido. La segunda, a partir de1612, cuando el rey hubo de recordar a los Consejos que había que obedecerle, de poder más problemático hasta que en1618 fue despedido. Y ¿qué sucedió entonces?. Pues que la crisis fue estrictamente personal y no afectó a que el monarca cuestionara la conveniencia de la institución del valimiento, una especie de asociación al trono, o a que un noble solo estuviera al frente del aparato del Estado, pues a Lerma le sucedió su propio hijo, el Duque de Uceda. Es de advertir así que si los secretarios solían agruparse por clanes familiares en los que los padres protegían y promocionaban a los hijos, los aspirantes a Validos también prosperan a veces en círculos familiares, pero otras se unen en facciones nobiliarias de corte político contra sus propios parientes, dándose el caso de que Uceda, el hijo, se convierta en cabeza de un grupo de nobles antilermistas (el conde de Altamira; el conde de Santisteban; el 14  Escudero, «Privados, Validos y Primeros Ministros», en el libro colectivo Los Validos, Dykinson, 2004, 20.

131

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

duque de Medina Sidonia; el duque de Alba, etc. 15 ) que conspiran contra su padre, hasta que logra sucederle en la privanza al morir Felipe III. Al iniciarse el reinado de Felipe IV, Baltasar de Zúñiga se hace cargo de los negocios del Estado, pero desde1622 gobierna su sobrino Olivares, quien alcanza el valimiento luchando contra otros sectores nobiliarios. Olivares pretendió desde el principio y logró la Grandeza de España, tal vez, como asegura Marañón, porque con ello satisfacía uno de los sentimientos característicos de su psicología: el rencor a los Grandes. Toda la vida pública de Olivares fue una lucha contra la alta nobleza, lo que denotará, según Marañón, «un concepto evidentemente menguado de la capacidad de la aristocracia española» 16, habiendo sucedido, en comentario del mismo autor, que «la desmembración de España la realizaron o la intentaron realizar estos nobles a los que fácilmente tomaba la plebe por cabeza: los Guzmanes y Braganzas en Portugal; Medina-Sidonia y Ayamonte en Andalucía; Híjar en Aragón, etc.» 17. Ya su contemporáneo Victorio Siri hacía notar hasta qué punto Olivares prefería para los cargos a gentes de condición mediocre, frente a los pertenecientes a las primeras Casas de España, subrayando la afabilidad del Valido con el pueblo en contraste con la altivez con la que trató siempre a los nobles. Tal vez por eso mismo Olivares se procuró innumerables títulos, y de ello da fe su testamento donde aparecen mezclados los títulos nobiliarios con los correspondientes a sus responsabilidades políticas, todos ellos de primera magnitud. Él otorga así testamento como Conde de Olivares, Duque de San Lucar la Mayor, Duque de Medina de las Torres, Marqués de Eliche, Adelantado Mayor de la muy noble y muy leal provincia de Guipúzcoa, Gran Canciller de las Indias, Comendador Mayor de Alcántara, Comendador de Víboras y Segura de la Sierra y de Herrera, Sumiller de Corps, Camarero y Caballerizo Mayor de S. M el Rey, de su Consejo de Estado y Guerra, Alcaide perpetuo de los Alcázares Reales de la ciudad de Sevilla, de la Casa Real del Buen Retiro y de la de Vaciamadrid y la Zarzuela, y Capitán General de la Caballería de España. Apartado Olivares, se hace cargo del valimiento su sobrino don Luis de Haro, el cual, pese a sus relevantes títulos (marqués del Carpio; conde-duque de Olivares y Grande de España), quiso que solo se le llamase Luis Méndez de Haro, o, más sencillamente, Luis de Haro, y con ese sencillo nombre aparece en los documentos 18. Regina M.ª Pérez Marcos, «El Duque de Uceda», en Escudero, Los Validos, 177-241. El Conde-Duque de Olivares (La pasión de mandar), Espasa-Calpe S. A., 3.ª ed., Madrid, 1952, 91 y ss. 17  Ibidem, 96, nota19. 18  Andrés Gambra Gutiérrez, «Don Luis Méndez de Haro, el valido encubierto», en Escudero, Los Validos, 277-309. 15 

16 

132

9.  La nobleza y los altos cargos de la Administración...

En el reinado de Carlos II, en fin, el primero de los validos, Nithard, es un alto eclesiástico, y el que le sigue, Fernando de Valenzuela, constituye la excepción a la regla del origen nobiliario de los validos. Valenzuela era de familia de militares y prospera en la Corte a través del matrimonio con una de las camareras de la reina. Será quizás por ello, y desde luego por su falta de sentido político, por lo que fue acosado por la alta nobleza, y mucho más a raíz de ser declarado Grande y probablemente Primer Ministro 19. Los que luego recibirán este título de Primer Ministro a fines del siglo xvii, que en cierto modo significa la institucionalización del valimiento, es decir, el duque de Medinaceli y el conde de Oropesa, son nobles, aunque es de hacer notar que ellos no llegan al poder por la libre designación del rey y su favor amistoso, sino en virtud de presiones y conjuras de camarillas políticas 20. Sobre esta trama de los validos, que ejemplifica la toma por los nobles del poder en la estructura política del Estado, procede ahora considerar dos cosas. En primer lugar, cómo fueron vistos esos validos por los mismos nobles o por el pueblo. En segundo lugar, indagar, en la apoteosis nobiliaria, qué había sido de aquellos sencillos secretarios que resultaron marginados. La nobleza mantuvo siempre una actitud crítica y de recelo respecto a aquellos de sus miembros que disfrutaron de la privanza. Naturalmente no se trataba de cuestionar la institución y mucho menos el que tuvieran que ser nobles los que la disfrutaran, sino que se criticaba al valido de turno porque se aspiraba a reemplazarle. Como ha escrito Tomás y Valiente, «cada noble dividía sus energías en un doble esfuerzo: censurar al antiguo valido e intrigar para sucederlo o, al menos, para que triunfase en la batalla de la sustitución el noble más amigo o familiarmente cercano» 21. De modo excepcional encontramos a algún noble, como el duque de Sesa, que rechaza la conveniencia de un valido único y defiende que sus atribuciones sean desempeñadas por todos los grandes. «Porque como la Monarquía se extiende a tan diferentes experiencias –escribe–, no es capaz uno de lo que apenas pueden serlo muchos». Pero en general, la nobleza no critica la institución del valimiento, sino que nobles concretos conspiran y luchan contra el que ha alcanzado el poder para ponerse ellos. Era el enfrentamiento, en fin, entre facciones nobiliarias. Los casos de Nithard y Valenzuela, que tuvieron que soportar una hostilidad extrema, se explican además por otros supuestos: la condición de extranjero del primero y la baja extracción social del segundo, amén de la falta de tacto de ambos. 19  Sobre Valenzuela, M.ª del Camino Fernández Giménez, «Valenzuela, Valido o Primer Ministro», en Escudero, Los Validos, 353-405. 20  Sobre la titulación de Medinaceli como Primer Ministro, véase M.ª Dolores Álamo Martell, «El VIII Duque de Medinaceli: Primer Ministro de Carlos II», en Escudero, Los Validos, 547-571. 21  Los validos en la monarquía española del siglo XVII, 117 y ss.

133

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

En cuanto al pueblo, no debió ver con buenos ojos ese encumbramiento máximo de algunos nobles, aunque ciertos escritores, como Pellicer 22, lo justifican como algo necesario o irremediable: «Ningún mortal puede vivir sin tener confidente con quien desabrochar sus cuidados y descansar sus obligaciones», comenta. Pero el caso es que el valido debe cuidar su imagen tanto respecto a la plebe como respecto a los otros nobles: «que el merecimiento más calificado que se mirare favorecido del Príncipe absoluto, se ha de ver luego desamado del ceño popular y mal quisto con los nobles», añade el propio Pellicer. Y un experto de los entresijos palaciegos como Antonio Pérez, en su Norte de Príncipes dedicado al Duque de Lerma, le aconseja tanto que «tenga contenta a la plebe», como «no indisponerse con los grandes, y también de que éstos no ronden demasiado las cercanías de trato con el rey» 23. El Valido, en fin, para conservar el poder, tenía que mirar hacia arriba (el monarca), para no perder su favor; hacia abajo (la plebe) para mantener una aceptable imagen y no generar crispación y descontento; y hacia los otros nobles, sus iguales, para prevenir cualquier maniobra y no verse desplazado. En cuanto a los secretarios, que pasan a segundo plano y pierden el despacho directo con el monarca, la ola nobiliaria que, con los Validos, parece invadir el panorama político del siglo xvii, también les afecta a ellos. Antes nadie se había preocupado de su extracción social, y menos que nadie Felipe II, pero ahora surgen teóricos que predican como cualidad deseable del secretario un origen noble. Así Bermúdez de Pedraza, aconseja al príncipe que cuide «en saber la prosapia del secretario, de quien fía su persona y la mística del reino; porque al bien nacido, la sangre noble de su natural le inclina a imitar a sus mayores en la virtud», y al elegir a los secretarios «el príncipe no ha de estar sugeto a futuros contingentes, pudiéndolos vencer en el principio la elección, eligiendo nobles por nacimiento, que pocas veces o ninguna degeneran en sus mayores la lealtad» 24. Y todavía más rotundo se mostrará González Guemes de la Mora, en favor de que los secretarios sean de noble ascendencia: «Para ministro de tan superior manejo –dice– fuerza es buscarle las ventajas desde la cuna, porque las prendas de su estimación, para ser durables, deben fundarse sobre la seguridad del nacimiento y sangre de sus mayores... porque tengo por incontrastable verdad que el ventajoso en sangre se ha de promover al puesto de que discurro. Y que el que no nació noble debe excluirse como inhábil para su administración» 25. En todo caso, en la vida real, alejados ahora los secretarios de las instancias regias, esas previsiones nobiliarias no se cumplieron. A lo sumo nos encontraremos con que alguJ. Pellicer de Tobar, Templo de la Fama, cit. en Tomas Valiente, Los Validos, 121. En Tomás Valiente, Los Validos, 154. 24  El Secretario del Rey, Madrid, 1620, 29-30. 25  Bernardo González Guemes de la Mora, El Secretario. En diez y seis discursos que comprehenden a todo género de ministros, Madrid, 1659, discurso I, 1-2. 22 

23 

134

9.  La nobleza y los altos cargos de la Administración...

nos de los secretarios de los propios validos son también nobles, según fue el caso de don Pedro Franqueza, Conde de Villalonga, con el Duque de Lerma.

III. SIGLO XVIII: RÉGIMEN POLISINODIAL MENGUANTE YRÉGIMEN MINISTERIAL CRECIENTE En el siglo xviii, como dijimos antes, persisten los Consejos cada vez con menos actividad y competencias, mientras a su vera se va conformando la estructura de los Secretarios de Estado y del Despacho, convertidos con los años en verdaderos ministros. Mediante la llamada vía reservada, el rey se reserva más y más asuntos que sustrae de los Consejos para entregarlos a los Secretarios del Despacho homólogos: del Consejo de Estado al ministro de Estado, del Consejo de Indias al ministro de Indias, etc. Desde el punto de vista de su composición, los Consejos mantienen una estructura semejante a la del siglo anterior, lo que quiere decir que volvemos a ver a la alta nobleza, junto a los eclesiásticos, apiñada en los Consejos de Estado y Guerra, y de forma más desigual y dispersa en algunos otros Consejos. En aquél, el de Estado, de los22 consejeros de Felipe V, 17 ostentaron título nobiliario; de los dos nombrados por Fernando VI, uno (Fernando de Silva Alvarez de Toledo) era duque de Huéscar y Alba, mientras el otro (José de Carvajal) era hijo de los duques de Abrantes. A su vez, en el reinado de Carlos III, de los20 consejeros laicos, 18 disfrutaron de título. Y en el reinado de Carlos IV, al término del siglo, la densidad nobiliaria se debilitó algo pues de los47 que él nombró, 25 tuvieron título, es decir, solo algo más de la mitad 26. En el Consejo de Castilla, su cabeza –Gobernador o Presidente– sigue siendo la figura prominente del Estado. En esta centuria aparece de ordinario como Gobernador del Consejo, y de hecho, el primer presidente nombrado en el siglo xviii, el Conde de Aranda, en abril de1766, era Grande de España 27. En cuanto a los consejeros, proceden como antes de los Colegios Mayores, y en el reinado de Felipe V, como ya había sucedido, todos los colegiales fueron juristas y cerca de la mitad de ellos fueron profesores de Derecho en las tres Universidades – Salamanca, Valladolid y Alcalá– más importantes de España. Los consejeros manteístas, a su vez, pertenecían a los estratos inferiores de la nobleza, a familias de pequeños hidalgos 28. En cuanto a esta alternativa o doble realidad de nobles y letrados, los autores distinguen la nobleza moral, fundada en la virtud, de la nobleza civil. Un trata26  27  28 

Barrios, El Consejo de Estado, 238. Janine Fayard, Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), Siglo XXI, 135. Ibidem, 53-54.

135

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

dista de fines del xvii, fray Juan Benito Guardiola, diferencia así aquella nobleza, que él llama teológica, de esta nobleza de estirpe o política, si bien ambas tienen un fundamento común. De todas formas, pese al peso y prestigio de la nobleza en aquella sociedad estamental, se deja ver a veces una concepción relativista de ella, y de la misma condición del rey. De forma muy desenfadada lo explicaría cierto regidor de Mérida, Bernabé Moreno de Vargas, en un tratado dedicado a Felipe III siendo príncipe: «La nobleza política... es sola una y su principio jurídico y verdadero es tomado y producido de la aceptación y gracia del rey... No hay rey que examinado el principio de su linaje, no se halle ser descendiente de algún esclavo, ni ay esclavo que no descienda de reyes, porque la variedad de los sucesos hizo que los unos subiesen y los otros cayesen. ¿Quántos hombres habrá en España del estado llano y común que desciendan de los nobles godos?... y por el contrario ¿quántos avrá tenidos por nobles que sus pasados no lo ayan sido?, porque todo esto causa el tiempo, la pobreza y la riqueza, la virtud y el vicio, con que los unos se escurecieron y los otros se aclararon, como lo dio a entender el proverbio español, que dice: De cien a cien a años, de reyes, villanos; de seis a seis, de villanos, reyes» 29. La fronda ministerial del xviii se formará a partir del oscuro y eficiente Secretario del Despacho Universal, cuyo cargo se desdobla y multiplica, y por ello sus primeros titulares, en el reinado de Felipe V, serán gente discreta y expertos técnicos. En esa época, sin embargo, el liderazgo nobiliario persistirá con la figura de la princesa de los Ursinos, personaje que bien podría ser considerada la primera Valida de nuestra historia política. Efectivamente, ella, hija del duque de Noirmutier, mujer primero del príncipe de Chalais y luego del príncipe Orsini, y más tarde viuda de nuevo, fue de entrada un personaje clave en que se decidiera a favor del pretendiente francés el pleito de la sucesión española, para convertirse a continuación en agente político de Luis XIV en la Corte de Madrid, camarera de la reina, y verdadera gobernante cuando Felipe V se ausentó a Italia. La presencia dirigente de la nobleza entonces es notoria además en cierto órgano de gobierno que instituyó el monarca, el llamado Consejo de Despacho, donde vemos al duque de Montalto, y también al marqués de Mancera, al conde de Monterrey y al duque de Medinaceli, que eran además entonces presidentes de los Consejos de Aragón, Italia, Flandes e Indias. Apartada la Ursinos, otros dos personajes extranjeros, de timbre nobiliario, aparecen en ese reinado al frente de la Administración. El primero fue el italiano Julio Alberoni, hijo de un jardinero parmesano pero que será ennoblecido como conde por el duque de Parma a cuyo servicio se trasladó a Madrid. Una vez aquí consiguió situarse por encima del incipiente cuadro ministerial que desde1717 29  Tratado de la nobleza y de los títulos y ditados que oy día tienen los varones claros y grandes de España, Madrid, 1591; cit. en Fayard, Los miembros del Consejo de Castilla, 171-172.

136

9.  La nobleza y los altos cargos de la Administración...

tenía tres departamentos. Como ha escrito Coxe, «Alberoni introdujo...un sistema nuevo que cambiaba esencialmente la dirección de los negocios de cada ministerio, y que ponía todo el poder en sus manos, constituyéndose él en depositario único de la confianza real y principal órgano de la voluntad del monarca» 30. Destituido en 1719, el segundo extranjero, también noble, en hacerse con el poder fue un personaje todavía más exótico, Riperdá, barón primero y duque después, holandés de origen, calvinista de religión, y que había sido espía y diplomático hasta que Felipe V lo encumbró en la Corte pese a las asechanzas del Santo Oficio que dudaba, y no sin razones, de la ortodoxia de su conversión. Riperdá fue nombrado secretario del Despacho o ministro por Felipe V, pero un ministro muy singular porque lo era en general, sin negociación señalada. Y como Riperdá no mandaba formalmente en nada, mandaba de hecho en todo, lo que ha dado lugar a que muchos hayan visto en él una especie de Primer Ministro sin título, o un nuevo Valido. Por lo demás es de advertir que en el mismo equipo ministerial aparece por vez primera algún noble, como es el caso del Marqués de Grimaldo, titular del ministerio de Estado o de Asuntos Exteriores 31. En el tránsito del reinado de Felipe V al de Fernando VI irrumpe como ministro un personaje de excepcional importancia, el Marqués de la Ensenada, que con esos reyes fue titular simultáneamente de tres departamentos: Guerra, Marina e Indias y Hacienda. Don Cenón de Somodevilla, de familia humilde, era hijo de un maestro de primeras letras de la villa riojana de Santo Domingo de la Calzada, y ascendió en la Corte merced al apoyo de la marquesa de Torrecuso, quien habría de recomendarle al rey para que, a la muerte de Campillo, le hiciera ministro. El Marqués de la Ensenada lideró el partido pro-francés en la Corte de FernandoVI, y cuando fue exonerado de sus cargos en1754, persistió durante años el llamado espíritu del Ensenadismo, del que hacían gala algunos nobles seguidores del Marqués, pero también gente plebeya y no pocos covachuelistas que habían medrado en las oficinas de los tres Ministerios que él regentó. El reinado de Carlos III se inicia con un equipo ministerial en el que destacan un español de probada experiencia administrativa, Arriaga, titular del departamento de Marina e Indias, y dos marqueses italianos, Esquilache y Grimaldi, que simbolizan la presencia de la nobleza en las altas instancias de la Administración. Esquilache había sido traído de Nápoles por el rey, y por su experiencia allí en

30  William Coxe, España bajo el reinado de la Casa de Borbón. Desde1700 en que subió altrono Felipe V hasta la muerte de Carlos III acaecida en1788, 4 vols., Madrid1846-1847. En II, 192. 31  Sobre la problemática institucional de Alberoni y Riperdá, Escudero, Los orígenes del Consejo de Ministros, 2 vols., Madrid, 1979, y la Introducción a Los Validos. También José Luis Bermejo Cabrero, «Sobre la caracterización institucional de Riperdá», en Anuario de Historia del Derecho español, LX (1990), 551-555, y Dionisio Perona Tomás, «Apuntes sobre el perfil institucional de Alberoni, Riperdá y Godoy», Anuario de Historia del Derecho español, LXVIII (1998), 83-150.

137

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

temas financieros fue nombrado en Madrid ministro de Hacienda, primero, y de Guerra después. Grimaldi era segundón de una casa ilustre de Génova y, tras ser protegido por el marqués de la Ensenada, quien le designó para varios desempeños diplomáticos, volvió a Madrid a fin de hacerse cargo del más importante de los ministerios, el de Estado. El marqués de Esquilache salió violentamente tras el famoso motín de 1766, aquella algarada iniciada en la plazuela de Antón Martín, que habría de convertirse en un levantamiento general reconocido como hito precursor en España de la Revolución Francesa. No es el caso ahora, ni es posible, examinar las motivaciones del Motín de Esquilache, pero si conviene recordar –en este repaso al papel de la nobleza en la política– que algunos autores llegaron a ver el Motín como una conjura organizada de eclesiásticos y nobles con la plebe como elemento de choque. El Marqués de Esquilache, en fin, fue cesado. Y el Marqués de Grimaldi hubo de dimitir poco después, recibiendo entonces la grandeza de España y el título de duque. Desapareció así de los cuadros ministeriales la nobleza italiana, pero se afianzó en cierto modo la nobleza española habida cuenta de que el nuevo hombre fuerte sería el Conde de Floridablanca, ministro de Estado y también ministro de Gracia y Justicia, que entre 1787 y1792 presidirá de hecho la llamada Junta Suprema de Estado, antecedente del ulterior Consejo de Ministros. Con Carlos IV, en fin, pasamos del siglo xviii al xix, y alcanzamos así el término de nuestro recorrido y el fin del Antiguo Régimen. Con unos Consejos en irremisible decadencia –habrían de ser suprimidos pocos años después– el poder está ahora únicamente en la estructura ministerial, y la lucha por el poder es la lucha por ser ministro o la lucha entre ministros. Convertido Floridablanca en personaje central, las antiguas fricciones de marqueses ministros van a ser sustituidas a fines del xviii por las luchas entre condes. Entre el conde que manda (Floridablanca) y el conde que quiere mandar (Aranda), nombrado al fin en1792 ministro de Estado. Es entonces cuando aparece el último personaje de nuestra trama. En plena tecnificación del oficio ministerial; cuando ya con la Junta de Estado se había tenido una experiencia anticipada del Consejo de Ministros, y al borde mismo del colapso del Antiguo Régimen, un sargento extremeño de la guardia de Corps, Manuel de Godoy y Faria encarna en pleno siglo xix, el revival de la vieja figura del valido, y quien sabe si, como pretende algún autor, el anticipo de la figura moderna del dictador 32. Godoy llegará a la Corte con diecisiete años, viviendo enseguida lo que su mejor biógrafo ha llamado el vértigo del ascenso 33: ayudante general de la Compañía española de Corps y brigadier de caballería; mariscal de campo con solo veinticuatro años y siete de antigüedad en el 32  Hans Roger Madol, Godoy. El primer dictador de nuestro tiempo, Madrid, Revista de Occidente, 1953. 33  Emilio La Parra, Manuel Godoy. La aventura del poder, Tusquets Editores, 2002, 78 y ss.

138

9.  La nobleza y los altos cargos de la Administración...

ejército; sargento mayor de corps con derecho a residir en palacio; teniente general y capitán general. Pero todo aquello, la carrera militar, e incluso la carrera política en la que fue nombrado ministro de Estado, eran en cierto modo unas vías de acceso a la alta nobleza, en la que aquel hidalgo de provincias entró al recibir el título de duque de Alcudia y, a continuación, la grandeza de España. Todo aquello, sin embargo, era demasiado precipitado y merece una reflexión final. Y la reflexión es recordar que los grandes de España hicieron lo posible por mantener las diferencias y no tutearle como era habitual entre ellos. Como ha comentado La Parra, «en esto seguían la costumbre arraigada de la alta nobleza castellana, meridianamente expuesta por el conde de Fernán Núñez... El monarca...tiene facultades para engrandecer a cualquiera, pero cuando el agraciado no procedía de casa con cualidades para serlo se le podía aplicar lo dicho a uno de ellos: “El rey puede hacerle a Vmd. Grande, pero Vmd. no será nunca gran cosa”. Con Godoy erró el vaticinio aristocrático, de ahí el marcado interés de grandes y pequeños en atribuirlo todo al capricho de la reina» 34. Pero de María Luisa no vamos a hablar. Sería demasiado.

34 

Manuel Godoy, 86-87. 139

10.  LOS EXTRANJEROS EN EL GOBIERNO DE LA ESPAÑA DEL ANTIGUO RÉGIMEN  * Es éste un tema sumamente atractivo porque al conocido fenómeno de la exaltación nacional, o de la exigencia de que los oficios de cualquier reino se den a los naturales de él, se contrapone el opuesto de la aparición de extranjeros en las tareas de gobierno. Así en un apresurado paseo por los reinados de los siglos xvi, xvii y xviii, nos encontraremos en los órganos rectores de la monarquía con consejeros y ministros procedentes de otros países. Y concluido el paseo con consejeros y ministros, saludaremos en el xix a un rey que trajimos de Italia. Veremos así, en esta hora en que la aldea global se ve amenazada por nacionalismos de toda laya, cuáles fueron las venturas y desventuras de aquellos que, siglos atrás, llegaron a mandar en un país que no era el suyo.

*** En el reinado de Carlos V la presencia de extranjeros no tuvo carácter individual o aislado, sino que alcanzó rango de fenómeno colectivo. Como es sabido, don Carlos vino a España acompañado de un séquito de flamencos, paisanos suyos, entre los que destaca el señor de Chièvres, personaje principal a quien había que recurrir para cualquier asunto, pues, como escribe el cronista Sandoval, «todo se había de proveer por su mano», y Mercurino de Gattinara, antiguo consejero de la princesa Margarita, hombre íntegro y humanista de acreditada formación, el cual sería distinguido con el título de «gran canciller de todas las tierras y reinos del rey», a lo que sumó más tarde otro de «gran canciller de las Indias». Gattinara era un piamontés que hablaba, junto a su italiano materno, latín, español, francés y alemán, contentando a todos pues podían tratar con él los negocios en su propia lengua. Hombre de amplios horizontes, organizó la *  Publicado en Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Enrique Lalaguna Domínguez, 2 vols., Universidad de Valencia, 2008; en II, 1469-1474.

141

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Administración central de la monarquía y bien pudo haber inculcado a Carlos V las pretensiones ambiciosas que cristalizaron en la idea imperial. Gattinara murió en Innsbruck el domingo de Pentecostés de 1530. Tras su muerte, Carlos V organizó el gobierno en base a una diarquía: por un lado el poderoso secretario andaluz, Francisco de los Cobos; por el otro, un nuevo flamenco, Nicolás Perrenot, señor de Granvela, luterano convertido al catolicismo y formado junto a la archiduquesa Margarita de Austria. Cobos y Granvela se repartieron todo: el andaluz se hizo cargo de España, Nápoles y Sicilia, y el políglota flamenco de los otros territorios de Europa. Con la abdicación de Carlos V y el acceso al trono de Felipe II se produjo una acusada españolización de las instituciones. Sin embargo, Felipe II, que tenía que gobernar Flandes y Portugal, echó mano años más tarde de dos personas de confianza, un flamenco y un portugués, Antonio Perrenot de Granvela, hijo de Nicolás, y Cristobal de Moura. Antonio Granvela, obispo de Arras, fue primero en los Países Bajos interlocutor de Felipe II, y en la cuestión de Flandes defendió hasta la extenuación los intereses del rey de España, concitando el odio de sus paisanos que exigieron su separación para llegar a un acuerdo. La ofensiva flamenca coincidió con el predominio de la política concesiva y de diálogo que patrocinó el Príncipe de Éboli y que luego se dio por fracasada, con lo que Granvela fue retirado o se retiró a Borgoña desde donde pasó a Italia. Allí estaba, convertido en cardenal, cuando tuvieron lugar los sucesos de Antonio Pérez, que movieron a Felipe II a traerle a Madrid como presidente del Consejo de Italia y responsable de los negocios de Francia, Alemania y Flandes. Granvela hijo, en todo caso, nunca quiso mezclarse en los asuntos de Castilla a fin de evitar, según decía, «los celos de los de aquí». En cuanto al portugués, Cristobal de Moura, fue un personaje principal, miembro de la Junta con la que Felipe II gobernó en los últimos años de su reinado, y una de las dos personas –el otro fue el gran secretario vasco Juan de Idiáquez– a las que el rey llamó siempre con el don por delante. Al borde de la muerte, Felipe II recomendó a su hijo tanto a don Juan –es decir, a Idiáquez– como a don Cristobal –es decir, a Moura–. Felipe III aprendió la lección a medias y sólo recogió a don Juan, teniendo don Cristobal que retirarse a Portugal. En los reinados de Felipe III y de Felipe IV, ya con el régimen de validos, no hay presencia extranjera en el aparato de gobierno. Cuando Felipe IV muere, instituye una Junta para que asesore a doña Mariana de Austria durante la minoridad de Carlos II. Pero las tensiones y conflictos de esa Junta, llevaron pronto a la reina regente a confiar sus dudas y zozobras al confesor, un extranjero, el padre Nithard, jesuita alemán de familia tirolesa. Nithard, nombrado enseguida Inquisidor General, lo que le situaba ex officio en la Junta de Gobierno, y valido de turno, hubo de hacer frente a la animosidad general y al odio encarnizado del hijo bastardo de Felipe IV, don Juan José de Austria, quien organizó un ejército 142

10.  Los extranjeros en el Gobierno de la España del Antiguo...

que se dirigió a la Corte con ánimo de expulsarle. Ante ello, doña Mariana hubo de despedir a Nithard para asegurar, según dijo, «la quietud pública», y el exvalido se refugió en Roma. Era la primera vez en nuestra historia moderna en que un político era destituido por problemas de orden público.

*** Con la llegada de la Casa de Borbón al iniciarse el siglo xviii, y el acceso al trono de Felipe V, hacen acto de presencia en Madrid una serie de personajes franceses que se integran en el llamado Consejo de Despacho, órgano creado para asesorar al rey de España, y en el que figuraban como miembros fijos el embajador de Luis XIV y un acreditado experto en economía y finanzas –un tecnócrata, diríamos hoy– llamado Jean Orry, el cual se convertirá nada menos que en primer ministro de Hacienda de España. Orry fue desde luego el primero de los franceses en hacerse con un departamento, y también el último, pero por encima de él hay que contar con una compatriota suya, una francesa, María Ana de la Trémouille, princesa de los Ursinos (título que tomó de su segundo matrimonio con el príncipe italiano Orsini), que fue primero agente de Luis XIV en la Corte de Madrid y tal vez quien decidió nada más y nada menos que el pleito de la sucesión de Carlos II en favor de Francia, para convertirse luego en camarera de la reina Maria Luisa de Saboya, y, lo que es más, en amiga predilecta de los reyes, artífice de la política internacional y mandamás de la administración del Estado. La Ursinos fue una verdadera valida de los reyes: la única mujer a la que cabe adjudicar ese título en la brillante nómina de privados y validos de Austrias y Borbones. En febrero de 1714 murió la reina María Luisa. Fue entonces, al hablarse en la Corte de la conveniencia de que Felipe contrajera matrimonio de nuevo, cuando un oscuro diplomático, el agente del duque de Parma en Madrid, Julio Alberoni, propuso el nombre de Isabel, sobrina y heredera del duque, la cual, por fortuna para Alberoni, se convirtió en reina. Isabel de Farnesio, al llegar a fines de ese año, lo primero que hizo fue echar a la Ursinos, quien abandonó España arrastrando en su caída a Orry. Desapareció así el partido francés y llegó la hora de los italianos, que ya tenían como avanzadilla en Madrid a un eclesiástico napolitano, el cardenal Giudice, que había sido nombrado tres años antes Inquisidor General. Convertido en protegido de su paisana la reina, Alberoni, hijo de un jardinero parmesano, se proyectó en una doble dimensión: la palaciega y la estrictamente política. Respecto a la primera, fue un personaje clave de las fiestas y diversiones cortesanas, a las que hacía traer flores de Mantua y disfraces de Venecia. Cuando quedó embarazada la Farnesio, el abate, experto en cocina, traía también de Italia buena parte de la comida, el vino, trufas en aceite y frambuesas, velando 143

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

por el rápido trámite de las mercancías en la aduana de Alicante para que los alimentos no llegaran estropeados. Tantas atenciones y cuidados no dejaron por cierto de surtir su efecto y la reina dio felizmente a luz a un niño que habría de convertirse en el futuro Carlos III. La autoridad de Alberoni alcanzó su cénit en julio de 1717, cuando fue nombrado cardenal. No obstante, la política internacional que él patrocinaba se tornó comprometida, haciéndose insoportable la presión de Francia e Inglaterra, cuya escuadra ocupó Vigo. El 5 de diciembre de 1719 Felipe V salió para El Pardo dejando firmado un decreto que ordenaba al cardenal abandonar Madrid en ocho días y España en tres meses. El rey rehuyó el incómodo trance de despedir personalmente a su colaborador, y actuó de esa manera. Alberoni salió hacia Francia, donde embarcó rumbo a Génova. Felipe V continuó gobernando con un gabinete de españoles, pero esto duró poco. Reorientada la política internacional con un acercamiento a Austria, la nueva alianza cristalizó en el Tratado de Viena de 1725, tratado que sirvió para la sorprendente promoción de un aventurero holandés, el barón de Riperdá, quien procediendo de una familia noble y católica, se hizo protestante, y más tarde, al ser nombrado embajador en Madrid, de nuevo católico, ingeniándoselas para presentar esta última conversión como obra de Isabel de Farnesio y de los jesuitas, lo que le reportó súbita fama y crédito. El Santo Oficio, sin embargo, menos impresionable y con harto sentido común, dudó de la sinceridad de sus convicciones y le abrió un proceso para analizar «su exterior conversión y reducción a nuestra santa fe católica». En esa eclosión del personaje tras el Tratado de Viena que él había urdido, en el mismo año 1725 el rey le nombró Secretario de Estado y del Despacho sin negociación señalada, o con otras palabras, ministro sin cartera, hecho insólito hasta entonces en la historia de nuestra Administración. Y como Riperdá, que además fue hecho duque y grande de España, no mandaba en nada concreto, potencialmente podía inmiscuirse en todo y mandar en todo, aunque preferentemente se aplicase a la política internacional. Tan insólita situación, entreverada de arrogancias, ligerezas y desplantes del holandés, no podía durar mucho. Y no duró mucho. Seis meses después Riperdá fue destituido y arrestado en el alcázar de Segovia, pero fiel a su agitada biografía, el ex-ministro escapó de allí descolgándose con unas sábanas hechas tiras, para huir a Inglaterra, y desde allí a Holanda. La guinda final fue exiliarse en Marruecos, donde al parecer anduvo en tratos de convertirse al islamismo. No se puede pedir más. Fernando VI, mantuvo en principio la españolidad del gabinete, contando nada menos que con el Marqués de la Ensenada y don José Carvajal. Pero cuando este último falleció en 1754, el ministerio de Estado fue entregado a un diplomático, irlandés de origen, don Ricardo Wall, nacido en Nantes en el seno de una familia de jacobitas irlandeses que se había refugiado en Francia a la caída de los 144

10.  Los extranjeros en el Gobierno de la España del Antiguo...

Estuardos. La presencia de Wall sintomatizará el triunfo del grupo anglófilo en la Corte frente al partido francés, acaudillado por un Ensenada antes todopoderoso y ahora en el destierro. El mandato de Wall, único ministro irlandés en la España del Antiguo Régimen, fue lo suficientemente conflictivo como para que él intentara enseguida dimitir. «No ignorais –confesó en cierta ocasión al embajador inglés– que soy extranjero en este país y que por lo mismo estoy completamente aislado». Tal afirmación no era del todo cierta, pues Wall contaba con la amistad y apoyo del rey, que llegó a confiarle un segundo ministerio, el de Guerra. De esta suerte, cuando Fernando VI muere en 1759, Wall, aunque cansado y dubitativo, era el ministro principal, al frente de los departamentos de Estado y Guerra. Y como el nuevo rey Carlos III era una persona somáticamente reacia a los cambios, Wall hubo de aguantar todavía cuatro años más, hasta que en agosto de 1763 consiguió que fuera aceptada su dimisión.

*** 1763 es el año que marca la segunda y más aparatosa entrada de los italianos en el gobierno de España. El nuevo monarca, Carlos III, que a su ascendencia italiana por vía materna sumaba el haber sido rey de Nápoles y Sicilia, era biológicamente tan italiano como español, pero sus colaboradores y amigos hasta entonces habían sido sobre todo italianos. No es así de extrañar que al encontrarse con la herencia del dimisionario Wall, los dos ministerios vacantes de Estado y Guerra los entregara a dos italianos. Como ministro de Estado, es decir, de Asuntos Exteriores, fue designado el marqués de Grimaldi, un segundón de casa ilustre de Génova, hombre de trato afable, atildada presencia y cuidadas maneras, conocido en la Corte como el bello abate. Carlos III confesaría a su íntimo Tanucci que había escogido a Grimaldi «por considerar que había falta de sugetos y que éste era el mejor de todos». A su vez, para el departamento de Guerra fue nombrado un siciliano, el marqués de Esquilache, a quien se le acumuló también el ministerio de Hacienda, por haber demostrado la experiencia, según decía el propio rey, «que para bien del servicio convenía siempre que fuera posible la unión de estos dos ramos». En manos de italianos, pues, quedó la práctica totalidad del gobierno de la monarquía. Esquilache apareció ante el pueblo como un auténtico ministro del Interior, encargado de la política de abastos, del fomento de las fábricas y vigilante de las medidas de policía y orden. Así las cosas, una real orden que prohibió el uso de capa largo, sombrero redondo y embozo, fue el detonante para que el pueblo de Madrid se echara a la calle en la plazuela de Antón Martín, convirtiéndose la algarada inicial en una marea de protestas y tumultos extendida luego a otras varias ciudades. Este motín, el Motín de Esquilache, que ha sido tenido en la his145

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

toria de Europa como preludio a la Revolución Francesa, obligó a Carlos III a destituir a Esquilache, que partió rumbo a Italia, sustituyéndole por un ministro español. La expulsión de Esquilache hizo quebrar el predominio italiano y Grimaldi quedó como único extranjero en un gabinete de españoles. A partir de entonces, la dinámica política tuvo como referencia las tensiones entre este ministro italiano y un nuevo y poderoso personaje español, el Conde de Aranda, embajador en París. El acoso de Aranda y el rechazo de Francia y Portugal condujeron a Grimaldi a una situación límite que se tradujo en su dimisión, presentada y aceptada en noviembre de 1776. El ministro italiano mantuvo hasta el final un tono de dignidad y decoro, consiguiendo evitar que su enemigo Aranda, que tanto había maniobrado desde París, le sucediera en el cargo, y consiguiendo además un curioso trueque con uno de sus amigos, el Conde de Floridablanca, que era entonces embajador en Roma. «Vamos a poner a uno de los nuestros», comentó Grimaldi. Y efectivamente Floridablanca pasó al ministerio de Estado, y Grimaldi a la embajada. Con aquel episodio quedaba clausurada la presencia italiana, y de los extranjeros en general, en el gobierno de la España del Antiguo Régimen.

*** Hablábamos al principio de un paseo por los siglos xvi, xvii y xviii, y el paseo ha concluido. Pero decíamos también, en este examen a vuela pluma de la presencia extranjera en el gobierno de España, que habríamos de saludar y despedirnos en el siglo xix no ya de ministros, sino de un rey extranjero, un rey italiano, don Amadeo de Saboya. El preludio es muy simple. Con el derrocamiento de Isabel II y su exilio en Francia, las Cortes Constituyentes aprobaron una nueva Constitución y eligieron regente al vencedor de Alcolea, el general Serrano. Y pese a que los revolucionarios habían destronado a Isabel II, el gobierno provisional y la Constitución reconocían la monarquía como forma de gobierno. Así pues España era un reino sin rey, y en consecuencia había que buscarlo. Y el responsable en última instancia de buscarlo era un personaje de alto rango, Prim, convertido en presidente del gobierno. La búsqueda se tradujo en un complejo proceso en el que se requirió a diferentes candidatos de casas reales europeas, y hasta en España al general Espartero que vivía retirado en Logroño y que tuvo el sentido común de declinar la invitación. Al final resultó triunfadora la candidatura italiana y don Amadeo aceptó el trono, encontrándose al llegar con la infausta noticia del asesinato de Primm. Aquel enigmático magnicidio, con la desaparición del más prestigioso de los promotores de don Amadeo, constituía un negro augurio del nuevo reinado. 146

10.  Los extranjeros en el Gobierno de la España del Antiguo...

La complejidad del panorama político, en el que se intentó sin éxito un sistema bipartidista con los grupos constitucionalista y radical, abocó a la inestabilidad de los sucesivos gobiernos, y a que se agudizaran los problemas de ultramar o la indisciplina del ejército en la metrópoli. Según ha escrito el Conde de Romanones, «ante el espectáculo que ofrecía la política española, don Amadeo, cruzándose de brazos, exclamaba Siamo in una gabbia di pacci. ‘Estamos en una casa de locos’, Y no le faltaba razón». Por otra parte, la vida del rey fue objeto de críticas y comentarios, a los que se sumaba el recelo ante un monarca extranjero. En suma, todo parecía mal. Así lo reflejó el comentario de un periódico de entonces: «¡Pobre nuestro soberano: haga lo que haga es criticado!. ¿Sale de paseo? Entonces no cumple con su deber quedándose a trabajar en el palacio. ¿Permanece en el palacio? No quiere saber lo que piensa el pueblo. ¿Sale y no mira a nadie? Es orgulloso. ¿Mira a la gente? Es que va en busca de hermosas mujeres. ¿Pasea elegantemente vestido? Es vanidoso. ¿Viste calesera? Es ridículo. ¿Da limosnas? Total, es el pueblo el que paga, ¿No las da? Es tacaño. ¿Recibe a los conservadores? Está traicionando a la revolución. ¿Recibe a los radicales? Durará poco. ¿Se acuesta temprano? Es un niño. ¿Se va dormir tarde? Es un noctámbulo. ¿Sale a caballo? Cuida demasiado las formas. ¿Sale a pie? Es vulgar. ¿Va solo? Es un provocador. ¿Va acompañado?. Tiene miedo.»

Con tal panorama, ante el Congreso y el Senado reunidos, don Amadeo renunció a la corona el 11 de febrero de 1873. Aquel mismo día fue proclamada la primera República. Consideraciones finales Los ministros extranjeros presentes en el Estado absoluto del Antiguo Régimen, aparecen bien formando parte de un grupo (los flamencos con Carlos V, los franceses con Felipe V o los italianos con Carlos III), o de forma individual o aislada, según fue el caso de Granvela o Moura con Felipe II, de Nithard con Carlos II, de Alberoni y Riperdá con Felipe V o de Wall con Fernando VI. Normalmente, y como es lógico, la xenofobia fue más acusada en el primer caso, lo que denota el rechazo frontal a la intromisión de grupos extraños, y el grado de tolerancia mayor en el segundo, si bien en ambos hay cuando menos recelo y desconfianza hacia el extranjero que manda. Los ministros extranjeros terminaron de ordinario mal y, por lo común, su gestión no concluyó pacíficamente con la muerte en el cargo, sino con la dimisión o el cese, e incluso con la expulsión violenta. El canciller Gattinara en la España de Carlos V aparece como la excepción que confirma la regla. Granvela fue marginado en sus últimos años por Felipe II. Felipe III apartó al portugués Moura, antiguo colaborador de su padre. Nithard fue expulsado de la España de Carlos II, y con Felipe V Alberoni recibió la orden de marcharse, mientras 147

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Riperdá hubo de dimitir. Y ya con Carlos III, Esquilache protagonizó una salida violenta que a punto estuvo de costarle la vida. En cuanto al rey italiano, don Amadeo, su caso es de absoluta excepción. En primer lugar por ser el único ejemplo en esos siglos de monarca elegido. Y en segundo lugar por el carácter semiforzado de su abdicación. Antes de él habían abdicado plácidamente Carlos V y Felipe V (aquél en Felipe II y éste en Luis I), y de forma claramente forzada Isabel II. La renuncia de Amadeo de Saboya, voluntaria y obligada por las circunstancias para evitar males mayores, prefigura en cierto modo la que protagonizará un siglo más tarde Alfonso XIII. Aquélla dio paso a la Primera República. Esta a la Segunda. Experiencias ambas, a la luz de lo que pasó, no ciertamente gloriosas.

148

ii ordenación territorial y decretos de nueva planta

11.  INTRODUCCIÓN A LA GÉNESIS TERRITORIAL DE ESPAÑA  * I.  ALLEGRO: INTRODUCCIÓN A LA INTRODUCCIÓN La Administración pública en sus tres niveles (central, territorial y local) ha vertebrado el esqueleto y armazón del Estado desde su constitución en España a fines del siglo xv o principios del xvi, siguiendo cada uno de esos tres niveles una particular trayectoria evolutiva en el seno armónico del conjunto. Así la Administración Central pasó de un régimen polisinodial o de Consejos, vigente en los siglos xvi y xvii, a otro de Ministros desde el xix, con un siglo intermedio, el xviii, en el que convivieron ambos. En el otro extremo, la Administración Local cristalizó inicialmente en el cabildo o regimiento de los Austrias, controlado por el corregidor como delegado regio, para transformarse luego con las reformas de Carlos III a fines del xviii, y, sobre todo, con la gran mudanza postrera, a raíz de la Constitución de Cádiz, que dio paso al municipio constitucional. En cuanto a la Administración Territorial, construida la monarquía de los Austrias en base a la unión personal de las Coronas de Castilla y Aragón (figurando en aquélla el reino de Navarra y las Indias, incorporados a Castilla, y en ésta los territorios italianos que formaban parte de la Corona aragonesa), esa Administración Territorial se acomodó y ajustó desde el principio a las estructuras de reinos, principados, ducados o condados que integraban la multiforme monarquía universal, con una institución básica, el virreinato, que si desde luego fue importante en Europa (España, Italia, Portugal), habría de ser mucho más que importante en América. En sus inicios, pues, la organización territorial aparece como sumamente elástica, versátil y acomodaticia, a tono con un Estado de estructura plural y fisonomía política heterogénea. *  Esta Introducción corresponde al libro colectivo, dirigido por el autor, Génesis territorial de España, publicado por El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2007, 23-35.

151

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Así las cosas, si en la historia de la Administración Territorial del Estado es posible rastrear en los tiempos antiguos unos precisos antecedentes (la división provincial de Hispania con romanos y visigodos; el régimen condal castellano o los merinatos, veguerías y justiciazgos de la Corona de Aragón), en los cinco siglos que van desde los albores del xvi a este despertar trepidante del xxi, parecen perceptibles tres hitos fundamentales o transformaciones decisivas. El primero y más importante, que mudó la faz misma del Estado, tuvo lugar a principios del xviii, cuando, como consecuencia de la Guerra de Sucesión y de la presunta infidelidad de la Corona de Aragón al triunfador de la contienda, Felipe V, el nuevo rey abolió los fueros de Aragón y Valencia en 1707, y dictó luego una serie de decretos, los de Nueva Planta, que, entre otras cosas, dieron nueva planta a las Audiencias, desmontaron la organización política autónoma de aquella Corona e introdujeron la de Castilla, con lo que se produjo algo así como la uniformización o castellanización jurídica de España. Desapareció en consecuencia el órgano político de la Corona de Aragón, el Consejo, común a los diversos territorios peninsulares (Reinos de Aragón, Valencia y Mallorca; Principado de Cataluña) y mediterráneos, y desaparecieron sobre todo las Cortes, constituyéndose unas fantasmagóricas Cortes nacionales o cuasi-nacionales (por la persistencia simultánea de las Cortes de Navarra) que, con la concurrencia de procuradores de Castilla, Aragón, Cataluña y Valencia, se reunieron a lo largo del siglo xviii en Madrid solo media docena de veces. En lo que respecta específicamente al gobierno territorial, el nuevo régimen floreció sobre los Intendentes de provincia, y, sobre todo, sobre los doce Capitanes Generales (siete en Castilla, cuatro en Aragón y uno en Navarra), cuyos titulares eran la máxima autoridad políticoadministrativa del distrito, amén de presidentes de la Audiencia. Liquidado el Antiguo Régimen, y tras el giro revolucionario de las Cortes de Cádiz que habían previsto realizar «una división más conveniente del territorio español por una ley constitucional, luego que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan» (art. 11), tuvo lugar en el siglo xix la segunda gran reforma de nuestra Administración Territorial: la relativa al régimen provincial. Así, a raíz de cierto ensayo hecho en 1822, en octubre de 1833 un ilustre granadino de Motril, Francisco Javier de Burgos, accede al Ministerio de Fomento y presenta en veinte días el proyecto que se le había pedido de organización provincial. El 30 de noviembre del mismo año se hace público un decreto con la nueva división en provincias, vigente con algunos retoques nada menos que hasta hoy. Cierto es que esa reforma de 1833 ha sido tildada de artificiosa y ahistórica (ajena a las sacrosantas circunscripciones de los reinos); de desigual en el reparto (la provincia más extensa, Badajoz, es once veces mayor que la más pequeña, Guipúzcoa) y de algunas otras cosas. Pero como es notorio, la obra de Javier de Burgos se defiende sola, aunque nada más sea por llevar a cuestas ciento setenta y tantos 152

11.  Introducción a la génesis territorial de España

años y haber resistido en nuestro tiempo el último gran embate del Estado de las Autonomías. O haberlo resistido hasta hoy. Toquemos madera. La tercera y última gran reforma de la Administración Territorial tiene que ver con la implantación de ese Estado de las Autonomías a fines del siglo xx con la Constitución de 1978, que si bien mantuvo a trancas y barrancas el esquema provincial, alteró en profundidad el regional que desde mediados del xix venía siendo objeto de debate académico (y de vez en cuando también de algaradas no académicas) por federalistas y nacionalistas. Baste recordar al respecto que ya el Proyecto de Constitución Federal de la República Española presentado a las Cortes Constituyentes de 1873, hablaba de una nación española compuesta de diecisiete Estados (art. 1), aunque el desbarajuste cantonal y la suspensión de las Cortes impidieran que se aprobara. Lo que ya no quedó en papel mojado fueron las previsiones de la Constitución de 1931 de un «Estado integral compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones» (art. 1.º), y la posibilidad de que algunas de ellas «con características históricas, culturales y económicas comunes», se organizaran como regiones autónomas con su correspondiente Estatuto (art. 11). Tras este precedente, la formalización del proceso de autonomía regional se ha llevado a cabo, como es bien sabido, por la Constitución de 1978, la cual, dando por sentada «la indisoluble unidad de la Nación española», reconoce «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones», y ordena en su título VIII la nueva organización territorial del Estado.

II.  ADAGIO: CONTENIDO DEL LIBRO Hablábamos antes de los tres hitos o momentos señeros (Decretos de Nueva Planta/División provincial de 1833/Estado de las Autonomías) perceptibles en la historia de la organización territorial de España, y de la peculiaridad evolutiva de cada uno de los tres niveles (central, territorial y local) que conforman la Administración del Estado. Ahora bien, si resulta cierta esa peculiaridad y autonomía, también lo es su interdependencia y recíproca servidumbre, habida cuenta de que la articulación tanto de lo territorial como de lo local dependen en última instancia de la idea misma que se tenga del Estado. Es así claro que a un Estado centralista y liberal, como el que por ejemplo fue edificado en Cádiz, corresponde una organización provincial more geometrico y un tanto monocorde, o un municipio dependiente cuyo preboste máximo era aquel jefe político que merodeaba por la Constitución del 12. El credo regionalista o nacionalista, en cambio, proclama la variedad y las diferencias, o, más exactamente, proclama eso desde las circunscripciones territoriales hacia arriba, hacia el Estado, como base legitimadora de sus reclamaciones autonomistas o soberanistas, pero mantiene un empedernido silencio en todo lo que atañe a la autonomía municipal. Porque cabría decir, by the way, que un tema no menor en el día de hoy y en la hora de 153

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

ahora, cuando se enzarzan los paladines del Estado y de las Comunidades Autónomas, es: ¿quién defiende al municipio?. Pero, en fin, vengamos a este libro y a su estructura y contenido. Que tiene que ver –digámoslo ya– con las mencionadas efemérides de nuestra historia político-administrativa, y en concreto con la celebración en este 2007 de los trescientos años del primero y más importante de los decretos de Felipe V, el que se dio para Aragón y Valencia el 29 de junio de 1707. Surgió así, en consonancia con esto, el proyecto de un grupo de estudiosos, promovido y tutelado por el Justicia de Aragón, D. Fernando García Vicente, de elaborar una visión de conjunto de los Decretos de Nueva Planta. Más tarde, sin embargo, y teniendo en cuenta que con la aprobación del Estatuto de Cataluña y los que han venido y vendrán después, estamos asistiendo a una revisión encubierta y quizás incluso fraudulenta de la Constitución del 78, pareció oportuno ampliar la indagación de la Nueva Planta catalano-aragonesa a la historia político-administrativa de otros territorios (País Vasco, Navarra y Galicia) que confluyen en el problema común de la vertebración territorial de España. Con tal planteamiento, el contenido del libro queda de la forma que sigue. Lo relativo a los Decretos de Nueva Planta en la Corona de Aragón es estudiado en cada uno de los reinos tradicionales (Aragón, Valencia y Mallorca), en el Principado de Cataluña y en el reino incorporado de Cerdeña. Respecto a Aragón, que vivió entre otras cosas un decreto derogatorio en 1707 y otro parcialmente rehabilitador en 1711, quien esto escribe intenta ofrecer un panorama general del contexto político de la reforma, pretendiendo aproximarse a su significación efectiva y al problema de quién o quiénes fueron realmente responsables de ella, así como a la estirpe ideológica (española o francesa) de la decisión de suprimir los fueros. Tras ello, el profesor Morales Arrizabalaga, de la Universidad de Zaragoza, analiza la recuperación de la iurisdictio regia, presentando desde la época medieval Fuero y Derecho como modelos institucionales alternativos de la monarquía hispánica, para concluir, tras el examen de los textos legales, con una exposición de lo que hicieron destacados miembros de la Audiencia a fin de remediar el vacío normativo que dejaban los decretos. En todo caso, la reforma, para él, no tuvo un modelo institucional definido, persistiendo la mayor parte de los fueros de Cortes y la práctica totalidad de las Observancias. A continuación, Juan Francisco Baltar, profesor también en Zaragoza, se ocupa del establecimiento del Real Acuerdo en Aragón, cuyo modelo de gobierno tendría tres raíces, las más conocidas castellana y aragonesa, y otra navarra, que él encarece, concorde con el hecho de que el primer Comandante General de Aragón, el príncipe Tserclaes, hubiera sido antes virrey de Navarra. Llama asimismo la atención sobre la introducción en Aragón del sistema castellano de corregimientos, la mayor parte de ellos servidos por militares. Por su parte, María del Camino Fernández, profesora de la UNED, pondera y examina las importan154

11.  Introducción a la génesis territorial de España

tes Narraciones de Castellvi, recientemente editadas, y cuyo texto manuscrito había venido siendo utilizado casi en exclusiva para la situación catalana, cuando ciertamente contienen también una valiosa información sobre Aragón, según por ejemplo se manifiesta en el relato –que la autora recoge y glosa– de las deliberaciones del Consejo de Gabinete de Felipe V antes de promulgar el Decreto de 1707. Por lo demás Castellvi defenderá, según se nos explica, un cierto liderazgo de Cataluña en la reacción anti-Nueva Planta, habiendo adoptado los aragoneses, a su juicio, una actitud de prudencia y espera «para regularse según lo que obraría Cataluña». La Nueva Planta catalana, con epicentro en el Decreto de 15 de enero de 1716, es estudiada por dos catedráticos (José Sarrión, de la Universidad de Castellón, y Pérez Collados, de la de Girona), y por un profesor catalán, José María Lahoz, afincado en la Universidad de Las Palmas. En su análisis, Sarrión arranca de un cotejo comparativo entre los preámbulos de los decretos de 1707 (para Aragón y Valencia) y 1716 (para Cataluña), texto este último que, atemperado por el paso de los años, no resultó sin duda tan crispado y vejatorio como aquél. A partir de ahí Sarrión pasa revista a la estructura de gobierno –el Capitán General, la Audiencia, la Intendencia–, el sistema fiscal y las divisiones territoriales, recordando que en un principio los catalanes no sólo aceptaron la prevista división provincial, sino que urgieron incluso a las Cortes del Trienio su más pronta realización, aunque más tarde hubieran de volver los ojos a la añeja circunscripción autónoma de la comarca. A su vez, Pérez Collados pretende demostrar dos cosas: que la Nueva Planta no tuvo el efecto unificador que pretendía, generando en cambio en Cataluña desconfianza y frustración, y que el mantenimiento del derecho privado habría de constituir un elemento determinante del fenómeno posteriormente llamado catalanismo. Paradójicamente –según el profesor gerundense– el Decreto de 1716 consolidará un derecho catalán que evoluciona a través de la jurisprudencia y la doctrina. En la hora de la codificación civil se perciben así en el Principado ecos y resonancias de la Historische Rechtsschule tedesca a través de la Escuela Jurídica Catalana, la cual, apadrinada por Duran i Bas, pretenderá construir un sistema jurídico propio de Cataluña. El profesor Lahoz, en fin, tras el obligado recorrido institucional, se centra en otro paisaje muy distinto y sugerente, el del mundo universitario, informándonos del papel de aquella Universidad de Cervera que quedó como única tras la supresión de todas las demás (Lérida, Gerona, Barcelona, Tarragona, Vic y Solsona). Esa Universidad, científicamente conservadora y aquejada avant la lettre de una llamativa endogamia (casi todos sus alumnos eran catalanes), se constituyó como el gran centro académico del Principado, aunque también muchos estudiantes catalanes acudieran a otras universidades de España (Zaragoza, Huesca, Gandía) o Francia (Toulouse). Tras este recorrido universitario, el autor cierra el capítulo 155

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

cultural examinando el papel de la Iglesia del xviii en Cataluña y sus concomitancias jansenistas. Valencia fue, sin duda, el territorio que llevó la peor parte en el finiquito de la Nueva Planta, pues, como Aragón, perdió todo su derecho, público y privado, en 1707, sin que consiguiera, como Aragón en 1711, recuperar el privado. De la situación levantina se ocupan en este libro dos docentes de la Universidad de Valencia (la catedrática Remedios Ferrero y el profesor titular Aniceto Masferrer) y el catedrático de la Universidad de Alicante, Manuel Santana. Ferrero nos introduce en el panorama general recordando que, a diferencia de Aragón o Cataluña, ni Felipe V juró en Valencia observar los fueros, ni los nuevos súbditos le prestaron obediencia, lo que consecuentemente, según cabe apostillar, al tener menos fundamento la presunta traición, añadiría un plus de gravedad al mal trato recibido. A continuación la autora pasa revista al tejido institucional, para recalar finalmente en un tema que sigue empapado de misterio: ¿por qué no se restituyó a Valencia en 1711 lo que se restituyó a Aragón?. O, más concretamente, ¿por qué cuando Felipe V pidió en 1710 información a las Audiencias de Aragón y Valencia para recomponer la situación, la de Valencia no contestó?. No es posible, de momento, ir más allá de las conjeturas. La colaboración de Santana da cabida en primer lugar al panorama historiográfico relativo a Valencia, para centrarse después en el proceso de supresión de los fueros y en las reivindicaciones a que dio lugar. Para explicar el fracaso final, Santana reconoce unas causas inmediatas o coyunturales, pero llama la atención también sobre otras mediatas o estructurales, y entre ellas el contexto económico-social (donde hay que apuntar a una aristocracia que había perdido su condición de fuerza rectora), el político-administrativo, el institucional y el cultural e identitario, con un dualismo que se manifiesta tanto en el derecho como en la lengua. Por su parte el profesor Masferrer analiza en qué medida fueron aplicados en la práctica durante el siglo xviii el derecho castellano y el foral, estudiando tanto las sentencias dictadas por la Audiencia como las alegaciones presentadas por los abogados. Se centra así en determinar si, tras la introducción teórica del derecho castellano con la Nueva Planta, se hizo uso de alguna forma del valenciano y cuál fue su vigencia efectiva. Para ello distingue los procesos iniciados antes (que fueron concluidos con la misma normativa), de los iniciados después, y entre éstos los que versan sobre conflictos surgidos en la etapa anterior o posterior a 1707, en los que también aprecia una cierta presencia, más matizada según los casos, del derecho autóctono. La Nueva Planta balear gira en torno al decreto de 28 de noviembre de 1715, y de ella tratan los profesores Román Piña y Antonio Planas, docentes ambos en la Universitat de les Illes Balears. El trabajo de Piña resume primero las modificaciones introducidas en las fuentes jurídicas, que él ejemplifica en lo que llama redefinición del derecho mallorquín, y en la supresión de los organismos autóc156

11.  Introducción a la génesis territorial de España

tonos que lo generan. En el cuerpo central del trabajo describe este catedrático las reformas hechas en los órganos de la Administración regia (Comandante General, Audiencia, Intendente, corregidores), con particular atención al tribunal del Consulado de Mar –que en Mallorca, como en Barcelona, será respetado–, y también las transformaciones operadas en la Administración del reino, entre las que destaca la supresión del Gran i General Consell. El profesor Planas, por su parte, expone el sistema mallorquín de fuentes, en el que, tras un exordio general, son analizadas las diversas ramas jurídicas con sus peculiaridades propias. Así en lo penal el decreto respetó el antiguo derecho, salvo en las causas de sedición y lesa majestad; el derecho procesal civil se mantuvo en líneas generales, mientras el procesal penal fue objeto de reformas (principalmente en el juicio en rebeldía y en el régimen de apelaciones). El derecho civil, por su parte, no acusó modificaciones de interés, y algo parecido acontece con el mercantil por el mantenimiento, antes referido, de la jurisdicción del Consulado del Mar. Aclarada así la situación del archipiélago mediterráneo, queda una última y significativa pieza del mare nostrum, Cerdeña, de la que se ocupa la profesora de la UNED, Regina Pérez Marcos. Su trabajo comienza con un estado de la cuestión, al que sigue el bosquejo de la historia política de la isla, y lo que la autora califica de instrumentación del nuevo orden, materializado en un decreto de 1717 y en una real cédula de 1719. El plan de la Nueva Planta se articula allí en base a los informes enviados, a requerimiento del Secretario del Despacho José Rodrigo, por el intendente Pineda y, sobre todo, por el fiscal de la Audiencia de Cáller, Pedro Jerónimo de la Quintana. La reforma en Cerdeña, en fin, es vista por Pérez Marcos como «fruto de una depuración de conceptos ya decantados en experiencias anteriores». Hasta aquí lo relativo a la Nueva Planta. Mudando de territorios y saliendo del cauce único del xviii, el libro se abre a la problemática territorial, en ese y otros siglos, del País Vasco, Navarra y Galicia. En primer lugar del País Vasco, o más precisamente de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, que en aras del rigor histórico son objeto de análisis diferenciado, habida cuenta de que, como se explica en su lugar, ni el País Vasco de la denominación común, ni mucho menos el Euskadi de la terminología política al uso, han constituido hasta el siglo xx una entidad jurídico-pública homogénea y diferenciada. De esta suerte, el catedrático emérito de la Universidad Rey Juan Carlos, Gonzalo Martínez Díez, escribe los capítulos de Alava y Vizcaya, y el profesor de la Universidad de Valladolid, Félix Martínez Llorente, el de Guipúzcoa. La lejana Alava altomedieval, inmersa en el reino de Asturias, se convierte en condado unido a Castilla y, desde la muerte de Sancho el Mayor, al reino de Pamplona. Con el retorno ulterior al de León y otras peripecias (incorporación a los dominios del rey aragonés Alfonso el Batallador, o a los del castellano Alfonso VIII), aquella Alava reintegrada al reino de Castilla genera en una zona 157

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

un régimen de villas, y en otra el de la Cofradía de Arriaga. Disuelta ésta, y constituyendo toda Alava un territorio realengo, desde el siglo XV el movimiento asociativo da lugar a la Hermandad de Alava, con un Diputado General al frente, que a lo largo de siglos será la fórmula político-administrativa de integración de las tierras alavesas en la Corona de Castilla. La historia de Guipúzcoa, a su vez, tiene como antecedente el opaco silencio de las fuentes altomedievales hasta el siglo xi, cuando la llamada Ipuzca aparece en los aledaños del Reino de Pamplona. Incorporada a Castilla en el tránsito del XII al XIII, pasará a desarrollar un régimen de villazgo, primero en la costa y luego en el interior, para desencadenar luego movimientos de hermanamiento territorial que cristalizarán en la Hermandad de Guipúzcoa, con un gobierno de Juntas, persistentes durante siglos, cuyos acuerdos serán ejecutados por la Diputación. Vizcaya, en fin, oscila en los primeros siglos medievales entre su adscripción a la monarquía asturleonesa o a la de Pamplona, constituyéndose en un señorío vinculado al linaje de la Casa de Haro. Asentada definitivamente en la Corona de Castilla, los reyes castellanos ostentarán desde 1174 sin interrupción el supremo poder político. De la parte relativa a Navarra se han hecho cargo los profesores de la Universidad de Navarra, Rafael García Pérez y Mercedes Galán, y el catedrático de la Universidad de Deusto, José Luis Orella. El trabajo de García Pérez arranca del desdoblamiento territorial originado por la conquista de las tropas de Fernando el Católico, que da lugar a una Alta Navarra –la conocida como Navarra en general–, y otra Baja que pasa de merindad a reino, se incorpora a la Francia de Luis XIII en 1620, y defiende desde entonces su problemática autonomía como reino distinto. Tras la referencia a esta comunidad política de ultrapuertos, el autor vuelve sobre la genealogía institucional de Navarra –de la Alta Navarra–, subrayando el trato preferencial que los navarros recibieron en las capitulaciones de rendición de 1512 y en las subsiguientes Cortes. Navarra mantendrá su Derecho propio, sus Cortes separadas y un Consejo en Pamplona que será el único de la maquinaria polisinodial que esté fuera de la Corte. En los tiempos borbónicos habrá que subrayar, entre otras cosas, el alineamiento de Navarra con Felipe V (lo que la dejó al abrigo de la resaca de la Nueva Planta), ciertas fricciones habidas en el reinado de Carlos III, y el epílogo, tras la invasión napoleónica, que convertirá a Navarra de reino en provincia. Estamos así en el xix y en el punto de partida de la colaboración de la profesora Galán, que arranca en esa centuria de la Constitución de Cádiz, objeto en Navarra de celebraciones públicas pero también de reticencias y oposición solapadas, lo que no podía ser menos pues con ese pórtico del Estado liberal se abre la convulsa dialéctica decimonónica de acomodamiento/enfrentamiento del viejo reino al uniformismo predicado por el nuevo Estado, que tendrá ya una referencia significativa en el bienio 1828-1829, al celebrarse las que serán las últimas Cortes navarras. En el ulterior proceso de confrontación de liberales y carlistas, Navarra se alinea prefe158

11.  Introducción a la génesis territorial de España

rentemente con éstos, sometiendo la autora a examen los dos grandes textos que apuntalan la historia navarra decimonónica: la ley de confirmación de fueros, de 25 de octubre de 1839, consecuencia del Convenio de Vergara, y la todavía más importante ley de modificación de fueros, de 16 de agosto de 1841, o Ley Paccionada, de naturaleza discutida. Las instituciones, por su parte, habrán de reflejar esa mudanza y la antigua Diputación del reino pasará a ser una Diputación foral y provincial. Llegamos así al siglo xx, y con él al estudio del profesor Orella que se inicia con la gamazada, o, lo que es lo mismo, con uno de los más significativos intentos de proceder a la unificación fiscal en España, a lo que sigue la descripción de los partidos políticos hasta la Dictadura de Primo de Rivera: el carlista de Vázquez de Mella y del Conde de Rodezno; el partido integrista de Nocedal, escindido de aquél; los liberales y conservadores; los nacionalistas de Campión y luego de Manuel de Irujo; los republicanos, socialistas y anarquistas. En los años siguientes, con el Frente Popular del 36, en Navarra vuelven a triunfar las derechas, lideradas por Rodezno, convirtiéndose el carlismo en la Guerra Civil en un cauce de movilización general. Con el régimen de Franco, Navarra mantendrá su régimen foral, abriéndose luego con la transición política la disyuntiva entre el mantenimiento de la situación derivada de la Ley paccionada de 1841 o la integración en la Comunidad Autónoma vasca que defendió el PNV, tema éste seguido por el autor en sus varias alternativas hasta llegar al Amejoramiento de 1982, que consagró a Navarra como comunidad foral y que ha sido y es objeto de interpretaciones diversas. De Galicia, en fin, se ocupan la catedrática Emma Montanos y el profesor titular Eduardo Cebreiros. Montanos se centra en la personalidad jurídico-política del antiguo reino gallego, arrancando de aquel regnum Gallaeciae del siglo XII y sus profusas manifestaciones del régimen señorial. Ya en los tiempos modernos, la autora hace referencia a las Juntas del Reino, que debieron consolidarse con los inicios del reinado de Felipe IV, cuando Galicia recupera su voto en las Cortes castellanas (hasta entonces en manos de Zamora), y mantenerse hasta el orto del régimen liberal. En el vasto sistema del ius commune, los juristas gallegos se habían alineado junto a sus colegas de otros países, destacando entre aquéllos en el siglo xiii dos Bernardos compostelanos, uno al principio y otro a mediados de la centuria. Más tarde, al iniciarse el xvi, surgirá el paradigmático tribunal de la Real Audiencia, órgano de justicia y gobierno. A tiempos más recientes, hilvanado con el anterior, se refiere el trabajo de Cebreiros, prácticamente adscrito a las dos últimas centurias. En él se estudian las reformas de la administración territorial decimonónica, haciéndose hincapié en el protagonismo galaico que gravita en los autores reformistas de la época (Montero Ríos; Colmeiro), su incidencia en los proyectos federales y el especial interés de un regionalismo que tiene como buque insignia el proyecto de Constitución para el futuro Estado gallego de 1883. El siglo xx incubará definitivamente el nacionalismo gallego, que aflora con las 159

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Irmandades da Fala o las obras de ciertos autores de fuste, desde Villar Ponte a Otero Pedrayo. Con la Segunda República surge la cuestión del Estatuto, votado en Galicia en junio del 36 pocos días antes de la Guerra Civil, y con la España autonómica el logro efectivo del Estatuto de 1981, que propiciará el mayor nivel de autogobierno conocido.

III.  PRESTO FINALE: «DE RE DISPUTATA» Este es, más o menos, el contenido del presente libro, en el que por cierto no hay criterios globales prefijados ni consignas de obligado cumplimiento, y donde, como es de suponer, cada autor responde de lo que cree y de lo que escribe, con lo que es seguro, y además de seguro, digno de encomio, que el lector, oxigenado por la libertad, habrá de encontrarse en lo controvertido con interpretaciones divergentes y aun contrapuestas. Un libro que ójala arroje luz sobre los problemas de la estructuración territorial de la España de hoy, y contribuya a poner orden en el pandemónium mediático y político que nos rodea. Porque resulta en verdad sorprendente, y lo decimos desde un punto de vista estrictamente académico a tenor de lo que el prologuista avizora como espectador, que, habiéndose logrado, tras años y siglos de confrontación y discordias, un Estado autonómico aparentemente conciliador de la unidad y las diferencias, entremos ahora –¡una vez más!– en las rancias vendettas revisionistas, a manos de quienes, para justificar no se sabe qué (o sí se sabe qué), reescriben e inventan el pasado desgranando con aire campanudo y ofendido la sempiterna cantinela de los derechos históricos. Porque es el caso que esos derechos históricos, derechos subjetivos, son tales derechos si existieron normas y derechos objetivos que los generaron y justifican, y son históricos si realmente corresponden a realidades efectivamente acontecidas; si derivan de lo que en realidad ha sido, y no de lo que uno quisiera que hubiera sido, o de lo que se tergiversa como si hubiera sido. Derechos, en fin, producto de la Historia real y no de la pseudohistoria amañada y calenturienta. Y en todo caso que no contradigan la norma fundamental de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, base y fundamento del Estado democrático contemporáneo. Y esto de tal suerte que cualquier alegación reivindicativa de derechos históricos, formulada hoy, habría de reunir esa doble e inexcusable condición: su legitimidad histórica, por atenerse a lo realmente acontecido y no a lo imaginado o deformado, y su legitimidad jurídica, concorde con el sagrado dogma de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, pues es claro que, aun en el caso de corresponder a realidades históricas fehacientes y constatadas, resulta de todo punto inaceptable en el Estado democrático de la Europa del siglo xxi cualquier reclamación de privilegios territoriales o estamentales (penales, procesales, fi160

11.  Introducción a la génesis territorial de España

nancieros, militares, etc.) que conlleven la discriminación de unos ciudadanos respecto a otros, tal y como surgieron y se desarrollaron en el Antiguo Régimen. Y para concluir, habida cuenta de que el impulso generador de este libro ha sido la conmemoración de los Decretos de Nueva Planta en el tercer centenario del de 1707, unas consideraciones finales sobre ellos y su significado en la España de hoy.

Primera.  De las tres grandes reformas antes citadas en la historia de la Administración territorial de España (la de la Nueva Planta en el xviii, la provincial de Javier de Burgos en el xix, y la del Estado Autonómico de la Constitución de 1978), las dos últimas fueron hechas en un clima de paz y concordia cívica. Solo la primera, la de la Nueva Planta, fue fruto de la confrontación bélica. Segunda.  España ha padecido en los últimos tres siglos cinco guerras civiles: una en el xx, tres en el xix (las carlistas), y otra, la Guerra de Sucesión, en el xviii, causa y origen de los Decretos de Nueva Planta. Esta, a semejanza de las Guerras Carlistas, se produjo por las disputas consiguientes a la sucesión en el trono: en un caso, a la sucesión de Carlos II, y en los otros a la de Fernando VII. A su vez, la Guerra de Sucesión, como la de 1936-1939, se transformó en una confrontación internacional. O, más precisamente, la Guerra de Sucesión empezó como conflicto internacional y dio lugar a una guerra civil, mientras la de 1936 empezó como guerra civil y dio lugar a un conflicto internacional. Tercera.  Curiosamente, el nivel de reprobación y demonización de los Decretos de Nueva Planta, constatable en los territorios peninsulares desde entonces hasta hoy, resulta inversamente proporcional al daño padecido. Y si ese rechazo virulento, de mayor a menor, sigue la escala Cataluña-Aragón-Valencia, hay que decir que la escala del perjuicio real en los territorios afectados, también de mayor a menor, habría sido la de Valencia-Aragón-Cataluña. Cuarta.  La antinomia centralismo/periferia, característica de nuestra historia política, se corresponde en la historia jurídica con la dialéctica entre el uniformismo igualitario propio del Estado liberal, y la heterogeneidad consiguiente a las tradiciones forales. Y aquí hay que observar que el uniformismo político y jurídico (el propuesto por el Conde Duque de Olivares en el xvii –del que también se habla en este libro–, el de la Nueva Planta en el xviii, o cualquier otro) nunca ha triunfado en toda regla ni ha sido a la postre aceptado, y que el foralismo diferenciador tampoco ha podido ser borrado por quienes lo pretendieron. En el Derecho privado, tardamos casi cien años en hacer un Código civil, que al final hubo de prever la redacción de Apéndices forales. En el Derecho público y constitucional, a las Constituciones uniformistas del xix siguió en el xx la de 1931, reconocedora de regiones autónomas, y la de 1978, instauradora del Estado Autonómico. Parece pues que en el gobierno de España, si se trata de gobernar para todos con sentido del Estado, es decir, sabiendo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer a tenor del éxito o fracaso de lo ya hecho en tiempos 161

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

pretéritos, se impone una suerte de conciliación entre el esencial común denominador de identidad nacional (sin el cual se cae en la disgregación y la anarquía, retornan las celtibéricas experiencias de los reinos de taífas y cantones decimonónicos, y vamos derechos a la autoaniquilación) y el respeto a las peculiaridades regionales y autonómicas. Justamente lo que hizo la Constitución del 78, con el añadido de algo fundamental que ciertamente no hizo y debió haber hecho: marcar los límites y acotar el alcance y cierre del proceso de transferencias consiguiente al paso de un Estado centralista a otro descentralizado, y señalar clara y distintamente las competencias intransferibles del Estado que éste debe mantener si pretende seguir siéndolo. Porque una sola cosa tiene rango de indiscutible: que el proceso de detracción de competencias del Estado central, como el de cualquier ente finito y mensurable, no puede ser continuo e indefinido si es que se quiere que el tal Estado central continúe existiendo. Y decimos esto porque una de las extravagancias al uso entre no pocos políticos de la España de hoy es considerar irreflexivamente un bien, digno siempre de elogio, cualquier merma del Estado en beneficio de los entes territoriales, es decir, cualquier transferencia de competencias, y un mal, en cambio, digno siempre de vituperio, cualquier defensa de las competencias del Estado. A aquello, el tontaina de turno, que nunca falta. lo llama con voz altisonante profundizar en la democracia; a esto lo califica de centralismo cavernícola. Y quede bien claro que al autor de esta Introducción, bien consciente de que estamos bautizados desde 1978 en la fe autonómica, le parece relativamente poco importante hablar de Estado Autonómico o de Estado federal, y en cambio le parece muy importante el espíritu nacional y el espíritu constitucional. Lo decisivo –creo– no es la fórmula político-administrativa, sino el espíritu que la sostiene y sustenta. No hará falta recordar que países federales como Estados Unidos están henchidos de patriotismo y cohesión, mientras de nuestro Estado autonómico, en teoría unitario, todos hacen leña. Quinta.  La justificación básica de la abolición de los fueros, preludio de la Nueva Planta, fue la rebelión general de los territorios de la Corona de Aragón contra su rey legítimo, Felipe V. Ahora bien, ¿se dio de verdad esa rebelión general, de todos sus habitadores, según frase del Decreto de 29 de junio de 1707 que suprimió el Derecho y los fueros de Aragón y Valencia?. De haber sucedido así, la reacción de Felipe V habría sido –a tenor de los parámetros de la época– formalmente correcta y comprensible. Un ilustre profesor valenciano, comentando el texto de este Decreto, escribió: «yo debo señalar que su contenido es impecable desde el punto de vista del absolutismo y que refleja con plena corrección la lógica política de aquel régimen» (Tomás y Valiente, Obras Completas, IV, 3447). Ahora bien, la causa que alegó Felipe V para intervenir no fue correcta, pues no todos se sublevaron. De esta suerte el problema queda reducido a una simple disyuntiva: o se cree que los aragoneses, catalanes y valencianos se sublevaron 162

11.  Introducción a la génesis territorial de España

en bloque contra Felipe V a quien habían jurado rey (excepto los valencianos), en cuyo caso la represión es explicable en función de los principios de la autocracia absolutista, o se cree que unos se sublevaron y otros no (o lo que es lo mismo, que unos obedecieron a Felipe V y otros no), con lo que el castigo general indiscriminado y la abolición de los fueros resultan manifiestamente injustos. Lo que no se puede hacer –y muchos lo hacen– es predicar el victimismo general (Cataluña, Aragón y Valencia enteras estuvieron contra Felipe V, y todos los catalanes, aragoneses y valencianos fueron sus víctimas) y dar por inadmisible la represalia general. Sexta.  Los Decretos de Nueva Planta adolecen del defecto capital de imponer por la fuerza una indeseada uniformidad jurídico-política, y suprimir sin mayores explicaciones ni distingos aquellos fueros queridos por la inmensa mayoría de los habitantes. Y adolecen también, según territorios, de otros defectos particulares y colaterales: la relativa imposición del castellano en Cataluña (el Decreto correspondiente lo prescribió solo para las causas seguidas en la Audiencia: Las causas de la Real Audiencia se sustanciarán en lengua castellana –art. 4–), e incluso la desconsideración con que se hicieron las cosas en el Principado, donde, por ejemplo, el intendente Patiño trató de malas maneras a los consistorios cesantes. Ahora bien, los errores y desaciertos no quieren decir que todo se urdiera con aviesa intención y a modo de ajuste de cuentas de la guerra ganada. Los promotores de la Nueva Planta veían ciertamente el fuerismo como algo atentatorio a la igualdad de los ciudadanos; juzgaban la gobernabilidad del país como más fácil con unas únicas leyes, Cortes e instituciones políticas, y pretendían facilitar el acceso de todos los súbditos a los cargos de cualquiera de las dos Coronas de Castilla y Aragón. Séptima.  En todo caso, se juzgue como se juzgue a la Nueva Planta, es claro que lo sucedido poco tiene que ver con el simplicismo victimista de los nacionalismos al uso, según los cuales catalanes, aragoneses y valencianos fueron oprimidos por castellanos o por el gobierno central. Conviene así recordar, según verá el lector si quiere verlo, que la inspiración y decisión de las reformas vino de Francia. Y recordar además que en aquella Guerra de Sucesión, y en la consiguiente diatriba sobre la supresión de los fueros, hubo de todo en cada territorio. Frente a las muchas ciudades que en la Corona de Aragón defendieron al Archiduque, existieron otras (Tarazona o Borja en Aragón, Cervera en Cataluña, Peñíscola en Valencia, etc.) que aunaron sus fuerzas en servicio del Borbón. Hubo así aragoneses y valencianos partidarios del Archiduque de Austria y otros de Felipe V, como también hubo, frente a la hostilidad mayoritaria, catalanes partidarios de Felipe V. El Decreto de Nueva Planta de Cataluña recibió el positivo informe del filipista catalán Francesc Ametller, el cual hablaba de la obstinada y atroz rebeldía de sus paisanos. La lengua catalana fue objeto ciertamente de injusta preterición, pero no solo por parte de los de fuera, sino también por parte 163

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

de algunos ilustres catalanes, y así el erudito barcelonés Antonio de Capmany y de Montpalau ofrecía en sus Memorias históricas el texto traducido al castellano de la famosa proposición del rey Martín a las Cortes de Perpiñán de 1406, dado que, según él decía, «sería inútil copiarla en un idioma antiguo provincial, muerto hoy para la República de las letras y desconocido del resto de Europa» (tomo II, 54). Por su parte, el canciller de la Universidad de Cervera, Llàtzer de Dou, en su elogio de Felipe V llegó a llamarle sin empacho el «Solón de Cataluña» (Soló de Catalunya). Y entre los historiadores del Principado más rigurosos y serios, Ferran Soldevila, inequívocamente pro-catalanista, reconocerá en su Història de Catalunya que «la uniformización española y la desnacionalización de Cataluña (se hicieron) con la indiferencia o la complicidad de los catalanes». El maestro Vicens Vives, en fin, sostuvo una posición tan matizada como para afirmar que la Nueva Planta fue un desescombro que «obligó a los catalanes a mirar hacia el porvenir echando por la borda del pasado un anquilosado régimen de privilegios y fueros». Sucedió en fin con la Guerra de Sucesión, pórtico de la Nueva Planta, lo que lamentablemente sucede en todas las guerras civiles, en las que la gente se alinea unas veces por convicciones, pero otras se ve alineada, velis nolis, en virtud del coyuntural lugar de residencia o de circunstancias fortuitas de cualquier signo. No es ésta, pues, una historia de buenos y malos, o por lo menos no lo es en el sentido de las simplificaciones y desvaríos nacionalistas de hoy, según los cuales los buenos son los nuestros, los paisanos, y los malos los de fuera. La historia y la vida son muy complejas. Pero que muy complejas.

164

12.  LOS DECRETOS DE NUEVA PLANTA EN ARAGÓN1  * I. INTRODUCCIÓN La Guerra de Sucesión es la causa directa de los Decretos de Nueva Planta, llamados así por dar nueva planta a las Audiencias de los territorios de la Corona de Aragón conforme al modelo castellano. Procede en consecuencia, para valorar lo que esos Decretos significaron concretamente en el antiguo reino de Aragón, indagar los antecedentes y examinar luego los textos y sus efectos jurídicos, sociales y políticos. A)  Antecedentes. El testamento de Carlos II El 1 de noviembre de 1700, tras un penoso proceso de enfermedades y degeneración vital, murió Carlos II, el último de los reyes de la Casa de Austria. Ahora bien, debido a ese proceso, las especulaciones sobre su pronta muerte habían sido desde años atrás continuas, de suerte que la sucesión de España ocupó en el último tercio del siglo xvii a las principales cancillerías europeas. El problema de la sucesión se puede retrotraer a las tentativas hechas desde Francia a mediados de ese siglo por casar a su rey, Luis XIV, con la infanta María Teresa, heredera de la corona de España. Dificultadas tales pretensiones por la amenaza de una posible e indeseable unión de las dos coronas, el nacimiento del príncipe Felipe Próspero en 1657 allanó las cosas y facilitó concertar el matrimonio. El valido don Luis de Haro por la parte española, y Mazarino por la francesa, mantuvieron conversaciones desde fines de agosto a mediados de noviembre de 1659 en la isla de los Faisanes, que concluyeron el día 7 de este último mes con la Paz de los Pirineos, consagrada, como decía el texto, «a asegurar la paz pública de la *  Publicado en el libro colectivo, coordinado por el autor, Génesis territorial de España, edic. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2007, 41-89,

165

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Cristiandad». Allí se concertó el enlace entre los representantes de las dos dinastías, estipulándose que María Teresa, nueva reina de Francia, renunciara a cualquier derecho a la corona española para ella y sus descendientes, a cambio de recibir una dote de 500.000 escudos de oro. La dote, sin embargo, nunca fue pagada, y Francia, en consecuencia, no consideró vinculante el acuerdo 1, con lo que en el futuro habrá de mantener su opción a una corona de España que se consideraba quedaría pronto vacante dada la pésima salud del rey y su falta de descendencia 2. Junto a esa pretensión francesa, habrá que considerar a fines de siglo las del emperador de Alemania Leopoldo I, del elector de Baviera Maximiliano Manuel, y del rey de Portugal Pedro II, todas ellas reclamando la Corona española para príncipes de sus dinastías. La confrontación se ejemplificó en la Corte en el enfrentamiento de las dos Marianas (de Neoburgo y Habsburgo, nuera y suegra), y de sus camarillas respectivas, habida cuenta de que la reina apoyaba la sucesión en el seno de la Casa de Austria, para el archiduque Carlos, mientras la reina madre defendía las pretensiones de su biznieto José Fernando de Baviera. Muerta Mariana de Austria en mayo de 1696, la candidatura bávara pasó a ser patrocinada por el cardenal Portocarrero, quien consiguió que Carlos II, en un testamento hecho en septiembre del mismo año, designara sucesor al príncipe José Fernando de Baviera. En un clima confuso, entre presiones diplomáticas y un rey en Madrid con graves achaques y sospechas de estar endemoniado, el segundo de los tratados de reparto de la Corona de España, el de 1698, que habían suscrito las potencias europeas, reservaba el trono también al candidato bávaro, pero la muerte repentina de José Fernando el 6 de febrero de 1699 y el decaimiento de la pretensión portuguesa, convirtieron el litigio general en una opción entre la candidatura de los Borbones y la de los Austrias. Un año después, el 6 de junio de 1700 celebró el Consejo de Estado una importante sesión para tratar este asunto, y en ella casi todos sus miembros se manifestaron en favor de la solución francesa, en pro de la cual trabajaban entre otros la princesa de los Ursinos en Roma y el nuncio Aquaviva en Madrid. La posición del Consejo de Estado era además nombrar sucesor cuanto antes a fin de evitar que muriera el rey sin haberlo dispuesto, y entonces cada príncipe extranjero intentara apoderarse de una parte de la monarquía. «Cada uno –en curioso comentario de Coxe 3– 1  M. Fernández Álvarez («El fracaso de la hegemonía española en Europa», en el vol. XXV de la Historia de España. Ramón Menéndez Pidal, Espasa-Calpe, Madrid, 1982, 774) considera posible que la dote fuera puesta a modo de condición imposible, habida cuenta del depauperado estado de la hacienda española que nunca podría cumplir lo pactado. 2  Un claro resumen de los acontecimientos puede verse en el Manual de Historia de España de Pedro Aguado Bleye (9.ª ed. revisada por Cayetano Alcázar Molina), Espasa-Calpe, 1964, tomo II, 815 y ss., y 847 y ss. También, con un trasfondo más cultural, F. Soldevila, Historia de España, ed. Ariel, 3.ª ed., 1972, tomo IV, 291 y 391 y ss. 3  España bajo el reinado de la Casa de Borbón, desde 1700, en que subió al trono Felipe V, hasta la muerte de Carlos III, acaecida en 1788. Escrita en inglés por Guillermo COXE y traducida

166

12.  Los Decretos de Nueva Planta en Aragón

se aprovecharía de la aversión natural que los aragoneses, castellanos y valencianos tienen a los catalanes; y entonces, el esplendor y la magestad de un trono así desunido serían ultrajados por la tiranía y la ambición». Así las cosas, a fines de septiembre la salud del rey se agravó hasta el extremo. El 2 de octubre le fue administrada la extremaunción y al día siguiente Portocarrero consiguió que el monarca hiciera testamento y muy probablemente le inspiró lo que debía hacer 4. El 1 de noviembre, en fin, falleció. Como comentó Coxe, el testamento habría sido otorgado en medio de grandes contradicciones y sufrimientos. «Entonces, Carlos –señala este autor 5– afligido profundamente con la idea de haber desheredado a su familia, manifestó por medio de gemidos su dolor y su sentimiento, y deshecho en lágrimas, esclamó en el acto de firmar: –Dios solo es el que da los reinos, porque a él solo pertenecen.– Cuando quedó terminada la ceremonia, añadió: Ya no soy nada.– Dos días después, confirmó el testamento en un codicilo que contenía algunas disposiciones relativas a la imposibilidad absoluta en que se veía de dirigir los negocios públicos, entregando las riendas del gobierno a Portocarrero». El testamento se hizo teniendo como notario al Secretario del Despacho Universal, Antonio de Ubilla, aunque fue formalizado al día siguiente por Antonio Ronquillo. Como testigos intervinieron el Cardenal Portocarrero, el presidente del Consejo de Castilla, el Duque de Medinasidonia, el Conde de Benavente y los marqueses de Quintana y Valero. Entre un total de 59 cláusulas del texto 6, la central y clave era la 13 que decía así: «Y reconociendo, conforme a diversas consultas de Ministros de Estado y de Justicia, que la razón en que se funda la renuencia de las Señoras Doña Ana y Doña María Teresa, Reinas de Francia, mi tía y hermana, a la sucesión de estos Reinos, fue evitar el perjuicio de unirse a la Corona de Francia, y reconociendo que, viniendo a cesar este motivo fundamental, subsiste el derecho de la sucesión en el pariente más inmediato, conforme a las leyes de estos Reinos, y que hoy se verifica este caso en el hijo segundo del Delfín de Francia, por tanto, arreglándome a dichas leyes, declaro ser mi sucesor (en el caso que Dios me lleve sin dejar hijos) al Duque de Anjou, hijo segundo del Delfín; y como a tal, le llamo a la sucesión de todos mis Reinos y dominios, sin excepción de ninguna parte de ellos» 7. al español, con notas, observaciones y un Apéndice, por don Jacinto de Salas Quiroga, 4 tomos, Madrid, 1846-1847. En I, 62. 4  Alfred Baudrillart, el gran historiador del reinado de Felipe V, recoge testimonios de la ascendencia del cardenal sobre el rey y estima que aquél fue «el verdadero inspirador del testamento de Carlos II» (Philippe V et la Cour de France, 5 vols., París, 1890-1901; en I, 51). 5  Historia, I, 65. 6  Edición facsímil del testamento de Carlos II, con transcripción de J. L. de la Peña y estudio introductorio de Antonio Domínguez Ortiz, Editora Nacional, Madrid, 1982. 7  En Duque de Maura, Vida y reinado de Carlos II, edit. Aguilar, 1990, 662. 167

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Quedó pues instituido sucesor el Duque de Anjou, disponiéndose que en caso de premorir o heredar la corona de Francia, le siguiera en derecho su hermano el Duque de Berry; a éste el Archiduque y, en último lugar, el Duque de Saboya. Se puso así en primer lugar a la Casa de Borbón, y luego a las de Austria y Saboya. El testamento designaba además una Junta para el gobierno de la monarquía, donde tenían entrada la reina viuda, Portocarrero, otros nobles y el Inquisidor General, la cual habría de ser efectiva hasta la llegada del nuevo rey. Por lo demás, la posición de la reina no fue muy airosa, tanto porque se le comunicaron las disposiciones testamentarias tardíamente, como por la situación en que quedó y, sobre todo, porque la solución adoptada había sido la contraria de la que ella defendía y seguía defendiendo. Así lo confesó doña Mariana al Elector Palatino el 4 de noviembre: «No pude protestar contra las cláusulas del testamento ni en lo que se refiere a mi persona ni en lo relativo a la institución del heredero, aunque defendí siempre los derechos de la Casa de Austria contra los Ministros, y habría acabado prevaleciendo si, por voluntad divina, se hubiese prolongado la vida de mi Rey» 8. El contenido del testamento permaneció secreto para todos, incluida la reina y los partidarios de la Casa de Austria que eran liderados por el embajador Harrach, enterándose de él el agente francés Blécourt, quien rápidamente informó en secreto. Muerto el monarca, tuvo lugar la solemne apertura del testamento ante un confiado embajador austriaco, Harrach, que resultaría defraudado, y un agente francés, Blécourt, que ya conocía el resultado aunque aparentara no saberlo. Aquel pintoresco acto fue descrito así por Coxe: «Abriéronse, por último las mamparas, y al pasado murmullo siguió profundo silencio. Los dos ministros de Francia y Austria, Blecourt y Harrach, cuyas cortes eran las más interesadas en esta elección, hallábanse en pie muy cerca de la puerta. Confiado Blecourt en el triunfo de sus pretensiones se adelantó a recibir al duque de Abrantes; portador de la nueva: mas el duque, sin reparar en él, se acercó al austriaco y lo saludó con demostraciones de ternura, presagio de las más satisfactorias noticias. Después de un rato de mutuas cortesías: –Mi buen amigo, le dijo, tengo el placer mayor y la satisfacción más verdadera en despedirme por toda la vida de la ilustre casa de Austria–. Sobrecogió, como era de presumir, semejante insulto al embajador que, creyéndose triunfante y vencedor, había echado, durante los preludios de la conversación, miradas de desdén al representante de Francia. Necesidad tuvo de toda la serenidad para permanecer allí, y escuchar la lectura del célebre testamento que destruía todas las esperanzas y los proyectos de su augusto soberano» 9. 8  9 

168

En Duque de Maura, Vida y reinado de Carlos II, 671. España bajo el reinado de la Casa de Borbón, I, 75-76. Para lo dicho antes, p. 65.

12.  Los Decretos de Nueva Planta en Aragón

Celebrada la ceremonia, y habiendo entrado la Junta en el ejercicio de sus funciones, envió un mensajero a la Corte francesa, que estaba entonces en Fontaineblau, a fin de comunicar oficialmente la voluntad del rey muerto. Luis XIV reunió entonces su Consejo de Estado con el objeto de que dictaminara sobre la conveniencia de aceptar o no la oferta de la corona de España. Tras ello dirigió una carta el 12 de noviembre a la reina viuda de España y a la Junta, comunicando la aceptación: «Aceptamos, pues, a favor de nuestro nieto, el duque de Anjou, el testamento del difunto rey católico, y nuestro hijo el Delfín, lo acepta de igual modo, abandonando sin dificultad, los justos e incontestables derechos de la difunta reina, su madre y nuestra amada esposa, como también los de la difunta reina, nuestra augusta madre, conforme al parecer de varios ministros de estado y de justicia, consultados por el difunto rey de España, y lejos de reservar para sí parte ninguna de la monarquía, sacrifica su propio interés al deseo de restablecer el antiguo esplendor de una corona, que la voluntad del difunto rey católico, y el voto de los pueblos confían a nuestro nieto, el duque de Anjou» 10.

Aceptado el testamento, tuvo lugar una solemne ceremonia en Versalles, en la que, tras la intervención del embajador de España, Luis XIV presentó al nuevo rey: «Aquí teneis, señores, al rey de España; su nacimiento y el testamento del último rey, lo elevan al trono. Espéralo impaciente la nación española, y pues que semejante nombramiento es efecto de la voluntad divina, obedezco con placer».

Y a continuación, dirigiéndose al futuro Felipe V, añadió: «Sed buen español, que ese es vuestro deber; mas, recordad que habeis nacido francés, a fin de que conserveis la unión de ambas coronas. De este modo, hareis felices a las dos naciones, y conservareis la paz de Europa» 11.

Con esto quedó cerrado el proceso de designación de Felipe V como sucesor, siendo de advertir que el denostado Carlos II, no solo recibió entonces en Francia algunos elogios rituales –como los que le dedicó Luis XIV en la carta de aceptación, donde tras recordarle como de gloriosa memoria, ponderaba su espíritu de justicia y amor a los súbditos– sino algún otro en España, mucho tiempo después, ciertamente insólito. Así el catalán Feliu de la Penya le calificaría nada menos que de el millor rei que ha tingut Espanya 12. 10  11  12 

1099.

En Coxe, España bajo el reinado de la Casa de Borbón, I, 81. Ibidem, 82-83. Ferran Soldevila, Història de Catalunya, 3 vols., Editorial Alpha, Barcelona, 1962; en III,

169

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

B)  Guerra de Sucesión, primera fase: hasta la batalla de Almansa El nuevo rey, de diecisiete años, llegó a Madrid el 18 de febrero de 1701. Tras el besamanos en el palacio del Buen Retiro y un cambio de impresiones con algunos de los más relevantes personajes del reinado anterior, constituyó un órgano de gobierno, el Consejo de Despacho, al margen de los tradicionales Consejos heredados de los Austrias. En aquel Consejo entraron Portocarrero, el presidente de Castilla Manuel Arias, el embajador Harcourt y Antonio de Ubilla, el Secretario del Despacho Universal. Proclamado rey el 8 de mayo de 1701, se reunieron entonces las Cortes de Castilla y León que juraron al nuevo monarca. El mismo año, el 11 de septiembre, tuvo lugar en Turín el matrimonio de María Luisa Gabriela de Saboya con Felipe V, quien no estuvo presente en la ceremonia y fue representado por Manuel Filiberto de Saboya. A continuación María Luisa salió para Niza y Marsella, rumbo a España, mientras Felipe partía de Madrid a su encuentro. Finalmente los cónyuges se encontraron en Figueras de donde pasaron a Barcelona, ciudad en la que habrían de permanecer cinco meses, hasta el 8 de abril de 1702 en que el rey embarcó para Italia dejando el gobierno de España en manos de una jovencísima reina, con el concurso de otra Junta de Gobierno de la que formaban parte Portocarrero y los presidentes de los Consejos. El viaje al encuentro de la reina y la posterior partida de Felipe V para Italia guardan estrecha relación con la problemática ulterior de los Decretos de Nueva Planta, habida cuenta de que aquellos viajes fueron ocasión para el juramento de los fueros en los territorios de la Corona de Aragón. A tenor del relato que nos ofrece Belando 13, uno de los principales historiadores del reinado, don Felipe habría querido aprovechar el viaje que tenía que hacer a Cataluña con objeto de recibir a su esposa, para jurar los fueros, recibir el juramento de sus súbditos y celebrar Cortes: «De esta suerte (para saber gobernar) se abre la puerta a la fama, y assí parece que lo observó el Católico Monarca don Phelipe Quinto, quando desde el principio de su Reynado resolvió celebrar Cortes en las partes de la Corona de Aragón. Según lo que correspondía a los fueros y estylos de esta Corona, debía como su Successor, passar a tener Cortes en uno u otro de sus Reynos, o bien en Territorio que se uniessen los de Aragón, Cataluña y Valencia para celebrarlas. El fin de ellas era para recibir el juramento de fidelidad y omenage de sus Vassallos, y confirmar y renovar los Fueros».

Según Belando, Felipe V determinó celebrar Cortes en Barcelona cuando realizara el viaje, y en Zaragoza con ocasión del regreso a Madrid, «como también 13  Fray Nicolás de Jesús Belando, Historia civil de España, sucessos de la guerra y tratados de paz, desde el año de mil setecientos, hasta el de mil setecientos treinta y tres, parte primera, Madrid, 1740, cap. XIV («Determina el Rey Católico tener Cortes en Aragón y Cataluña, en ocassión que passa a recibir la Reyna a Barcelona»), pp. 57 y ss.

170

12.  Los Decretos de Nueva Planta en Aragón

por aquellas que miraban al Reyno de Valencia, determinó passar personalmente a su Capital a celebrarlas quando las urgencias lo permitiessen». De acuerdo con estos planes, el 20 de junio de 1701 dirigió el siguiente decreto al Consejo de Aragón para que convocara Cortes en la Corona: «Habiendo resuelto ir a recibir a la Sereníssima Doña María Luisa, Princesa de Saboya, con quien está ajustado mi casamiento, executando este viaje en derechura a Barcelona el día diez y seis de agosto de este año, que he señalado para salir de esta Corte; y teniendo deliberado juntar las Cortes del Principado de Cataluña en aquella ciudad a mi arribo a ella, y de buelta tener las del Reyno de Aragón en Zaragoza, lo participo al Consejo, y mando que por él se expidan todos los despachos y órdenes que deben preceder a su convocación, según se huviere practicado en otras ocasiones y casos semejantes, embiándose luego las pertenecientes al Principado de Cataluña, y reservándose las del Reyno de Aragón hasta que sea tiempo correspondiente de dirigirse, y Yo lo mande; y el Consejo me representará quanto se le ofrezca y conduzca a la convocación e ingresso de estas Cortes, según y a los tiempos que lo tuviere por conveniente para que en todo se camine con la regularidad y acierto que deseo».

Debido al calor, la salida del monarca se retrasó hasta principios de septiembre. El día 12 llegó a Used, el primer lugar de Aragón en la raya con Castilla, donde fue recibido por el regente de la Cancillería y dos oidores. Pasó luego a Daroca, villa en la que fue aclamado al grito de Viva el Rey de Aragón: viva Phelipe Quarto, y donde el obispo de Barbastro, Francisco de Paula y Marcilla, acudió a besarle la mano juntamente con los nobles en nombre del reino. Allí el monarca manifestó que «havía salido de su Corte con especial gusto de ver el Reyno de Aragón y experimentar el afecto de aquellos vassallos, de cuyo zelo venía bien informado: que apreciaba sus demostraciones y que siempre estaría propenso a favorecerlos» 14. Tan buena acogida continuó en el camino a Zaragoza. En la localidad de Muel, próxima a la capital, fue recibido por el arzobispo de Zaragoza, otros altos eclesiásticos y el diputado Baltasar Pérez de Nueros, pasando luego al monasterio de Santa Fe donde se celebró un Te Deum. Al entrar en Zaragoza dejó el coche en la Puerta del Portillo, y desde allí siguió a caballo hasta palacio. Zaragoza acogió a Felipe V con fiestas de toros, fuegos artificiales y otras muestras de regocijo. El día 17 oyó misa en el Pilar y a continuación el rey pasó a la Seo para jurar los fueros. Tras orar en el altar mayor, tomó asiento en el solio e hizo el juramento, cuya escritura leyó en alta voz el Protonotario. Según la descripción de Belando, «executose este acto ante el Justicia de Aragón, que era Don Sigismundo Montier, teniendo el Rey las manos en una Cruz, puesta sobre los Evangelios; y a este tiempo estuvieron todas las puertas abiertas, y libre la entra14 

Belando, Historia civil de España, 61. 171

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

da, por lo que fue muy pasmoso el concurso» 15. Y el mismo autor añade: «En la ocasión presente, sin dificultad, y con tanta generosidad como soberanía, confirmó el Rey Don Phelipe las cosas contenidas en las Cortes antecedentes, y todos los fueros, observancias, privilegios, libertades, usos y costumbres del reyno de Aragón. Pero en medio de esto, los achacosos acontecimientos perturbaron esta felicidad, y dio el motivo la gente más ínfima de la plebe, que como furibunda, encontrándose con la espada desnuda, passó el corazón de los fueros, y quitó la vida a los privilegios. De esta suerte espiraron después de lo dicho, y oy quedan abolidos, en el modo que se verá más adelante». Las fiestas, en fin, continuaron y el 20 de septiembre Felipe V abandonó Zaragoza. Cuatro días después, dejando Aragón por Fraga, el rey entró en Cataluña, jurando en Lérida guardar sus privilegios. El 2 de octubre hizo su entrada en Barcelona, donde, tras recoger a la reina en Figueras, habrían de permanecer los monarcas durante cinco meses, hasta el 8 de abril de 1702 en que Felipe V embarcó para Nápoles. Quedó pues la reina sola en Barcelona, con la previsión de asistir a las Cortes de Aragón al regresar a Madrid, para lo que fue dotada del apoderamiento jurídico oportuno. El 6 de abril, el rey la había nombrado lugarteniente del reino de Aragón para que pudiera recibir el juramento de fidelidad de los súbditos, y el 10 del mismo mes María Luisa abandonó Barcelona camino de Zaragoza, adonde llegó días después. En la capital aragonesa abrió las Cortes el día 26. «Ante todas cosas –comenta Belando 16– juró la Reyna, como Teniente-Governadora del Reyno, la observancia de sus fueros y privilegios, y este acto fue la abertura de las Cortes. Y para su continuación, en la tarde del día siguiente, fue su Magestad por un passadizo a la Casa de la Diputación, en donde estaban los sugetos de los quatro brazos del Reyno que componían las Cortes, e hízoles la propuesta, que leyó el Protonotario en voz alta... Concluida de leer la dicha propuesta, subieron al solio los principales de los estados, que eran el arzobispo de Zaragoza, el obispo de Barbastro y el baylío de Caspe, y haviendo dado las gracias a su Magestad, besaron la mano y se concluyó la función». La conducta de la reina, y de la princesa de los Ursinos con ella, y su temple y serenidad al afrontar las nada fáciles Cortes de Aragón habrían de merecer juicios elogiosos de cronistas e historiadores. Baudrillart afirma que ambas acreditaron «un verdadero espíritu político en la dirección de esta turbulenta asamblea» 17, mientras Coxe pondera las dificultades de aquellas Cortes: «Aun cuando los aragoneses mostraron más afecto hacia la reina del que los catalanes habían mostrado al rey, no fueron las cortes menos turbulentas ni más dóciles que las de Barcelona. No solo anduvieron remisas en conceder los subsidios que les pedía la reina sino que se mostraron recelosas

15  16  17 

172

Historia civil de España, 64. También figura ahí el texto citado a continuación. Historia civil de España, 91. Philippe V et la Cour de France, I, 100.

12.  Los Decretos de Nueva Planta en Aragón

e inquietas, hasta en los asuntos más insignificantes, y cuando se trató de hablar de sus privilegios, desecharon cuantas proposiciones no se hallaban acordes con sus preocupaciones o rencor a la autoridad real» 18.

Reanudado el viaje, la reina entró en Madrid el 30 de junio de 1702. Casi seis meses después, el 16 de diciembre, Felipe V llegaba a Figueras de vuelta de Italia, ordenando el cese de la Junta de Gobierno prevista para su ausencia, y el 7 de enero de 1703 hacía su entrada en Madrid. Pocos días después Portocarrero manifestó su decisión de apartarse del Consejo de Despacho, prometiendo al cardenal D’Estrées, embajador de Luis XIV, acudir junto a él cuando los asuntos lo exigieran. La dimisión de Portocarrero fue aceptada por Felipe V. La Guerra de Sucesión tuvo dos períodos muy diferenciados. El primero, de 1701 a 1706, en el que el conflicto bélico comenzó en Italia y pasó luego a España, claramente propicio a las potencias aliadas. El segundo, de 1707 a 1713, favorable a los Borbones que triunfan al fin. Y luego una especie de epílogo que alcanza a 1715, como consecuencia de no haberse podido resolver el llamado «caso de los catalanes» 19. La lucha, así, comenzó en el norte de Italia entre franceses y austriacos, y tuvo otros teatros de operaciones en los Países Bajos y Centroeuropa. En el verano de 1702 alcanzó a España, con el asedio a Cádiz de una escuadra angloholandesa y el intento de sublevar Andalucía contra Felipe V, cuando por otra parte comenzaron a diferenciarse los partidarios de los dos bandos enfrentados. «A los que se consideraban inclinados a las Dos Coronas –anota Francisco de Castellvi 20– se les llamaba butifleros y éstos, a los que discurrían ser del partido austríaco, imperiales». Tras año y medio con alternativas de tono menor, en marzo de 1704 el archiduque Carlos llegaba a Lisboa, pretendiendo utilizar Portugal como plataforma de asedio a España. A su vez, en ese mismo mes Felipe V se puso al frente de su ejército con el propósito de alcanzar Portugal y conquistar Lisboa. En el primer semestre de 1705 la zona conflictiva se había desplazado a Gibraltar, que había caído en poder de los aliados y que los franceses pretendían recuperar. A partir del verano los aliados ponen cerco a Cataluña, capitulando Barcelona el 9 de octubre, y a Valencia, que cae el 16 de diciembre. En la capital catalana, el archiduque Carlos es reconocido rey y conde de Barcelona el 5 de noviembre. El descontento aragonés había sido atizado por un personaje singular, el Conde de Cifuentes, que llegó huido a Aragón en una especie de versión repetida, a principios del siglo xviii, de la escapada de Antonio Pérez a fines del xvi 21. España bajo el reinado de la Casa de Borbón, I, 151-152. Aguado Bleye, Manual de Historia de España, III, 45 y ss. 20  Narraciones Históricas, 4 vols., Fundación Francisco Elías de Tejada y Erasmo Pèrcopo, Madrid, 1997-2002; en I, 420. 21  La observación es de Henry Kamen, La Guerra de Sucesión en España 1700-1715, edic. Grijalbo, 1974, 277 y ss. 18  19 

173

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Refugiado en un convento de Zaragoza, el virrey y arzobispo Antonio Ibáñez de la Riva Herrera intentó apresarle sin éxito, lo que habría de dar alas a la opinión pública antifrancesa y provocar una serie de motines mientras Cifuentes, protegido por unos y otros, recorría Aragón para terminar en la Barcelona dominada por el pretendiente Carlos. Un historiador de los sucesos de Aragón, el Conde de Robres, vio así el episodio de Cifuentes: «En esta situación se hallaban los aragoneses cuando se refugió entre ellos el Conde de Cifuentes. En pos de él siguieron comisarios castellanos para prenderle y llevarlo a Castilla, como lo ejecutaron con un esclavo suyo que recogieron en Teruel. El Conde llegó a Zaragoza, y de primera instancia se retrajo al Convento de Carmelitas descalzos; y si menos ruidosamente se fiara su prisión y castigo a la justicia ordinaria del reino, tal vez se lograra, aunque con las largas de los fueros; que la manifestación no hacía más que suspender la ejecución de la pena evitando la injusticia, mas no la desvanecía, y este modo de proceder no tuviera resultas peligrosas. Esto debía representar el Arzobispo Virey, deteniendo las instancias de los comisarios y en todo caso hacer menos estruendosas las diligencias para coger el reo, mas ni un instante detuvo la ejecución con tal estrépito que, con gremios armados, sitió el convento a la noche para reconocerle a la mañana, como se hizo, pero había puesto ya pies en polvorosa el Conde, y fue gran dicha, porque prevenido de manifestación y arrestados los comisarios en llevársele (que ya era contra fuero) se amotinaba el pueblo en su favor, y ya impresionado de que se quería intentar contra sus libertades, admitió todas las sugestiones de este caballero contra el gobierno el mucho tiempo que quedó en Zaragoza, y de allí los difundió por todo el reino...» 22.

Otros acontecimientos, además, fortalecieron aquella imagen de un Aragón antiborbónico. A la petición de cierto donativo voluntario para las necesidades bélicas, en 1705, el reino respondió de forma que se juzgó un tanto insolidaria y la mayoría de los nobles decidieron no contribuir en dinero sino en especie. Ante la incomodidad de hacer frente a las exigencias de Madrid, el arzobispo comunicaría al Secretario del Despacho Grimaldo que «este Reyno de Aragón es tan privilegiado por sus fueros que ninguna persona particular paga tributo alguno ni ay posibilidad foral para que el Reyno haga algún considerable servicio sino es juntando Cortes generales» 23. En este clima de recelo, un grupo de nobles (Cifuentes, Sástago y Coscojuela) se habían constituido en portavoces de la política antiborbónica echando mano de la bandera de los fueros. A modo de respuesta Felipe V nombró virrey a un castellano, el Conde de San Esteban de Gormaz, el cual acudió a Zaragoza a fines 22  Agustín López de Mendoza y Pons, Conde de Robres, Historia de las guerras civiles de España desde la muerte del Señor Carlos II, en 1.º de noviembre de 1700, distribuida en ocho libros por los mismos años regulados hasta el de 1708, Zaragoza, 1882, 251-252. 23  Carta de 30 de septiembre de 1705, cit. en Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 280.

174

12.  Los Decretos de Nueva Planta en Aragón

de 1705 acompañado de un ilustre secretario, Melchor de Macanaz. El nuevo virrey pidió permiso al monarca para castigar a los nobles levantiscos, pero, consultado el Consejo de Aragón, el organismo determinó que eso significaría conculcar los fueros y el monarca decidió inhibirse. El 28 de diciembre, con ocasión de que un batallón del mariscal Tessé cruzara Zaragoza de modo subrepticio, se produjo un motín en el que fueron atacadas las tropas de Tessé. Según el testimonio de Macanaz, que debió ser testigo presencial de aquello, se dio entonces «el estrago más cruel y bárbaro que los nacidos han visto, pues entrando por la puerta del Portillo un regimiento de tropas auxiliares que iba de tránsito a detener a los rebeldes que estaban al otro lado del Cinca... cerrando la puerta de la ciudad los naturales y dejando fuera de ella la mayor parte del regimiento, acometieron a los que quedaron dentro, que marchaban en profundo silencio y con la mayor disciplina, y, sin hallar en ellos resistencia, les dieron muerte, echando por tierra las banderas, timbales e insignias reales, sin que se oyese otra voz que ¡Mueran y guárdensenos los fueros y libertades!». El desorden y los excesos, lejos de reconducirse, fueron a más hasta que, en palabras del mismo Macanaz, «tomó las armas todo el reino contra las tropas del rey, apellidando la libertad como otras veces lo han hecho, y se experimentaron en pocos días de diferencia horribles y abominables estragos en Zaragoza, Huesca y su tierra, Cataluña y su comunidad, Daroca y la suya y en todas las demás partes del reino por donde pasaron las tropas sin que hallasen abrigo mas que en Fraga, Caspe y muy pocos otros lugares del reino, quedando lo demás del regado de sangre de las tropas del rey sin haber ellas ofendido paisano alguno» 24. Con la pretensión de recuperar Cataluña, Felipe V entra en Aragón y llega en marzo de 1706 a Caspe, donde habría de encontrarse con el mariscal Tessé. Sin embargo, pese a haber puesto sitio a Barcelona, las tropas francesas se retiraron ante la necesidad de acudir a proteger Madrid. A su vez el Archiduque salió de Barcelona a fines de junio, con el proyecto también de acudir a Madrid, pero las solicitudes y aclamaciones de los aragoneses le llevaron a Zaragoza, que había caído el 29 de junio, y donde entró solemnemente el 15 de julio. De aquella jornada se hizo eco Castellví en sus Narraciones: «Prosiguió el rey Carlos su viaje y el día 15 por la mañana llegó a Zaragoza, recibido en la antigua y magnífica forma. Los estados y demás comunes hicieron al rey elegantes cumplimientos. Respondioles el rey en el idioma que le hablaron. Esto admiró a muchos hablar un joven monarca con elegancia en los idiomas castellano y latino, cosa que les pareció prodigio en los monarcas de España. Llegado el rey, empezaron universalmente los 24  Carmen Martín Gaite, El proceso de Macanaz. Historia de un empapelamiento, Madrid, 1970, 55-56. Francisco Cánovas Sánchez, «Los Decretos de Nueva Planta y la nueva organización política y administrativa de los países de la Corona de Aragón», en el tomo XXIX (La época de los primeros Borbones), vol. I de la Historia de España Ramón Menéndez Pidal, 26-27.

175

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

naturales a ponerse cintas amarillas porque era la divisa de la casa de Austria y de la Real Guardia catalana. Antes de la jura honró el rey al conde de Cifuentes de Grande de primera clase, siendo el primer español a quien el rey Carlos elevó a esta distinción. Declaró de grandeza como en justicia por familia agraviada. Se resolvió para la solemnidad del juramento que debía prestar el rey Carlos el día 18. Concurrieron los magistrados del reino y otras personas distinguidas que refiere el auto de juramento. Pasó el rey al antiguo palacio. Allí subió a caballo, se puso bajo palio, seguido de los estamentos del reino según fuero. Empezó la marcha, las calles colgadas, magnificamente hermoseadas con primorosos arcos de triunfo. Las aclamaciones fueron las mayores; el disparo y repique continuo. Sólo la lluvia que sobrevino impidió el gozarse de lo vistoso, primoroso y magnífico de los adornos» 25.

El juramento que hizo Carlos de los fueros y privilegios de Aragón, tuvo lugar pues el 18 de julio de ese año 1706. Según cabe apreciar en el texto 26, extremadamente prolijo y detallista, entre los numerosos personajes asistentes destacaban los condes de Sástago y Cifuentes (como camarlengo y alférez mayor de Castilla, respectivamente), junto a una representación de los diversos estamentos y otros miembros del séquito. El juramento no estaba genéricamente referido a los fueros y privilegios de Aragón, sino que precisaba cada uno de ellos, incluyendo una referencia a la moneda jaquesa que en el futuro habría que respetar. Al término del documento el archiduque aparecía solemnemente como «la S. C. R. M. del Rey Nuestro Sr. Carlos III de Austria». La adhesión a Carlos III, sin embargo, no fue unánime y sin fisuras, pues el propio Castellví nos da a conocer los Nombres de algunos eclesiásticos y nobleza de Aragón que se ha podido tener noticia que después de aclamado el rey Carlos en Zaragoza se ausentaron siguiendo el partido del rey Felipe  27. Entre esos nombres figuraban el propio arzobispo de Zaragoza, Ibáñez de la Riva, el obispo auxiliar y los inquisidores, y también una nutrida representación de la nobleza (condes y marqueses), así como los titulares de cargos tan importantes como el gobernador del reino (Francisco Miguel de Pueyo), el maestre racional (Jerónimo Blancas), y el baile y su teniente (Martín Altarriba y Antonio Pérez de Nueros). Quizás en correspondencia con ello, Carlos realizó diversos nombramientos 28, permaneciendo en Zaragoza hasta el 24 de julio. Porque es el caso que, bien fueII, 134. Lo publica Castellví en sus Narraciones históricas, II, 290-294. 27  Esa relación figura en II, 241. 28  En el Nomenclátor del año 1706 que recoge Castellví en sus Narraciones, figuran los siguientes nombramientos: «Gobernador de Aragón, don Antonio Luzán; justicia de Aragón, don Antonio Gavín; maestro racional, don José de Mendoza y Millaruelo; baile de Aragón, don Francisco Molina, barón de Purroi; teniente de baile, don José Borau. Jueces regentes del Real Senado de Aragón: regente don Jerónimo Julve, don José Suelves, don José Ozcariz y Ferrer, don Pedro Jerónimo de Fuentes, don Agustín Estanga, don José González de Sepúlveda» (II, 241-242). 25  26 

176

12.  Los Decretos de Nueva Planta en Aragón

ra porque las exigencias y el régimen jurídico aragonés hubieran soliviantado a los partidarios de Felipe V, o bien por la presión sobre Aragón de Cataluña y Valencia ya en manos del archiduque, o por ambas cosas, el caso es que el reino de Aragón parecía inclinado por Carlos, aun contando Felipe con algunas ciudades significativas como Tarazona y Borja, o las pirenaicas de Jaca, Canfranc y Ainsa. En cuanto al primer aspecto, del peculiarismo aragonés, que resultaba insufrible para una concepción absolutista del poder real, y mucho más en tiempos de guerra, Macanaz recordaría después, en su discurso sobre las Regalías de los señores Reyes de Aragón, que en aquellas incidencias bélicas los aragoneses «se resistieron a dar alojamientos y aun a dar paso a las tropas, y de cada cuerpo que pasaba, por pequeño que fuese, era el Rey obligado a dar cincuenta pesos al Comisario, y no dejaban entrar en la raya del reino los Cuerpos juntos sino divididos y con rutas e itinerarios que ellos daban, y no con las que el Rey quería, y se les obligaba a pagar las camas y el alojamiento» 29. En cuanto a la segunda posible causa, la influencia y presión de los otros territorios de la Corona, el franciscano Belando, tituló un capítulo, el 40, de su Historia civil de España, de la siguiente forma: «Se siente en el Reyno de Aragón el contagio de la turbación que ocasionaba la guerra» 30. Y en ese capítulo se describen las principales alternativas del inexorable dilema político (pro Felipe o pro Carlos) que Aragón, como toda España, vivió. Belando, partidario del Borbón, ofrece así la siguiente panorámica de la situación de algunas importantes villas del reino en 1706, y los sucesos acaecidos en él: Zaragoza. Allí como corazón del Reyno de Aragón, viéronse nobilísimas demostraciones; pero aunque nacían de su verdadero zelo, no fueron bastantes para detener la fogosidad del Conde de Cifuentes, que desde Madrid se passó a este Reyno en donde descubrió la turbación 31. Alcañiz. Siguiendo su impulso el inficionado cierzo, alteró tanto los humores de los vecinos de Alcañiz, que se rindieron a las sobredichas persuasiones, y sin dificultad variaron de partido. Con esto quedó deslucida la nobilísima villa de Alcañiz...». Y más adelante, tratando de su recuperación: «En este estado de cosas, el primer empeño de las Armas del Rey Católico fue recobrar la Villa de 29  Regalías de los señores Reyes de Aragón. Discurso jurídico, histórico, político por D. Melchor de Macanaz. Publícale por vez primera la Biblioteca Jurídica de Autores españoles. Precedido de una Noticia sobre la vida y escritos del autor por el Ilmo. Sr. D. Joaquín Maldonado Macanaz, Madrid, 1879, 17. 30  En p. 207 puntualiza: «Aquello que sucedía en Cataluña, y la libertad con que la gente sediciosa corría los confines de Aragón, fue aviso para los naturales de este Reyno, de que se previnieran para la defensa, y que no desfallecieran en su antigua fidelidad». 31  El texto en letra cursiva y los siguientes son pasajes del citado capítulo 40 (pp. 206-212), y del 41 (pp. 212-218).

177

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Alcañiz, cuyos vecinos, en visita de la Tropa, se rindieron con tanta facilidad como se habían sometido a los sediciosos, reconociendo ahora su yerro. Caspe. De este modo padeció también el contagio la célebre Villa de Caspe, que se mira puesta en una llanura... Calanda. Con el exemplo de Alcañiz (su recuperación), volvieron sobre sí muchos pueblos, engañados por los sediciosos... passó el sobredicho Príncipe (Tilly) desde Alcañiz a Calanda, que es otra villa poco distante de la que salía, y en donde se havían fortificado algunos voluntarios. Benabarre. De esta suerte una tropa, que tenía por capitán a Antonio Grau, infestó el Condado de Ribagorza... La villa de Benavarre, principal de aquel Condado, fue en otros tiempos de guerra aquella que se mostró más fuerte por la valentía de sus naturales; pero ahora no manifestaron resistencia, y de esta suerte a poca costa los sediciosos ocuparon la población y el castillo. Ainsa. Solamente, en medio de tantos engaños, y de multiplicados peligros, la villa de Ainsa se mantuvo firme en la fidelidad, y con tanto valor se manifestaron sus vecinos, que al tiempo de perseguir los sediciosos a algunas gentes que de los otros lugares vecinos se retiraban a Ainsa, salieron armados y contuvieron a los rebeldes, dando la muerte a unos y metiendo en vergonzosa fuga a otros. Jaca. La antiquísima ciudad de Jaca también huviera padecido el contratiempo, si prontamente, por lo que se participó al governador de Bearne, no huviera embiado el mariscal de Montrevel, comandante de la Aquitania, a los franceses que tenía armados. Barbastro. (Los sediciosos) pensaron señorearse de la ciudad de Barbastro, pero los vecinos, constantes en la fidelidad, salieron armados a disputar el tránsito del Cinca. Monzón (...) pero como el número de rebeldes era tanto, al mismo tiempo que sucedía lo dicho en Barbastro, cargaron contra Monzón y se apoderaron de la villa y de su castillo. Maella. Lo contrario (de Monzón) se vio en Maella, célebre y rica villa... pues haviendo acudido un grande número de voluntarios, repitieron por algunas veces sorprenderla, pero sus vecinos por sí solos se defendieron. Sin embargo de esta valerosa resistencia, insistían como obstinados los rebeldes...y esto no obstante, firmes los habitadores... consiguieron rechazar a los atrevidos. Fraga. La turbación que todo esto causaba es indecible, y casi lo mismo que en Maella sucedió en Fraga, villa muy fuerte por su situación y distante de Monzón como unas seis leguas... De esta conformidad se perdió Fraga y naufragó en la calamitosa borrasca, quedando en manos de los enemigos hasta casi el fin del presente año (1705), que aumentándose las fuerzas del Rey Católico en aquellas partes, los hijos de Fraga por sí mismos restablecieron a su antigua fidelidad, aunque después de haverles arruinado las casas los enemigos. 178

12.  Los Decretos de Nueva Planta en Aragón

Mequinenza. Tiempo era este muy calamitoso, porque las varias partidas de los sublevados continuaban la turbación en el Reyno de Aragón, por cuyo motivo las tropas del Rey Católico se dedicaron a recobrar los lugares que havían ocupado. Desde luego se encaminaron a Mequinenza, la cual sin dilación se retrató de la obediencia que havía prestado a los enemigos y se confirmó en el reconocimiento de su legítimo dueño. Monroy. El Conde de las Torres, don Christoval Moscoso, iba encargado de esta tropa, y marchó contra Monroy, en donde estaban congregados algunos sediciosos y voluntarios, pretendiendo hacerse fuertes. Hállase esta villa en la raya de Valencia y Aragón, perteneciendo a este Reyno, y como ahora sus moradores se mostraron ciegos de passión, se negociaron con ella la mayor ruina.

II.  EL DECRETO DE 29 DE JUNIO DE 1707: SUPRESIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ARAGONÉS A)  El giro de la Guerra: Almansa y sus consecuencias El giro de la guerra se produjo en 1706, pues si en la primavera de este año se daba por seguro el triunfo del archiduque, en otoño el francés parecía probable vencedor. Las últimas peripecias bélicas habían puesto en manos de Felipe V Castilla, Murcia y la parte meridional del reino de Valencia, si bien Aragón continuaba en su mayor parte sometido al pretendiente austriaco. Así las cosas, habiendo Luis XIV nombrado para hacerse cargo del ejército en España a su sobrino, el Duque de Orleans, antes de que pudiera unir sus tropas a las del Duque de Berwick, éste fue atacado por el ejército aliado que capitaneaba Galway. El encuentro tuvo lugar en la tarde del 25 de abril de 1707 en la localidad albaceteña de Almansa. A las fuerzas franco-españolas se enfrentó un ejército inferior en número y compuesto por tropas de muy variada procedencia: portuguesas, inglesas, alemanas y de las Provincias Unidas. Con un terrible número de bajas por ambas partes, especialmente en el lado austriaco, el ejército de Berwick derrotó a su oponente y esta batalla, la batalla de Almansa, habría de decidir definitivamente el rumbo de la guerra en favor de Felipe V. «Para recompensar a Berwick de esta victoria –comenta Coxe 32– que fue, puede decirse con razón, la salvación de España, le concedió Felipe el título y rango de grande de España, con el nombre del duque de Liria y de Gérica. A la ciudad de Almansa se le otorgaron también privilegios especiales, y más tarde se erigió en el campo de batalla una columna con una inscripción, a fin de perpetuar el recuerdo de acontecimiento tan glorioso». 32 

España bajo el reinado de la Casa de Borbón, I, 317. 179

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

La consecuencia más importante e inmediata de la batalla de Almansa, amén de la desmoralización de los aliados 33, fue la ocupación por el ejército hispanofrancés de los reinos de Aragón y Valencia. Al día siguiente del combate, el 26 de abril, el Duque de Orleans llega al campo de batalla de Almansa y, tras una ceremonia de homenaje a las tropas de Berwick que habían luchado, retorna con las suyas a Madrid y acto seguido viaja a Tudela donde se le incorporan otras tropas procedentes de Francia. Poco después se presenta en Zaragoza y la conquista con facilidad, según recordará él mismo en carta a Luis XIV el 25 de mayo: «He marchado sobre Zaragoza con la caballería, tanto con objeto de reconocer la plaza como de esparcir el terror en todas partes. Tuvo un éxito feliz esta tentativa; se retiró un cuerpo de tropas enemigas y la ciudad propuso capitular. En vez de escuchar a los diputados, hice avanzar mi artillería, que ni pólvora ni balas tenía, y entonces los magistrados se sometieron a nombre de Zaragoza y de Aragón» 34. Zaragoza, pues, había caído en manos del Archiduque el 29 de junio de 1706, y fue recuperada por Felipe V a fines de mayo de 1707 35. La etapa de dominio austriaco había durado así once meses. Valencia, a su vez, había sido tomada algo antes, el 8 de mayo, por el Duque de Berwick. En uno y otro reino se dio al principio una brevísima etapa de cierta tolerancia y comprensión. El Duque de Orleans prometió respetar a los aragoneses y sus fueros, lo que le granjeó el afecto de ellos 36, pero también la suspicacia y recelos de la Corte de Madrid que llegarían a provocar la expulsión del Duque bajo sospecha de un imaginario complot que él habría urdido para sustituir a su sobrino en el trono 37. En Valencia, tras una representación del reino de 28 de mayo, el monarca, a instancias del propio Duque de Orleans, había concedido el 5 de junio un perdón general al «delito de infidelidad en que han incurrido muchos sujetos de aquel Reino» 38. Orleans representaba así la corriente de comprensión y respeto a los vencidos, mientras tenían lugar otros episodios de signo contrario, Virginia León, Carlos VI. El emperador que no pudo ser rey de España, ed. Aguilar, 2003, 115. En Coxe, España bajo el reinado de la Casa de Borbón, I, 318. 35  Suele darse como fecha de la ocupación de Zaragoza el 26 de mayo [Así v. gr. Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 283, o José A. Armillas y M.ª Berta Pérez, «La Nueva Planta borbónica en Aragón», en Eliseo Serrano (ed.) Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional, 2 vols., Zaragoza, 2004; en II, 258]. Sin embargo, en la carta de Berwick del día 25 citada por Coxe (nota anterior) se da a entender que Zaragoza ya se había rendido. 36  El Conde de Robres se refiere en estos términos a esa entrada conciliadora del Duque de Orleans en Zaragoza: «Así se creyó particularmente en Aragón, donde la entrada del señor Duque de Orleans en Zaragoza toda fue suavidades, dejando los magistrados de reino y ciudad (bien que provisionalmente) en el mismo pie y ejecutando lo propio en los demás pueblos...» (Historia de las guerras civiles de España, 362). En carta de 12 de junio de 1708, El Duque de Gramont le comenta a Torcy que el Duque de Orleans «es adorado tanto por los españoles como por los franceses» (Baudrillart, Philippe V et la Cour de France, II, 60). 37  Martín Gaite, El proceso de Macanaz, 79. 38  El texto del indulto de 5 de junio de 1707, en Mariano Peset Reig, «Notas sobre la abolición de los Fueros de Valencia», Anuario de Historia del Derecho español, 42 (1972), 658-659. 33  34 

180

12.  Los Decretos de Nueva Planta en Aragón

como el asedio a Jativa por parte de otro combatiente de Almansa, el caballero d’Asfeld, quien persiguió ferozmente a los habitantes de la ciudad y a los fugitivos de Almansa que allí se habían refugiado. Pero al margen de las escenas bélicas, esta otra corriente de dureza y castigo estará representada por el nuevo embajador francés, Amelot, y por su colaborador Melchor de Macanaz. B)  El texto del Decreto y su génesis Un mes después de la entrada conciliadora del Duque de Orleans en Zaragoza, y menos de un mes después del perdón general concedido por el rey a Valencia, un Decreto de 29 de junio de 1707, de acuerdo con la línea más dura, pondrá fin al ordenamiento jurídico de ambos reinos, produciéndose en lo jurídico la castellanización de España, o pasándose, en juicio de García Cárcel, de una España horizontal a una España vertical 39. El texto del Decreto es como sigue: «Considerando aver perdido los Reinos de Aragón, i de Valencia, i todos sus habitadores por el rebelion que cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad, que me hicieron, como a su legitimo Rei, i Señor, todos los fueros, privilegios, essenciones, i libertades, que gozaban, i que con tan liberal mano se les avian concedido, assi por mi, como por los Señores Reyes mis predecessores, particularizandolos en esto de los demas Reinos de esta Corona; i tocandome el dominio absoluto de los referidos Reinos de Aragon, i de Valencia, pues a la circunstancia de ser comprehendidos en los demas que tan legitimamente posseo en esta Monarquia, se añade aora la del justo derecho de la conquista, que de ellos han hecho ultimamente mis armas con el motivo de su rebelion; y considerando tambien que uno de los principales atributos de la soberania es la imposicion, i derogacion de leyes, las quales con la variedad de los tiempos, i mudanza de costumbres, podria yo alterar, aun sin los graves, i fundados motivos, i circunstancias que hoi concurren para ello en lo tocante a los de Aragon, i Valencia. He juzgado por conveniente (assi por esto, como por mi deseo de reducir todos mis Reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres, i Tribunales, governándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables, i plausibles en todo el universo) abolir, i derogar enteramente, como desde luego doi por abolidos, i derogados todos los referidos fueros, privilegios, practica, i costumbre hasta aqui observadas en los referidos Reinos de Aragon, i Valencia, siendo mi voluntad que estos se reduzcan a las Leyes de Castilla, i al uso, practica, i forma de govierno, que se tiene, i ha tenido en ella, i en sus Tribunales sin diferencia alguna en nada, pudiendo obtener por la misma razon mis fidelissimos Vasallos los Castellanos oficios, i empleos en Aragon, i Valencia de la misma manera que los Aragoneses y Valencianos han de poder en adelante gozarlos en Castilla sin ninguna distincion, facilitando yo por este medio a los Castellanos motivos 39 

Ricardo García Cárcel, Felipe V y la opinión de los españoles, Madrid, 2002. 181

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

para que acrediten de nuevo los efectos de mi gratitud, dispensando en ellos los mayores premios, i gracias tan merecidas de su experimentada, i acrisolada fidelidad, i dando a los Aragoneses, i Valencianos reciproca e igualmente mayores pruebas de mi benignidad, habilitandolos para lo que no lo estaban, enmedio de la gran libertad de los fueros, que gozaban antes, i ahora quedan abolidos. En cuya consequencia he resuelto que la Audiencia de Ministros, que se ha formado para Valencia, i la que he mandado se forme para Aragon, se goviernen, i manejen en todo, i por todo como las dos Chancillerias de Valladolid, i Granada, observando literalmente las mismas Regalias, Leyes, Practica, Ordenanzas, i costumbres, que se guardan en estas, sin la menor distincion, i diferencia en nada, excepto en las controversias, i puntos de Jurisdiccion Eclesiastica, i modo de tratarla, que en esto se ha de observar la practica, i estilo, que uviere avido hasta aqui, en consequencia de las Concordias ajustadas con la Sede Apostolica, en que no se deve variar: de cuya resolucion he querido participar al Consejo, para que lo tengan entendido» 40.

Habiendo de analizar luego el contenido y alcance de este Decreto, procede preguntarse ahora cuál fue su causa inmediata o fuente inspiradora, y quién o quienes los agentes que lo hicieron posible. Y más en concreto, habida cuenta de que ya en el reinado de Felipe IV, el Conde-Duque de Olivares había sugerido al rey reducir el gobierno de todos los territorios de España a las leyes de Castilla, unificando así el régimen jurídico nacional, cabe preguntarse si aquel intento inspiró la reforma de 1707 o si ésta, por el contrario, tuvo sus raíces en la concepción francesa del Estado impuesta en España por Luis XIV y Felipe V. O dicho de otra forma, ¿respondía la Nueva Planta de 1707 a un proyecto de origen nacional, haciendo realidad y rehabilitando lo que el Conde-Duque había ideado, o bien era algo fruto de las tesis importadas de Francia? Efectivamente, en el Gran Memorial de 1624, el Conde Duque había expuesto al rey, entre muchas, una reflexión central: «Tenga V. Majd por el negocio más importante de su Monarquía el hacerse rey de España; quiero decir, señor, que no se contente V. Majd. con 40  Utilizo el texto recogido en el auto tercero del título segundo del libro tercero de Autos Acordados, comprendido en el Tomo tercero de Autos Acordados, que contiene nueve libros por el orden de títulos de las Leyes de Recopilación, i van en él las Pragmáticas que se imprimieron el año de 1723 al fin del Tomo tercero todos los Autos acordados del Tomo quarto de ella, i otras muchas Pragmáticas, Consultas resueltas, Cédulas, Reales Decretos, i Autos Acordados, que se han aumentado, Madrid, 1745. Para mayor facilidad en la consulta, he fraccionado el texto –que figura todo seguido en la edición citada– en tres párrafos, relativos a la introducción, la parte dispositiva de abolición de fueros y privilegios, y la parte final de organización de las Audiencias de Aragón y Valencia. Sobre la edición de los Decretos de Nueva Planta, véase la advertencia de Jesús Morales Arrizabalaga, La derogación de los Fueros de Aragón (1707-1711), en el núm. 8 de la Colección de Estudios Altoaragoneses, Diputación Provincial de Huesca, 1986, 23, nota 54. El texto que él utiliza, de la edición de 1762, coincide con éste.

182

12.  Los Decretos de Nueva Planta en Aragón

ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo maduro y secreto por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla sin ninguna diferencia... Con todo esto no es negocio que se puede conseguir en limitado tiempo, ni intento que se ha de descubrir a nadie, por confidente que sea, porque su conveniencia no puede estar sujeta a opiniones, y cuanto es posible obrar en prevención y disposición, todo lo puede obrar V. Majd. por sí mismo solo, llevando esta mira con las advertencias breves que aquí señalaré a V. Majd., para que con su prudencia, y la experiencia que los años y negocios le darán, y con el valor que Dios le ha dado, en viendo la ocasión no la pierda en negocio tan importante que ninguno otro lo es igual» 41.

Proponía Olivares por tanto en 1624 abordar una operación política, más importante que cualquiera otra, consistente en castellanizar jurídicamente a España, haciendo que el monarca fuera rey de España como tal, como una unidad en base a las leyes de Castilla, y no titular de distintos territorios con título diverso. Tal operación, habría de ser realizada con absoluto sigilo y de forma progresiva y lenta («no es negocio que se puede conseguir en limitado tiempo»), con lo cual parece claro que Olivares la presentaba como un ideal al que ir reconduciendo progresivamente el gobierno y la política, y no como medida drástica y tajante que pudiera ser impuesta de la noche a la mañana. Siendo esto así, y aunque no sabemos si al rey le pareció bien o mal, o si, pareciéndole bien, se adoptó alguna medida o decisión de cara a su logro, el caso es que la propuesta del Valido no se llevó a término. La cuestión ahora es, pues, si intentó recuperarse en 1707 lo que Olivares había planteado ochenta y tres años antes, o si el Decreto de 1707 tuvo otra motivación distinta. Para ello, nada mejor que seguir los propios acontecimientos y escuchar lo que decían y escribían los principales protagonistas, que en aquellos momentos eran los reyes Luis XIV y Felipe V, el embajador francés en España Amelot, y el colaborador de éste y regalista confeso, Melchor de Macanaz. La presencia de Amelot en España fue debida al giro político que tuvo lugar en 1705. La princesa de los Ursinos, que había abandonado España el año anterior, logra permiso de Luis XIV para retornar a Madrid con un nuevo embajador, Michel Amelot de Gournay, consejero del parlamento de París y hombre de su confianza. «Bajo sus órdenes –escribe Baudrillart 42– el embajador de Francia sería el primer ministro de la monarquía de España. Ella conocía a Amelot y estaba feliz de que Luis XIV se lo concediese: –Era un hombre de honor... dulce, educado, complaciente, bastante firme, y además muy prudente y modesto... él había triunfado en todo–». Amelot era además un regalista convencido, que llegó a Madrid en el mes de mayo de ese año 1705, tres meses antes que la Ursinos, a fin de trabajar, junta41  John H. Elliott y José F. de la Peña, Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares, 2 vols., ed. Alfaguara, 1978-1981; en I, 96. Los subrayados son míos. 42  Philippe V et la Cour de France, I, 220-221.

183

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

mente con Orry, en la reorganización de la Administración española. Desde entonces hasta la llegada de la segunda esposa de Felipe V, en diciembre de 1714, la princesa gobernará en España con estos y otros colaboradores: con el embajador Amelot hasta septiembre de 1709, fecha en que éste abandonó Madrid. ¿Cuál era el programa político de la princesa de los Ursinos y los reformistas franceses a partir de mediados de 1705? De creer a Baudrillart, el historiador mejor informado del reinado de Felipe V, ese programa constaba de tres puntos: el sometimiento de la alta nobleza, la subordinación de las Ordenes religiosas y «la destrucción de las instituciones nacionales de los países no castellanos» 43. Y a ese programa se aplicará con empeño el embajador francés, en inmediato contacto con Luis XIV 44. El embajador Amelot, de extracción burguesa y hombre de toga, conectó en España con otro burgués, togado y regalista, Melchor Rafael de Macanaz, un murciano de Hellín que había estado destinado en Zaragoza y al que en 1706 Amelot asoció como colaborador. Al parecer, lo que Macanaz debía hacer era asesorar al embajador, informarle del estado de la monarquía e ilustrarle sobre la problemática jurídica de posibles reformas. Uno y otro, Amelot y Macanaz, coincidían en su aversión a los fueros de los territorios de la Corona de Aragón o a cualquier manifestación contraria a la deseable unidad jurídica. «En cuanto a los fueros –había escrito Amelot a Orleans el 8 de junio de 1707 45– sería peligroso dar las menores esperanzas de su conservación. Los fueros sólo son útiles a los criminales». Por su parte, Macanaz, tratando del rechazo de Aragón al paso de tropas y a las compensaciones económicas que exigía, comentó en su pequeño tratado sobre las Regalías de los señores reyes de Aragón: «Este gran desorden no nacía de otro principio que de haberles ido los Reyes concediendo cada día privilegios exorbitantes, y aunque fuesen por una vez, o limitados a cierto tiempo, los extendían por fuero, y después en las Cortes lo hacían confirmar y prorrogar hasta otras Cortes; y en estas Cortes se habían tomado más autoridad que la que tiene el Parlamento de Inglaterra...» 46 Uno y otro, pues, eran decididos enemigos del mantenimiento de los fueros. 43  Philippe V et la Cour de France, I, 225. Debemos advertir que aunque los estudiosos de los Decretos de Nueva Planta, y en general los del reinado de Felipe V, acostumbran a manejar y citar esta obra, su uso suele ser un tanto epidérmico y desproporcionado con la riqueza de su contenido. Los cinco tomos de Alfred Baudrillart, «Profesor Agregado de Universidad y Doctor en Letras», examinados despacio, constituyen un verdadero arsenal de datos de máxima fiabilidad. 44  Sobre el protagonismo de Amelot, E. Giménez López, Gobernar con una misma ley. Sobre la Nueva Planta borbónica en Valencia, Alicante, 1999. 45  Cit. en Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 322. 46  Regalías de los señores reyes de Aragón. Discurso jurídico, histórico, político por D. Melchor de Macanaz. Publícale por vez primera la Biblioteca Jurídica de Autores Españoles, precedido de una noticia sobre la vida y escritos del autor por el Ilmo. Sr. D. Joaquín Maldonado Macanaz, Madrid, 1879, 18.

184

12.  Los Decretos de Nueva Planta en Aragón

Luis XIV había conocido el favorable resultado de la batalla de Almansa el 8 de mayo de aquel año 1707. Al día siguiente, es decir, el 9, escribió a Felipe V una carta en la que ponderaba «la pérdida de los enemigos y que la coyuntura a la que se llegaba le daba la oportunidad de restablecer su autoridad en todas las partes de España» 47, lo que no era decir nada respecto al cambio jurídico que se iba a emprender. Sí era más explícita otra carta al mismo destinatario, de 30 de mayo, que cita Baudrillart de forma indirecta, en la cual, según el autor francés, Luis XIV le aconsejaba suprimir los privilegios de Aragón y Valencia y establecer allí un nuevo sistema de gobierno 48. «Amelot –apostilla Baudrillart– no necesitaba ser empujado en ese camino, que él recorría por sí mismo sin la menor duda... había llegado el momento de poner toda España bajo el pie de Castilla». ¿Quién, pues, tomó la iniciativa de suprimir los fueros en la Corona de Aragón? Parece claro que fue Luis XIV, tanto por las cartas que se acaban de citar –dirigidas por él a Felipe V– como por otra que conocemos del embajador en Madrid al monarca francés. El 13 de junio, a poco más de dos semanas del Decreto, Amelot le comunicaba a Luis XIV: «Ya he logrado convencer a los principales ministros del Rey vuestro nieto, aunque a duras penas...de que, bien mirado, este partido... era el mejor, y que hasta, en cierto sentido, los súbditos de la Corona de Aragón ganarían con el cambio. Lo que V. M. me ha hecho el honor de escribirme acerca de este asunto» 49. Naturalmente este partido no era otro que la operación de suprimir los fueros, de la que el embajador da cuenta al monarca francés sin duda porque él se la había encargado. Ahora bien, Amelot confiesa desde la Corte de Madrid haber convencido para ello a los principales ministros del Rey vuestro nieto, es decir, no a todos, y además a duras penas, lo que pone de manifiesto lo arduo de la operación y la división de pareceres en el seno de la cúpula del gobierno de España 50. Ese gobierno, entonces, estaba constituido por tres piezas distintas. En primer lugar, por el sistema de Consejos heredado de los Austrias. En segundo lugar, por la Secretaría del Despacho Universal, que, siendo todavía única, estaba a 47  En Baudrillart, Philippe V et la Cour de France, I, 290-291. En el por lo demás erudito e informado libro de Martín Gaite, se cita esta carta –con base en el mismo pasaje de Baudrillart– diciendo que fue escrita a su embajador al día siguiente de la batalla de Almansa. Pero el autor francés habla de la carta que escribió Luis XIV no a su embajador sino a su nieto, al día siguiente de enterarse de lo de Almansa («Le lendemain même du jour où il avait appris la victoire d’Almanza, le roi de France marquait à son petit-fils que... etc». El equívoco es claro. Era imposible que el 26 de abril Luis XIV supiera lo que había sucedido en Almansa. 48  Ibidem, 290. 49  Tomada del Archive des Affaires Étrangers de París, la publicó Martín Gaite, El proceso de Macanaz, 83. 50  Un personaje irlandés, Tobías del Bourk, informaba a Francia el 23 de mayo que en la Corte de Madrid existían dos bandos: el de los que querían abolir los fueros inmediatamente, y el de los que no lo veían claro y creían necesario discutir el problema más despacio (Martín Gaite, El proceso de Macanaz, 83).

185

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

cargo de Antonio de Ubilla. Y en tercer lugar, y sobre todo, por el llamado Despacho, que era una especie de gabinete al que concurrían el embajador, el Secretario del Despacho y otros varios personajes 51. Así las cosas, ¿quiénes fueron los miembros de la cúpula de gobierno que aceptaron la sugerencia de Amelot de suprimir los fueros de Aragón y Valencia? ¿Qué posiciones había en relación a este problema? Según parece, las posiciones eran tres: la de los que aceptaban la supresión inmediata de los fueros; la de los que se negaban a ello, y la intermedia de quienes, conformes en principio con la decisión, consideraban que el momento no era el adecuado y que había que esperar, reconsiderarlo o hacerlo de otra forma. El Marqués de San Felipe recoge en sus Comentarios la posición de los miembros del Despacho: «Ventilose en el Consejo de Gavinete del Rey Cathólico la questión, de si convenía quitar con Decreto estos Privilegios y Fueros, o viniendo la ocasión, no observarlos, por no exasperar con esta Real deliberación los ánimos de los Cathalanes, que se sacrificarían mil veces por sus fueros. De esta última opinión fueron el Duque de Medina Sydonia, el de Montellano, y el Conde de Frigiliana; pero prevaleció la contraria, seguida de Amelot, Don Francisco Ronquillo, el Duque de Veraguas, y el de San Juan; y se formó y publicó el Decreto con términos, que quitaban toda esperanza al perdón. Esto tuvieron muchos Políticos por intempestivo, y perjudicial al Rey Phelipe, porque añadía el temor otra razón a la pertinacia» 52.

Al mismo episodio, de la deliberación en el Despacho sobre la oportunidad de suprimir los fueros, se refiere con mucho mayor detalle Castellví en sus Narraciones históricas  53. Según él fue el Conde de Frigiliana la voz cantante para oponerse a las pretensiones de Amelot, y quien recordó el fracaso del Conde Duque de Olivares cuando intentó lo mismo. Esto quiere decir, respecto a la cuestión planteada antes, que si bien la iniciativa de la supresión de los fueros con Felipe V surgió en el ámbito francés (Luis XIV-Amelot), y se materializó después probablemente con el concurso e ilustración de Macanaz, lo intentado por Olivares en el siglo xvii apareció únicamente como argumento de los que se oponían a la reforma. El Conde de Frigiliana mantuvo así «que de Aragón, Valencia y Cataluña sacaba el rey más ventaja con amor y alhagos que no sacaría 51  Castellvi publica en un Apéndice documental de sus Narraciones históricas los Nombres de los sujetos del consejo de gabinete o estado del rey Felipe en el tiempo de tratarse de la abolición y derogación de fueros y privilegios de los reinos de A’ragón, Valencia, principado de Cataluña. Son los siguientes: «Los duques de Medina Sidonia, el de Montalto, el de Berguas, el de San Juan, siciliano, y el de Montellano, el conde de Aguilar y Frigiliana, el marqués de Mancera, don Francisco Roquillo (sic), gobernador del consejo de Castilla y Mr. de Amelot» (II, 435). 52  Comentarios de la guerra de España e historia de su rey Phelipe V el Animoso desde el principio de su reynado hasta la paz general del año 1725, Génova, 1725, 343-344. 53  II, 404-408. También se ocupa de ello el Conde de Robres en su Historia de las guerras civiles de España, 365.

186

12.  Los Decretos de Nueva Planta en Aragón

disgustándoles, porque el rey sería precisado a mantener en aquellas provincias después de dominadas un ejército y que era contingente que jamás se les perdiese la memoria de sus fueros y honores; que la situación de las provincias y genio de los naturales dictaba las leyes con que debían regirse... que se figuraban desde luego grandes ventajas a la corona pero que no se discurría de los perjuicios que con el tiempo podrían ocasionarse a la monarquía y al rey y que su sentir era no alterar en cosa los fueros, honores y privilegios... que era más justo y ventajoso, logrando el mismo intento, preferir la suavidad al rigor; que venida la ocasión de una paz y pacificación general, podría entonces el rey lentamente quitar abusos si los había y poco a poco abajar la torcida práctica de los fueros y minorar con interpretaciones los que se opusiesen directamente a la regia autoridad». Según se ve, la postura de Frigiliana, que era nada menos que presidente del Consejo de Aragón, no era radical ni defendía de forma rotunda a los fueros en sí, pues simplemente consideraba un error político, con más perjuicios que ventajas, intentar suprimirlos. A esa postura se adhirieron los duques de Medina Sidonia y Montellano. La contraria tuvo su portavoz en Ronquillo, a su vez gobernador del Consejo de Castilla, y junto a él se alinearon Amelot y los duques de Veragua y de San Juan. Defendían éstos «que el rey nunca se podía decir serlo sino cuando sus vasallos fuesen mandados con una misma ley, que así cesaba la guerra civil y emulación entre ellos; que los motivos antiguos y presentes que habían dado los reinos al rey y en particular la Cataluña le constituían justo juez para despojarles de sus fueros y privilegios». Consideraban también los abolicionistas –volviendo a la comparación con el siglo xvii– que tenían ahora, en el xviii, la ventaja estratégica de la alianza de Francia en el seno de la Casa de Borbón, lo que hacía inimaginable que Francia pudiera ayudar a Cataluña como sucedió en el siglo anterior. El discurso de los abolicionistas de los fueros que transmite Castellví, así como el texto del Marqués de San Felipe, nos hace ver que el enemigo principal objeto de tales pretensiones no era probablemente Aragón ni Valencia, sino Cataluña. Lo que hace pensar que si el primer decreto derogatorio de los fueros se aplicó a Aragón y Valencia, tardando el de Cataluña nueve años más, ello fue debido exclusivamente a una consideración bélica, la de abolir los fueros y privilegios en aquellos territorios que se consideraban vencidos y pacificados, lo que no ocurrirá en Cataluña hasta fines de 1714. Fuera del gabinete o Despacho, la tercera solución, intermedia y de compromiso, la vemos representada por la postura del Duque de Orleans, que tan activo papel había tenido en el sometimiento de los territorios penalizados, y también por la del arzobispo de Zaragoza, el ardoroso felipista Antonio Ibáñez de la Riva. La postura de Orleans, como hemos dicho, fue concesiva y de perdón en Zaragoza como lo será luego en Valencia. Ahora bien, eso no significa –como demostró 187

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Baudrillart 54– que Orleans defendiera la causa de los fueros. El historiador francés aduce así las siguientes cartas en las que Orleans se manifiesta contra esos fueros en el año 1707, en vísperas del Decreto de abolición:

a)  Carta a Amelot el 7 de mayo: «No olvidaré quemar todos los archivos y fueros». b)  Carta a Amelot el 2 de junio: «Es absolutamente necesario reducir Aragón a las leyes de Castilla». c)  Carta a Chamillard el 5 de junio: «Yo estaré a favor de la supresión de los privilegios, pero me parece que es fuerte el grupo en el Consejo de Estado a favor de aragoneses y valencianos». d)  Carta a Amelot el 11 de junio: «No hay persona que hable que no tenga esperanza en la continuación de los fueros». e)  Carta a Luis XIV el 18 de junio: «Yo temería dejar a los aragoneses la esperanza en la conservación de su gobierno, que es necesario que V. M. cambie para poner las mismas leyes que en Castilla». Orleans, pues, consideraba conveniente suprimir los fueros. Pero no inmediatamente, sino cuando se hubiera conquistado Lérida y procedido a la distribución de las tropas. Por eso, la súbita publicación del Decreto le contraría y el 11 de julio escribe a Amelot: «En cuanto al decreto que se ha firmado en Madrid para el establecimiento de las leyes de Castilla en Aragón y la supresión de todos los privilegios, es cosa que yo he enviado a decir más de una vez que era necesario hacer, pero al mismo tiempo os había hecho saber, y también al rey, que era necesario no apresurarse y esperar a la estación del invierno, en la que todas las tropas repartidas por el país nos pondrían en situación de no temer los movimientos que podrían suceder, y evitar al tiempo la mala disposición que ello ocasionará a los pueblos de Cataluña y Valencia respecto a las conquistas que todavía tenemos que hacer alli. Además el decreto está concebido de modo y manera que hace quejarse con justicia a todos aquellos de la nobleza de Aragón que no han prestado juramento al archiduque y han abandonado sus bienes por el servicio del rey, así como a todos los lugares que han guardado fidelidad, como Tarazona y sus dependencias, Jaca, y el pequeño cantón de Caspe y de Moella, que nunca han prestado obediencia al archiduque» 55.

En cuanto al arzobispo de Zaragoza, su posición es muy parecida a la de Orleans. En carta al ministro Grimaldo de 16 de julio de 1707, matiza su entusiasmo borbónico con dos referencias críticas al Decreto. En primer lugar al hecho de que el texto afirme que todos los aragoneses han sido rebeldes –«suponiendo que todos los naturales de este Reyno han sido rebeldes, incluyendo en 54  55 

188

Philippe V et la Cour de France, II, 57-58. El texto de esta carta en Baudrillart, Philippe V et la Cour de France, II, 58-59.

12.  Los Decretos de Nueva Planta en Aragón

esta generalidad a los leales (que han sido casi todos los nobles y muchos pueblos y ciudades)»–, y en segundo lugar a su inoportunidad y precipitación: «Y no puedo dexar de decir a V. S. que siempre me persuadí a que se hubiera dilatado la resolución de la extinción total de los fueros hasta que las armas del Rey se hubiesen apoderado de Lérida y Tortosa, que son las dos llabes con que quedaban cerrados y asegurados Aragón y Valencia...y aunque la ocasión del tiempo no aya sido muy oportuna...» etc. 56 Las protestas del Duque y del Arzobispo apuntan, según vemos, a la precipitación de la medida, pero también a una lacra indiscutible del Decreto –la indiscriminación del castigo– a la que nos referiremos más adelante. En resumen, pues, y por lo que atañe a la génesis del texto, procede decir dos cosas: 1.  Según parece, la idea de suprimir la organización jurídica y política de los territorios de la Corona de Aragón, y poner en su lugar la de Castilla, vino de Luis XIV, si bien naturalmente a instancias o tras la información y observaciones técnicas de Amelot-Macanaz. Lo pretendido por el Conde-Duque de Olivares en el siglo xvii sólo fue aducido por los defensores de los fueros como argumento para recordar que antes fracasó lo mismo que ahora se quería imponer 57. La orden de la supresión fue dada por Luis XIV a su nieto Felipe V y, sobre todo, a su embajador Amelot. Y Macanaz debió ser –lo suponemos pero no lo sabemos– quien ilustró y articuló el mandato de cara al Decreto 58. Ello pudo tener lugar a mediados de junio de ese año 1707, pues en la carta de Amelot a Luis XIV de 13 del mismo mes, que antes citamos, el embajador parece dar por concluido el período de consultas entre los personajes de la Corte para la realización del Decreto, y el 23 –según confiesa Macanaz en otro documento 59– él ya estaba en Valencia para ocupar su nuevo destino de juez de confiscaciones. 2.  No puede decirse que el Consejo de Aragón hiciera una defensa radical y tajante de los fueros. Y ello, entre otras cosas, porque a raíz de Almansa se produce en ese Consejo una escisión entre los partidarios de Felipe V y los del Archiduque, lo que lleva a una renovación del organismo, y hasta porque el propio Archiduque constituirá otro Consejo de Aragón distinto 60. Así pues, el 56  La carta la publica Pedro Voltes, «Felipe V y los Fueros de la Corona de Aragón», en Revista de Estudios Políticos, 84 (noviembre-diciembre 1955), 97-120; cita en 105. 57  El profesor Jesús Morales (La derogación de los Fueros de Aragón, 41-45) se inclina, no obstante, a restringir la dependencia francesa de las reformas aquí emprendidas, y a destacar la tradición nacional, incluida la propuesta de Olivares. 58  Baudrillart, Philippe V et la Cour de France, I, 227. Martín Gaite, El proceso de Macanaz, 83. Josep Maria Gay Escoda, «La gènesi del Decret de Nova Planta de Catalunya. Edició de la consulta original del “Consejo de Castilla”, de 13 de juny de 1715», en Revista Jurídica de Cataluña n.º 1 y 2 (1982), 7-41 y 261-347; vid. 10, nota 10. 59  «Vísperas de S. Juan llegué a Valencia...». En Peset, «Notas...», 674, nota 26. 60  Véase el epígrafe «La extinción del Consejo de Aragón» en el libro de Jon Arrieta Alberdi, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707), Zaragoza, 1994, 207 y ss.

189

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Consejo de Aragón que se enfrenta a la coyuntura del Decreto abolidor de los fueros, es un Consejo renovado y en cierto sentido domesticado. Y en cuanto a la defensa de Frigiliana en el Consejo de gabinete, debe recordarse que fue una defensa moderada, táctica y posibilista, a pesar de que se jugaba en ella nada menos que la pervivencia del organismo que presidía. No debe olvidarse, en fin, que Frigiliana fue presidente del Consejo de Aragón, donde desplazó al Duque de Montalto, gracias precisamente a una maniobra del embajador Amelot, artífice del Decreto. En resumidas cuentas, Frigiliana hizo lo que pudo; es decir, poco. C)  El contenido del Decreto A tenor del fraccionamiento del texto del Decreto que antes hicimos, éste consta de tres partes claramente diferenciadas: una declarativa, que corresponde a la exposición de motivos, y otras dos dispositivas referidas a la abolición de los fueros y a la nueva organización de las Audiencias. Procede así examinar ahora por separado cada una de esas tres partes. La exposición de motivos contiene la justificación del Decreto mismo y de las medidas que se adoptan. Según sus palabras introductorias, los reinos de Aragón y Valencia, «i todos sus habitadores», han perdido todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades «por el rebelión que cometieron». Se afirma así la generalidad de la culpa, en la que han incurrido todos los habitantes de los dos reinos, y la evidencia de la rebelión. Ahora bien, ¿fue absolutamente general la culpa, es decir, el alineamiento con el Archiduque contra Felipe V?; ¿se produjo en realidad una rebelión? A la primera pregunta, a tenor de lo que hemos visto hasta aquí, hay que contestar negativamente. Felipe V había sido acogido calurosamente en Aragón, sin que su presencia provocara señales de hostilidad. En Barcelona recibió directamente en 1701 el juramento de fidelidad de los súbditos, y en Aragón indirectamente, a través de la reina, al año siguiente. El reino de Valencia, en cambio, que en estos episodios de la Nueva Planta parece llevar siempre la peor parte, no vio a la reina ni al rey. Así pues, el recibimiento inicial a Felipe V en Aragón fue satisfactorio, y ello contando con que los franceses provocaban siempre una cierta hostilidad. «Porque aunque todos los españoles universalmente eran enemigos de los franceses –escribió el Conde de Robres 61–... con todo no era igual en todos la aversión. Los castellanos, separados de los aragoneses, unieron estrechísima hereditaria liga con la Francia... Los señores Reyes de Aragón, apenas expelieron los moros de su Corona, mantuvieron perpétuas guerras con la Corona El Consejo de Aragón del Archiduque, y los otros organismos de su administración, han sido estudiados en la tesis doctoral de José Solís Fernández, La Administración española del Archiduque Carlos de Austria, 2 vols., Facultad de Derecho, Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete, Curso 1998-1999. 61  Historia de las guerras civiles de España, 29. 190

12.  Los Decretos de Nueva Planta en Aragón

Cristianísima... por lo que, siendo natural el odio de Aragón y Francia, y accidental solamente el de Francia y Castilla, era más fácil conformar estos dos pueblos que aquellos, y por lo mismo más en Castilla que en Aragón encontraron acogida favorable las sugestiones de los Ministros franceses en favor del señor Felipe V». Pese a esos condicionamientos, y pese a los signos de francofobia habidos en Aragón en el siglo xvii al aprobar las Cortes algunas leyes que prohibían a los franceses el comercio 62, Felipe V fue recibido en el reino con normalidad. Y cuando, con el inicio de la contienda, se agrupan los territorios de España a favor de uno u otro de los contendientes, Aragón no adopta una postura unívoca y homogénea, pudiendo incluso cuestionarse que hubiera una rebelión como tal. En este punto, ya en los testimonios de la época nos encontramos con las dos interpretaciones. La de los que sostienen la tesis de que hubo desobediencia, como es el caso de Macanaz al afirmar que catalanes, aragoneses y valencianos han cometido delito de rebelión 63, y la de los que lo niegan. Entre estos últimos, el Conde de Robres argumentó que únicamente podía llamarse rebelde a un reino cuando no sólo el pueblo, sino sus representantes niegan obediencia al monarca. Y al igual que no cabría decir que Castilla se rebeló contra Carlos V porque algunos pueblos y ciudades se levantaran contra él en la guerra de las Comunidades, tampoco aquí cabría hablar de una rebelión del reino, y mucho menos de una rebelión general de todos sus habitantes, pues «mirado el todo de la Corona de Aragón, o cada una de sus provincias, la mayor parte de los prelados y cabildos, de los nobles e hidalgos y muchas universidades no cooperaron en la proclamación del señor Archiduque; pues ¿cómo puede ni el todo de la Corona, ni alguno de los reinos que la componen, ser tratado del señor Felipe V como rebelde?» 64. Ahora bien, con independencia de si el rechazo a Felipe V puede o no ser calificado de rebelión 65, y aun aceptándolo como tal, es claro que unos se rebelaron pero otros no. En cierta carta de 16 de julio de 1707, del arzobispo de Zaragoza al ministro Grimaldo, titular de la Secretaría del Despacho de Guerra y Hacienda, se hacía referencia, al borde mismo del Decreto derogatorio, a la actitud de los aragoneses que habían sido leales: «... siendo cierto y constante que casi todos los Nobles, Cavalleros y Personas principales de esta Ciudad y de las demas de Aragon han sido fidelissimos, saliendose muchos de este Reyno a los de Castilla y Navarra y quedandose otros por no desemparar a sus mugeres, hijos y familias padeciendo muchos ultrages y desperdicios de sus haciendas y los ausentes total Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 277. «Regalías, intereses y derechos que por la rebelión de los tres reinos Aragón, Cataluña y Valencia han recaído en la Corona», en Regalías de los señores Reyes de Aragón, 27. 64  Historia de las guerras civiles de España, 371. 65  Sobre los conceptos de rebelión y traición, Morales, La derogación de los Fueros de Aragón, 37-39. 62 

63 

191

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

desolacion de sus bienes y rentas; y algunas ciudades se han conservado fidelissimas como son Tarazona, Jacca, Borja; y algunas Villas han sido saqueadas y destruydas por los sediciosos como son Maella, Villarroya de la Comunidad de Calatayud, Fraga, Mallen y Borja y otras han sido maltratadas y robadas sus haciendas como son las villas de Tauste, Epila, La Almunia, Jabuenca, Tierga, Trasobares, Aranda de Xarque y todos los lugares que estan en la falda de Moncayo y en las cercanías de Tarazona. Y otras Villas han sido notoriamente muy leales y padecido mucho por ello como son las villas de Caspe, Yxar, Sadaba, Sos, Alcorissa, Albalate del Arzobispo, Urrea de Yxar, Alloza, Ariño, Mediana, Longares, Ojosnegros, Monreal del Campo, Bujaraloz, y otros del Reyno» 66.

La rebelión, según parece, fue más bien cosa de los bajos estratos sociales: el campesinado y el bajo clero. Los superiores, buena parte de la alta nobleza y algunas importantes villas aragonesas habrían mantenido la lealtad al rey francés. En resumen, y en base a los estudios llevados a cabo sobre esta cuestión 67, podría decirse lo siguiente: –  La nobleza apoyó preferentemente a Felipe V. Así lo hicieron los Duques de Alba e Híjar; los Marqueses de Ariza, Vilueña, Camarasa, Aytona, San Miguel, Campo Real, Lazán y Santa Coloma; y los Condes de Ricla, Sobatillas, Aranda, Baños Perelada, Pliego, San Clemente y Guara. Apoyaron en cambio al Archiduque los Marqueses de Castro Pinos, Coscojuela y Boril, y los Condes de Sástago, Fuentes y Plasencia. –  La actitud del estamento eclesiástico en iglesias y parroquias debió arrastrar a los fieles que acudían a ellas, por lo que suele coincidir la orientación del clero con la de los habitantes de villas y ciudades. El gran bastión del felipismo fue el arzobispo de Zaragoza, don Antonio Ibáñez de la Riva, que había sido virrey y capitán general del reino, y que fue autor de un Dictamen el 15 de julio, donde informa de la adscripción política de eclesiásticos y religiosos. Como partidarios del Archiduque figuran a su vez los obispos de Huesca y Albarracín, los abades de Montearagón y San Juan de la Peña, los deanes de Alcañiz y Daroca, y los canónigos de Zaragoza, Teruel, Barbastro, Daroca, Monzón y Albelda. – Las comunidades religiosas fueron preferentemente pro borbónicas. Tal fue el caso de los conventos femeninos de monjas bernardas, carmelitas, dominicas y franciscanas del convento de Jerusalén, y de los masculinos de agustinos, cartujos, dominicos, mercedarios y trinitarios descalzos. Por su parte, como afectos al Archiduque aparecen dos comunidades de monjas (las del Santo Sepulcro y las franciscanas de Santa Catalina) y siete de religiosos (agustinos descalzos de La carta la publica Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 289. Morales, La derogación de los Fueros de Aragón, 64-65; Gonzalo Borras Gualis, La Guerra de Sucesión en Zaragoza, Zaragoza, 1972; Ángela Atienza López, «El clero de Aragón frente al conflicto sucesorio», en Felipe V y su tiempo, I, 375-396. 66  67 

192

12.  Los Decretos de Nueva Planta en Aragón

Aytona y del Portillo, carmelitas descalzos, franciscanos de San Diego, jerónimos de Santa Engracia, mínimos de la Victoria y bernardos de Santa Fe). Hubo otras comunidades religiosas, en fin, en que la posición de monjas y frailes aparece dividida. Entre estos últimos figurarán los jesuitas. A tenor de estos datos era lógicamente impropio e injusto hablar en Aragón de la rebelión de «todos sus habitadores», y fue precisamente esa generalización de la presunta culpa, según veremos, una de las causas principales de la crispada reacción que el Decreto provocó. Por otra parte se da por descontado que la ruptura del juramento de fidelidad acarrea inexorablemente la pérdida de todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades. El rey, según afirma el Decreto, tiene ahora el dominio absoluto sobre los reinos de Aragón y Valencia por dos razones que se presentan como distintas y acumulativas 68: el que esos reinos figuren con los demás en el conjunto de la monarquía de la que el rey es titular, es decir, el ser rey de ellos por herencia, y el derecho de conquista con motivo de su rebelión. Nada habría que decir, de acuerdo con los parámetros jurídicos de la época, respecto a la legitimidad y dominio absoluto de lo ganado por conquista, es decir, de lo que constituye la segunda razón. Mucho más problemático resulta aceptar la primera, habida cuenta de que en un régimen paccionado, como el de la Corona de Aragón, difícilmente puede hablarse de un dominio absoluto del monarca, que sí manda, pero ateniéndose al pacto explícita o tácitamente convenido con los súbditos 69. 68  «... pues a la circunstancia de ser comprehendidos en los demás (reinos) que tan legítimamente posseo en esta Monarquía, se añade ahora la del justo derecho de la conquista, que de ellos han hecho últimamente mis armas con el motivo de su rebelión». 69  En los modernos historiadores del Derecho que han comentado esta cuestión, cabe apreciar los dos enfoques: el del que da por bueno el razonamiento de Felipe V, y el del que lo rechaza. He aquí ambos: Francisco Tomás y Valiente escribe: «Este párrafo podrá gustarnos o no si lo enjuiciamos partiendo desde una mentalidad actual, pero yo debo señalar que su contenido es impecable desde el punto de vista del absolutismo y que refleja con plena corrección la lógica política de aquel régimen. En él el monarca era titular de la soberanía y estaba desligado del Derecho («princeps legibus solutus est») por encima de él. Si el monarca juraba respetar y respetaba el derecho de cada reino era porque a cambio del juramento regnícola de fidelidad a la persona del rey éste aceptaba como límites de su soberanía las leyes y costumbres de cada reino. Ahora bien, desde el momento en que un reino, en este caso todos los de la Corona de Aragón, faltaba a su juramento de fidelidad al rey, éste se consideraba desligado también del suyo, de su obligado respeto al derecho de los reinos rebeldes» («Los Decretos de Nueva Planta», en el vol. IV de las Obras Completas, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997, 3443-3454; cita en3447). Y Jesús Lalinde Abadía: «El monarca considera que los habitantes de ellos (de los reinos de Aragón y Valencia) han perdido los fueros, privilegios, exenciones y libertades de que gozaban por la rebelión, faltando al juramento de fidelidad que le habían prestado, y estima que reúne dos títulos para tomar la decisión que adopta, y son los del dominio absoluto que le corresponde y el derecho de conquista. Este último título era discutible, como siempre lo será el de la violencia como

193

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Partiendo de esa soberanía, la exposición de motivos se cierra dando por supuesto que uno de los atributos de ella «es la imposición y derogación de leyes». Y esa facultad es fundamentada también de doble manera. De un lado en el derecho de conquista inherente a la rebelión, lo que podría parecer aceptable si se acepta la rebelión misma, y de otro en el propio concepto de soberanía, lo que resultaría inadecuado en Aragón con un régimen de leyes pactadas, e incluso tal vez en Castilla donde determinadas leyes tenían el carácter de pactos o contratos  70. En Cataluña un jurista como Tomás Mieres señaló en su Apparatus super Constitutionibus Curiarum Generalium Cathaloniae, que «la facultad de legislar de Derecho natural, de gentes y civil, se limita al rey por Derecho de Cataluña, porque debe intervenir para ello la aprobación y consentimiento de los brazos (de las Cortes)», y en la Proclamación cathólica a la Mag. piadosa de Felipe el Grande, por los Consellers de Barcelona, del año 1640, se afirmó que el rey «aunque es señor de leyes, no lo es de contratos que hace con sus vasallos». A su vez en Valencia, un jurista como Belluga sostiene en su Speculum principum «que estas leyes hechas en la Corte, si se da dinero por el pueblo, como suele suceder, se transforman en contrato». No parece, pues, que constituya un atributo automático de la soberanía la imposición y derogación de cualquier tipo de leyes. Tras la exposición de motivos, la primera de las dos disposiciones del Decreto procede a derogar los «fueros, privilegios, práctica y costumbre» de los dos reinos, sustituyéndolos por las loables y plausibles leyes de Castilla, así como a declarar abiertos y accesibles los oficios públicos de las dos Coronas a los súbditos de ambas, o, más precisamente, a habilitar a los castellanos para ocupar oficios en la Corona de Aragón, y a los aragoneses y valencianos para ocuparlos en Castilla. La segunda de las disposiciones ordena que las Audiencias que se establecen en Valencia y Aragón se gobiernen como las Chancillerías de Valladolid y Granada. A este respecto conviene recordar que, en la Corona de Aragón, la Audiencia de Cataluña había sido reorganizada a fines del siglo XV con ocho «juristas solemnes», que entendían de asuntos civiles, y dos jutges de cort para los criminales. Al aumentar luego el número de aquéllos, quedaron distribuidos en dos salas, pudiéndose recurrir de la una a la otra y decidiendo en última instancia el pleno. En cuanto a Valencia, Fernando el Católico había establecido un Consell e Audiencia real presidido por el portant veus del gobernador general y luego por el virrey. Y a su vez, en Aragón las Cortes promulgaron diversas dispofuente del Derecho, pero el otro, históricamente, era totalmente falso, pues no había heredado un “dominio absoluto”...» (Los Fueros de Aragón, Zaragoza, 1976, 129-130). 70  V. gr. Ley pacto promulgada por el rey Juan II de Castilla en las Cortes de Valladolid, de 5 de mayo de 1442. Recogida en la Novísima Recopilación, 3, 5, 8. Sigo a Alfonso García-Gallo, Manual de Historia del Derecho español, 2 tomos, Madrid, 1984; en I, epígrafe 418 y las fuentes correspondientes. Véase también, del mismo autor, «El pactismo en el reino de Castilla y su proyección en América», en El pactismo en la historia de España, 143-168. 194

12.  Los Decretos de Nueva Planta en Aragón

siciones «sobre reparo de la Audiencia real», compuesta entonces por cuatro consejeros con sede en Zaragoza, si bien la más importante jurisdicción recayó en el Justicia Mayor, quien juzgaba asistido de sus lugartenientes, y cuya significación e importancia decayó desde las Cortes de Tarazona de 1592 en que el Justicia y sus colaboradores quedaron sujetos a la autoridad del monarca. Este era, en fin, el panorama de la administración de justicia en la Corona de Aragón cuando llega el mandato de que las Audiencias de Valencia y Zaragoza se ajusten al estilo de las Chancillerías de Valladolid y Granada, dos organismos de historia desacompasada, habida cuenta de que la vallisoletana tenía una más larga trayectoria y compleja génesis, y se había establecido en la ciudad castellana en 1442, mientras la andaluza, procedente de la creada en Ciudad Real en 1494, funcionaba en Granada desde 1505. Las Audiencias y Chancillerías de Valladolid y Granada, que ahora se toman como modelo, habían funcionado fundamentalmente como tribunales de apelación o suplicación, en pleitos civiles a través de los oidores, y en causas criminales mediante alcaldes de Corte –luego alcaldes del crimen–, y ello sin perjuicio de ser ocasionalmente tribunales de primera instancia en los casos de corte, o en algunos otros como los pleitos sobre términos de concejos, de fuerzas de las autoridades eclesiásticas o de hidalguía 71. Refiriéndose a esta reforma en Aragón, Macanaz escribirá en 1713: «En el año de 1707 se estableció allí una Chancillería igual en todo a la que se puso en Valencia y después en el de 1711 se redujo a una audiencia que hoy hay y se experimenta no tanto desorden como en Valencia, pero muy poco menos, y convendrá reducirla en el todo como se ha propuesto para Valencia, y lo mismo todo lo demás del Gobierno del reino, de las tropas y finanzas» 72.

III.  EL DECRETO RECTIFICADOR DE 29 DE JULIO DE 1707 El radical Decreto de 29 de junio, con la abolición del régimen jurídico aragonés, convertía en relativamente obsoleto el gran órgano de la Administración central referido a la Corona, es decir, el Consejo de Aragón, que será suprimido casi a continuación. Por otra parte el Decreto derogador de los fueros había provocado una reacción muy negativa, basada sobre todo en la generalización de un castigo que no distinguía a los que habían pasado a la obediencia del Archiduque de aquellos otros que seguían fieles a Felipe de Anjou. Ello habría de dar pie a un Decreto rectificador el 29 de julio. 71  El mejor resumen sobre las Audiencias castellanas se encuentra en la introducción de Alfonso García-Gallo a su estudio «Las Audiencias de Indias: su origen y caracteres», en Los orígenes españoles de las instituciones americanas. Estudios de Derecho indiano, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 1987, 889-951. Me he ocupado también del tema en mi Curso de Historia del Derecho. Fuentes e instituciones político-administrativas, Madrid, 2003, 778-780. 72  Regalías de los señores reyes de Aragón, 21-22.

195

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

A)  Supresión del Consejo de Aragón El Consejo de Aragón, que era el órgano político-administrativo por antonomasia de la Corona, con longevas raíces medievales, había sido reorganizado en 1494 y constaba de un vicecanciller como presidente y cinco consejeros llamados regentes (entre esos seis, dos aragoneses, dos catalanes y dos valencianos), y otro que era el tesorero general de la Corona. Siguió en rango al Consejo de Castilla, aunque ese segundo puesto le fue disputado en ocasiones por el Consejo de la Inquisición 73. Al parecer el Consejo se ocupó algo tardíamente de los problemas de la Guerra de Sucesión que, por otra parte, ocasionó en su seno la consiguiente división de austracistas y felipistas. Esta doble filiación política quedará patente cuando, con ocasión de ciertos decretos de 17 y 21 de junio de 1706 que decidían el traslado de los consejeros a Guadalajara y a Burgos, se determinó que los que no fuesen quedaran suspendidos en el ejercicio de sus funciones. Del primigenio Consejo, algunos de sus componentes se habían trasladado a Madrid; otros, como el propio presidente, fueron sustituidos (según dijimos, el duque de Montalto por el Conde de Frigiliana), y otros fueron nombrados en octubre de 1706 para reemplazar a los que figuraban en el Consejo de Aragón paralelo o intruso, es decir, en el constituido por el Archiduque. A principios de 1707, un decreto de 3 de marzo exonera de culpa a muchos de los consejeros considerados hasta entonces rebeldes. Parece claro el protagonismo de Macanaz en la supresión del Consejo de Aragón. En cierto documento publicado por Martín Gaite 74, Macanaz se acoge a la opinión del Marqués de Villena para propugnar la supresión del Consejo. «El marqués de Villena –comenta– que ha servido en Aragón y Cataluña bajo la mano del Consejo es de sentir que con él jamás se adelantará el servicio del Rey, y así decía muchas veces: Si yo llegase a ser ocho días Presidente de Aragón bajo la mano de un Rey de resolución, haré todo empeño para que este Consejo se consuma». No figura la fecha de este documento tan significativo, pero sí nos consta en otro –aun sin fecha precisa– que, estando en Valencia, es decir, a partir de fines de junio de ese año 1707, Macanaz confesó que él había propuesto la supresión del Consejo de Aragón y su integración en el Consejo de Castilla. Así en cierto papel comenta los forcejeos del presidente de Castilla, Ronquillo, y del Consejo de Aragón, a propósito de instituir en Valencia una Audiencia o una Chancillería 75, para declarar con meridiana claridad: «yo consulté que este 73  Sobre este organismo, Jon Arrieta Alberdi, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707), Zaragoza 1994. Lo relativo a la última etapa y supresión, en pp. 207-227. 74  El proceso de Macanaz, 82. 75  Sobre la compleja diferenciación de Audiencias y Chancillerías castellanas, García-Gallo, Las Audiencias de Indias, 896 y ss.

196

12.  Los Decretos de Nueva Planta en Aragón

Consejo se incorporase al de Castilla con todos sus miembros, y al presidente que era el conde de Frigiliana se le diese la Presidencia de Indias que estaba vacante» 76. Como puede verse, Macanaz confiesa que él consultó o propuso dos cosas: que se extinguiera el Consejo de Aragón, integrándose en el de Castilla, y que a su presidente se le hiciera presidente del Consejo de Indias. Y ¿qué sucedió? Sabemos que efectivamente Rodrigo Manuel Manrique de Lara, Conde de Frigiliana, fue nombrado presidente del Consejo de Indias 77, con lo que es de suponer que si Macanaz sugirió ese nombramiento y fue aceptado, la supresión del Consejo de Aragón se debiera en buena medida también a que Macanaz, en la misma consulta, la había propuesto. La supresión del Consejo se efectuó por decreto de 15 de julio de 1707. El texto mostraba la conexión de esta medida con el decreto derogador de los fueros; ordenaba la integración de los asuntos aragoneses en el Consejo y Cámara de Castilla (en la Cámara se estableció para ellos una Secretaría de Gracia y Justicia y Real Patronato por lo tocante a los Reynos de la Corona de Aragón), y preveía el destino de los papeles de los territorios mediterráneos en el Consejo de Italia, y el de los de la Orden de Montesa en el Consejo de Ordenes: «Por decreto de 29 de Junio próximo fui servido mandar, que los Reynos de Aragón y Valencia se reduxesen a las leyes de Castilla, y al uso, práctica y forma de gobierno que se ha tenido y tiene en sus Tribunales sin diferencia alguna; y habiendo resuelto ahora extinguir el Consejo de Aragón, y que todos los negocios del continente de España, que corrían por su direccion, se gobiernen por el Consejo y la Cámara, se tendrá entendido en él así, para cuidar de estas dependencias con la aplicación, fineza y zelo que me asegura la acertada direccion de tan grave Senado. Y respecto de ser ultramarino el Reyno de Cerdeña, y la isla y puerto de Menorca, he resuelto, que estos territorios, como tambien el de la isla y puerto de Mallorca, quando esté recuperada, se agreguen al Consejo de Italia, y al de Ordenes lo dependiente de la Orden de Montesa; de que he prevenido a estos Tribunales» 78.

B)  La reacción al Decreto de 29 de junio El Decreto derogatorio de los fueros, dado su radicalismo y celeridad de tramitación, produjo en Aragón y Valencia profunda contrariedad y rechazo, y ello tanto por la dureza de la medida como por la generalización del castigo que afectaba de igual forma a los que habían permanecido leales y a los que habían apoPeset, Notas sobre la abolición de los fueros de Valencia, 674, nota 26. Gildas Bernard, Le Secrétariat d’État et le Conseil espagnol des Indes (1700-1808), GinebraParís 1972, 7, nota 31, y 278. 78  Novísima Recopilación, IV, V, IX. 76  77 

197

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

yado al Archiduque. Esa injusta generalización constituye ciertamente el leit motiv de las protestas de uno y otro reino. Zaragoza y Valencia, según recuerda el Conde de Robres 79, preparan sendos memoriales de protesta, pero mientras en Zaragoza no se permitió que se diese a la imprenta, en Valencia un escrito redactado por Blanquer y Ortí negaba que hubiera habido rebelión y que además los sectores sociales más calificados habían sido fieles, constituyendo los desafectos el «tumulto de lo más despreciable que se juntó de todo el Reino» 80. En Aragón sintomatizan el rechazo tanto un felipista declarado, el arzobispo de Zaragoza, don Antonio Ibáñez de la Riva, como un apasionado fuerista, José de Sisón y Ferrer. Ya nos referimos antes a la carta que el arzobispo había remitido a Grimaldo el 16 de julio, es decir, dos semanas después del decreto derogatorio, de la que son ahora de destacar estos pasajes: «El tercer punto toca al desconsuelo que ha causado a los aragoneses la extinción de las libertades, privilegios y estilos con que han sido criados, al mismo tiempo que se les pide una contribucion tan excesiba, suponiendo que todos los naturales de este Reyno han sido rebeldes, incluyendo en esta generalidad a los leales (que han sido casi todos los nobles y muchos pueblos y ciudades). A este punto respondo que es assi que ha causado algun resentimiento a estos naturales acostumbrados a vivir con la libertad de sus fueros verse aora pribados de ellos...no pueden estos naturales justificar sustancialmente estas quexas y solo reparo en el desconsuelo que ha causado a los leales una clausula del Real Decreto que dice ‘Que todos los habitadores de este Reyno cometieron el delito de rebelion contra el Rey’, siendo lo cierto y constante que casi todos los nobles, cavalleros y personas principales de esta ciudad y de las demas de Aragón han sido fidelissimas saliendose muchos de este Reyno a los de Castilla y Navarra» 81.

Esto lo decía un partidario del Borbón, que no era precisamente sospechoso. Y más o menos lo mismo, de forma más terminante y rotunda, es lo que decía Sisón en otra carta a Grimaldo el 14 de julio: «No ha havido un solo aragonés (aun de los que han sido mas fieles y celosos del Real Servicio) a quien este decreto no haya penetrado el corazón y resfriado el amor y celo que han profesado, dejando los ánimos preparados para contrarias inclinaciones, sintiendo vivamente que haviendo havido tantos fieles, con la palabra todos les alcance a ellos y a toda la nacion el borron perpetuo de la infidelidad, reconociendo aora malograda su constancia, pues con el govierno del Archiduque padecieron tantas mortificaciones y en el de Su Majestad hallan un común desprecio» 82. 79  80  81  82 

198

Historia de las guerras civiles de España, 368-369. Peset, Notas sobre la abolición de los fueros de Valencia, 661 y ss. En Voltes, «Felipe V y los fueros de la Corona de Aragón», 105. Ibidem, 107-108.

12.  Los Decretos de Nueva Planta en Aragón

Maneja luego Sisón dos argumentos más originales. De un lado asegura que este mal trato a los que han sido leales debe satisfacer a quienes no lo fueron, pues éstos confiarán en que aquéllos, despechados por el injusto trato recibido, abandonen a quien tan mal les trata y cambien de partido, con lo que el decreto habría producido en realidad un efecto perverso y contradictorio. De otro, intentando congraciarse con el rey Felipe y hacer cambiar su voluntad, plantea la hipótesis de que ese castigo indiscriminado e injusto se daba no a la voluntad del monarca, sino a la envidia y desafecto de los castellanos: «atribuian este decreto mas al odio antiguo con que los castellanos an mirado siempre este Reyno que no a la voluntad del Rey nuestro Señor, de quien aun les queda esperanza que le ha de mandar reformar, pues sin ella ya tendrían arrancados todos los corazones». Había pues acuerdo, entre los aragoneses de unas y otras tendencias, en que la generalidad del castigo había sido un error. Y más o menos lo mismo pensaba un destacado francés, el Duque de Orleans, quien en cierta carta de 11 de julio sostenía que era preciso un segundo decreto que mitigara y corrigiera los errores del primero, «a fin de dar alguna distinción y algún honor particular a aquellos que habían sido buenos, diferenciándoles de los malintencionados que esperan ahora atraer a su partido todo el cuerpo de la nobleza, que al menos había sido hasta aquí indiferente» 83. Todo condujo, en fin, a un segundo decreto, aclaratorio y rectificatorio del primero, que el rey dio el 29 de julio. C)  La pseudorectificación: Decreto de 29 de julio El 29 de julio Felipe V dicta un nuevo decreto disponiendo, según aparece en el volumen de los Autos Acordados 84 que, «a las buenos vassallos de Aragón i Valencia se mantengan sus fueros i essenciones, excepto el modo de govierno, leyes i fueros, pues en todo el continente de España deben ser unos mismos». El texto del decreto dice así: «Por mi Real Decreto de 29 de Junio proximo fui servido derogar todos los fueros, leyes, usos i costumbres de los Reinos de Aragón i Valencia, mandando se goviernen por las leyes de Castilla. Y respecto de que en los motivos que en el citado Decreto se expressan, suenan generalmente comprehendidos ambos Reinos i sus habitadores, por aver ocasionado sus motivos la mayor parte de los pueblos; i porque muchos de ellos, i de las ciudades, villas i lugares, i demas comunes i particulares, assí eclesiásticos como seculares, i en todos los más de los nobles, cavalleros, infanzones, hidalgos i ciudadanos honrados, han sido mui finos i leales, padeciendo la pérdida de sus haciendas i otras persecuciones i trabajos, que 83  84 

En Baudrillart, Philippe V et la Cour de France, II, 59. Tomo Tercero de Autos Acordados, libro III, título II, auto IV. 199

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

ha sufrido su constante i acrisolada fidelidad, i siendo esto notorio, en ningún caso puede averse entendido con razón fuesse mi real ánimo notar ni castigar como delinquentes a los que conozco por leales. Pero para que más claramente conste de esta distinción, no solo declaro que la mayor parte de la nobleza i muchos pueblos enteros han conservado en ambos Reinos pura e indemne su fidelidad, rindiéndose solo a la fuerza incontrastable de los enemigos los que no han podido defenderse; pero también les concedo la manutención de todos sus privilegios, essenciones, franquezas i libertades concedidas por los señores reyes mis antecessores, o por otro justo título adquiridas, de que mandaré expedir nuevas confirmaciones a favor de los referidos lugares, casas, familias i personas, de cuya fidelidad estoi enterado; no entendiéndose esto en quanto al modo de govierno, leyes i fueros de dichos Reinos, assí porque los que gozaban i la diferencia de govierno fue en gran parte ocasión de las turbaciones passadas, como porque en el modo de governarse los Reinos i pueblos no deve aver diferencia de leyes i estilos, que han de ser comunes a todos para la conservación de la paz i humana sociedad, i porque mi real intención es que todo el continente de España se govierne por unas mismas leyes, en que son más interessados aragoneses i valencianos por la comunicación que mi benignidad les franquea con los castellanos en los puestos, honores i otras conveniencias que van experimentando en los Reinos de Castilla algunos de los leales vassallos de Aragón i Valencia» 85.

Como puede verse, el decreto de julio reconoce en su exposición de motivos el error del castigo indiscriminado que había sancionado el decreto de junio. Solo que en vez de reconocerlo paladinamente y sin ambages, y proceder a la rectificación, lo hace de manera indirecta como si se hubiera entendido mal lo que aquel texto quería decir («en ningún caso puede averse entendido con razón fuesse mi real ánimo notar ni castigar como delinquentes a los que conozco por leales»). Tras esta confusa explicación, el decreto no rectifica la medida general (es decir, la supresión de los fueros o la reforma de los tribunales), sino que la confirma, estatuyendo una especie de cláusula de excepción personal para salvaguardar los intereses particulares de aquellos que permanecieron fieles. Podía incluso este decreto haber fijado la presunción de la honorabilidad general y la persecución de aquellos que fueran culpables, pero el procedimiento elegido es justamente del inverso. Se mantiene el castigo general y el rey dispone que salvaguardará los «privilegios, essenciones, franquezas y libertades» de los leales, expidiendo nuevas confirmaciones de esos derechos en favor de los lugares, familias y personas «de cuya fidelidad estoi enterado». Es decir, presunción de culpabilidad, y confirmación de los privilegios de los que hayan sido fieles. ¿Y cómo debía realizarse la rehabilitación? ¿La haría el rey por propia iniciativa o se realizaría a instancia de parte? Esto no lo aclara de forma explícita el 85  En el volumen de Autos Acordados el texto va todo seguido. Aquí diferencio dos párrafos, con punto y aparte, para distinguir la exposición de motivos de la parte dispositiva.

200

12.  Los Decretos de Nueva Planta en Aragón

Decreto, aunque podría sobreentenderse que, puesto que el rey se propone expedir confirmaciones en favor de lugares y personas de cuya fidelidad estoi enterado, no sería necesaria la petición e instancia de los interesados. Sin embargo de hecho esto no fue así, y algunos de los afectados, tanto villas como particulares, se apresuraron a enviar memoriales solicitando la rehabilitación o la mejora de su status  86. Como consecuencia de ello, a la ciudad de Tarazona, por ejemplo, se le dio título de Vencedora y Fidelísima, y a la de Borja de Ilustre y Fidelísima, siendo también distinguidas las de Sádaba y Epila. A las villas de Caspe y Fraga se les reconoció la condición de ciudad, obteniendo ventajas otros lugares como Tauste, Híjar, Sos, Albalate, etc. A su vez los particulares solicitaron y obtuvieron empleos públicos, pensiones o sueldos, y hasta la compensación de las pérdidas económicas padecidas mediante la asignación de bienes que se habían confiscado a partidarios del Archiduque. Por lo demás, como observan los autores citados 87, el decreto de 29 de julio no provocó una apreciable satisfacción, habida cuenta de que mantenía la derogación de los fueros, de suerte que los diputados del reino manifestaron su pesar y preocupación al monarca a finales de agosto, mientras el Conde de Jerena hacía notar a Grimaldo, en mayo de 1708, que de los malos y buenos del conflicto, algunos de éstos «están tibios por la aboliciön de los fueros», reconociendo «lo mucho que atrasa para el establecimiento de las nuevas leyes, la esperanza concebida de la restitución de los fueros».

IV. RESTABLECIMIENTO PARCIAL DEL DERECHO ARAGONÉS: EL DECRETO DE 3 DE ABRIL DE 1711 A)  Problemas de aplicación e interpretación de los decretos derogadores El Decreto de 29 de junio, derogador de los fueros, introductor de las leyes de Castilla en Aragón y Valencia, y ordenador de que las Audiencias de Valencia y Aragón se rigiesen por el sistema de las Chancillerías de Valladolid y Granada, era lo suficientemente conciso como para dejar numerosas cuestiones abiertas a la duda y a la interpretación. Por de pronto, el Decreto habla de la Audiencia «que se ha formado» en Valencia y de «la que he mandado se forme» en Aragón, dando así a entender que el tribunal valenciano ya se había constituido y el aragonés estaba por constituir. De otra parte, al ordenar que la Audiencia de Armillas-Pérez, «La Nueva Planta borbónica en Aragón», 264-266. Según Robres, dado el clima de desencanto, las peticiones fueron escasas: «y como lo postrero era incompatible con las exenciones que gozábamos, todas fundadas en nuestras leyes, no se tuvo por merced el ofrecimiento y casi ninguno acudió a solicitar su despacho. Solamente algunos pueblos instaron su ejecución en favor suyo, que se redujo a ciertos honores y distintivos...» (Historia de las guerras civiles de España, 369). 87  Ibidem, 266-268. 86 

201

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Valencia y la de Aragón «se goviernen, i manejen en todo, i por todo como las dos Chancillerías de Valladolid i Granada», tanto podría entenderse el texto en sentido global y uniforme, es decir que ambas Audiencias se gobiernen de la misma forma, y que ella sea idéntica a la de las dos Chancillerías (lo que da por supuesto naturalmente que éstas a su vez se gobiernan de la misma forma), como en sentido correlativo, es decir, que la de Valencia se gobierne como la Chancillería de Valladolid, y la de Aragón como la Chancillería de Granada, lo que daría a entender que las dos Chancillerías tenían una normativa o, al menos, una praxis distinta. Según parece, y aunque resulta inimaginable la absoluta identidad organizativa y funcional de estas dos corporaciones, se estaba pensando en el primer supuesto: en que ambas Audiencias se organizaran de la manera como estaban organizadas las dos Chancillerías. Sólo así se explica que para ilustrarse en la nueva y desconocida praxis, fuera reeditada en Zaragoza en 1733 la Práctica y formulario de la Real Chancillería de Valladolid, publicada más de medio siglo antes por el escribano vallisoletano Manuel Fernández de Ayala 88, lo que da a entender que el modelo de Zaragoza no era exclusivamente Granada sino indistintamente cualquiera de las dos ciudades, la castellana o la andaluza. Y por si hubiera alguna duda, la carta de Felipe V de 12 de septiembre de 1707, dirigida a las justicias, ciudades y villas de Aragón, que a continuación comentaremos, habla de que se había ordenado seguir el «estilo y práctica de las Chancillerías de Valladolid y Granada». Había en consecuencia que conocer la práctica y estilo de las dos Chancillerías, e informar de ello a las justicias y tribunales. Pero además existía un problema previo: que todas esas justicias y tribunales del reino se enteraran de la orden del rey, teniéndose además que establecer, como ha destacado Morales, normas transitorias para aclarar el derecho que debía seguir aplicándose a los pleitos iniciados y no concluidos, así como el modo de sustanciar las apelaciones de sentencias dictadas conforme al ordenamiento vigente antes. Y en última instancia determinar si se consideraban o no válidas las actuaciones realizadas bajo el gobierno del Archiduque, que por cierto serían declaradas nulas en Valencia. Algunos de estos problemas de aplicación del decreto de 29 de junio, y también del de 29 de julio, debieron ser planteados casi inmediatamente a Felipe V, representando el licenciado Lucas Martínez de la Fuente, fiscal de la Audiencia y Chancillería de Zaragoza, el desconocimiento reinante de la orden real de introducir el modelo castellano en la tramitación de las causas civiles y criminales. Ello dio pie a un auto de 10 de septiembre de 1707 que aparece recogido en la citada carta que el día 12 dirigió el monarca «a todas las justicias y jurados de las ciudades, villas y lugares de este Reyno de Aragón, y a cada uno de vos en vues88 

202

Morales Arrizabalaga, La derogación de los Fueros de Aragón, 75.

12.  Los Decretos de Nueva Planta en Aragón

tros distritos y jurisdiciones» 89. Se hace así referencia en la carta, a partir de la representación del fiscal, a que de esa resolución derogatoria del rey «no tenían noticia muchos pueblos de este Reyno», suplicando el fiscal al monarca dictara provisión encareciendo su conocimiento y cumplimiento, asegurándose también el uso en los instrumentos públicos del papel sellado. De esta suerte, el presidente y oidores dictaron ese auto de 10 de septiembre, del tenor siguiente: «Despáchese provisión real para que todas las justicias de las ciudades, villas y lugares de este Reyno, en observancia y cumplimiento de los reales decretos, expedidos por su Magestad en veinte y nueve de junio, y veinte y nueve de julio de este presente año, procedan en todas las causas y pleytos civiles y criminales, que de nuevo se començaren en sus Audiencias y juzgados, según las leyes, práctica y estilo de los Reynos de Castilla, y en los ya inchoados, los prosigan según los fueros, práctica y estilo de este Reyno. Y que todos los pleytos y causas civiles y criminales que de nuevo se empezaren, se substancien en papel sellado, y asimismo todos los instrumentos públicos que de nuevo se hizieren, se otorguen en papel sellado; y los que se compulsaren de los instrumentos y protocolos antes de aora otorgados, se saquen y compulsen en papel sellado, uno y otro en los sellos que les corresponde según las leyes de Castilla, que sobre esto hablan, y de la Instrucción que acompañará a esta Real Provisión, firmada de el fiscal de su Magestad. Çaragoza y setiembre diez, de mil setecientos y siete. Licenciado Aldana».

Como puede verse, el auto disponía que los nuevos pleitos civiles y criminales se sustanciaran conforme al derecho de Castilla, pero que los ya iniciados prosiguieran su trámite conforme al de Aragón. Para asegurar la aplicación del auto, el rey dio el 12 de septiembre la carta de referencia, que ordenaba guardar, cumplir y ejecutar las previsiones contenidas en él. Cuatro días después, el 16, otra carta de Felipe V se hacía eco de una nueva representación del fiscal Martínez de la Fuente ordenando «a todos y cada uno de vos en vuestros distritos y jurisdicciones, según dicho es, que luego que la recibais, por aora, no passeis en manera alguna a obligar, vender, empeñar ni enagenar los propios, bienes y rentas de essas dichas ciudades, villas y lugares, sin dar quenta primero al dicho nuestro presidente y oidores de la dicha nuestra Chancillería, para que en su vista se tome la providencia que convenga» 90. En esta complicada situación es difícil determinar cuándo el ordenamiento aragonés fue propiamente sustituido por el castellano. Y aunque se ha llegado a dar esa fecha concreta de 12 de septiembre de 1707, con ocasión de la remisión de copias del auto y su notificación a justicias y autoridades 91, parece más realista pensar que esa sustitución no se hiciera de hecho de una vez sino de forma 89  La carta se encuentra en el Archivo Municipal de Zaragoza, Libros del Concejo, Actas, libro 74, folios 199-200. 90  Archivo Municipal de Zaragoza, Libros del Concejo, Actas, libro 74, folio 198. 91  Morales, La derogación de los Fueros de Aragón, 77.

203

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

progresiva, conforme se iba aclarando lo confuso y haciéndose viable una mutación de tan compleja envergadura. En los terrenos de la administración territorial y local, en fin, fueron diseñados los trece corregimientos (Albarracín, Alcañiz, Barbastro, Benabarre, Borja, Calatayud, Cinco Villas, Daroca, Huesca, Jaca, Tarazona, Teruel y Zaragoza), mientras el ayuntamiento de la capital de Aragón recibía a fines de 1707 una organización con veinticuatro regidores, bajo la dependencia del corregidor Juan Gerónimo de Blancas. El año 1707 concluyó bajo el signo de la ofensiva borbónica, mientras en el siguiente abandonaban España el duque de Berwick del lado francés (con lo que Orleans quedó solo) y Von Stahremberg y Stanhope se hacían cargo del mando supremo aliado y de la dirección del ejército inglés respectivamente. Tras el invierno de 1709, especialmente penoso por los problemas del frío y abastecimiento, la campaña en la primavera de 1710 se desarrolló principalmente en Aragón. El ejército real salió de Madrid el 3 de mayo, encontrándose a fines de julio retirado en Lérida. El 20 de agosto se libró en Zaragoza una batalla en la que las tropas borbónicas fueron vencidas por las de Stahremberg, con lo que el Archiduque entró al día siguiente en la ciudad 92 anulando la prohibición hecha por Felipe V de los fueros. Así lo vio Castellví en sus Narraciones históricas: «No se satisfizo la piedad del rey Carlos con haber tributado a Dios las gracias de la victoria en la iglesia de capuchinos. Entró en la ciudad, pasó a visitar el templo de la Virgen del Pilar, repitiendo con fervorosa oración a Dios las gracias. Los moradores, que desde lo alto de sus casas habían sido testigos del combate, permanecieron con quietud hasta declarada la victoria. Luego abrieron sus puertas y manifestaron la universal alegría. La inclinación a los austríacos era mucha; el resentimiento de estar del todo eclipsados sus fueros era mayor. El rey Carlos hizo luego revivir fueros y leyes, restableciéndoles en su antiguo ser, abolir todos los hechos contra fuero del reino y como de no legítimo señor. Reintegró el reino en la posesión de fueros y costumbres,...abolió todas las nuevas leyes de Castilla que el rey Felipe había establecido por norma de gobierno» 93.

Por si aun no estuviera suficientemente claro, este acontecimiento hizo patente que si Felipe V había sido el derogador de los fueros aragoneses, el Archiduque Carlos era su restaurador y defensor. «El rey Carlos –recuerda Castellvi 94– fue festejado de los naturales con cuantos obsequios pudo idear y concebir aficionada nación. El día 2 de septiembre de ese año 1710, después de oída la misa en el templo del Pilar, salió de Zaragoza, festejado de las aclamaciones populares y del repique de todas las campanas». El Archiduque, pues, había 92  Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 29-31. Aguado Bleye, Manual de Historia de España, III, 65-66. 93  III, 61. 94  Narraciones históricas, III, 63.

204

12.  Los Decretos de Nueva Planta en Aragón

estado en Zaragoza unos pocos días, trasladándose a Madrid adonde llegó a fines de mes, para regresar en noviembre camino de Barcelona. Ahora bien, si el destino futuro de la guerra todavía parecía incierto, y en consecuencia era también incierto si triunfaría el abolidor o el restaurador de los fueros aragoneses, una decisiva batalla, la de Villaviciosa, celebrada el 10 de diciembre, lo puso todo en claro en detrimento de los intereses fueristas. Tras ella, las tropas borbónicas vencedoras prosiguieron su avance y recuperaron Aragón, mientras el Archiduque quedaba recluido en Cataluña, donde, perdida Lérida, solo controlaba tres plazas de verdadera importancia: Cardona, Tarragona y Barcelona. Del éxito de la batalla de Villaviciosa dio cuenta el 12 de diciembre el propio rey Felipe V en una carta dirigida a la ciudad de Zaragoza desde el Campo Real de Fuentes: «Magnífica, fiel y noble ciudad de Zaragoza. Favoreciendo Dios la justicia de mi causa, ha sido servido darme la felicidad de que el día diez de este mes batiese con mi exército el de los enemigos mandado por el general Staremberg, derrotándole tan enteramente en las cercanías de Villaviciosa que sobre haver perdido todo su bagage y artillería en número de veinte piezas y dos morteros con muchas armas, estandartes y vanderas, quedaron muertos en el campo de batalla más de dos mil y quinientos hombres y prisioneros cinco mil, de más de otros cinco mil que el día antezedente al suzesso se hicieron en la villa de Brihuega con el general Stanope... De que he querido anticiparos la noticia y acordaros al mismo tiempo la satisfación con que me hallo de vuestro celo a mi servicio, y muy particularmente de lo que procurásteis manifestarle en el adberso suceso que tubieron mis armas en las cercanías de esa ciudad el día veinte de agosto, prometiéndome que en coyuntura tan favorable solicitareis con todos vuestros maiores esfuerzos contribuir a la oposición del pasage del corto número de tropas con que los enemigos executan ya su retirada acia esse Reyno, asegurándoos que si en esto obrareis todo aquello que devo esperar, de lo que ofreze esta favorable coyuntura, encontrareis en mí correspondientes los afectos de mi real gratitud» 95.

Como puede verse, el tono del rey ha cambiado. Ahora se dirige a Zaragoza como magnífica, fiel y noble ciudad, ponderando la actitud de la capital aragonesa con ocasión de la llamada batalla de Zaragoza de 20 de agosto. Poco tiempo después falleció en Viena el 17 de abril de 1711 el emperador José I, dejando la corona a su hermano Carlos, quien el 27 de septiembre de ese año partió definitivamente de Barcelona para hacerse con la corona imperial. Se había producido así el abandono del restaurador de los fueros. En agosto de 1712 cesaron las hostilidades, y en el mes de noviembre, en las negociaciones celebradas en Londres, el emperador Carlos VI pretendió que se le adjudicaran los territorios de la Corona de Aragón, excepto Baleares y el Rosellón, tratándose incluso de 95 

Archivo Municipal de Zaragoza, Libros del Concejo, Actas, libro 75, fechas 1710-XII a 1711-XII. 205

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

que Cataluña pudiera convertirse en una República bajo protección de los aliados 96. Sin embargo, en el tratado de Utrecht de 11 de abril de 1713 fue de hecho abandonado ese caso de los catalanes, «que así llamaban en aquellos días –escribe Senpere 97– el del abandono de Cataluña, solución en la que habían concordado Francia e Inglaterra»–. Mientras, se declaraba que España y las Indias quedaran bajo la soberanía de Felipe V. B)  C onsulta de 5-II-1710 a las Chancillerías de Valencia y Zaragoza, y Decreto de 3-IV-1711 El año 1710 se producirá un giro en la actitud de Felipe V hacia Aragón, pasándose del lenguaje acusatorio e intimidatorio al reino presuntamente rebelde, a otro mucho más comprensivo e incluso afectuoso. Ya hemos visto el tono de la carta del monarca a Zaragoza al término del año, el 12 de diciembre. Pero mucho antes, a principios de él, el 5 de febrero, Felipe V dirige a los reinos de Valencia y Aragón una real cédula expresiva del cambio de rumbo, que acarreará consecuencias jurídicas de extremada importancia. En la exposición de motivos de ella, el monarca hace recuento de la medida que adoptó introduciendo las leyes de Castilla, lamenta que por las convulsiones y el desorden haya sido malentendida su voluntad de beneficiar a los súbditos aragoneses y valencianos, y confiesa estar inclinado a moderar y alterar en las providencias dadas hasta aquí, aquello que sin limitación de mi suprema y absoluta potestad y soberanía real y 96  «Cuando Carlos vio que se le escapaba de su cabeza la corona de España, que nunca le entró bien, propuso a la reina de Inglaterra que se separara para él el reino de Aragón, Valencia, Cataluña y Rosellón; y como ya poseía Nápoles y Cerdeña, de habérsele concedido lo que pedía, hubiera faltado sólo Sicilia para que el entero patrimonio de los Jaimes, Pedros y Alfonsos hubiese quedado en favor de la casa de Austria. No hacía ciertamente esa petición Carlos por amor a las libertades del reino de Aragón, próximas a un completo y total naufragio, sino por vanidad, por una vanidad tan femenina que si hay que buscar responsables de la catástrofe final, será preciso irlos a encontrar en esa vanidad que engendró el funesto equívoco que mantuvo a los catalanes y mallorquines unidos a Carlos hasta el postrer momento... Pedía, pues: “En primer lugar, que Cataluña fuera erigida en República libre bajo la garantía y protección de todos los aliados, y principalmente de V. M. En segundo lugar, reclamaba para sí la cesión de Sicilia, Cerdeña, costa de Toscana, Nápoles, Milán y Mantua, que ya posee en Italia”. Y continuaba diciendo: “En la primera de estas peticiones está demasiado comprometido el honor y la conciencia de S. M. imperial, para poder permitir que el Principado, que tantas pruebas ha dado de constancia y fidelidad, quede expuesto a la venganza del enemigo, cuando ese valiente pueblo no tomó las armas sino con las seguridades que recibió de Vuestra Majestad de que no le abandonaría jamás, mereciendo por otra parte de V. M. misma el empeño especial de cuidar por la conservación de su libertad, la cual no puede esperar si queda bajo el yugo de la casa de Borbón”». Reclamaba, además, a Sicilia, porque no puede estar separada de Nápoles» (S. Sanpere y Miquel, Fin de la nación catalana, Barcelona, 1905, 6). 97  Fin de la nación catalana, 1.

206

12.  Los Decretos de Nueva Planta en Aragón

cuanto a ello comporta, como su rey y señor natural, se considere puede ser a propósito 98. Tras esto, añade: «He resuelto que esa Chancillería y la de Zaragoza me informen en qué cosas y en qué casos, así en lo civil como en lo criminal, según la calidad de cada Reino, sería bien tomar temperamento proporcionado a los fines referidos y a la satisfacción de sus naturales, que les podría conceder en orden al gobierno de los lugares entre sí, económico y político, forma de justicias, administración de propios, orden y repartimiento de tributos, observancia de ordenaciones particulares que hayan de tener los pueblos para su gobierno y todos los demás puntos que se creyeren dignos de atención y que en nada se opongan en la substancia ni en el nombre al uso y ejercicio de mi suprema potestad y regalías».

Con un propósito de rectificar en todo lo que no fuera en menoscabo de la soberanía regia, se pide así información a las Chancillerías de Valencia y Zaragoza sobre lo que procede reformar en todo lo dispuesto sobre las causas civiles y penales. Las Chancillerías, pues, podían sugerir aquello que estimasen oportuno. Según parece, Valencia no propuso nada, con lo que perdió definitivamente su ordenamiento jurídico. Aragón, en cambio, envió diversos memoriales y propuestas. En este nuevo clima, el 31 de diciembre de 1710 se crea una Junta de Gobierno en Zaragoza 99, ciudad en la que el rey entrará pocos días después instalando allí la Corte hasta julio, en cuyo mes, debido a los problemas de salud de la reina, esa Corte fue trasladada a Corella. El 7 de enero de 1711, Felipe V había dirigido desde la capital de Aragón un decreto al Consejo de Castilla para inquirir 98  En esa exposición de motivos se dice lo siguiente (manejamos el texto dirigido a Valencia): «Cuando recuperado gloriosa y felizmente por mis armas ese Reino y el de Zaragoza, resolvía con la abolición de sus Fueros y leyes, fuesen gobernados por la dulzura y prudencia de los demás reinos de Castilla, me propuse por fin especial de esta convenientísima providencia hacer a los buenos partícipes de sus bienes, quitando estorbos a la mayor y más fácil administración de justicia, y privar a los malos de los medios de serlo, con la disposición que les resultaría de sus antiguas observadas costumbres, como lastimosamente se experimentó en las revoluciones e infeliz pérdida de dichos Reinos, pero como entre el estruendo inquieto de las armas sea tan difícil la práctica de los mejores establecimientos y la envejecida habitación haya sido poderosa en aquellos naturales para no permitirles percibir y entender todo el provecho de esta providencia. Y no haya faltado malicia que les interprete como gravamen este beneficio, y en vez de gozo y reconocimiento haya producido en algunos desconsuelo y tibieza esta nueva forma; atendiendo yo a la mayor satisfacción de tanta comunidad y particulares que acreditaron su celo, honra y fidelidad en los mismos trabajos y turbación de la opresión de dichos Reinos, y compadeciendo la flaqueza de los que no los imitaron, estoy inclinado a moderar y alterar en las providencias dadas hasta aquí aquello que, sin limitación de mi suprema y absoluta potestad y soberanía real y cuanto ello comporta, como su Rey y señor natural, se considere puede ser a propósito». Para el texto de esta real cédula sigo la versión de Peset (Notas, 671-673). Morales Arrizabalaga (La derogación de los Fueros de Aragón, 89-90) la reproduce con algunas variantes. 99  Gonzalo Borras Gualis, La Guerra de Sucesión en Zaragoza, Zaragoza, 1972, Apéndice documental, n.º 21. La actividad inicial de esta Junta puede seguirse en el Libro de Actas n.º 75 del Archivo Municipal de Zaragoza.

207

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

acerca (de) la difidencia en cuanto a los hechos de particulares y sobre sus operaciones, escritos y palabras, en el cual disponía que el Consejo ordenara «los difidentes según su estado, sexo y calidades en diferentes clases de los que se han ido con los enemigos, de los que han pretendido servirlos y ser instrumento de su usurpada autoridad, de los que han solicitado sus gracias, de los que besaron la mano al Archiduque, y finalmente de los que gobernados de la necedad y malicia, hablaban con desafección y poseídos de la obstinación prosiguen en la maldad» 100. Frente a la indiscriminación del castigo anterior, era éste un estimable esfuerzo por matizar y tomar medidas distintas según los casos. Pero lo más significativo fue que, en correspondencia a aquellas sugerencias de la Chancillería, el rey promulgó un largo e importante decreto que en el texto impreso que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza 101, aparece como Copia del Decreto de Su Magestad, de tres de abril de 1711, dirigido al Excelentísimo Señor, Príncipe de Tserclaes, Comandante General de los Reynos de Aragón, Valencia y Principado de Cataluña, sobre la nueva planta de Govierno de Aragón y formación de sus Tribunales. Con independencia de su contenido, que ahora examinaremos, importa destacar que éste es, según creo, el primero de los decretos en cuyo título aparece la expresión nueva planta que luego hará fortuna, se perpetuará y dará nombre al conjunto de los decretos. Es más, al término del esta disposición dirigida a Tserclaes, se lee lo siguiente: «Tendreislo entendido para disponer la puntual execución y cumplimiento de esta resolución, haziéndola luego poner en planta y dando a este fin los avisos a todos los ministros que dexo nombrados para el establecimiento de este nuevo govierno, a fin que sin pérdida de tiempo se empiece a practicar» 102. En cuanto al contenido de este Decreto de 3 de abril de 1711, tras la introducción en la que se da a entender que se acomete una organización provisional del gobierno de Aragón 103, se instituye un Comandante General, una Audiencia y una Junta del Real Erario, amén de proveer otras disposiciones de gobierno territorial, municipal y eclesiástico. Fragmentando aquí el texto del Decreto para su mejor análisis, esto es lo que se dispone en cada uno de esos apartados. Este decreto figura en Castellvi, Narraciones históricas, III, 317-318. Libro de Acuerdos de la Real Audiencia de 1711, folios 1-2. 102  El subrayado en la expresión «poner en planta» es mío. 103  «Considerando la precisión de aver de establecer algún govierno en este Reyno de Aragón, y que para arreglarle perpétuo e inalterable, se necesita de muy particular reflexión y largo tiempo, lo que no permite oy el principalíssimo cuydado de atender a la continuación de la guerra, y la aplicación en que se está de arrojar enteramente de España a los enemigos, cuyo logro me prometo en breve, mediante la justicia de mi causa, tan visiblemente assistida de la providencia divina, como lo manifiestan los gloriosos felices progressos de mis armas...». Tomo el texto, según he advertido, del ejemplar impreso del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. También fue publicado por Morales (La derogación de los Fueros de Aragón, 90-92) y por Armillas-Pérez (La Nueva Planta borbónica en Aragón, 270-272), tomándolo de otras fuentes. Actualizo el uso de mayúsculas, minúsculas y comas. 100 

101 

208

12.  Los Decretos de Nueva Planta en Aragón

Respecto al Comandante General: «He resuelto por aora, y por providencia interina, que aya en este Reyno de Aragón un Comandante General, a cuyo cuydado esté el govierno militar, político, económico y governativo de él, para lo qual he tenido por bien de elegir y nombrar a vos, el Príncipe Tserclaes de Tilly, por la gran satisfacción con que me hallo de vuestros servicios, experiencias, zelo y acreditada buena conducta en todo».

La Audiencia queda instituida con dos salas, un fiscal y un regente, debiendo juzgar en lo criminal por las leyes de Castilla y en lo civil por las de Aragón: «Y assimismo he resuelto que aya una Audiencia con dos salas, la una para lo civil, con quatro ministros, y la otra con cinco para lo criminal; y un fiscal que assista en una y otra sala, y los subalternos necessarios; y que también aya un regente para el régimen de esta Audiencia, la qual es mi voluntad se componga de personas a mi advitrio, sin restricción de provincia, país ni naturaleza; y en consequencia de ello nombro por regente de esta Audiencia a don Francisco de Aperregui, oidor más antiguo del Consejo de Navarra; para la sala de lo civil a don Manuel de Fuentes y Peralta, a don Joseph de Castro y Araujo, a don Gil Custodio de Lissa y Guebara, y a don Jayme Ric y Veyán; y para la de lo criminal a don Agustín de Montiano, a don Lorenzo de Medina, a don Diego de Barbastro, a don Ignacio de Segovia, y a don Joseph Agustín Camargo; y para fiscal a don Joseph Rodrigo y Villalpando, entendiéndose que en la sala del crimen se han de juzgar y determinar los pleytos de esta calidad según la costumbre y leyes de Castilla, aplicándose las penas pecuniarias que en ella se impusieren a la thesorería de la Guerra, sin mezclarse ni oponerse a los vandos militares que se publicaren, ni disputar ni contradezir la execución de ellos; y que la sala civil ha de juzgar los pleytos civiles que ocurrieren según las leyes municipales de este Reyno de Aragón, pues para todo lo que sea entre particular y particular, es mi voluntad se mantengan, guarden y observen las referidas leyes municipales, limitándolas solo en lo tocante a los contratos, dependencias y casos en que yo interviniere con cualquiera de mis vassallos, en cuyos referidos cassos y dependencias ha de juzgar la expresada sala de lo civil según las leyes de Castilla».

Este epígrafe, en el que se reconoce la aplicación del derecho aragonés para los pleitos «entre particular y particular», con excepción de aquéllos en que intervenga el rey, constituye la rectificación parcial del decreto de 1707, rectificación que, como hemos dicho, no llegará a alcanzar al reino de Valencia. A continuación se declara que el Comandante General presida la Audiencia y que el Consejo de Castilla constituya la tercera instancia de los pleitos civiles y criminales: «Y declaro que el Comandante General de este Reyno ha de presidir la referida Audiencia, vigilando mucho sobre los ministros de ella y cuydando de que los pleytos se abrevien y determinen con la mayor prontitud; y assí mismo declaro que los recursos y apelaciones en tercera instancia de las 209

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

caussas, assí civiles como criminales, que se determinaren por las referidas salas, se han de admitir para el Consejo de Castilla, adonde mandaré que de los ministros de él se junten en una de sus salas, los que estuvieren más instruidos en las leyes municipales de este Reyno, para determinar en esta tercera instancia los referidos pleytos; y por lo que mira a los salarios de los ministros de esta Audiencia, resuelvo se les pague según y en la forma que se practicaba hasta el año 1705. Y de los propios efectos al respecto de lo que yo les reglaré».

Reglamentadas estas instituciones fundamentales (el Gobernador y la Audiencia) y aclarado el derecho que se ha de aplicar, el decreto nombra a Macanaz Administrador de rentas e instituye otro organismo de alto rango: la Junta o Tribunal del Real Erario: «También he resuelto que para la recaudación, administración y cobranza de todo lo perteneciente a rentas reales en este Reyno, aya un Administrador de ellas, para lo cual he nombrado a don Melchor de Macanaz, y assí mismo es mi voluntad que para este propio efecto quede establecida una sala con nombre de Junta o Tribunal del Real Erario, en que han de concurrir el Comandante General de este Reyno, que ha de presidirla, y ocho personas, las dos eclesiásticas, que la una sea obispo, abad o comendador, y otra canónigo de una de las iglesias del Reyno, o cavallero de la religión de San Juan, dos de la primera nobleza, dos del estado de hijosdalgo y dos ciudadanos de Zaragoza o otra de las ciudades del Reyno, y en su consequencia nombro para esta Junta o Tribunal, por lo que toca a prelado, al obispo de Huesca, por canónigo al arcediano de Daroca don Joseph de Assanza, por nobles al marqués de Campo Real y el conde de San Clemente; por hijosdalgo a don Jacinto Pérez de Nueros y don Antonio Sánchez Ortiz, y por ciudadanos a don Bruno de la Balsa y a don Juan Gil. Y declaro que esta Junta o Tribunal ha de tener la autoridad sobre los pueblos en las materias de hazienda, debaxo de mis reales órdenes y de las del Comandante General, y cuydar de la administración, repartimiento y cobranza de todas las rentas, tributos y otras cualesquiera imposiciones que se establecieren en este Reyno, caminando de acuerdo para su mejor logro y recaudación con el Administrador don Melchor de Macanaz, y éste con el Comandante General que como viene dicho ha de presidir siempre en esta Junta o Tribunal. Y assimismo declaro que las referidas ocho personas nombradas para la expressada Junta o Tribunal, han de ser removidas o mantenidas a mi arbitrio y por el tiempo de mi voluntad, quedando en reglar y señalar los sueldos que huvieren de gozar».

El Decreto finalmente hace referencia a la organización provincial, estableciendo unos distritos o partidos controlados por gobernadores militares 104; a la 104  «También he tenido por conveniente que este reyno se divida en distritos o partidos, como pareciere más conveniente, y que en cada uno haya un Governador Militar que yo nombraré, con subordinación en todo al Comandante General, y que las dudas y recursos que ocurrieren en materias de govierno se me consulten por medio del Comandante General y de los Governadores de los partidos, que cada uno en el suyo ha de cuydar del govierno político y económico de él, admi-

210

12.  Los Decretos de Nueva Planta en Aragón

municipal, con magistraturas locales dependientes del nombramiento regio, y unos jueces, también nombrados por el monarca (que habrán de aplicar el Derecho en la forma señalada a las Audiencias, es decir, el criminal según las leyes de Castilla y el privado según las de Aragón 105); y por último a la eclesiástica, en la que, a tono con la ideología al uso, el rey se reserva sus regalías, encargando a la Audiencia en estas materias lo que antes era competencia del Justicia 106. El Decreto de 3 de abril, en fin, frente a las proclamaciones anteriores, altisonantes y genéricas, aparece, pese a su carácter provisional, como un texto sumamente detallista y concreto. Sus tres ejes ideológicos son mantener el poder y las regalías regias, acentuar la unificación política y del derecho público en base a las leyes de Castilla, y restablecer el uso del ordenamiento aragonés en lo relativo al derecho privado. Desde el punto de vista organizativo, la gran figura puesta en juego es la del Comandante General, que preside la Audiencia, preside la Junta del Real Erario y tiene bajo su mando a los gobernadores militares de distritos o partidos, lo que quiere decir que disfruta de las más altas y variadas competencias. C)  Epílogo y reajuste técnico: el Decreto de 27-VI-1711 El inspirador del decisivo Decreto de 3 de abril de 1711 pudo ser tal vez Macanaz, a quien vemos nombrado en él Administrador de rentas y al que el rey había encargado unas semanas antes –el 9 de marzo– de la administración de la fábrica de moneda de Zaragoza. Su gestión como Administrador fue al principio dificultosa, pugnando por incrementar las poco claras atribuciones que podían deducirse del texto. Ahora bien, los problemas mayores vinieron en el seno de esa Junta del Real Erario, cuando, tras el traslado de la Corte a Corella, empezó a ser mal visto por el todopotiéndose para el Consejo de Guerra las apelaciones que en las materias de esta calidad ocurrieren; y en quanto a los sueldos, assí del Comandante General como de los Governadores, es mi real ánimo se les paguen por la Thesorería de la Guerra, para que los pueblos no sean molestados con las execuciones militares, bien que los referidos pueblos de cada distrito han de estar obligados a poner en la Thesorería de la Guerra, cada seis meses, el importe de ellos, según lo que yo reglare» 105  «En lo tocante al govierno municipal de las ciudades, villas y lugares de este Reyno, ha de ser la elección y nominación mía de las justicias, juezes y subalternos, según el número de personas que pareciere, como también el nombramiento de corregidor o alcalde y sus subalternos, los quales, en el exercicio de sus empleos y administración de justicia, han de observar las mismas reglas y leyes que queda prevenido y reglado para las dos salas de la Audiencia, executando lo mismo los demás juezes (y) otras qualesquiera personas que administren justicia en este Reyno». 106  «Y por lo que toca a lo eclesiástico, no es mi intención perjudicarle ni tampoco minorar en nada mis regalías, por lo que resuelvo que todas las materias eclesiásticas y cualesquiera regalías que antes se administraban por el Justicia de Aragón y su tribunal, o por qualesquiera otros, corran por aora y se administren y dirijan por el Regente y ministros de la Audiencia, o por las personas que en adelante me pareciere diputar a este fin, pues para ello y todo lo demás que aora delibero y queda expressado en toda esta resolución, reservo en mí el alterar, variar o mudar siempre, en parte o en todo, lo que quisiere y juzgare por más de mi real servicio». 211

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

deroso Comandante General, el príncipe Tserclaes de Tilly. Junto al monarca, el Secretario del Despacho de Estado de Guerra y Hacienda, José de Grimaldo, era el interlocutor de ambos personajes y quien, a buen seguro, daría cuenta de todo al rey. En el fondo, no se trataba tanto de desajustes personales como de un enfrentamiento en toda regla de dos tipos distintos de política: la más comprensiva y concesiva hacia Aragón de Tserclaes de Tilly, que enlazaba con las posiciones antes comentadas del Duque de Orleans, y la rigidez regalista y centralista del erudito murciano. Por entonces mismo –verano de 1711– Macanaz escribía su discurso sobre las Regalías de los señores Reyes de Aragón, inmerso en un ambiente extremadamente hostil por parte de los aragoneses que él describió así: «Hiciéronse dueños de los archivos del reino e impidiéronme el registrarlos y reconocer en ellos los intereses de la Real Hacienda y los que el reino repartía y cobraba de los vasallos, ni otro algún derecho, de modo que me vi precisado a estar día y noche examinando sus fueros, actas de las cortes y autores aragoneses que habían escrito sobre las rentas, para ver de dar algún paso» 107. Trasladado en 1712 a Madrid y nombrado en 1713 fiscal del Consejo de Castilla, su ya compleja historia personal se aparta de Aragón, tornándose luego todavía más conflictiva a raíz de los enfrentamientos con la Inquisición. En Aragón, en fin, el decreto de 3 de abril de 1711, pese a su importancia, había tenido carácter provisional, y su figura clave, el Comandante General, había sido instituida «por providencia interina». Pese a todo, dada la envergadura del decreto, resulta ciertamente extraño que menos de tres meses después, el 27 de junio, se volviera con un nuevo decreto organizador de la Audiencia. ¿Por qué lo que se dispuso el 27 de junio sobre la Audiencia no se había estatuido el 3 de abril al tratar solemnemente de la Audiencia misma?; ¿qué había pasado en esos ochenta y cinco días? A ciencia cierta, no lo sabemos. El caso es que el 27 de junio el ministro Grimaldo participaba desde Corella al presidente de la Audiencia de Aragón un real decreto indicando lo siguiente: «Excelentísimo Señor, el Rey se ha servido resolver que la Audiencia establecida en esse Reyno, sea como la Audiencia de Sevilla, teniendo el propio manejo y authoridad que aquella, sin diferencia alguna. Y me manda lo participe a V. E. para que lo tenga entendido y lo haga practicar assí, y si para esto fuere necesaria alguna otra orden, me lo prevendrá V. E. para que lo tenga entendido y lo haga practicar assí, y si para esto fuere necesaria alguna otra orden, me lo prevendrá V. E. para que se execute».

El decreto fue leído tres días más tarde en la sala de lo civil de la Audiencia de Zaragoza, participándose a continuación su contenido a la sala de lo criminal 108. Sobre él cabe advertir que, al disponer que la Audiencia de Zaragoza se Martín Gaite, El proceso de Macanaz, 160, y, en general el capítulo 12. El texto de estas providencias, incluido el contenido del decreto, figura en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Libro de Acuerdos de la Real Audiencia de 1711, folios 38-39. 107  108 

212

12.  Los Decretos de Nueva Planta en Aragón

ordenara como la de Sevilla, parecía subsanada la posible imprecisión del decreto de 29 de junio de 1707, que disponía atenerse al régimen de dos Chancillerías de dos ciudades distintas como Valladolid y Granada. Por lo demás, en una etapa que Morales ha llamado de reestructuración técnica, procede añadir que en septiembre de 1711 la Audiencia aragonesa lleva a cabo su reorganización que no estuvo exenta de contradicciones y dudas. Al respecto, resulta sumamente significativo observar que la ciudad de Zaragoza expuso al monarca una serie de pretensiones, a las que él contestó desde Corella a través del ministro Grimaldo. Así, reunidos en Zaragoza el regente y ministros de la Audiencia el 25 del mismo mes de septiembre 109, el acta da cuenta de haber recibido «una carta orden de S. M. participada a S. E. por el señor don José de Grimaldo», fechada en Corella el 22. La comunicación de Grimaldo al Comandante General, Tserclaes de Tilly, decía lo siguiente: «Exmo. Señor. Por el papel adjunto firmado de mi mano comprehenderá V. E. las pretensiones que ha interpuesto la ciudad de Zaragoza y la resolución que el rey se ha servido tomar sobre cada una de ellas, de que se ha prebenido a la ciudad para su inteligencia y práctica en la parte que le toca. Y me ha mandado S. M. lo participe a V. E. para que por la suya execute lo mismo en lo que le perteneze, haziendo presente también en la Audiencia para el mismo effecto lo que pueda tocarle. Dios guarde a V. E. muchos años como deseo».

Las pretensiones de Zaragoza habían sido ocho y de no poca monta, debiendo reconocerse que fueron atendidas de forma bastante razonable. Solicitaba la ciudad, en primer lugar, que se expidiera orden para no tener que alojar a ningún oficial ni soldado, a lo que el rey respondió «que se quite todo lo que en esto fuere abuso, observándose las órdenes reales», y estableciendo la única excepción de que se pusiera allí el cuartel general. En cuanto a la segunda pretensión, que no hubiera de darse a militares u otras personas paja, carbón ni leña, el rey se allanaba excepto en el caso referido de que fuese instalado allí el cuartel general. Se pedía en la tercera que la ciudad quedara exonerada de pagar el sueldo al gobernador del castillo de la Aljafería, lo que concedió el monarca. En la cuarta, la solicitud era liberarse del repartimiento de las fanegas de trigo y cebada que debía proveer por obligación a cada vecino, a lo que también se accedió. Como quinta pretensión, Zaragoza pedía algo mucho más atrevido: «que S. M. se sirva declarar su real intención sobre el govierno de la ciudad, mandando que éste sea y se entienda conforme a los estatutos y ordinaciones antiguas que la ciudad tenía, dadas por Su Magestad». La resolución a esto fue «que su govierno sea y se entienda como el que huvo últimamente en ella, hasta el día 20 de agosto del año próximo pasado, guardando y observando las leyes y 109  El acta de esa reunión, donde figura la orden del rey, consta en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Libro de Acuerdos de la Real Audiencia de 1711, folios 80-83.

213

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

costumbres de Castilla como S. M. lo mandó por el decreto de 24 de abril deste año». La sexta petición tenía carácter económico: «que todo lo que constare haver subministrado la ciudad de sus propios caudales, se le admita en parte de pago de lo que deve satisfazer por el assiento que tiene hecho por la Casa de la Moneda», a lo que se respondió «que justifique y explique la ciudad qué partidas son las que pide se le admitan en parte de pago de lo que deva satisfazer por el assiento de la Casa de la Moneda». La séptima requería la aprobación de cierto impuesto ciudadano –medio real de plata por cada cántaro de vino que entra de fuera–, a lo que el rey respondió que Zaragoza usara del arbitrio que tenía concedido, aclarando que la Audiencia no debía entrometerse en el gobierno de la ciudad. La octava petición, en fin, solicitaba «que las resoluciones que Su Magestad se sirviere tomar sobre estas pretensiones, se dirijan a la ciudad para que, haciéndolas saber al Comandante General y demás ministros, a quien toque su execuzión, las guarde en su archivo por los inconvenientes que de lo contrario se ocassionan». A esta petición final respondió el rey «que las órdenes que se dieren a la ciudad, y las facultades y despachos que se la concedieren, se la entregarán y remitirán en la propia forma y para los mismos fines que se executa en cassos semejantes en las ciudades de Castilla» 110. Por lo demás, lo dispuesto en el decreto de 27 de junio, respecto a que la Audiencia de Aragón «sea como la Audiencia de Sevilla», tampoco terminó de aclarar todo, habida cuenta de la previsión de que en los pleitos civiles debía aplicarse el ordenamiento aragonés. Según sabemos, por un auto del tribunal zaragozano de 23 de octubre de ese año 1711 111, a la orden citada de 27 de junio siguieron algunas dudas que fueron consultadas inmediatamente al rey y que éste resolvió el 12 de septiembre. Así, según explica retrospectivamente el texto de 23 de octubre, el rey había contestado en septiembre «que esta Audiencia tenga audiencia pública como la de Sevilla, y que en ella se sustancien los pleytos como en la de Sevilla», con lo que se habían tramitado los pleitos civiles en Zaragoza siguiendo el estilo de la Audiencia andaluza. «Y sin embargo de esta 110  La respuesta a estas pretensiones fue acatada, según testimonia el acta correspondiente: «Cumplimiento. Y visto todo por dichos señores Regente y ministros, mandaron se dé cumplimiento en la forma siguiente. En la ciudad de Zaragoza, a veinte y cinco días del mes de setiembre de mil setecientos y onze años, estando juntos y congregados en Acuerdo General los señores Regente y ministros de la Real Audiencia del presente Reyno, se exhivió por el señor Regente la carta orden de S. M., participada a S. E. por el señor Dn. Joseph de Grimaldo, su fecha en Corella a veinte y dos de los corrientes mes y año, con un papel firmado de su mano de la misma fecha, sobre las pretensiones que ha interpuesto esta ciudad y la resolución que sobre ellas se ha servido tomar S. M., que están en las quatro fojas antecedentes. Y visto todo por dicho señor Regente y ministros, lo obedecieron con el devido respeto y mandaron se guarde, cumpla y execute como en dicha carta y papel se contiene. Y que se ponga original en el archivo desta Audiencia y se tenga presente para su observancia. De que yo, el presente secretario, certifico. (Firmado) Juan Lozano» (folios 82 v.º-83). 111  Un ejemplar impreso se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Libro de Acuerdos de la Real Audiencia de 1711, folios 87-88.

214

12.  Los Decretos de Nueva Planta en Aragón

real declaración –prosigue el auto– se ha llegado a entender que en el juzgado ordinario del theniente de corregidor de lo civil de esta ciudad, y en los de otras de este Reyno, todavía se duda la forma en que se han de sustanciar y coordinar los pleytos civiles con el motivo de la dicha resolución de su Magestad a otra de las dudas de las consultadas por esta Audiencia sobre si los alcaldes del crimen avían de tener audiencias de lo civil por las tardes, como se practica en Sevilla, en que su Magestad se sirvió de mandar que no se tuviessen estas audiencias de lo civil, porque esto ha de correr según los Fueros de Aragón. Siendo assí que la declaración de su Magestad en este punto solo mira a lo decisivo, en que su real intención es se observe todo lo dispuesto por los Fueros, como se practica en esta Audiencia, y no en lo coordinatorio de los processos, en que su Magestad resolvió se observe la formalidad de la Audiencia de Sevilla, por los muchos inconvenientes que tiene lo contrario». En consecuencia se ordena al teniente de corregidor de lo civil que los pleitos se sustancien y ordenen conforme a la práctica de la Audiencia de Sevilla, pero aque se decidan conforme a los Fueros de Aragón. Semejante distinción de fondo y forma no parecía desde luego muy clara, y por ello el propio auto dispuso lo siguiente: «Y para la mejor inteligencia de lo que deve observar, se declara que lo decisivo se entiende no solo lo que corresponde a sentencias difinitivas, sino es también los autos interlocutorios que tengan fuerza de difinitivos, o contuvieren en él perjuizio irreparable, ya sea necessitando de conocimiento de causa para la provisión de los dichos autos interlocutorios, y en medio del juizio, o ya sea en el ingreso dél, y las que por los Fueros de este Reyno se llaman primeras provisiones, como son inventarios, aprehensiones, execuciones, emparamientos o embargos, y otros qualesquiera que puedan pedirse ante la justicia ordinaria según Fuero, todos los quales decretos y autos se han de proveer y expedir conforme a los Fueros, y según los méritos que por ellos se requieren para decretarlos, pero con declaración que en todo lo demás coordinatorio que se ofreciere en lo successivo de la prosecución de estos y otros qualesquiera expedientes y litigios, se ha de observar y guardar la ritualidad y orden de sustanciar de la Audiencia de Sevilla, sin admitir en autos algunos, aunque sea para primeras provisiones, sino es que qualesquiere pedimentos que se hizieren por las partes, ayan de ser por escrito y en papel sellado, a cuya continuación se ayan de estender igualmente por escrito los decretos y autos que se proveyeren, y las notificaciones de ellos y demás diligencias que en su virtud se executaren».

1711 fue, en fin, un año de reajustes que trataron de conciliar el nuevo orden político con el orden técnico, es decir, el reconocimiento de la aplicación en lo privado del ordenamiento jurídico aragonés, con la orden funcional de que la Audiencia de Zaragoza se organizara y actuara como la de Sevilla. O, en el lenguaje más pragmático de los textos legales citados, cohonestar el decreto de 3 de abril con el de 27 de junio. 215

13.  EL DECRETO DE NUEVA PLANTA DE CATALUÑA * Como es sabido, los Decretos de Nueva Planta son un conjunto de normas dictadas entre 1707 y 1717 en el marco de la llamada Guerra de Sucesión, originada por el conflictivo testamento del último de los Austrias, Carlos II, que dio lugar a un cambio dinástico convirtiendo en sucesor al pretendiente de la Casa de Borbón, el futuro Felipe V. En lo fundamental esos Decretos, que suprimen en mayor o menor medida el derecho propio e introducen el castellano, fueron el de 29 de junio de 1707 para Aragón y Valencia, corregido y reajustado para Aragón por otras disposiciones de 3 de abril y 27 de junio de 1711; el de 16 de enero de 1716 para Cataluña, y los de 28 de noviembre de 1715 para Mallorca (que se hará extensivo luego a Menorca, en 1781) y de 24 de noviembre de 1717 para Cerdeña. Así, habiendo pergeñado en otra ocasión la Introducción al proceso general y sus consecuencias, así como el estudio monográfico de la Nueva Planta en Aragón e indirectamente en Valencia 1, voy a tratar aquí del Decreto de Nueva Planta de Cataluña, cuya génesis se relaciona con la del decreto aragonésvalenciano. Intentaré, pues, dar una visión complementaria de la Introducción que en su día hice (pues ciertamente los dos grandes textos de la Nueva Planta, el aragonés-valenciano de 1707 y el catalán de 1716, entremezclan sus raíces), para atender luego en exclusiva al Decreto de Nueva Planta de Cataluña. Denominador común de lo que pretendemos aportar ahora es la atención a la bibliografía francesa de los primeros años del xviii, y en especial a la que trata de las relaciones entre las Cortes de París y Madrid, o entre Luis XIV y su nieto *  Publicado en Manuel Torres Aguilar y Miguel Pino Abad (Coordinadores) Burocracia, poder político y justicia. Libro-Homenaje de amigos del profesor José María García Marín, Dykinson, 2015, 305-359. Dedico este trabajo, con motivo de su jubilación académica, a José María García Marín, profesor ejemplar y maestro de discípulos ejemplares, cuya labor docente e investigadora ha rayado tan alto como su sobresaliente calidad humana. 1  Véase mi Introducción y el artículo Los Decretos de Nueva Planta en Aragón en las pp.21-35 y 41-89 del libro que coordiné, Génesis territorial de España, edic. El Justicia de Aragón, Zarago­za, 2007.

217

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Felipe V o sus embajadores en España. Pues efectivamente la monumental obra de Baudrillart (Philippe V et la Cour de France 2), pese a ser citada por los estudiosos españoles de la Nueva Planta, no creo haya recibido todavía la atención que merece, y mucho menos las Memorias de personajes cualificados como los duques de Noailles o Saint Simon 3, u obras como la del barón de Girardot que recoge la correspondencia de Luis XIV con su embajador Amelot 4, etc., etc. Y dentro de las fuentes españolas retornaremos a una obra tan importante como las Narraciones históricas de Francisco de Castellvi, citadas fragmentariamente por la historiografía del siglo xx a través del manuscrito entonces conocido, pero que ha sido objeto de una cuidada edición a finales de esa centuria 5.

I. INTRODUCCIÓN: EL TESTAMENTO DE CARLOS II Y LOS ORÍGENES DEL PROBLEMA El 1 de noviembre de 1700, tras un penoso proceso de enfermedades y degeneración vital, murió Carlos II, el último de los reyes de la Casa de Austria. Ahora bien, debido a ese proceso, las especulaciones sobre su pronta muerte habían sido desde años atrás continuas, de suerte que la sucesión de España ocupó en el último tercio del siglo xvii a las principales cancillerías europeas. Ello había dado lugar, con el rey enfermo y sin descendencia, a unos bochornosos Tratados de reparto, en los que las potencias europeas se adjudicaron los territorios de la Corona de España sin contar con ella. En este panorama, tres eran los principales soberanos europeos que reclamaban esa herencia, y los tres en base a ser descendientes de mujeres que la dinastía española había colocado en diversos tronos de Europa: Luis XIV, rey de Francia; el emperador Leopoldo de Austria, y Maximiliano, duque de Baviera. El primero aspiraba a la Corona para su nieto, el duque de Anjou, hijo del delfín Luis, que entonces tenía nueve años; el segundo, para su hijo el archiduque Carlos, de trece años; y el tercero también para su hijo, José Fernando, de seis 5 vols., París, 1890-1901. Mémoires politiques et militaires pour servir à l’histoire de Louis XIV et de Louis XV. Composés sur les pièces originales recueillies par Adrien-Maurice, duc de Noailles, marechal de France et ministre d’État. Par l’abbé Millot. Figuran en A. Petitot et Monmerqué, Collection des Mémoires relatifs à l’histoire de France depuis l’avénement de Henri IV jusqu’à la paix de París conclue en 1763. Par messieurs A. Petitot et Monmerqué. Tomos 71-72, París, 1828. Mémoires complets et autentiques du Duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la Régence. Collationnés sur le manuscrit original par M. Chéruel et précédés d’une notice par M. Sainte Beuve de l’Academie Française. Tomo 3, París, 1856. 4  Correspondance de Louis XIV avec M. Amelot son ambassadeur en Espagne. Publiée par M. Le baron de Girardot, 2 tomos, Nantes, 1864. 5  Francisco de Castellví, Narraciones históricas. Edición al cuidado de Josep M. Mundet i Gifre y José M. Alsina Roca. Estudio preliminar de Francisco Canals Vidal. 3 vols. Fundación Elías de Tejada y Erasmo Pèrcopo, Madrid, 1997. 2  3 

218

13.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña

años. Una Corona, pues, disputada por tres niños. Bien es cierto que nadie podría imaginar entonces que aquel juego de niños 6 habría de acabar de forma tan dramática, con una guerra en la que llegaron a combatir 1.300.000 soldados y en la que se ha calculado murieron 1.251.000 personas 7 Ante el desafío de los Tratados de reparto, y en concreto del segundo de ellos, Carlos II hizo testamento en noviembre de 1698 a favor del príncipe de Baviera, lo que comunicó el propio rey al Consejo de Estado irrumpiendo en una de las sesiones. Pero en realidad apenas hubo tiempo para que reaccionaran las Cortes presuntamente perjudicadas (París y Viena), pues pocos meses después el elegido, José Fernando de Baviera, falleció, replanteándose el problema, ahora entre dos candidatos. Tras una serie de forcejeos en los meses siguientes con el agravamiento de la enfermedad del rey, y el enfrentamiento cortesano de las dos Marianas (la madre del monarca, Mariana de Habsburgo, y la segunda mujer, Mariana de Neoburgo), consultado el Consejo de Estado, que en sesión de 6 de junio de 1700 se pronunció casi unánimemente a favor del pretendiente francés, el 3 de octubre, inspirado por el cardenal Portocarrero, el rey dictó un nuevo testamento. En él, la claúsula 13 hacía referencia al acuerdo político de mantener separadas las coronas de Francia y España, lo que rebrotará luego como problema, y designaba sucesor a Felipe de Anjou: «Reconociendo, conforme a diversas consultas de ministros de Estado y Justicia, que la razón en que se funda la renuncia de las señoras Doña Ana y Doña María Teresa, reinas de Francia, mi tía y hermana, a la sucesión de estos reinos, fue evitar el perjuicio de unirse a la Corona de Francia, y reconociendo que, viniendo a cesar este motivo fundamental, subsiste el derecho de la sucesión en el pariente más inmediato, conforme a las leyes de estos reinos…, declaro ser mi sucesor…el duque de Anjou, hijo segundo del delfín, y como a tal le llamo a la sucesión de todos mis reinos y dominios» 8.

El 1 de noviembre de ese año, a las tres de la tarde, tras un ataque de epilepsia, Carlos II falleció. A continuación tuvo lugar la apertura del testamento y la lectura de sus disposiciones ante un público cortesano del que formaban parte el embajador de Austria, Harrach, y el encargado de negocios francés, Blécourt. De 6  Una completa exposición de los pretendientes principales y secundarios, y de sus respectivos derechos, en Victor Balaguer, Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón, tomo V, Barcelona, 1863, 5 y ss. Véase también Ludwig Pfandl, Carlos II, Madrid, 1947, 337 y ss. 7  Joaquim Albareda Salvadó, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), Crítica, Barcelona, 2010, 18. 8  En Pfandl, Carlos II, 392.

219

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

lo que sucedió allí, cuando el duque de Abrantes notificó el resultado, se hizo eco Saint Simon en un texto recogido y comentado por Coxe: «Abriéronse, por último, las mamparas, y al pasado murmullo siguió profundo silencio. Los dos ministros de Francia y Austria, Blecourt y Harrach, cuyas cortes eran las más interesadas en esta elección, hallábanse en pie muy cerca de la puerta. Confiado Blecourt en el triunfo de sus pretensiones se adelantó a recibir al duque de Abrantes; portador de la nueva: mas el duque, sin reparar en él, se acercó al austriaco y lo saludó con demostraciones de ternura, presagio de las más satisfactorias noticias. Después de un rato de mutuas cortesías: –Mi buen amigo, le dijo, tengo el placer mayor y la satisfacción más verdadera en despedirme por toda la vida de la ilustre casa de Austria-. Sobrecogió, como era de presumir, semejante insulto al embajador que, creyéndose triunfante y vencedor, había echado, durante los preludios de la conversación, miradas de desdén al representante de Francia…Por el contrario, Blecourt salió de la antecámara radiante de júbilo, y el mismo día despachó un correo portador de una copia del testamento que le había proporcionado el diestro Portocarrero» 9.

El testamento de Carlos II fue remitido a Luis XIV por quienes se calificaban de «gobernadores de la monarquía» 10, es decir, los pertenecientes al Consejo de Regencia que el mismo testamento había previsto hasta la llegada del nuevo rey 11. De ese Consejo de Regencia, que presidía la reina, los personajes principales eran el cardenal Portocarrero y el presidente del Consejo de Castilla, Manuel Arias, desempeñando además un papel destacado el Secretario del Despacho Universal, Antonio de Ubilla. A su vez el grupo francés en la Corte de España tenía como personajes más influyentes al duque de Harcourt, al marqués de Louville y al encargado de negocios Blécourt 12. Tras no pocas dudas, Luis XIV aceptó la designación de su nieto. Efectivamente, dado el segundo tratado de reparto firmado meses antes, el asunto era para Francia muy problemático, pues tanto si aceptaba como si no, la guerra parecía inevitable. Como ha observado el marqués de Courcy, «cual9  España bajo el reinado de la Casa de Borbón. Desde 1700, en que subió al trono Felipe V, hasta la muerte de Carlos III, acaecida en 1788. Escrita en inglés por Guillermo Coxe y traducida al español con notas, observaciones y un apéndice, por don Jacinto de Salas y Quiroga, 4 vols., Madrid, 1846. En I, 75-76. Sobre la correspondencia del rey con Harcourt y la lectura del testamento, C. Hippeau, Avénement des Bourbons au trone de l’Espagne. Correspondance inédite du Marquis d’Harcourt, ambassadeur de France auprès des rois Charles II et Philippe V, 2 tomos, París, 1875. 10  Castellvi, Narraciones históricas, I, 175, doc. 21. 11  Sobre el testamento de Carlos II y los posteriores intentos austracistas por deslegitimarlo, véase el modélico estudio de Luis Ribot, «El dictamen “más firme a la seguridad de mantener inseparables los reinos de mi corona”. La sucesión de Carlos II», en Antonio Morales Moya (ed.), 1714. Cataluña en la España del siglo xviii, ed. Cátedra, 2014, 21-43. 12  Baudrillart, Philippe V, I, 54-55.

220

13.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña

quiera que fuera la solución, haría falta acudir a las armas para imponerla. Entre dos guerras fatales, entre dos guerras europeas, se trataba de elegir la menos peligrosa para Francia» 13. Luis XIV aceptó, en fin, la designación de su nieto en un solemne acto celebrado en Versalles, tras lo cual le dio unas instrucciones el 3 de diciembre aconsejándole el deseable equilibrio entre su condición francesa y su nueva condición de rey de los españoles. Así, entre otras cosas, le encarecía que amara a sus nuevos súbditos, cuidando de que los virreyes y gobernadores fueran siempre españoles; le recordaba en quienes debía confiar (un español: Portocarrero, y un francés: Harcourt), instándole de otra parte a que no olvidara nunca que era francés «por lo que pueda acontecer». Junto a esas recomendaciones había alguna otra curiosa y significativa: que visitara Cataluña, Aragón «y otras provincias» 14. Felipe emprendió viaje a España a comienzos de diciembre, entrando en Madrid el 18 de febrero de 1701. Se iniciaba así el reinado de la Casa de Borbón en España. El último de los reyes de la Casa de Austria no había sido ciertamente un monarca ejemplar, pero la radicalización posterior de quienes se pusieron de parte del archiduque, o las corrientes historiográficas nacionalistas, le aplicaron el mérito de haber pertenecido a la añorada dinastía perdida. Y así un autor como Feliu de la Peña, no tendría empacho en calificar al normalmente denostado Carlos II como «el mejor rey que ha tenido España» 15.

II. LAS CORTES DE CATALUÑA DE 1701-1702 Siete meses después de la llegada a Madrid, el 11 de septiembre de 1701, se celebró en Turín el matrimonio por poderes de Felipe con María Luisa Gabriela de Saboya. A continuación María Luisa salió rumbo a España y Felipe emprendió viaje a Cataluña para reunirse con ella, lo que tuvo lugar en Figueras. Pasaron ambos luego a Barcelona donde permanecieron cinco meses, hasta el 8 de abril de 1702 en que el rey embarcó para Nápoles, mientras la reina quedaba en España. De los dos órganos supremos de gobierno recién creados, uno de ellos, el Despacho o Consejo de Despacho, iría con el rey, y el otro, la Junta de Regencia, quedaría con la reina. Desde la perspectiva francesa, en comentario de Renonciations des Bourbons d’Espagne au trone de France, París, 1889, 4. Las Instrucciones pueden verse en las Mémoires de Noailles, cit., tomo 72, 3-7. También en Coxe, I, 87 y ss. 15  Narciso Feliu de la Peña y Farell, Anales de Cataluña y epílogo breve de los progresos y famosos hechos de la nación catalana, de sus santos, reliquias, conventos y singulares grandezas, y de los más señalados y eminentes varones, que en santidad, armas y letras han florecido desde la primera población de España, año del mundo 1788, antes del nacimiento de Christo 2174 y del Diluvio 143 hasta el presente de 1709, Barcelona, 1709, 459. 13  14 

221

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Baudrillart 16, Luis XIV iba a encontrarse de pronto a la cabeza de dos gobiernos, sin contar el suyo propio, uno de la regente en España y otro de Felipe V en Italia. En Madrid, en fin, aparecen también dos personajes que desempeñarán un decisivo papel: la princesa de los Ursinos, camarera de la reina, protagonista de una brillante carrera política, y un hombre oscuro pero extremadamente eficaz, Jean Orry, experto en finanzas, que había sido enviado por Luis XIV a petición de Portocarrero para remediar la desastrosa situación de la hacienda española, y que actuará al dictado de Versalles 17. Según se había previsto, el viaje de los reyes para encontrarse en Cataluña, debía servir para celebrar Cortes en la Corona de Aragón: primero en Barcelona, para el Principado de Cataluña, y luego, a la vuelta, en Zaragoza, para el reino de Aragón, con ocasión del regreso a Madrid. Como decía el decreto dirigido por el monarca el 20 de junio de 1701 al Consejo de Aragón, «juntar las Cortes del Principado de Cataluña en aquella ciudad (Barcelona) a mi arribo a ella, y de vuelta tener las del Reyno de Aragón en Zaragoza». Se celebrarían así esas Cortes en Cataluña y Aragón, según comenta el historiador y cronista Belando, «para recibir el juramento de fidelidad y omenage de sus vassallos, y confirmar y renovar los Fueros», quedando las de Valencia para «celebrarlas quando las urgencias lo permitiesen» 18. A su paso por Zaragoza, camino de Cataluña, el rey fue recibido con fiestas y agasajos, y de parecida forma fue acogida allí la reina María Luisa, cuando al regreso en abril del año siguiente, ella sola con la ayuda de la Ursinos (pues el rey, cambiando los planes, había marchado a Italia) celebró las Cortes de Aragón, recibió el juramento de fidelidad de los súbditos y juró la observancia de fueros y privilegios 19. En cuanto a Cataluña, en el viaje de ida, tras abandonar Aragón, Felipe V juró sus privilegios en Lérida, pero aun siendo bien recibido, el panorama de la acogida fue distinto. Coxe lo comentó así: «Acogiolo el pueblo en todo Aragón, con las más vivas y sinceras demostraciones de amor y respetuosa adhesión, y su entrada en Zaragoza Philippe V, 98. José Manuel de Bernardo Ares, Luis XIV rey de España. De los imperios plurinacionales a los Estados unitarios (1665-1714), Madrid, 2008, 238 y ss. 18  Fray Nicolás de Jesús Belando, Historia civil de España, sucesos de la guerra y tratados de paz, desde el año de mil setecientos, hasta el de mil setecientos treinta y tres, Madrid, 1740, cap. XIV: «Determina el Rey Católico tener Cortes en Aragón y Cataluña, en ocasión que passa a recibir la Reyna a Barcelona», 57 y ss. En cuanto a Valencia, es dudoso que hubiera alguna vez proyectos serios de convocar Cortes. En carta de 23 de mayo de 1702, la Ursinos desmentía a Torcy los rumores que corrían por Madrid de que fueran a celebrarse, asegurando no tener ningún fundamento (Véase en Henry Kamen, La Guerra de Sucesión en España 1700-1715, ed. Grijalbo, 1974, 330). 19  Noailles escribe: «La Reine fit son entrée à Saragosse le 25 avril. Elle jura dans la cathédrale de maintenir les priviléges du royaume; elle fit ensuite l’ouverture des Etats; et les démonstrations de joie et de zèle annoncerent, selon l’usage, des suites beaucoup plus heureuses que l’on ne devoit attendre» (Mémoires, tomo 72, 143). 16  17 

222

13.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña

fue un verdadero triunfo…Pero, no sucedió lo mismo en Cataluña, en donde siempre fue el pueblo turbulento y apegado a sus fueros, y el monarca conoció la antipatía que abrigaban aquellos habitantes contra sus fieles súbditos de Castilla» 20.

Las Cortes de Cataluña duraron tres meses, del 12 de octubre de 1701 al 14 de enero de 1702, debiendo distinguirse en ellas el clima en que se desarrollaron de los resultados conseguidos. En cuanto a lo primero, algunos autores aseguran que hubo un ambiente crispado en el que abundaron las tensiones, y así el mismo Coxe recuerda que «a una petición siguió otra; hiciéronse interminables las discusiones y tres meses se pasaron en peticiones de la asamblea y negativas del soberano, hasta que al cabo de mucho tiempo pudo, por último, celebrarse un arreglo… Esta asamblea turbulenta terminó sus discusiones, si tal nombre merecen, el 12 de enero, después de prestar juramento de fidelidad al soberano, y obtener la confirmación de los privilegios de la provincia» 21. En sentido parecido, un historiador moderno, el catalán Soldevila, subraya que fueron abundantes en incidentes y discrepancias 22. En todo caso no es fácil saber hasta qué punto ambas afirmaciones se corresponden con la realidad, o son comentarios adaptados y endurecidos a posteriori, para ofrecer una visión negativa y hacer congruente lo que sucedió en las Cortes con un proceso que poco después, empeoró y terminó mal. Porque es el caso, en cuanto a lo segundo, que los resultados de las Cortes fueron extremadamente satisfactorios para los catalanes, como reconocieron los propios contemporáneos, tanto catalanes como castellanos. La lectura de su desarrollo pone de manifiesto, desde luego, enfrentamientos y diferencias, pero siempre dentro de un clima de normalidad. Efectivamente, los contemporáneos destacan los satisfactorios resultados conseguidos por los catalanes en la asamblea. Un austracista testigo de los hechos, Narciso Feliu de la Peña, reconoce que «consiguió la Provincia quanto avía pedido, moderado solo el desinsacular. Revocáronse por Constitución los atentados antecedentes, y quanto se avía obrado contra las leyes y privilegios» 23. A su vez Macanaz comentará en sus Memorias que «lograron los catalanes cuanto deseaban, pues ni a ellos les quedó qué pedir, ni al rey cosa especial que concederles, y así vinieron a quedarse más independientes del rey que lo está el Parlamento de Inglaterra» 24. España bajo el reinado de la Casa de Borbón, I, 120. Ibidem, I, 139. 22  Ferran Soldevila, Història de Catalunya, 3 tomos, Barcelona, 1962; en III, 1104. 23  Anales de Cataluña, 493. 24  Memorias manuscritas, tomo I, cap. V. Cit. En Lafuente, Historia general de España, tomo XII, Barcelona, 1925, 337. 20  21 

223

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

En el texto de las Cortes de 1702 se habla de los catalanes como naturales de Cataluña o del Principado de Cataluña 25, tratándose a Cataluña como provincia y mencionándose al Principado de Cataluña, en el seno de la Corona de Aragón, así como a la nación española. Esas Cortes procedieron a una actualización del ordenamiento jurídico catalán a través de las noventa y seis constituciones recogidas en la Nueva Compilación (Constituciones y otros Derechos de Cataluña) que aparecerá en 1704. Debe destacarse aquí el establecimiento de un Tribunal de Contrefacciones, compuesto por seis jueces, y algunas medidas sobre la insaculación de oficios y medios económicos para el funcionamiento de la Diputación del General y las universidades o municipios. También la reserva de los oficios a los naturales, y en particular que para protonotario se nombre a persona natural de Cataluña y por turno a los reinos de Valencia y Aragón. Especial interés tuvo lo relativo al fomento del comercio catalán, y en concreto la petición de las Cortes de poder enviar dos barcos cada año a Indias. Con todos estos logros y con tan satisfactorios resultados, se plantea una cuestión en cierto modo paradójica ¿Fueron unas Cortes buenas para los catalanes éstas que constituyen precisamente el primer acto de la presencia de Felipe V en el Principado, y a las que seguirán años de desentendimiento y fricciones, hasta la confrontación militar y el cerco y toma de Barcelona en 1714? Y si las Cortes fueron buenas, ¿cuál fue el motivo de la desafección y del enfrentamiento posterior? Que esas Cortes fueron buenas para los catalanes parece indiscutible, pues lo que se ha llegado a plantear entre los especialistas no es que fueran buenas, sino que incluso puedan contarse entre las mejores, o fueran las mejores, de la historia parlamentaria de Cataluña. Así Balaguer, en su Historia 26, al recordar que el duque de Medinasidonia presentó al final la aprobación de todas las constituciones que habían hecho las Cortes, afirma que éstas «fueron las más favorables que había conseguido la provincia». Y ya vimos que Feliu reconoció que esa provincia (Cataluña) consiguió casi todo cuanto había pedido, si bien para no tener que admitir la gran bondad de las Cortes, él, que las considera como tales, formula la siguiente observación: «Advierto que aunque en el curso desta relación al congresso general del Duque de Anjou llame Cortes, no es porque lo sean, que éstas solo las puede congregar el que es legítimo rey» 27. Es decir, que para no tener que reconocer lo que él se ve obligado a reconocer (la gran bondad de las Cortes de 1702), acude a calificarlas de congresso general, lo que le lleva –con esa afirmación forzada– a una contradicción flagrante, pues Feliu comenta luego que las 25  Sigo a Jesús Lalinde en su artículo «Las Cortes de Barcelona, de 1702», Anuario de Historia del Derecho español, LXII (1992), 7-46. 26  Historia de Cataluña, V, 44, 27  Anales de Cataluña, 481-482.

224

13.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña

Cortes debían haber finalizado con la partida del Duque de Anjou, lo que implica que las reconocía como Cortes y no como un congreso (unas Cortes no podían seguir sin el rey, pero sí un congreso). El profesor Lalinde, que ha estudiado la cuestión, valora esas Cortes así: «Si se tiene en cuenta el análisis jurídico que de las Cortes de 1702 se ha practicado anteriormente, no parece posible negar que se han encontrado entre las mejores de todos los tiempos en Cataluña. La actuación de las Constituciones y otros derechos de Cataluña a través de la Nueva Compilación, las garantías de observancia del ordenamiento jurídico, la limitación del Poder Real, las reformas de la administración de justicia y la reserva de beneficios en Italia e Indias son muestras palpables de esa importancia. Incluso, aquellas medidas económicas cuya aprobación ha sido condicionada no han dejado de tener trascendencia, pues no se ha negado al Principado las expectativas del comercio con las Indias y de la creación de una Compañía universal, y con ello se ha abierto la vía para una concesión futura más clara» 28.

En cuanto al motivo de la desafección, difícil es, por lo dicho, relacionarlo con esa estancia de Felipe V en Cataluña, normal cuando no pródiga en agasajos, y con el trato recibido por los catalanes en las Cortes. La desafección así pudo ser previa o posterior. Pudo ser previa, sucediendo que el indudable buen trato resultó insuficiente para cambiar el signo de una hostilidad latente. En su Historia crítica de Cataluña, Bofarull recuerda que en noviembre de 1700 Barcelona celebró dos funerales, el del papa Inocencio XII y el del rey Carlos II, para comentar a continuación que «la calma era solo aparente, hija de un objeto de distracción que halagaba las habituales aficiones de todos, pero no podía ser duradera, y al primer incidente que asomase había de reaparecer la complicación, la tempestad» 29. Y ese primer incidente sería la llegada a Barcelona de la copia de la carta por la que Luis XIV aceptaba el testamento de Carlos II y algunas medidas de gobierno. Es decir, algo que tenía poco que ver con la actitud de fondo de Felipe V y su gesto de convocar inmediatamente las Cortes catalanas que además fueron las únicas que él presidió. Así, la lectura del libro XXII de los Anales de Cataluña de Felíu, referida a lo que sucedió en el Principado en los primeros años del siglo xviii (incluyendo las Cortes y las medidas de gobierno), muestra la incongruencia de lo que allí se relata (agasajos, acuerdos, discusiones y desacuerdos de tono menor) con la oposición crispada y frontal que seguirá después. O, dicho de forma más clara, que no parece haber proporción entre algún agravio aislado, achacable al nue«Las Cortes de Barcelona de 1702», 37. Antonio de Bofarull y Broca, Historia crítica (civil y eclesiástica) de Cataluña, 9 tomos, 1876-1878; en VIII, 388. 28  29 

225

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

vo rey, como la elección del virrey, y el enfrentamiento colectivo que conducirá a la guerra. Otros episodios más o menos desafortunados que los Anales relatan (el dejar salir madera para fabricar bajeles; la orden de que los consejeros no se cubran hasta que no se les ordene, o el hecho de que al salir el rey al balcón de palacio se le cayera a la plaza el bastón real, cuyo acaso dio mucho que discurrir, en extraño comentario de Feliu 30) se nos antojan cuestiones menores o anécdotas irrelevantes. No podría hablarse así de una actitud provocativa de Felipe V ni de graves desatenciones o contrafueros que expliquen la virulenta confrontación posterior 31. Soldevila, a propósito de las Cortes, reconocerá también que «la satisfacciò dels catalans era gran davant l’èxit aconseguit» 32, pero añade, citando a Feliu, que muchos de ellos no veían aquello sino como una pauta o modelo para cuando llegase el que deseaban. En suma, que había ya un rechazo previo con independencia de lo que Felipe V hiciera o dejara de hacer. Tengamos en cuenta además que un mes antes de que se iniciaran las Cortes, el 7 de septiembre de 1701, se habían firmado en La Haya las bases de la Gran Alianza que formalizaba el enfrentamiento de las otras potencias occidentales y el comienzo de aquella Guerra de Sucesión que habría de durar doce años. Hagamos notar sin embargo que para algunos autores la desafección hacia Felipe V fue posterior. Albareda ha señalado así dos factores que la provocaron: la violación de las Constituciones por parte de los ministros del rey (especialmente del virrey Velasco) y el desembarco aliado en Barcelona que generó el rechazo popular 33. En todo caso, sea cual fuere la interpretación de lo sucedido durante la estancia de Felipe V en Cataluña y el desarrollo de las Cortes, es indiscutible que el rey juró los fueros y que los catalanes le juraron fidelidad. Según recordó el mismo Felíu de la Peña, «dia 4 (de octubre de 1701) por la mañana, llegó a la sala grande del palacio mayor, iuró los fueros y privilegios, y recibió el iuramento de fidelidad de los tres estados, que estuvieron sentados en escaños; y los ministros del Real Consejo en su lugar a las gradas del solio en pie» 34. Anales de Cataluña, 484. Lalinde, «Las Cortes de Barcelona de 1702», 37-40. Balaguer, en su Historia de Cataluña, magnificará también las presuntas desatenciones y ofensas de Felipe V. Refiriéndose así a la carta ordenando que la prerrogativa de que los consejeros se cubran, deberá entenderse sólo cuando el rey lo mande, comenta que «Barcelona recibió estas órdenes con asombro». Y más adelante añade: «Se engañan cuantos han dicho que a los catalanes no se les faltó en sus fueros y libertades. Precisamente nuestros archivos y anales están llenos de copias de representaciones enviadas al rey y a sus ministros, formuladas por agravios hechos a las leyes del país» (pp. 38 y 49). 32  Història de Catalunya, III, 1106. 33  La Guerra de Sucesión, 164 y ss. 34  Anales de Cataluña, 484. 30  31 

226

13.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña

III.  PRIMERA FASE DE LA GUERRA Y ACTITUD FRANCESA ANTE LOS FUEROS A)  Los acontecimientos políticos En la Guerra de Sucesión cabe apreciar dos etapas y un epílogo. La primera etapa, entre 1701 y 1706 comenzó con el estallido del conflicto en Italia, que habría de pasar luego a España, y fue tan negativa para los Borbones que Luis XIV estuvo dispuesto a pactar la paz con la Gran Alianza a costa de la desmembración de la monarquía española. La segunda, favorable a los Borbones, a partir de 1707, cuando tuvo lugar la batalla de Almansa, hasta 1713, año en que se firmaron una serie de tratados en la ciudad holandesa de Utrecht, refrendados allí y en Rastatt. Por último, un epílogo de dos años, hasta 1715, debido a las complicaciones del llamado caso de los catalanes. En el arranque de esa primera fase, las Memorias de Noailles dejan constancia de algunos datos de interés respecto a la situación de Cataluña en 1702. Por una parte, del enrarecimiento del clima político («les peuples y respiroient déjà la révolte» 35). Por otra, de la crítica de Luis XIV ante el hecho de que los catalanes no hicieran las aportaciones económicas que habían prometido 36. Y también, con ello, de las primeras manifestaciones críticas de los personajes franceses respecto al problema de los fueros; así, según escribía el embajador d’Estrées al canciller Torcy, «Il faut seulement prendre garde de ne point donner atteinte a leurs fueros (priviléges)» 37. Tras su expedición a Italia, Felipe V llega a Madrid el 17 de enero de 1703. La princesa de los Ursinos, a la que se había ordenado salir de España, regresa a Madrid en agosto de 1705, constituyéndose en cabeza de un grupo de gobierno en el que, habiendo dimitido Portocarrero, figura el laborioso Orry y un nuevo embajador, Amelot, que tendrá mucho que ver con las reformas de la Nueva Planta 38. A su vez, la Secretaría del Despacho Universal, germen del futuro régimen ministerial, deja ese mismo año 1705 de ser universal, es decir, única, al desaparecer su antiguo titular, Antonio de Ubilla, y ser dividida en dos, una relativa a Guerra y Hacienda, a cargo de José de Grimaldo, y otra para todo lo deMémoires, tomo 72, 164. «Les Catalans ne paient rien encore de ce qu’ils avoient promis au Roi, dit Louis XIV dans une dépêche au comte de Marsins (29 mai); les troupes qu’on a laissées en Catalogne désertent, faute de paiement» (Mémoires, tomo 72, 144). 37  Mémoires, tomo 172, 190. 38  Sobre los embajadores franceses, y en concreto sobre Amelot, Juana María Salado Santos, «Gobernar España desde Versalles», en José Manuel de Bernardo Ares y Elena Echeverría Pereda (coords.), Las Cortes de Madrid y Versalles en el año 1707. Estudios traductológico e histórico de las correspondencias real y diplomática, ed. Sílex, 2011, 185-212. 35  36 

227

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

más, que se entrega a Pedro Fernández del Campo 39. De esta suerte, y de cara a los intentos reformistas de la Administración y los fueros en los años siguientes, hay que destacar la existencia de un grupo formado por tres franceses (la Ursinos, Amelot y Orry), y dos españoles (Grimaldo, emparejado con Orry en las reformas de la Administración, y Melchor de Macanaz, asesor del embajador Amelot en las reformas de la Nueva Planta). En noviembre de 1703, el emperador Leopoldo y su hijo primogénito José firmaron la renuncia de la corona de España a favor del otro hijo, el archiduque Carlos, quien, proclamado rey de España, se trasladó a Inglaterra y luego, con la escuadra inglesa, a Lisboa. Felipe V, por su parte, decidió dirigir la campaña de Portugal y salió para Extremadura en marzo de 1704, aunque cuatro meses después suspendió la operación y regresó a Madrid. La escuadra aliada partió de Lisboa sin el archiduque y puso rumbo a Cataluña, donde ya gobernaba como virrey Francisco de Velasco, personaje autoritario y carente de tacto. Esa escuadra puso sitio infructuosamente a Barcelona y, al regreso, ocupó con facilidad Gibraltar (4 de agosto) pretendiendo también ocupar Ceuta. Curiosamente, muchos catalanes participaron en la toma de Gibraltar a las órdenes del príncipe Darmstadt, y otro catalán, el marqués de Gironella, defendió valientemente Ceuta 40. Un año más tarde, en agosto de 1705, tiene lugar un serio enfrentamiento del virrey Velasco con los súbditos, que ha sido considerado por algún autor como el primer movimiento que hubo en Cataluña a favor del archiduque 41. Poco después, en una nueva actuación, la escuadra aliada, con la que venía don Carlos, fondeó delante de Barcelona subiendo al barco los jurados de Mataró que fue la primera ciudad en reconocerle como rey de España. Tras el desembarco del archiduque y su hueste, otras ciudades catalanas se sumaron a ese reconocimiento, quedando Barcelona, que al fin capituló en octubre y donde el archiduque fue reconocido y jurado como rey el 5 de noviembre. El nuevo monarca anuló todas las dignidades y concesiones hechas por Felipe V y convocó inmediatamente unas Cortes que habrían de ser las últimas celebradas en España conforme al estilo tradicional del Antiguo Régimen. En la proposición regia 42, don Carlos se 39  Para la estructura de gobierno, división de la Secretaría del Despacho Universal y creación de las Secretarías de Estado y del Despacho, me remito a mis libros, Los Secretarios de Estado y del Despacho, 4 vols., 2.ª ed., Madrid, 1976, y Los orígenes del Consejo de Ministros en España, 2 vols., Madrid, 1979. 40  Balaguer, Historia de Cataluña, 61. Pedro Aguado Bleye y Cayetano Alcázar Molina, Manual de Historia de España, 3 tomos, Espasa-Calpe, 1963-1964; en III, 54. En cuanto a la toma de Gibraltar, no es claro si se hizo en nombre de la reina Ana de Inglaterra o del archiduque Carlos. Sobre ello, Ricardo García Cárcel, «La Guerra de Sucesión, una guerra poliédrica», en Morales Moya, 1714, Cataluña en la España del siglo xviii, 45-69. 41  Balaguer, Historia de Cataluña, 63. 42  Feliu de la Peña, Anales de Cataluña, 544 y ss. Balaguer, Historia de Cataluña, 76 y ss.

228

13.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña

refirió a la intervención de Felipe V como una usurpación que ahora padecían «mis amados y fieles vasallos, así en los reinos de España como en los de esta corona de Aragón»; aludió a sus predecesores «los serenísimos reyes de Aragón» y a Cataluña como «este Principado», resumiendo las peripecias del conflicto y elogiando que fueran los de la «nación catalana» quienes tuvieran «la gloria de ser los primeros que han sacudido la tirana opresión de la Francia en mis dominios de España». El archiduque, pues, veía aquello como un conflicto con Francia, y lo mismo cabe decir de la opinión pública catalana que por entonces exaltaba a su nuevo rey, Carlos III, y fustigaba a los franceses: «Tot bon Cathalà / és molt obligat / a tenir affició / de tot son cor / a Carlos tercer / lo Nostre Rey /que en esta terra / volgué venir / per nos redimir / de la captivitat /del Francès malvat». Estos ripios de un texto de la época, la Doctrina catalana, de 1705 43, son significativos tanto por la localización de quién era considerado el enemigo (no España, ni Castilla), como por las razones, harto genéricas y difusas, por las que había que castigar a los butiflers: «La primera, perquè son / molt dolenta gent / la segona, perquè fan / las mes grans vellades, / La tercera per tenir /sempre mals intents / de deixarnos Pobres». No hay, pues, referencia a causas concretas que justifiquen la desafección sobrevenida que comentamos antes, aunque llama la atención que se reitere un presunto agravio económico («deixarnos Pobres») repetido en otros textos: «Un francés, ha venido / sólo a España / por querer robar» 44. Las referencias a Francia nos llevan a comentar incidentalmente el tema de si la Guerra de Sucesión fue o no una guerra civil. A menudo se subraya su evidente condición de conflicto internacional, pues así comenzó y así terminó, pero es claro también que fue una guerra civil: una «terrible guerra civil», como la calificó Maldonado Macanaz 45, o «la primera de nuestras guerras civiles», en expresión del historiador Carlos Seco. La Guerra de Sucesión fue inicialmente un conflicto internacional dinástico que, tras desencadenarse y ampliarse en varios teatros europeos y también americanos 46, dio cabida a una guerra civil dentro de España. La Guerra de Sucesión será además un conflicto casi global, con un planteamiento que enfrenta al Imperio austriaco y a las potencias marítimas (Inglaterra y Holanda) con la Francia de Luis XIV, para involucrar luego el choque de húngaros contra austriacos, de suecos contra rusos, de Saboya contra Francia, 43  Véase en Rosa Maria Alabrús, Felip V i l’opinió dels catalans, Pagès editors, Lleida, 2001, 178-179. 44  En Albareda, La Guerra de sucesión, 167. 45  Melchor de Macanaz, Regalías de los señores reyes de Aragón. Discurso jurídico, histórico, político por D. Publícale por vez primera la Biblioteca jurídica de autores españoles, precedido de una Noticia sobre la vida y escritos del autor, por el Ilmo. Sr. D. Joaquín Maldonado Macanaz, Madrid, 1879. Ref. en LXIV. 46  Carlos Martínez Shaw, «La Guerra de Sucesión en América», en F. García González, La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la encrucijada, Madrid, 2009.

229

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

las pretensiones prusianas, etc. 47. En suma, como comentó el Almirante de Castilla, una «guerra tan universal cual no se ha visto nunca» 48. Y, por supuesto, los conflictos habidos en la Península Ibérica, con la presencia de Portugal y la división en dos de los territorios españoles que enfrentó a la Corona de Castilla con la de Aragón. La Guerra de Sucesión, en fin, ha sido vista como expresión del conflicto histórico de las razas anglosajona y latina, e incluso como una guerra que hizo posible la salvación de Francia. Véanse las siguientes reflexiones del barón de Girardot:

«Jamais la lutte traditionnelle de la race anglo-saxonne contre la race latine ne fut plus près d’avoir un dénoûment fatal pour celle-ci, qu’à la fin de la guerre de la succession d’Espagne. Louis XIV, vielli, succombait sous le poids des revers et de la misère profonde de son peuple. Les races saxonne et germanique allaient dominar à la fois sur le Portugal, l’Espagne, l’Italie et toute l’Amérique espagnole et portugaise. La France allait rester seule, et démenbrée. Un suprème et dernier effort sauva nos destinées, et il n’en doit pas coûter à notre amour prope national d’avouer que la calme opiniâtreté du jeune et timide roi que la France avait donné à l’Espagne fut la principal cause du salut, assuré par la victoire d’Almanza, anglo-espagnole; par delle de Villaviciosa, toute castillane; par celle de Denain, toute française» 49.

B)  El programa político francés para España: la abolición de los fueros Un problema fundamental que plantean los Decretos de Nueva Planta, con la sustitución del derecho autóctono de los territorios de la Corona de Aragón por el castellano, es quién fue el responsable de esos decretos, a quién se le ocurrieron y por qué se hicieron. Este problema afecta a los decretos de todos los territorios, pero habida cuenta de que los textos se dieron de forma escalonada en el tiempo (en Aragón-Valencia en 1707; en Cataluña en 1716, etc.), la explicación más acuciante y principal afecta a la decisión inicial de llevar a cabo la reforma y dictar el primero de los decretos, el de Aragón-Valencia, pues el catalán sigue una senda ya iniciada. Así pues, la respuesta a la pregunta de por qué se dictó el Decreto de Nueva Planta de Cataluña ha de tener en cuenta por qué se dictaron los decretos en general y quién o quiénes fueron los introductores de la reforma. Como los decretos pretendían y lograron la unificación política de España en base al derecho público de Castilla, la explicación más elemental ha sido atribuirlos a la imposición de Castilla y los castellanos, lo que parecía cobrar fuerza con un antecedente histórico: la propuesta, frustrada, del Conde Duque de Olivares a Felipe IV, en un famoso memorial de 1624, de que tuviera como el negocio más 47  48  49 

230

Pedro Voltes, Felipe V fundador de la España contemporánea, Espasa Calpe, Madrid, 1991, 80. Cit. en Albareda, La Guerra de Sucesión, 19. Correspondance de Louis XIV avec M. Amelot, cit., I, 1.

13.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña

importante de su monarquía dejar de ser rey de unos territorios, conde de otros, etc., y hacerse de una vez por todas rey de España, en base a uniformizar el heterogéneo sistema legal y político existente, reduciéndolo a las leyes de Castilla. Así pues, según esta explicación, lo que no se habría conseguido en 1624, se intentó repetir y se consiguió a principios del siglo xviii. Un experto estudioso como Mercader comenta así que Cataluña quedó a merced del rey vencedor, con lo que «Felip V hi podrá desenrotllar, ja sense obstacles, el programa asimilista que el Comte-Duc d’Olivares havia ideat per a les provincies de la Corona d’Aragó un segle enrera», añadiendo que la posición catalana era «una reviviscencia de l’actitud anterior del Principat enfront del programa uniformista d’Olivares» 50. Ahora bien, quienes patrocinaron o llevaron a cabo los decretos de Nueva Planta (Luis XIV, Felipe V, la Ursinos, Amelot) ¿manifestaron estar siguiendo ese modelo del Conde-Duque? De ahí el interés de rastrear las instrucciones, órdenes o declaraciones de los fautores de la reforma. Sin perjuicio de comentarios esporádicos de personajes franceses en los primeros años del siglo sobre la conveniencia de suprimir los fueros en los territorios españoles de la Corona de Aragón, el asunto tomó carta de naturaleza política con la segunda venida a Madrid de la princesa de los Ursinos y la llegada de su protegido Amelot como embajador 51, provisto de unas instrucciones de LuisXIV. La Ursinos había acudido a Versalles, donde disfrutó de la confianza de Luis XIV, despertando los celos de la favorita Maintenon, quien propició que regresara a España con plenos poderes para reorganizar la administración y la vida política con Orry y también con el nuevo embajador, Amelot, hombre prestigioso, presidente del Parlamento de París y que había sido embajador en Venecia, Suiza y Portugal. Bien visto bien por unos y otros, los cronistas franceses de entonces y los autores posteriores. Coxe alaba de él «su consumada prudencia tan notoria, su circunspección, la flexibilidad de su carácter, y sobre todo, su adhesión completa a su protectora» 52. Para Orry y Amelot, que habrían de gestionar la reforma de la administración, la hacienda y el mantenimiento de un ejército en guerra, el problema de los fueros surge como consecuencia de la necesidad de extender las cargas fiscales de Joan Mercader i Riba, Felip V i Catalunya, Barcelona, 1968, 7 y 21. La Ursinos patrocina el nombramiento de Amelot. Pero incluso luego, en 1710, cuando ya Amelot ha abandonado España, ella insistirá en que se le vuelva a llamar. Véase Frédéric Masson, Journal inédit de Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Torcy, ministre et secrétaire d’État des Affaires Étrangères pendant les années 1709, 1710 et 1711, publié d’après les manuscrits autographes par, París, 1884, 251. A su vez, Lucien Perey (Une reine de douze ans, Marie Louise Gabrielle de Savoie, reine d’Espagne, París, s. a.) escribe: «Louis XIV nomma pour successeur à Grammont Amelot, marquis de Gournay, conseiller d’État, titre fort respecté. Amelot s’était distingué dans trois ambassades et ses talents incontestables auraient évité bien des maux s’il était arrivé plus tôt» (p.359). 52  España bajo el reinado de la Casa de Borbón, I, 249. 50  51 

231

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Castilla a provincias que, por sus fueros y privilegios, se consideraban exentas o con un régimen especial. Como ha destacado Martín Gaite, en las primeras cartas de Amelot se aprecia el apremio del embajador por uniformizar aquella heterogénea maquinaria gubernamental 53. Es decir, que las primeras críticas serias a los fueros venían de parte de los reformistas franceses, tanto por la necesidad de que todos los territorios españoles compartieran los gastos de la guerra, como por las ventajas de la simplificación administrativa, teniendo como ejemplo el régimen castellano que era el más sencillo y cómodo. No habría sido así algo cargado de rebuscada intencionalidad política, sino un proyecto pragmático para gobernar de la manera más cómoda y eficiente posible. La primera crítica francesa se había aplicado al régimen del gobierno central español, montado sobre unos órganos pluripersonales, los Consejos, heredado de la época anterior de los Austrias y criticado desde el principio como lento e ineficiente. Ese régimen, el llamado régimen polisinodial, será reemplazado progresivamente por el régimen ministerial de las Secretarías del Despacho o ministerios, como consecuencia de los desdoblamientos sucesivos de la antigua y única Secretaría del Despacho Universal. El régimen de Consejos, como sistema de gobierno, había sido ya fustigado por la Ursinos, y será objeto de censuras de nuevo por Luis XIV en sus instrucciones a Amelot, llamando la atención sobre las formalidades y complicaciones que provocaba la lentitud del despacho, así como sobre las dificultades de guardar la discreción y el secreto, y las trabas que ponían determinados Consejos 54. En todo caso, ya hemos dicho que junto al monarca se creó un Despacho o Consejo de Despacho, el cual marginó tanto al Consejo de Estado como al Consejo de Castilla 55, y a ese Despacho se incorporará Amelot el 20 de abril de 1705, al día siguiente de su llegada a Madrid. De hecho un tema recurrente de los forcejeos entre las Cortes de París y Madrid fue si el embajador francés debía asistir o no al Despacho, lo que aunque pudiera interesar a Luis XIV para conocer y controlar la marcha del gobierno, fue al principio desaconsejado por él mismo cuando lo propuso en 1701 el embajador Harcourt: «la nación española y la Europa entera –respondió inteligentemente el monarca francés– verían con pena que mis opiniones fuesen la única regla del 53  Carmen Martin Gaite, El proceso de Macanaz. Historia de un empapelamiento, Moneda y Crédito, Madrid, 1970, 53. 54  «Il est certain que les formalités de consulter les tribunaux causoient beaucoup de retardement et beaucoup d’embarras aux affaires; que celles dont il est nécessaire que le secret soit gardé, estoient bientôt divulguées, lorsqu’elles passoient par cette voye; que les Conseils de Flandres et d’Italie se sont opposés souvent aux résolutions les plus nécessaires à prendre pour le mouvement et pour la subsistance des armées» (Girardot, Correspondance de Louis XIV avec M. Amelot, I, 17). 55  El Consejo de Estado protestó por los nuevos rumbos políticos en diversas ocasiones, según fue el caso de las consultas de 30 de enero de 1705 y de 26 de abril de 1706 (J. M. Iñurritegui, Gobernar la ocasión. Preludio político de la Nueva Planta de 1707, Madrid, 2008, 52 y ss).

232

13.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña

Consejo de España» 56. Felipe V, por su parte, se mostró siempre renuente a esa posibilidad, tratando de ofrecer una imagen de que él gobernaba sólo con españoles, pero a pesar de todo Amelot se incorporó al Despacho, lo que prueba su enorme poder al iniciar la gestión de la embajada, y más si se tiene en cuenta que algunos miembros destacados de ese equipo de gobierno (Montalto y Monterrey), dimitieron con su llegada. Como ha señalado Baudrillart 57, el programa político francés a instaurar en España constaba de tres puntos fundamentales: la sumisión de la alta nobleza, la subordinación de las órdenes religiosas y la destrucción de las instituciones nacionales de los países no castellanos. En cuanto al peligro de la alta nobleza y los Grandes (ya denunciado por cierto antes por el cardenal Portocarrero 58), en la correspondencia recogida por Girardot se encuentran varias cartas instruyendo al nuevo embajador sobre ello. Luis XIV se muestra ostensiblemente beligerante en su contra –«mi sentimiento ha sido siempre que había que reprimir el poder de los Grandes» 59–, pero aconseja una estrategia cuidadosa para que el rechazo no los sitúe en la órbita del archiduque 60, manteniéndoles las prerrogativas pero excluyéndoles de la gestión de los asuntos 61. En cuanto a las órdenes religiosas, recelosas de una dinastía sospechosa de galicanismo y con un rey, como Felipe V, con confesor francés, Amelot patrocinaba su vigilancia en España sin descartar el acudir a Roma. En todo caso, la cuestión principal y más problemática era la tercera, es decir, el control del «espíritu nacional» y la abolición de los fueros de los territorios de la Corona de Aragón.

IV. CATALUÑA Y LA ABOLICIÓN DE LOS FUEROS EN ARAGÓN Y VALENCIA Desde la llegada de Amelot a Madrid en abril, Luis XIV seguirá en los meses siguientes de 1705 los informes de su embajador sobre la guerra tanto en Cataluña, cuya primera parte termina con la capitulación del virrey Velasco, Noailles, Mémoires, tomo 72, 11. Philippe V, I, 225 y ss. 58  En cierta memoria dirigida al ministro francés Torcy en 1703. (Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 99-100). 59  Carta de Luis XIV a Amelot de 13-IX-1705 (Girardot, Correspondance, I, 89). 60  Carta de 27-VII-1705: «Il seroit dangereux, pour le service du rey d’Espagne, de faire croire qu’il regarde tous les Grands comme autant d’ennemis domestiques. Ce seroit donner un trop grand avantage à l’archiduc que de les considerer tous, ou le plus grande nombre d’entre eux, comme attachés au parti de ce prince» (Ibidem, I, 69). 61  Carta de 20-IX-1705: «Il convient, comme vous le dites, de conserver toutes les prérrogatives exterieures de leur dignité, et en mesme tems (sic) de les exclure de toutes les affaires» (Ibidem, I, 91). 56  57 

233

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

como en Aragón y Valencia 62. Pero el embajador Amelot, a diferencia de sus más superficiales antecesores, el cardenal d’Estrées y el duque de Gramont, era un individuo realista, que pretendía acometer reformas de gran alcance, como la extensión del régimen jurídico castellano a la Corona de Aragón, pero que no conocía bien los tecnicismos del problema. Fue así lo suficientemente sensato como para recabar la ayuda de colaboradores y expertos, y, entre ellos la de un conocido regalista, Melchor de Macanaz, quien despachaba con él preparándole notas y escritos sobre la organización de la monarquía española, pues el embajador «no se saciaba de indagar las causas complejas y oscuras de los males de España, y era preciso satisfacerle a todo con datos y sólidos razonamientos» 63. Ese despacho, según unos testimonios, habría sido de varias horas al día, mientras según otros, Macanaz habría atendido una hora diaria a Amelot y otra a Francisco Ronquillo, gobernador del Consejo 64. En todo caso nos consta que la disposición de la Ursinos y de Amelot hacia los territorios de la Corona de Aragón era de dureza sin concesiones, mientras la de Luis XIV y el propio Felipe V parece algo más flexible 65. Los ministros españoles, como reconoce el Marqués de San Felipe, carecían de autoridad, y todo el gobierno estaba en las manos de Amelot 66. Tras la euforia «austracista» de 1705 67, reflejada en una canción navideña, el Cant dels ocells, que universalizó en nuestro tiempo el violonchelista Pau Casals, el año siguiente, 1706, fue de inflexión en el desarrollo del conflicto bélico, pues si en la primavera Felipe V parecía haber perdido todo, en el otoño era el archiduque el que estaba en una crítica situación. De esta suerte, si 1706 fue un año funesto para la Casa de Borbón 68, 1707 habría de ser el más ventajoso. En marzo el archiduque Carlos abandonó Valencia y entró en Barcelona, aunque partidarios de Felipe V, en connivencia con los franceses, se manifestaron en la villa de Berga e intentaron tomar Puigcerdá. Lo más importante, sin embargo, sucedió fuera de la Corona de Aragón, con ocasión del enfrentamiento del ejército aliado de Galway (compuesto de ingleses, portugueses y holandeses) con el hispanofrancés de Berwick, que estaba aguardando el refuerzo del Duque de Orleans, un 62  Carta de Luis XIV a Amelot el 27-IX-1705: «Je vois avec plaisir, par vostre lettre, que le roy d’Espagne donne des ordres pour réprimer les rebelles du royaume de Valence…» (Girardot, Correspondance, I, 97). 63  Testimonio de Macanaz en Gaite, El proceso de Macanaz, 82. 64  Ibidem, 81. Maldonado Macanaz, Introducción a Melchor de Macanaz, Regalías, XIII. 65  Baudrillart, Philippe V, 277-278. 66  Vicente Bacallar y Sanna, Marqués De San Felipe, Comentarios de la guerra de España e historia de su rey Felipe V, el Animoso, BAE, XCIX, 103. 67  Sobre el significado del austracismo, Jon Arrieta, «Austracismo. ¿Qué hay detrás de ese nombre?». En Pablo Fernández Albaladejo, Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo xviii, Marcial Pons, Madrid, 2001. 68  Balaguer, Historia de Cataluña, 110 y ss.

234

13.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña

curioso personaje que mantenía cierta independencia de las Cortes de París y Madrid, y que desempeñará un brillante papel 69. Ese enfrentamiento en la villa albaceteña de Almansa, la famosa batalla de 25 de abril, destrozó al ejército aliado, y supuso la victoria de Felipe V y su consolidación en el trono. Tras el combate, y tras comentar el triunfo y disculparse con Luis XIV por haber llegado un día tarde al campo de batalla 70, Orleans tomó el mando del ejército y en poco tiempo ocupó Murcia, Valencia y Aragón, donde Zaragoza fue ocupada en mayo, lo que permitió poner en junio sitio a Lérida que habría de capitular en noviembre. El éxito de esta campaña proporcionó la gran oportunidad para llevar a la práctica la idea de abolir los fueros, idea que ahora se fortalecía al convertirse en una especie de derecho de guerra ¿Y quién era la gran autoridad preocupada por ello? Sin duda, Luis XIV. Así, el monarca francés escribe a su nieto el 9 de mayo, al día siguiente de recibir la noticia de Almansa, que «la pérdida de los enemigos y la coyuntura que propiciaba, le daba los medios para restablecer su autoridad en todas las partes de España» 71, aconsejándole que suprimiera los privilegios de Aragón y Valencia y estableciera un nuevo sistema de gobierno 72. Ahora bien, la peculiar y equívoca conducta del Duque de Orleans, que parecía solidarizarse con aquellos a los que combatía, hizo que Luis XIV le escribiera una y otra vez indagando sus intenciones respecto al problema de abolir los privilegios. Efectivamente, Orleans había prometido respetar a los aragoneses y sus fueros, haciendo una entrada en Zaragoza que, según el Conde de Robres, toda fue suavidades 73, y apareciendo como un personaje «adorado tanto por los españoles como por los franceses» 74. Ello habría de despertar las suspicacias de la Corte de Madrid, donde se creía que Orleans estaba detrás de un complot para acceder al trono, lo que provocará su futura expulsión. Esa aparente conducta equívoca fue la razón del acoso de Luis XIV para que Orleans aclarase su compromiso con la doctrina oficial francesa de suprimir en España los fueros. 69  Felipe de Orleans era conocido por su independencia y por el trato despectivo que dispensaba a las dos todopoderosas mujeres de la política de entonces, Madame de Maintenon, confidente y colaboradora de Luis XIV en Versalles, y la princesa de los Ursinos, confidente y colaboradora de Felipe V en Madrid, a las que llamaba la capitana y la lugarteniente, dedicándoles todo tipo de improperios. Véase Marquis de Courcy, L’Espagne après la paix d’Utrecht, 1713-1715, París, 1891, 36 y ss. 70  Carta del Duque de Orleans a Luis XIV (Almansa, 27-IV-1707): «Sire. J’ai eu le malheur d’arriver icy un jour trop tard…» (Correspondance de Louis XIV et du Duc d’Orleans (1707). Réunie et annotée par M. C. Pallu de Lessert et précédée d’une introduction par S. A. R. Mgr. Le Duc de Chartres), París, 1903, 17. 71  Carta de Luis XIV a Felipe V de 9-V-1707. En Baudrillart, Philippe V, I, 289-290. 72  Del mismo al mismo, 30-V-1707 (Ibidem, I, 290) 73  Agustín López de Mendoza y Pons, Conde de Robres, Historia de las guerras civiles de España desde la muerte del Señor Carlos II, en 1.º de noviembre de 1700, distribuida en ocho libros por los mismos años regulados hasta el de 1708, Zaragoza, 1882, 362. 74  Comentario de Gramont a Torcy en carta de 12-VI-1708 (Baudrillart, Philippe V, II, 60).

235

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Así en carta de 3 de junio de ese año 1707, Luis XIV le dice: «vous ne me mandez pas si vous avez promis aux habitans de Saragosse de conserver leurs privilèges, ou si vous avez résolu de leur oster et de les reduire avec tout le Royaume d’Aragon comme la province de Castille» 75. Y cuando Orleans le cuenta días más tarde su entrada en Zaragoza y las duras medidas que ha tomado, Luis XIV le contesta con alivio: «Je sais que vous ne leur aviez rien promis sur leurs privileges, mais j’apprends qu’ils ont une puissante protection dans le Conseil de Madrid. Il me paroit néanmoins qu’elle ne será pas suffisante pour empêcher le Rey d’Espagne d’apporter un changement considérable à leur gouvernement» 76. La cuestión era, pues, les privileges: abolir los privilegios o fueros. Eso era lo que mantenían todos los franceses, incluido Orleans a pesar de sus equívocos intentos de congraciarse con aragoneses y valencianos. Y así, según ha escrito Baudrillart, tras examinar cuidadosamente la correspondencia de unos y otros: «Como Luis XIV, como Felipe V, como Amelot, como la princesa de los Ursinos, él (Orleans) quería que se suprimieran». Y aduce inequívocos y terminantes textos suyos: «yo no olvidaré quemar todos los archivos y los fueros» (a Amelot el 7-V-1707); «es absolutamente necesario reducir Aragón bajo las leyes de Castilla» (al mismo el 2-VII); «yo me mantendré firme en la supresión de los privilegios, pero me parece que es fuerte la maniobra que hay en el Consejo de España a favor de aragoneses y valencianos» (a Chamillard el 5 de junio); «yo temería dejar a los aragoneses la esperanza de la conservación de sus leyes y de su gobierno, que es absolutamente necesario que V. M. cambie para poner las mismas leyes que Castilla…» (a Felipe V el 21 de junio). Es pues claro que en aquel año 1707 todos los dirigentes franceses estaban a favor de unificar el derecho de Aragón y Valencia con el de Castilla, y emprender la operación que pocos años después alcanzará a Cataluña. Y entre esos dirigentes, movidos por el impulso de Luis XIV, destacaba por su beligerancia el embajador Amelot. Era sin embargo necesario que una operación tan trascendental fuese debatida en el Consejo de gabinete de Felipe V, es decir, en el Consejo de Despacho o sencillamente en el Despacho, compuesto entonces por los duques de MedinaSidonia, Montalto, Berguas, San Juan, y Montellano; el conde de Aguilar y Frigiliana; el marqués de Mancera; el gobernador del Consejo de Castilla, Francisco Ronquillo, y el embajador Amelot. Un Consejo, en fin, lo suficientemente amplio como para que resultara imposible cualquier posición unánime, y ello pese a que Amelot había hecho una intensa labor de propaganda en favor Correspondance de Louis XIV et du Duc d’Orleans (1707), 47-48. La carta del Duque de Orleans a Luis XIV, ufanándose de lo hecho en Zaragoza, está escrita en Ballobar el 18 de junio, y dice lo siguiente: «»J’ay fait mettre en prison le grand justicier et j’ay suprimé le tribunal de la manifestation ce qui anulle entièrement les privileges». La respuesta de Luis XIV está fechada en Versalles el 11 de julio. Ambas en Ibidem, 54 y 66. 75  76 

236

13.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña

de la tesis abolicionista. Efectivamente, el 13 de junio Amelot escribía a Luis XIV: «Ya he logrado convencer a los principales ministros del Rey vuestro nieto, aunque a duras penas, de que, bien mirado, este partido era el mejor, y que hasta, en cierto sentido, los súbditos de la Corona de Aragón ganarían en el cambio. Lo que V. M. me ha hecho el honor de escribirme acerca de este asunto…me ha quitado los escrúpulos que me quedaban y solamente es hace 4 o 5 días cuando empiezo a trabajar eficazmente en este proyecto, que es totalmente grato a S. M. Católica 77. En el Consejo, efectivamente, como cuenta Castellvi 78, la opinión se dividió entre los partidarios de dictar un decreto suprimiendo los fueros y los que propugnaban sencillamente no observarlos «para no exasperar con esta real deliberación de los ánimos de los dos reinos y de catalanes, porque unos y otros sacrificarían mil veces sus vidas por sus fueros y libertades». Antes de entrar en detalles, conviene advertir una cuestión importante. Y es que la discusión sobre la abolición de los fueros se refería a los dos reinos de Aragón y Valencia y al principado de Cataluña, aunque el decreto abolitorio de mismo año 1707 (29-VI) se aplique únicamente a aquellos reinos, que eran los que se consideraba sometidos, y quede lo de Cataluña para más adelante; para cuando el Principado esté también sometido. Así pues, la cuestión de fondo sobre la procedencia del decreto catalán de Nueva Planta se discute ahora (en un bloque con Aragón y Valencia). El más beligerante opositor a la propuesta de suprimir los fueros en la Corona de Aragón fue el conde de Aguilar y Frigiliana, quien recordó la experiencia del frustrado intento del Conde Duque de Olivares, que hubiera podido suponer la absoluta pérdida de Cataluña. Aguilar defendió una política negociadora, pues con la radical «se figuraban desde luego grandes ventajas a la corona, pero que no se discurría de los perjuicios que con el tiempo podrían ocasionarse a la monarquía y al rey, y que su sentir era de no alterar en cosa los fueros, honores y privilegios… preferir la suavidad al rigor; que venida la ocasión de una paz y pacificación general, podría entonces el rey lentamente quitar abusos si los había y poco a poco abajar la torcida práctica de los fueros». Y refiriéndose en concreto al Principado, Aguilar recordaba que «cuando Barcelona había sido sitiada por el príncipe Darmstadt y aliados, los comunes de Cataluña habían puntualmente advertido al rey; que nadie ignoraba que las violencias habían ocasionado a muLa carta, en Martín Gaite, El proceso de Macanaz, 83. Narraciones históricas, II, 404 y ss. Los componentes del Consejo de gabinete, en 435. Para la obra de Castellví en este crucial año 1707, véase el trabajo de María del Camino Fernández Giménez, «Aragón y los Decretos de Nueva Planta en las Narraciones Históricas de Castellví», en el libro coordinado por mí, Génesis territorial de España, 185-201. La profesora Fernández examina las discrepancias existentes en el seno del Consejo sobre suprimir o no los fueros. 77 

78 

237

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

cho pueblo el tomar las armas; que aquella acción no era del común del Principado, representado por sus diputados». El dictamen de Aguilar fue seguido por los duques de Medina-Sidonia y Montellano, mientras la propuesta de acabar con los fueros por real decreto fue patrocinada por el presidente del Consejo de Castilla, Ronquillo, y el embajador Amelot, y seguida por el resto de los consejeros. Sostenían ellos, según un manuscrito de la época que cita Castellví,, «que el rey nunca se podía decir serlo sino cuando sus vasallos fuesen mandados con una misma ley, que así cesaba la guerra civil y emulación entre ellos; que los motivos antiguos y presentes que habían dado los reinos al rey y en particular la Cataluña le constituían justo juez para despojarles de sus fueros y privilegios… que difícilmente podrían ya oponerse los aliados a que en el siguiente año no se rindiese Barcelona; que este acto de ver unidos los reinos de Aragón, Valencia y Cataluña como provincias a las Castillas animaría de nuevo a los castellanos y demás provincias de España, que siempre lo habían deseado». Castellví comenta lacónicamente: «prevaleció este dictamen». Y, en consecuencia, se decidió dictar el decreto de abolición de fueros. Dos días antes, el 27 de junio, Luis XIV escribía a su embajador desde Versalles insistiendo en la necesidad de la medida para fortalecer la autoridad real, asegurar que todos contribuyan a las cargas públicas y domeñar el espíritu de sedición: «Monsieur Amelot. J’ay receu la lettre que vous m’avés escritte le 13 de ce mois. J’ay toujours esté persuadé que le meilleur party que le roy d’Espagne pouvoit prendre à l’égard des royaumes d’Aragon et de Valence, après les avoir réduits a son obbéissance, estoit celui de supprimer le privilesge dont ils ont joui jusqu’au moment de leur révolte. Le maintien de ce privilesge estoit une barrière perpétuelle à l’autorité royale, un prétexte que les peuples avoient toujours de s’exempter de contribuir aux charges de l’Estat:… Il estoit imposible de toucher à leur exemption pendant qu’ils demeuroient dans le devoir; mais comme l’esprit de sédition qu’ils conservoient a paru dès le moment qu’ils ont cru que les ennemis du rey mon petit-fils estoient en estat de les secourir, il estoit de sa prudence de profiter d’une conjoncture aussy favorable qu’il a présentement, d’oster aux malintentionnés les moyens d’abuser encore des grâces accordées autrefois aux peuples d’Aragon et de Valence, comme il est de sa justice de partager avec le plus d’égalite qu’il est posible entre ses sujets le poids des deppenses à faire pour la deffense commune de la monarchie.»

Cuando esta carta llegó a Madrid, Felipe V ya había dictado el Decreto de 29 de julio de 1707, que suprimió el derecho público y privado de Aragón y Valencia 79. El preámbulo del decreto justifica la medida por la rebelión de los 79  Estudio este decreto en mi trabajo «Los Decretos de Nueva Planta en Aragón», en el libro Génesis territorial de España, 56 y ss., y también en el n.º 12 de este libro.

238

13.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña

súbditos que habían faltado a su juramento de fidelidad: Considerando aver perdido los Reinos de Aragón y de Valencia, i todos sus habitadores por el rebelión que cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad, que me hicieron, como a su legítimo Rei y Señor, todos los fueros, privilegios, essenciones, i libertades que gozaban, y que con tan liberal mano se les avían concedido, así por mi, como por los Señores Reyes mis predecessores, particularizándolos en esto de los demás Reinos de esta Corona. Recordaba a continuación el decreto que con ello el rey poseía un doble título de legitimidad, como dueño de los territorios por herencia y por derecho de conquista («i tocándome el dominio absoluto de los referidos Reinos de Aragón i de Valencia, pues a la circunstancia de ser comprehendidos en los demás que tan legítimamente posseo en esta Monarquía, se añade ahora la del justo derecho de la conquista, que de ellos han hecho últimamente mis armas con el motivo de su rebelión), de lo que derivaba su poder de cambiar las leyes: y considerando también que uno de los principales atributos de la soberanía es la imposición, i derogación de leyes, las quales con la variedad de los tiempos, i mudanza de costumbres, podría yo alterar, aun sin los graves, i fundados motivos, i circunstancias que hoy concurren para ello en lo tocante a los de Aragón y Valencia. En consecuencia, disponía lo siguiente: «He juzgado por conveniente (así por esto, como por mi deseo de reducir todos mis Reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres, i Tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables, i plausibles en todo el universo) abolir, i derogar enteramente, como desde luego doi por abolidos, i derogados todos los referidos fueros, privilegios, práctica y costumbre hasta aquí observadas en los referidos Reinos de Aragón y Valencia, siendo mi voluntad que éstos se reduzcan a las Leyes de Castilla, i al uso, práctica i forma de gobierno, que se tiene, i ha tenido en ella, i en sus Tribunales sin diferencia alguna en nada, pudiendo obtener por la misma razón mis fidelíssimos Vasallos los Castellanos oficios, i empleos en Aragón, i Valencia de la misma manera que los Aragoneses y Valencianos han de poder en adelante gozarlos en Castilla sin ninguna distinción, facilitando yo por este medio a los Castellanos motivos para que acrediten de nuevo los efectos de mi gratitud, dispensando en ellos los mayores premios, i gracias tan merecidas de su experimentada, i acrisolada fidelidad, i dando a los Aragoneses, i Valencianos recíproca e igualmente mayores pruebas de mi benignidad, habilitándolos para lo que no lo estaban, en medio de la gran libertad de los fueros, que gozaban antes, i ahora quedan abolidos.»

Este Decreto, que concluía ordenando que las Audiencias de Valencia y Aragón se gobernaran como las Chancillerías de Valladolid y Granada, estaba específicamente dirigido a Aragón y Valencia, pero en cierto sentido también a Cataluña, pues el rey expresaba en él su decisión de «reducir todos mis Reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres, i Tribunales, 239

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla». Al decreto, como ya he señalado 80 siguieron diversas protestas en Aragón y Valencia impugnando la acusación de la generalidad de la culpa, es decir, de que en esos reinos «todos sus habitadores», como dice el texto, se hubieran alineado con el Archiduque contra Felipe V, lo que evidentemente no era cierto. En vista de ello, Felipe V reconsideró el alcance de la drástica medida, dirigiendo una consulta el 5 de febrero de 1710 a las Chancillerías de Valencia y Zaragoza para que manifestaran «en qué cosas y en qué casos» había que tomar nuevas medidas o rectificar lo hecho. Aragón contestó y, en correspondencia con ello, obtuvo un decreto de 3 de abril de 1711, rectificando al de 1707, con lo que recuperó su derecho privado. Valencia, en cambio, no contestó, con lo que perdió definitivamente todo su derecho. Lo sucedido hasta 1707 en Aragón y Valencia interesa aquí, pues su decreto de Nueva Planta es la primera y fundamental medida de un proceso reformista que alcanza luego a Cataluña, y porque, como hemos visto, anticipa el propósito de la unificación jurídica general bajo el derecho de Castilla. Pero ya no nos interesa directamente, al ocuparnos de Cataluña, lo que suceda más tarde en esos otros territorios. En todo caso, en 1707, y como secuela también del proceso de Nueva Planta en Aragón y Valencia, hay que recordar una medida fundamental: la supresión del Consejo de Aragón, órgano político general de toda la Corona y, por consiguiente, de Cataluña. El Consejo fue suprimido por decreto de 15 de julio de 1707, es decir, dos semanas después del decreto abolitorio, lo que supuso descoyuntar la arquitectura política de la Corona de Aragón, dejando así a Cataluña en una situación residual y precaria. En resumen, pues, la política reformista de la Nueva Planta, que tuvo su primera explosión en 1707, formó parte del plan francés de gobierno de España, y franceses fueron sus instigadores: Su motor: Luis XIV. Su interlocutor y colaborador principal, Felipe de Borbón, rey de España. Su ejecutor, Amelot, en connivencia con la princesa de los Ursinos y valiéndose del asesoramiento de Macanaz. Su colaborador coyuntural, el Duque de Orleans. El plan estaba previsto con antelación, pero se aprovechó para ponerlo en marcha y dictar el decreto la coyuntura de la guerra y, en concreto, el triunfo de Almansa y el sometimiento de los reinos de Valencia y Aragón. Éste fue el objetivo principal de la política de Luis XIV hacia España, lo que comentó varias veces, según hemos visto, en cartas 80  «Los Decretos de Nueva Planta en Aragón», en Génesis territorial de España, 65 y ss. Para los juicios de la historiografía jurídica aragonesa posterior, sobre ese texto y la abolición de los fueros, véase la informada obra de Guillermo Vicente y Guerrero, Del orgulloso forismo al foralismo tolerado. Atmósfera política. Fundamentación jurídica y contenido normativo de la Nueva Planta. La reacción de la historiografía jurídica aragonesa, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2014.

240

13.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña

anteriores al Decreto, y volverá a comentar tras su promulgación. Así el 18 de julio escribe a Amelot: «Creo que el rey católico ha servido a sus intereses estableciendo en los reinos de Aragón y Valencia las mismas leyes y forma de gobierno observado en Castilla. Pues es cierto que si no hubiera aprovechado una coyuntura tan favorable como la que ha tenido ahora de abolir los privilegios de estos reinos, habría encontrado todavía mayores dificultades para hacerlo a continuación. La reciente rebelión de estos pueblos parece autorizar todavía más al rey su dueño a suprimir prerrogativas de las que ellos han hecho también un mal uso» 81. Y esa misma era la interpretación de los expertos y cronistas franceses. Saint Simon, extremando el contraste entre Castilla y Aragón, escribió lo siguiente: «Le roi d’Espagne profita de l’état où la bataille d’Almanza et ses suites venoient de mettre les affaires d’Aragon et de la leçon que ses peuples lui avoient donnée de l’inutilité de sa considération et de ses bontés pour eux, pour se les attacher. Rien de plus différent que le gouvernement de la Castille et que celui de l’Aragon et des royaumes et provinces annexées a chacune de ces couronnes. En Castille le gouvernement est despotique plus encore nos derniers rois ne l’ont rendu en France…En Aragon c’est tout le contraire pour cette couronne et pour toutes les provinces qui en dépendent» 82.

Señalemos, en fin, que si la iniciativa y ejecución de la Nueva Planta, y consiguiente supresión de los fueros, fue francesa y no castellana o española, no dejaría de producir satisfacción en una Castilla que había soportado durante décadas la mayor parte de la carga tributaria de la monarquía. «No hay quizá –escribió Viñas Mey– ejemplo análogo de una organización tan desconcertantemente leonina como la del Imperio español, en que uno sólo de sus Estados, el reino de Castilla, estaba encargado casi exclusivamente de sostener con sus recursos y defender con sus ejércitos a todos los restantes, que se limitaban a mirar como lo hacía; ni de tan extraordinaria capacidad y voluntad de sacrificio como la de aquel pueblo, a un tiempo paradójicamente director y víctima, que se avino abnegadamente a desangrarse, despoblarse, empobrecerse y destruirse, literalmente hablando, en servicio de los demás países de la Monarquía, sin reacción ni protesta frente al régimen privativo de los Estados periféricos, que les mantenía en tal situación de privilegio» 83. Carta fechada en Marly (Girardot, Correspondance de Louis XIV, tomo I, 215). Mémoires complets et autentiques du Duc de Saint-Simon, tomo 3, 422-425. La exageración del contraste es todavía más notoria en el título del epígrafe: Différence du gouvernement de la Castille et de l’Aragon, l’un plus despotique que la France, l’autre moins que l’Angle­ terre. 83  El problema de la tierra en los siglos xvi y xvii, Madrid, 1941, 85-86. 81 

82 

241

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

V. DESDE 1707 A LA CONQUISTA DE BARCELONA EN 1714: EL CASO DE LOS CATALANES A)  R etirada de Amelot y del archiduque: de rey Carlos III a emperador Carlos VI Según observa Baudrillart 84, Luis XIV habría gobernado España de una u otra forma durante quince años a partir de comienzos de siglo. Ahora bien, en este largo período el decreto aragonés-valenciano de 1707 marca un punto de inflexión no sólo para esos reinos sino también para Cataluña, hasta que definitivamente cambien las cosas con la conquista de Barcelona en 1714. Tras el decreto de 29 de junio, el tornadizo príncipe de Orleans adopta una postura componedora con los que habían perdido la guerra. El 11 de julio, en carta dirigida a Amelot, protesta contra un decreto que trataba por igual a buenos y malos, es decir, a los que habían permanecido leales a Felipe V y a los que traicionaron su juramento de fidelidad. El mismo día transmitía al rey de España las quejas de la nobleza aragonesa sugiriendo restablecer ciertos fueros y adoptar una serie de reformas (entre ellas que se unieran las audiencias de Valencia y Zaragoza en una única con sede en Tortosa), mientras Amelot defendía la integridad del decreto que tanto había costado conseguir 85. Las diferencias en el gobierno de España, y el recelo de muchos nobles hacia Amelot, también por su política religiosa, le colocaron en difícil situación. En tres cartas de 7, 14 y 21 de enero de 1709, el embajador rindió cuentas de su gestión política y de los muchos beneficios conseguidos, entre ellos el fortalecimiento del poder real 86. Ciertamente Amelot había llevado a cabo reformas profundas en varios ramos de la administración, lo que le valió el calificativo de «el Colbert de España» 87. A su vez, Luis XIV, alegando un posible giro en el estilo de gobierno aquí, para retornar al sistema de Consejos, le aconsejaba poner alguna excusa y volver a Francia 88. En el Despacho había sectores descontentos con la política de supresión de fueros, pero más importante era ya, entrado ese año 1709, la decisión de Luis XIV de lograr en Europa la paz a cualquier precio abandonando inPhilippe V, I, 39 Ibidem, I, 294. 86  Ibidem, I, 336 y ss. 87  Ibidem, 229. 88  Versalles 3-VI-1709: «Je comprends que dan ce changement total des affaires, vous feriez un mauvais personnage à Madrid, étant exclus de tous les conseils et regardé même comme un homme devenu suspect. Je vous permets doc de profiter du prétexte de votre mauvaise santé et du besoin que vous avez d’user de remèdes que vous ne trouverez qu’en France, pour revenir auprès de moy, et, quoique vous répandiez cette raison dans le public, vous expliquerez cependant au roy et à la reine d’Espagne, le véritable motif de la permission et de l’ordre que je vous donne» (Girardot, Correspondance de Louis XIV, tomo II, 145). 84  85 

242

13.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña

cluso a Felipe V, pues éste, apartándose de las directrices de su abuelo, hacía causa común con los españoles negándose a una paz indigna y optando por seguir la guerra 89. Los deseos de Luis XIV de retirar a Amelot debieron coincidir con aquella política de abandonar a su nieto que Amelot no compartía. Así, cuando en febrero de 1709 se propagaron los rumores del cambio que se avecinaba, Amelot confesó a Torcy que si Luis XIV decidía abandonar a España, era mejor que enviara otro embajador. De acuerdo con ello, presintiendo que iba a ser excluido del Despacho y reducido a la tarea burocrática de la embajada, remitió al rey de Francia una representación solicitando permiso para retornar por un tiempo a causa de sus enfermedades 90. Amelot regresó así a París, donde fue recibido fríamente por Luis XIV y recompensado con el discreto puesto de consejero de Estado. Amelot arrastró en su caída a Orry (quien habría de volver después) y fue sustituido en Madrid por Blécourt, el cual tomó posesión de la embajada a primeros de septiembre. Se inauguró así una nueva etapa con una nueva política, que también afectó a la princesa de los Ursinos, protectora de Amelot 91. En 1710 el enfrentamiento de las dos posiciones (ruptura del compromiso de Luis XIV con Felipe V en aras de una paz a toda costa, o mantenimiento por parte de éste de su compromiso con los españoles) lo vemos representado en las diferencias de las dos mujeres más poderosas: la Maintenon y la Ursinos, defensora aquélla de los intereses del rey de Francia y ésta de los del de España. Y ello de tal suerte que si bien se ha hablado para entonces de una «españolización de Felipe V», algo parecido cabe decir de la Ursinos 92. Ambos, ausente ya Amelot, aparecen identificados en el proyecto de seguir la guerra, reducir a los catalanes y concluir la tarea de uniformizar el derecho de España. Los éxitos bélicos de Brihuega (8-9 de diciembre) y Villaviciosa (10 de diciembre) parecían favorecer esas pretensiones. Rendida Gerona al comienzo de 1711, el archiduque solo contaba en Cataluña con tres plazas importantes: Barcelona, Tarragona y Cardona. El nuevo año se inicia con el traslado de Felipe V y su corte a Zaragoza y a la localidad navarra de Corella, y con un curioso decreto de 7 de enero, dirigido al Consejo de Castilla, «para inquirir acerca la difidencia en cuanto a los hechos de particulares, y sobre sus operaciones, escritos y palabras» 93, mientras el clima bélico anticatalán crecía entre los franceses. El mismo mes, Vendôme escribía al 89  Baudrillart, Philippe V, I, 342 y ss. Ver especialmente la carta de Felipe V a Luis XIV de 29 de abril de 1709. 90  Ibidem, 346. 91  Ibidem, 366 y ss. 92  En carta de 25 de noviembre de 1709 Maintenon había escrito a Ursinos: «El rey y la reina de España tienen razones para quereros; la pasión que usted tiene por ellos os hace dejar de ser francesa» (Ibidem, 381) 93  En Castellvi, Narraciones históricas, III, 317-318.

243

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

rey que «la conquista de Barcelona le parecía indispensable, pues siendo el archiduque dueño de esta ciudad, Felipe V no podía considerarse rey de España, y que después de los últimos éxitos obtenidos sobre el enemigo, sería más vergonzoso no intentar el asedio que abandonarlo» 94. A su vez el duque de Noailles dirigirá a los catalanes en febrero desde Gerona un manifiesto amenazador: «La fortuna les ha servido mejor de lo que debían esperar después de los sucesos favorables que acaban de suceder, puesto que está en su mano poner fin a sus desgracias. Su Magestad Católica, dueño ya de todas las plaças de Cataluña solo excepción de Barcelona expuesta a su lamentable destino…y si somos obligados a valernos del rigor será con bastante pena de nuestra parte, aviertendoles que están muy próximos a experimentarlo si no toman presto sus medidas las más convenientes» 95.

Meses más tarde, en el verano, Macanaz redactaba sus Regalías de los señores reyes de Aragón, lo que reforzará el arsenal ideológico antifuerista. Sin embargo, los acontecimientos más importantes de 1711 sucedieron fuera de España. Por un lado, en Francia, la muerte del delfín, padre de Felipe V, el 14 de abril. Por otro, en Inglaterra, la mudanza política que desplazó al gobierno whig y dio entrada a un partido tory, preocupado por conseguir cuanto antes la paz. Y por otro, y sobre todo, la muerte en Viena, el 17 de abril, del emperador José I, acontecimiento que dio un vuelco a la política europea, pues si el archiduque Carlos se hacía con la corona, como de hecho sucedió, las potencias aliadas (Inglaterra y Holanda) que se habían enfrentado a una amenazadora Casa de Borbón que sumara Francia y España, por la misma razón debían enfrentarse, en aras de mantener el equilibrio europeo, a un Imperio austriaco, reedición del de Carlos V, que sumara España y sus posesiones de ultramar. El archiduque Carlos abandonó Cataluña dirigiéndose a los territorios imperiales que le aclamaban como Carlos VI. El viaje, en carta de despedida escrita el 6 de septiembre desde Barcelona a sus súbditos de la ciudad 96, fue presentado como algo provisional («pasar por breve tiempo a Alemania»), dejando como lugarteniente durante la ausencia a su esposa Isabel Cristina. Sin embargo, elevado al Imperio, aquella doble situación de ser en unos territorios el emperador Carlos VI, y en otros, en España, el rey Carlos III, era sencillamente insostenible, y mucho más cuando Isabel abandonó también para reunirse con su marido. «Los catalanes –ha escrito Balaguer 97– comenzaron a comprender entonces que estaban perdidos, y aunque ostensiblemente continuaron sus instancias a Carlos de Austria para que no les abandonase, en el fondo ya no confiaron sino en Dios Noailles, Mémoires politiques et militaires, tomo 73, 49. Pedro Voltes Bou, Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos de Austria (17051714), Barcelona, 1970, Documentos, tomo 3, 42-43. 96  La carta, en Balaguer, Historia de Cataluña, 163-164. 97  Ibidem, 181. 94  95 

244

13.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña

y en sus propias fuerzas». La marcha de ella, en fin, ante unos catalanes decepcionados, aunque dejara allí para protegerlos al general Staremberg, coincidirá con la reunión de los representantes de las potencias aliadas en Utrecht. Carlos aseguraba a los catalanes su apoyo pero, firmado el Tratado de Evacuación, el tema de los privilegios y fueros se remitía al futuro acuerdo de paz. B)  El Congreso de Utrecht y el caso de los catalanes El Congreso de Utrecht, con asistencia de representantes de Francia, Inglaterra, Holanda y Saboya, comenzó el 29 de marzo de 1712. Ahora bien, habiendo perdido Luis XIV, uno tras otro, a su hijo el delfín, a su nieto el duque de Borgoña y a su bisnieto el duque de Bretaña, Felipe V podía convertirse en heredero al trono de Francia si es que moría también el único que quedaba en la línea sucesoria, un niño de dos años llamado Luis, duque de Anjou y segundo hijo del duque de Borgoña. Semejante cadena de desgracias puso en primer plano esa posibilidad de la opción de Felipe, por lo que Inglaterra exigió para negociar la paz que formalizara su renuncia a la corona de Francia, lo que el rey de España hizo el 5 de noviembre de 1712 98. La renuncia fue comunicada por el rey a los Consejos, recordando que se había «juzgado necesario establecer la seguridad de que en ningún tiempo ni que por ningún incidente o acontecimiento puedan quedar unidas en una misma persona las dos monarquías», y que él, ante la disyuntiva rey de España-pretendiente de Francia, no necesitó pensarlo ni pedir consejo por –según confiesa– «mi afecto a los españoles, el conocimiento de las obligaciones que les tengo, las frecuentes experiencias que he hecho de su fidelidad y el reconocimiento que debo a la divina Providencia por el gran favor que me ha hecho de haberme colocado y mantenido en el trono, y dándome súbditos tan ilustres y de tan mérito» 99. En las negociaciones de 1712, el embajador inglés había propuesto que se incluyera en el tratado «un perdón general sin excepción a todos los españoles que se han adherido a la casa de Austria, y particularmente a los catalanes, estando cierta la reina que esto es tan necesario a los intereses de S. M. C. como a su propio honor». Tras una primera respuesta evasiva, Felipe V concretó en una segunda «que los catalanes no tenían merecido nada acerca de esto; que estaban reducidos a un corto distrito de terreno desde la partenza de las tropas inglesas y portuguesas; que sus tropas y las del rey su abuelo estaban prontas a entrar en su país por tres partes diferentes. Así que sólo era por complacer meramente a la reina y no por ninguna de las razones alegadas que se dignaba perdonar los catalanes, que tendrían recurso a su clemencia los que se arrepintieran de su error 98  99 

La glosa de este acontecimiento, en Baudrillart, Philippe V, I, 509 y ss. Comunicación de 8-VII-1712. En Castellví, Narraciones históricas, III, 487-488. 245

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

y se submeterían (sic) a su dominio y vasallaje en un tiempo limitado». Felipe, en suma, considerando a los catalanes acorralados y vencidos, estaba dispuesto a ese perdón de manera gratuita por deferencia con la reina inglesa que lo pedía, pero sin consentir que les fueran restituidos los fueros y privilegios, lo que produjo disgusto a la reina según se comunicó oficialmente al embajador español en Londres, marqués de Monteleón 100. La posición más intransigente de Felipe V, ausente ya Amelot, era eco ahora, en buena medida, de las posiciones regalistas de Macanaz y de su beligerancia antifuerista y anticatalana. En enero de 1713 el rey le pidió «formase una relación del gobierno antiguo de Aragón, Valencia y Cataluña…y de lo que convendrá remediar para que todo acabe de perfeccionarse», lo que dio lugar a un Informe que Macanaz redactó en seis días y en el que los catalanes eran tratados con insólita dureza: «De modo que hoy todos los catalanes que no han seguido al Rey, y cumplido con la obligación de buenos vasallos han perdido todo lo que va dicho (títulos, rentas, privilegios, etc.), y han quedado además de esto inhábiles como traidores para poder obtener semejantes gracias, y sus hijos y descendientes con la misma incapacidad y nota, y sin que tengan ni puedan tener más honor que aquel que el Rey les quiera conceder, en cuyo caso quedarán honrados por la merced que el Rey les haga, pero no serán hombres de honra hasta que ellos y sus descendientes por sus virtudes y méritos borren de la memoria de las gentes el delito que han cometido» 101.

En consonancia con esto, mientras Luis XIV adoptaba una posición más contemporizadora de cara a negociar la paz, Felipe V endurecía la suya en contra de privilegios y fueros. Así por entonces explicaba al monarca francés que «no es por ningún principio de odio ni por ningún motivo de venganza que he rehusado siempre esta restitución, sino porque sería disminuir mi Autoridad y exponerme a continuas revoluciones si hiciese revivir lo que su felonía ha apagado, y que tantas veces ha hecho experimentar a los Reyes mis predecesores» 102. Radicalizado Felipe V, y habiendo cambiado las tornas en Londres, los plenipotenciarios de España e Inglaterra recibieron instrucciones igualmente negativas. A aquéllos se les dijo «que de ninguna manera se den oydos a propósito de pacto que mire a que los catalanes se les conserven sus pretendidos fueros, pues sobre ser tan indignos de ellos…no es de conveniencia ni decoro que la Paz general salga garante de tan vergonzante condición ni que por ella quedase la habitual propensión a los catalanes a la rebelión, con amarras y permitido recurso a los 100  101  102 

246

Ver estos textos en los documentos 27-33 de Castellví, Narraciones históricas, III, 488-491. Regalías de los señores reyes de Aragón, 30, n.º 19. En Sanpere, Fin de la nación catalana, 297.

13.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña

coligados enemigos» 103. A los ingleses, el secretario de Estado Bolingbroke les comunicó la nueva posición de su gobierno, contraria a las promesas que habían hecho: «que no era de interés de la Inglaterra el conservar los privilegios de los catalanes. Que me sea permitido el deciros que los privilegios de los catalanes consistían en lo poderoso de la bolsa y espada; y que los de Castilla que les dará el rey de España en contracambio son libertad de negociar, ir a las Indias Occidentales y el de gozar empleos ventajosos de que dispone el rey, cosas mucho más considerables» 104. A estas posiciones negativas habrá que sumar la del propio Luis XIV, quien aseguró que sus plenipotenciarios en Utrecht no habían recibido ninguna orden de procurar el mantenimiento de los privilegios catalanes 105. Meses después, el 22 de junio de 1713, el austriaco Staremberg firmó el armisticio en Hospitalet y a continuación abandonó Barcelona con sus soldados. Los catalanes se habían quedado solos. El 30 de ese mes se reunió la Junta de Brazos que, tras una serie de discusiones sobre negociar o luchar 106, optó por la resistencia que fue proclamada el 9 de Julio por la Diputació del General. «Luego que se publicó el pregón de la guerra que las cajas y clarines informaron al pueblo –escribió Castellví 107–, lo celebró éste con común aplauso, indecible gozo y quietud de ánimo. No se oían por las calles otras voces que Privilegios o morir». Mientras las negociaciones se desarrollaban en Utrecht, los aliados, comprometidos moralmente con los catalanes, buscaban soluciones para hallar una solución que respetara el principal objetivo de mantener los fueros. Ese compromiso era como es lógico especialmente fuerte para el emperador Carlos, por quien habían luchado los catalanes, y también para la reina de Inglaterra, que les había alentado a luchar contra Felipe V. El emperador austriaco sugirió adjudicarse él los territorios de la Corona de Aragón, más el Rosellón, y otros italianos como Sicilia, Cerdeña y Nápoles, o bien incluso que Cataluña se constituyera a modo de república libre bajo la protección de todos los aliados y, en especial, de la reina de Inglaterra, a quien el emperador recordaba que debía impedir «que el Principado, que tantas pruebas ha dado de constancia y fidelidad, quede expuesto a la venganza del enemigo, cuando ese valiente pueblo no tomó las armas sino con las seguridades que recibió de Vuestra Majestad de que no le abandonaría jamás… lo cual no puede esperar si queda bajo el yugo de la casa de Borbón» 108. 103  En García Cárcel, Felipe V y los españoles. Una visión periférica del problema de España, Plaza Janés, 2002, 94. 104  Castellví, Narraciones históricas, III, doc. 34, 492. 105  Baudrillart, Philippe V, I, 557. 106  J. M. Torras i Ribé, La Guerra de Successió i els setges de Barcelona (1697-1714), Barcelo­ na, 1999. 107  Narraciones históricas, III, 581. 108  Esa comunicación, en Sanpere, Fin de la nación catalana, 6.

247

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

En Utrecht, el tratado secreto de evacuación de 14 de marzo de 1713, días antes de la salida de la emperatriz, ya había dejado sin resolver lo relativo a los fueros, aunque subsistía el compromiso inglés de protegerlos. A su vez el tratado angloespañol de 11 de abril señalaba en su artículo 13 que el rey de España, por respeto a la reina de Inglaterra, concedía a los catalanes «no sólo la amnistía deseada juntamente con la plena posesión de todos sus bienes y honras, sino que les da y concede también todos aquellos privilegios que poseen y gozan y en adelante puedan poseer y gozar los habitadores de las dos Castillas, que de todos los pueblos de España son los más amados del Rey Católico». Quedaban pues sin reconocer lo que a los catalanes les interesaba, es decir, los fueros del Principado. Dejando de lado las complejas relaciones y pactos entre unos países y otros, así como las peripecias de la guerra, llegamos al momento en que Felipe pide y logra la cooperación de Francia e Inglaterra. Luis XIV, libre ya de compromisos por el tratado de Rastadt (en cuyos preliminares el príncipe Eugenio de Saboya había llegado a sugerir que se aseguraran los privilegios de los catalanes a cambio de un principado en Limburgo para la princesa de los Ursinos), envía un ejército de veinte mil hombres al mando de Berwick para sitiar Barcelona, y a su vez la reina de Inglaterra envía una escuadra al Mediterráneo bajo la dirección del almirante Wishart. En Londres, la Cámara de los Lores asume la defensa de los intereses catalanes en una célebre sesión, la de 2 de abril de 1714, en la que diversos parlamentarios defendieron la tesis de que «habiendo la Corona de la Gran Bretaña inducido a los catalanes a declararse por la Casa de Austria, comprometiéndose con ellos a sostenerlos, deben hacerse buenos tales compromisos», a lo que el secretario de Estado Bolingbroke replicó con una retorcida versión oficial que incluía el argumento más convincente de que el propio Carlos había abandonado antes a Cataluña 109. Transcurrido algo más de un mes, y cuando ya Barcelona estaba cercada por un contingente de tropas que doblaba con creces las de los defensores, el 12 de agosto murió la reina Ana y accedió al trono el elector de Hannover, Jorge I, lo que, al iniciarse nuevas gestiones, despertó ciertas esperanzas entre los catalanes que también quedaron frustradas. El caso de los catalanes, en fin, desbordó en Inglaterra el ámbito parlamentario y se convirtió en un tema popular, tratado en pasquines y folletos como The Case of the Catalans Considered o The Deplorable History of the Catalans. En el primero, tras explicar lo que sucedía se comentaba: «Todas estas cuestiones tocan el corazón de cualquier ciudadano británico generoso cuando considera el caso de los catalanes…¿La palabra catalanes no será sinónimo de nuestra deshonra?». A su vez el segundo lo exaltaba como modelo: «ahora el mundo ya cuenta con un nuevo ejemplo de la influen109  Tindall, History of England, cit. Por Sanpere, Fin de la nación catalana, 351-352. Sanpere habla de la sesión de los Lores del 2 de abril, pero algún autor moderno (Albareda, La Guerra de Sucesión, 400) la sitúa el 3.

248

13.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña

cia que puede ejercer la libertad en mentes generosas». De ese caso habrá de ocuparse incluso la historiografía británica posterior 110. En tan extrema situación, abandonados de las potencias europeas, los catalanes llegaron incluso a pedir socorro al sultán de Constantinopla por medio del ministro que allí tenía el emperador, interviniendo en esta operación, que tampoco dio resultado, algunos agentes del Principado radicados en Viena «Se ha dicho que los catalanes –comenta Coxe 111– habían ofrecido al sultán la soberanía de Cataluña, con solo que les dejase su religión y fueros; pero esto no es probable». Agotados todos los recursos, los sitiados quedaron frente a los sitiadores. El bombardeo había comenzado el 7 de mayo y la guerra se agudizó a partir de julio, convirtiéndose en un feroz asedio en el que la heroica defensa que los catalanes hicieron de Barcelona llegó a ser comparada entonces con las gestas de Numancia y Sagunto. El cerco a Barcelona concluyó el 11 de septiembre de 1714. Algunos meses después (en julio de 1715) capitularon también Mallorca e Ibiza, con lo que finalizó la guerra en la Corona de Aragón. El asedio a Barcelona y la resistencia de sus habitantes provocó la admiración de unos y otros, sobre todo de los simpatizantes de los aliados. Coxe, historiador bastante imparcial si bien simpatizante de los vencidos, comentó así que «el valor heroico y la triste suerte de los catalanes escitaron la admiración e interés de aquellos mismos que eran los más abiertamente opuestos a su causa», prosiguiendo su comentario con unas frases que denotan bien a las claras quiénes, según él, eran también responsables de cuanto había sucedido: «El rey y el pueblo inglés los vieron sucumbir con el mayor pesar; pero nadie debió conmoverse tanto como el emperador, que se consideraba como la causa inocente y desgraciada de aquellos desastres» 112. No faltaron, desde luego, otros comentarios acres y negativos, entre los que destacan los del Marqués de San Felipe: «En esto paró la soberbia pertinaz de los catalanes, su infidelidad y traición…Cuatro mil hombres costó este asalto, con dos mil heridos; tantos murieron de los rebeldes. No faltó quien aconsejase al Rey asolar la ciudad y plantar en medio una columna. No había rigor que no mereciese ciudad que había sido el origen de tantos males y que había quitado a la Monarquía tantos reinos. El Rey se excedió en clemencia y la conservó, pero abatida… Así descansó por breve tiempo la España» 113.

Señalemos en fin que en este clima de abandono de sus antiguos aliados, Cataluña estuvo a punto incluso de ser desmembrada y que Felipe V segregara el 110  Albareda, La Guerra de Sucesión, 413-414 y, en general, el capítulo 12. Esos textos ingleses han sido traducidos al catalán por Michael B. Strubell (Consideració del cas dels catalans, Curial Edicions Catalans, S. A., 2012). 111  España bajo el reinado de la Casa de Borbón, II, 297, nota 78. 112  España bajo el reinado de la Casa de Borbón, II, 112. 113  Comentarios de la guerra de España, 251.

249

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

antiguo condado de Ampurias para entregar a la Ursinos un principado en Rosas, ante la dificultad de concederle el de Limburgo 114 Según sabemos, tras diversas negociaciones, el rey llegó a firmar el documento que ponía en sus manos ese principado a fines del mismo año 1714 115. El texto señala así que «ínterin la referida Princesa tome posesión del dicho ducado de Limbourg o de un equivalente a su satisfaczión… he resuelto asegurar a la dicha Princesa, a sus subcesores y herederos un equivalente al dicho ducado de Limbourg…Por tanto concedo a la referida Princesa de los Ursinos, con título de soberanía de Rosas, todo aquel territorio… a empezar desde primero del año 1715, con el mismo derecho de donación y con las mismas claúsulas contenidas en la zesión del ducado de Limburgo». Este asunto en todo caso no prosperó, quizás por el enfrentamiento de la nueva reina, Isabel de Farnesio, y la princesa, al que a continuación nos referiremos, y el empeño de ésta en mantenerse entre Felipe e Isabel. «De modo que –ha escrito Sanpere–, de haber la vieja Orsini demorado sólo por algunos días el dar a la nueva esposa sus lecciones de política pornográfica, hubiera sido un hecho la desmembración de Cataluña».

VI. LA GESTIÓN DEL DECRETO CATALÁN DE NUEVA PLANTA A)  La etapa previa Según antes vimos, la reforma de Cataluña fue incoada y prevista en el propio decreto de Nueva Planta de Aragón de 1707 («he juzgado por conveniente …reducir todos mis Reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes»), así como en las declaraciones de los militares y políticos franceses de los años siguientes. Y también en los proyectos y recomendaciones de algún consejero español como Macanaz, quien en 1713 había escrito: «Y convendrá cuando se haya de reglar aquel Principado igualarlo lo más que se pueda en todo a los reinos de Aragón y Valencia, y bajo las mismas reglas que para esto se han notado» 116. Vencida Cataluña era llegada la hora de aplicarse a las reformas. A principios de 1714 –el 14 de febrero– murió la reina María Luisa, cuando la Guerra de Sucesión todavía no había concluido pues se mantenía abierto el conflicto entre la Francia de Luis XIV y el Imperio austriaco de un Carlos VI que 114  Saint-Aignan a Torcy, Madrid 4 de marzo de 1715: «Après que Mme. la princesse fut partie de Jadraque, le roi d’Espagne signa la patente par laquelle il érigeait, en sa faveur, la principauté de Rosas et de Cardone…» (Courcy, L’Espagne après la paix d’Utrecht, 328). 115  Sanpere, Fin de la nación catalana, 658-659. Este autor incluye el texto, indicando que las órdenes para la firma se dieron el 19 de diciembre de 1715, cuando en realidad debieron darse a fines de 1714 pues el propio texto dispone, como vamos a ver, que entre en vigor «desde primeros del año 1715». 116  Regalías de los señores reyes de Aragón, 22.

250

13.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña

seguía titulándose rey de España, conflicto cerrado al final con la paz de Rastatt el 6 de marzo. En los meses de rey viudo, Felipe siguió asesorándose de la princesa de los Ursinos, mientras Orry proseguía su tarea reformista. Pero muy pronto, en diciembre, el rey contrajo nuevo matrimonio con Isabel de Farnesio, quien, con ocasión de su venida a España y de un violento encuentro en Jadraque, expulsó a la Ursinos, quedando en la cúspide del poder el abate Julio Alberoni. «La Corte de España –escribía el 31 de diciembre un personaje francés a otro– es completamente diferente de lo que era hace diez días. Es una Corte completamente nueva y un sistema también nuevo» 117. Pocos meses después murió LuisXIV. La Corte de Madrid, antes casi controlada por los franceses, se había diversificado y contaba ahora con cuatro grupos de nobles españoles, italianos, flamencos y franceses. «Es triste decir, comentará Baudrillart 118, que en esta Corte que tanto debía a Francia, solo hubiera dos franceses dignos de consideración, el P. Robinet, confesor del rey y el marqués de Caylus». A su vez el gobierno consistía fundamentalmente en el Despacho y –lo que administrativamente era una cosa distinta– las Secretarías de Estado y del Despacho o Secretarías del Despacho. El Despacho, especie de Consejo de gobierno, se reunía todos los días presidido por el rey, y sus miembros más destacados eran el presidente del Consejo de Castilla, Ronquillo, y el ministro José de Grimaldo. A su vez los Secretarios del Despacho, o incipientes ministros, fueron dos hasta noviembre de ese año (Grimaldo para Guerra y Hacienda, y Fernández del Campo para todo lo demás) y cuatro a partir del 30 del mismo mes: Grimaldo en Estado o Asuntos Exteriores, Fernández Durán en Guerra, Tinajero en Marina e Indias, y Vadillo en Justicia, con el añadido para las cuestiones financieras de Orry como Veedor General y del obispo de Gironda como Intendente Universal, cargos estos últimos que desaparecerán en 1715 119. Ello quiere decir que, en conjunto, había una persona especialmente notoria, José de Grimaldo, presente en el Despacho y titular del ministerio de Estado, por el que pasaban los asuntos más importantes y que habrá de abordar también el tema catalán. La presencia de la nueva reina y el desplazamiento de la Ursinos por Alberoni arrastró la caída de Orry, veedor general, y Macanaz, fiscal general, quienes fueron destituidos el mismo día, 7 de febrero de 1715. Orry, a quien comunicó personalmente el cese Grimaldo, marchó inmediatamente a París. Allí acudió también Macanaz, iniciando un exilio en Francia que se prolongó luego en Bélgica para retornar años después a España, a diversas ciudades y finalmente a su villa natal de Hellín, donde murió en 1760. Ausente Amelot de tiempo atrás, 117  118  119 

Baudrillart, Philippe V, I, 622. Philippe V, I, 562 y ss. Me remito a mi libro, Los orígenes del Consejo de Ministros en España. 251

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

habían salido ahora los dos principales reformistas, pero ello no detuvo el empeño en culminar la uniformización jurídica y resolver la excepción catalana, que ahora gestionarán con parecido espíritu Alberoni y Grimaldo. No en vano Alberoni había escrito: «Cuando se conquista un país hay que hacer una nueva ley y gobierno en él» 120. Este marco político de relativo sosiego, previo a la promulgación del decreto de Nueva Planta catalán, habría de contrastar con la precipitación y malas maneras con que se hicieron las cosas en la caída de Barcelona. Efectivamente, tras el 11 de septiembre de 1714, en pocos días desapareció la Generalidad y el Consejo de Ciento, siendo desarticulada toda la estructura militar y ajusticiados algunos de sus jefes 121. Señalemos también que entre las reformas no fue la menor la supresión de las seis universidades catalanas entonces existentes (Lérida, Gerona, Barcelona, Tarragona, Vic y Solsona) erigiendo en su lugar una única en Cervera, ciudad que había sido leal a Felipe V. La Universidad de Cervera no fue probablemente ni mejor ni peor que otras españolas, aunque su memoria haya arrastrado como una losa aquella lamentable y quizás tergiversada frase –«Lejos de nosotros la funesta manía de pensar»– con la que el claustro universitario se adhirió en 1817 a los dictados de Fernando VII. En todo caso, y pese a ser la Universidad única del Principado, muchos estudiantes catalanes salieron desde entonces a estudiar a las Universidades aragonesas de Huesca y Zaragoza, y también a la francesa de Toulouse. Digamos en fin que en la transmisión de poderes consiguiente a la liquidación de la guerra y del asedio de Barcelona, tampoco se respetaron las formas. A la hora del relevo de autoridades, el intendente Patiño recibió de pìe a los munícipes cesantes, notificándoles que podían marchar a sus casas, entregando aquellos símbolos y vestiduras en los que los catalanes habían representado su gobierno tradicional. Como ha comentado Voltes, llegóse a extremos de tan necio agravio como ordenar que los porteros del municipio pasaran a ataviarse con el antiguo traje de los consellers. B)  Petición de informe al Consejo de Castilla y Junta de Gil de Taboada El 12 de marzo de 1715 Felipe V, alegando que el Principado de Cataluña carecía de reglas para su gobierno económico y de justicia, puesto que solamente se había atendido al nombramiento de gobernadores militares, ordena al Consejo de Castilla la elaboración de una consulta sobre «la planta de ministros, que deberá haver en aquel Principado, qué corregidores, de qué profesión, y que reglas deberán establecerse, para que, según la calidad del país, genios de sus naturales 120  En Enrique Gimenez López, Gobernar con una misma ley. Sobre la Nueva Planta borbónica en Valencia, Alicante, 1999, 23. 121  Ferran Soldevila, Història de Catalunya, Barcelona, 1962, tomo III, 1172 y ss.

252

13.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña

y constitución presente de las cosas, se asegure en todo el mayor acierto que deseo». Publicado este decreto al día siguiente en el pleno del Consejo, pasó a la Sala de Gobierno donde se trató el asunto, decidiendo luego el pleno pedir informes separados a dos personas, Francisco Ametller, ministro del Consejo, y José Patiño, Intendente General en el Principado, «librando justamente en las acreditadas prendas de literatura y práctica inmediata de uno y otro del actual estado de las cosas en Cathaluña, genios e inclinaciones de sus naturales y conocimiento caval de lo que según estas previas disposiciones y el antiguo método, que conforme a fueros observaban tanto en la administración de Justicia como en lo político y económico…» Todo ello para recabar «las más expresivas, claras e individuales noticias que convenía tener presente para entrar a tratar asumpto tan serio y poder exponer a la soberana inteligencia de V. Mgd. lo que, según ellas, considerase el Consejo en Govierno más proporcionado y conforme a la Real Voluntad de V. Mgd. explicada en el mencionado Decreto»  122. En suma, FelipeV pide asesoramiento al Consejo de Castilla sobre qué debe hacer para gobernar adecuadamente Cataluña, y el Consejo, a fin de redactar la «consulta», es decir, la respuesta a lo que se le pide, solicita el informe de dos expertos, o, como comenta Soldevila, de «dues altes personalitats, catalana l’una… castellana l’altra» 123, bien es cierto que esta personalidad castellana, José Patiño, era un descendiente de gallegos, nacido en Milán, educado en Italia y que desempeñaba su oficio en Barcelona con destacados colaboradores catalanes 124. Ametller y Patiño redactaron sus dictámenes más o menos en un mes, pues el de éste aparece fechado el 13 de abril y el de aquél el 17. Sobre esos dictámenes trabajó el Consejo de Castilla dos meses, desde mediados de abril a mediados de junio, presentando su Consulta el 13 de este mes. Mientras el Consejo ultimaba su respuesta, el rey puso en marcha una operación paralela. El 9 de junio fue restablecida la Cámara de Castilla como Consejo autónomo, presidida por el gobernador del Consejo de Castilla, el eclesiástico lucense Felipe Antonio Gil de Taboada 125, y también ese día Grimaldo dirige a 122  El texto de este decreto se cita en la Consulta del Consejo, publicada en extracto por Sanpere (Fin de la nación catalana, 660 y ss) y completa por Josep M.ª Gay Escoda en su estudio «La gènesi del Decret de Nova Planta de Catalunya», Revista Jurídica de Cataluña, 1982, n.º 1, enero-marzo, 7-41; n.º 2, abril-junio, 263– 348. Cito la Consulta por la edición de este último autor (285-348) 123  Història de Catalunya, III, 1179. 124  Entre ellos, el prestigioso geógrafo Josep Aparici (Mercader, Felip V i Catalunya, 133). 125  El Consejo de Cámara de Castilla, o sencillamente la Cámara de Castilla, aparece, desaparece y es rehabilitado a lo largo del tiempo como Consejo autónomo para entender de las propuestas de nombramientos, gracias y mercedes. Para la presidencia del Consejo de Castilla e indirectamente del Consejo de Cámara, véase la excelente monografía de Sara Granda, La presidencia del Consejo Real de Castilla, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2013.

253

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

este presidente-gobernador una comunicación «para mudar las leyes y sus privilegios en Aragón, Valencia y Cataluña» 126, que comienza así: «Deseando el Rey algún tiempo a dar una fija regla de leyes y observación de ellas a los tres Reynos de Aragón, Valencia y Cataluña, ya sean las de Castilla u otras, para quitar la confusión que ahora se padece, por la variación de las que tienen, y ninguna observancia de ellas, y queriendo que esto se discurra, proponga y determine con la mayor reserva y todo el acierto que combiene en negocio de tal gravedad, me manda prevenga a V. S. I de esta su Real intención a fin de que, formándose una Junta en su posada con los Ministros que a V. S. I. pareciere, y tuviere por de su mayor confianza, que uno y otro a de proponer V. S. I. antes a S. M., se vea y discurra esta materia con tal sigilo y precaución que nadie llegue a traslucir se trata de semejante negocio, ni que en él se piensa, por el perjuicio que tuviera, y alboroto que ocasionaría esta noticia…»

Se trata, pues, de constituir una Junta para unificar la legislación en los territorios de la Corona de Aragón dada la confusión reinante: Valencia, con un decreto que había cancelado su derecho público y privado; Aragón, con el derecho público derogado y el privado recuperado, y Cataluña y Mallorca pendiente de los suyos. La cuestión era que rigiera un mismo derecho, bien fuera el castellano u otro, lo que prueba que el objetivo no consistía tanto en introducir el derecho castellano a toda costa, cuanto que hubiera un mismo derecho para facilitar el gobierno y evitar confusiones y problemas. A ese requerimiento contestó Gil Taboada el 24 de junio proponiendo las personas escogidas y haciendo saber que había conseguido de manera discreta los textos de los fueros. Como respuesta figura una nota anexa de Grimaldo ordenando, sobre esa propuesta, que la Junta la compongan él (Gil Taboada), García Pérez de Araciel, el Conde de Xerena, José de Castro, Melgarejo y el consejero de Órdenes, Rodrigo Zepeda. No sabemos bien el alcance de esta segunda operación y autores antiguos y modernos discrepan sobre si esa Junta llegó o no a reunirse y adoptar acuerdos. Sanpere opina que no, mientras Gay, apoyándose en una referencia aislada, presume que pudo mantenerse algún tiempo 127. En realidad, añadimos nosotros, esta segunda operación debe verse como un complemento de la primera, pues ambas habían sido encargadas por el rey al presidente del Consejo de Castilla, una –pública– para que la gestionara el tradicional Consejo y otra –secreta– para que se ocupara de ella esa nueva Junta creada ex profeso. Pero el caso es –y esto no se ha sabido o no se ha tenido en cuenta– que Taboada desempeñó su puesto 126  El texto, la respuesta y la nota que cito de Grimaldo, en Pedro Voltes Bou, Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos de Austria, 88-90. 127  Sanpere, El fin de la nación catalana, 616-617; Gay, «La gènesi del Decret de Nova Planta de Catalunya», 32-33.

254

13.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña

poquísimo tiempo, pues en julio fue promovido al obispado de Osma, siendo cesado como gobernador del Consejo el 10 de octubre del mismo año 1715 128. Para entonces el Consejo ya había presentado su Consulta, pero una Junta tan personalista como aquélla (presidida por Taboada; con miembros escogidos por él y que se reunía en su posada) debió disolverse pronto o dejar de reunirse. Tengamos en cuenta que la Junta no puede darse por constituida antes del 24 de junio, fecha de la comunicación de Taboada proponiendo quiénes habrían de componerla, y que la referencia que esgrime Gay, constatando su existencia y en favor de su continuidad, es de 4 de julio (diez días después), lo cual evidentemente no prueba nada. Taboada, en fin, pasó a Osma y cinco años después a Sevilla, donde murió en 1722.

VII. LA CONSULTA DEL CONSEJO DE CASTILLA DE 13-VI-1715 A)  Los Informes de Ametller y Patiño Los dos informes requeridos por el Consejo de Castilla, escritos en castellano, aun tratando de las mismas cosas, son muy distintos en extensión y estilo. El de Ametller, mucho más largo, erudito, farragoso y detallista. El más breve de Patiño tiene mejor sistematica y está escrito con mayor claridad y orden 129. Ametller utilizó una amplia serie de materiales y realizó al parecer varias redacciones, dividiendo el proyecto en una parte relativa al Principado y en otra al régimen local. Tras una dura referencia inicial a Cataluña, que según comenta ha perdido sus leyes y privilegios por su execrable fellonía y obstinada resistencia, el Informe pergeña un resumen del antiguo gobierno del Principado y de las medidas adoptadas por el Duque de Berwick, y entra a analizar la planta del gobierno político, económico y de justicia que se quiere implantar, examinando primero lo tocante a los tribunales de justicia, y a continuación el gobierno político de universidades, ciudades, villas y lugares de Cataluña. En lo relativo a la Audiencia o nueva Chancillería, opina que se debe observar el mismo método y división de salas, y en cuanto a su conformación, bien como Chancillería –a imagen de las de Granada, Valladolid y Valencia– independiente del nuevo cargo de Capitan General, o bien como Audiencia con el Capitán General de presidente, opta por esta segunda posibilidad, con ministros preferentemente naturales del Principado. De otra parte aconseja para esa Nueva Planta que haya seis escribanos de mandamiento, uno de los cuales desempeñará el cargo de lugarteniente Granda, La presidencia del Consejo Real de Castilla, 332-334. Cito estos dos Informes de Ametller y Patiño y el texto de la Consulta por la edición de Gay («La gènesi…»), reduciendo a minúscula algunas letras mayúsculas. 128 

129 

255

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

de protonotario. Para las causas civiles y criminales propone que, en materias de justicia, la Audiencia sea tribunal de término y no se pueda apelar de ella, mientras en las de gracia y gobierno quepa el recurso al rey y la Corte. Se muestra asimismo partidario del mantenimiento del derecho catalán en el procedimiento penal, y respecto al civil que se siga «la misma práctica y estilos que asta aquí», señalando que esa Real Audiencia Civil y Criminal «aya de decidir y actuar en los pleitos en idioma castellano o latín; y los ministros hacer las sentencias y provisiones en idioma latín, como han acostumbrado…Pero en quanto a las curias ordinarias inferiores, que puedan los litigantes actuar y deducir en su lengua vulgar materna». Defiende, en fin, el mantenimiento de algunos tribunales, como el del Consulado del Mar y la fijación de doce corregimientos, a cuyo frente haya corregidores que pueden ser o no letrados. Finalmente, en cuanto al gobierno político y económico de ciudades y villas, propone el sistema de elección de regidores, jurados y cónsules, y aboga por el mantenimiento del colegio de notarios públicos de Barcelona. Y respecto a la reforma de las universidades, se muestra crítico con el establecimiento de la de Cervera por ser la ciudad «desacomodada y de menor vecindad para el concurso de tantos estudiantes que hallan mucho menos las comodidades que tenían y encontraban en Barcelona». Patiño por su parte, teniendo en cuenta que el Decreto de 12 de marzo solicitaba al Consejo información sobre los ministros y corregidores a establecer, la cual tuviera en cuenta «la calidad del país, genios de sus naturales y constitución presente de las cosas», se atiene literalmente a lo pedido y comienza con unas referencias geográficas de Cataluña, su división administrativa en veguerías, y el carácter de los catalanes que es visto así: «El genio de los naturales, por lo general, es, como siempre ha sido, amante de la libertad, y aficionadísimo a todo género de armas, singularmente a las de fuego, promptos en la cólera, rixosos y vengativos; y siempre de ellos se debe recelar que aguarden coyuntura para sacudirse el yugo de la Justicia, que siempre pretenden les oprime. Es también en esta nación muy sobresaliente el interés; y en todas las edades pasadas ha sido su conato el conseguir por ley municipal en Cortes la remisión de pechos y tributos, y el no podérseles cargar por ningún título, ni urgente necesidad, por la sola autoridad real sin consentimiento de los tres brazos y que únicamente se pudiesen imponer los que ellos quisiesen.»

Se habla luego de ellos como «apasionados a su Patria», del uso habitual de la lengua catalana y de su «genio laborioso y casi infatigable», así como del abatimiento que padecían entonces, para pasar al análisis institucional comenzando por la Audiencia, respecto a lo cual plantea la misma opción presentada por Ametller: o una Chancillería al estilo de las existentes en otras partes de España, o una Audiencia presidida por el Capitán General. «Entre estas dos especies, aunque por lo que mira al curso regular de económica y justicia así civil como criminal, parece más proporcionada la regla de las Reales Chancillerías… re256

13.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña

flexionando sobre las circunstancias de la calidad de este País, genios de los cathalanes y actual constitución de las cosas, tengo por mui conveniente y aún preciso que el mismo Capitán General y gefe de la guerra, lo sea también en lo de económico y justicia con aquel título de governador, presidente de la Provincia». La Audiencia, deberá ser también un tribunal supremo, pudiéndose sólo recurrir por vía de suplicación, y estar compuesta, junto al presidente, de diez oidores en dos salas civiles, cinco alcaldes del crimen y un abogado fiscal. En cuando a la práctica judicial, Patiño aconseja que en todo lo posible «el ritual judiciario, así en lo civil como en lo criminal se establezca en los términos de la misma práctica antecedente…con la sola diferencia que como antes todo lo judicial se actuaba en lengua cathalana, se escriba en adelante en idioma castellano o latín, como ya así la Real Junta lo practica, pues se logrará la inteligencia de qualesquiera jueces españoles, sin haver de estudiar en lo inusitado de la lengua de este país». Se repite aquí de nuevo la opción del uso del castellano o latín, no como una imposición política de aquél sino como un criterio utilitario de lenguas más conocidas en la práctica forense de España. Patiño propugna además el mantenimiento de dos altos tribunales relativos al mundo eclesiástico (el de las Contenciones o Competencias y el Tribunal del Breve Apostólico), y en cuanto a la jurisdicción real inferior defiende la introducción de los corregimientos sin suprimir las circunscripciones de las tradicionales veguerías, manteniéndose también los tradicionales bailes cuyo ejercicio en los pueblos es similar al de los alcaldes. Aborda, en fin, la jurisdicción señorial de los barones y el caso de algún tribunal especial, como el del Consulado del Mar, en cuyas constituciones no hay nada que enmendar, para concluir con el gobierno que se debe establecer en Barcelona y una advertencia final a propósito de los impuestos y contribuciones, «pues siempre queda qué temer en la propensión a sus intereses la adversión a subministrar de sus haberes a las arcas reales». Es decir, Patiño teme el rechazo de los catalanes a pagar los impuestos, «sobre cuyo particular no me estiendo en dar Informe ni dictamen, tanto por no habérseme pedido, como porque quedará vastamente ponderado por la superior comprehensión de el Consejo». B)  La propuesta del Consejo y los votos particulares Como reacción al predominio creciente de las Secretarías del Despacho y a la correlativa marginación de los Consejos, había tenido lugar en la administración central una importante reforma en 1713, mediante un conjunto de decretos de 10 de noviembre que reestructuraron los diversos Consejos y, singularmente, el de Castilla, el cual pasó a tener cinco salas y cinco presidentes. Esa reforma, que dispuso también que el Consejo de Cámara de Castilla «quede extinto desde ahora para siempre» fue protagonizada por el francés Orry y el español Macanaz, y tuvo su contrarreforma en otro decreto, de 9 de junio de 1715, revocando las 257

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

revolucionarias reformas realizadas diecinueve meses antes, con lo que el Consejo de Castilla, entre otras cosas, volvió a la presidencia única, a restablecerse el Consejo de Cámara y a que fuera suprimido el cargo de fiscal general 130. En este contexto, a mediados de abril de 1715 recibió el Consejo de Castilla los informes de Ametller y Patiño, remitiéndolos entonces al fiscal general, Macanaz, el cual añade sus propias observaciones. Con estos materiales, a partir de mediados de mayo el Consejo inicia las deliberaciones finales que abocan a una serie de propuestas recogidas en veintiocho puntos que constituyen el núcleo de la consulta. De esas propuestas, que hacen referencia a lo sugerido por Ametller, Patiño o el fiscal, conformándose o no con ello como justificación o explicación del acuerdo colegiado, cabe destacar lo siguiente. Conformidad con la constitución de una Audiencia con tres salas (dos civiles y una criminal) presidida por el Capitán General, quien no tendrá voto en las causas de justicia civiles y criminales, pero sí en la jurisdicción de lo político y gubernativo. (punto 1). En esta Audiencia, el «rito judiciario» será en lo civil y en lo criminal conforme a la práctica tradicional, «con la diferencia de que, como se escribía en la lengua cathalana, se haga en latín o castellana», y ello por «ver la prompta diligencia con que se substancian y concluyen las causas en casos graves y atroces». Por otra parte, recordando en este punto 2 la «inobediencia y osada resistencia» del Principado, el Consejo alude a la abolición de fueros y privilegios e introducción de otras leyes, «y que sea practicando desde luego las leyes de Castilla, así en lo civil como en lo criminal; actuando en lengua castellana a reserva de aquellos pequeños lugares que por su miseria y situación en la montaña, en que será justo se dispense esta condición». Las segundas instancias de los pleitos civiles y criminales vistos en cualquiera de las tres salas serán examinados por la misma, pero el tribunal deja de ser supremo dado que las segundas suplicaciones y recursos extraordinarios corresponderán al Consejo de Castilla (punto 4). En cuanto a que los catalanes formen parte de la Audiencia, se había previsto que el regente y los fiscales fueran castellanos, pero que hubiera en cada sala uno o dos ministros catalanes. El Consejo acepta lo que le recomiendan los informantes Ametller-Patiño y el fiscal, pero acentúa, en cuanto a la fijación del número de catalanes, la discrecionalidad del monarca, lo que quiere decir que en ocasiones el Consejo se separó del acuerdo más contemporizador de aquéllos, mostrándose más radical o regalista (punto 4). Tras hacerse eco de la doble protesta de los proponentes respecto a la precariedad de los salarios que gozaban los ministros que formaban juzgados y tribunales (punto 6), y revisar esos salarios en los distintos cargos (puntos 8-13), el 130  Sobre todo ello, me remito a mi trabajo «La reconstrucción de la Administración Central en el siglo xviii», en Administración y Estado en la España Moderna, 135-203. También Janine Fayard, «La tentative de réforme du Conseil de Castille sous le règne de Philippe V (1713-1715», en Mélanges de la Casa de Velázquez, II (1968), 259-279.

258

13.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña

Consejo se refiere en los puntos 18 y 19 a la jurisdicción de los señores feudales; en el 20 a los tribunales del Consulado del Mar (en el que se atiene a la opinión de Patiño) y de Contenciones (en el que se suma a la opinión unánime de los tres dictámenes), y en el 21 al Colegio de Notarios de Barcelona. A partir del 22 entra en la jurisdicción real inferior de corregidores y bailes, conformándose en cuanto a los corregidores con el número de doce propuesto por los tres informantes, pero ajustándose a la opinión de Patiño en cuanto a la determinación de los territorios y lugares a que esos corregimientos deberán dar cabida. Tras otros temas del gobierno municipal y corporaciones profesionales, el Consejo se refiere a las universidades y establecimiento de una única universidad en Cervera, según las disposiciones dadas por el príncipe Tserclas Tilly, tema omitido en su informe por Patiño, criticado por Ametller, y defendido por el fiscal en base a lo dispuesto por el príncipe, postura esta a la que se suma la corporación (punto 29). Los acuerdos del Consejo concluyen, en fin, con unas advertencias (puntos 28 y 29) que se hacen eco de las propuestas de Ametller y Patiño, insistiendo en esta última a propósito de adoptar algunas prevenciones dada la «aversión (de los catalanes) a subministrar de sus haveres a las arcas Reales por vía de tributo». Contemplados en conjunto los cuatro textos (los dos informes de Ametller y Patiño, las observaciones del fiscal y la propia consulta del Consejo), hay que reconocer con Soldevila 131 que los dos últimos prescindieron de muchas de las reservas expuestas por Ametller y Patiño, tal vez por la condición de catalán de aquél y de residente en Cataluña de éste, lo que les haría sentirse más próximos al derecho y realidad del Principado. O dicho de otra manera, que el Consejo acostumbró a ajustarse a la posición más radical del fiscal, aunque bien es cierto que no siempre. Como complemento de la consulta figuran tres votos particulares, dos colectivos, el primero y el último, y uno individual. El primero, firmado por el primer presidente de los cinco que entonces había, Miguel Francisco Guerra 132 y otros siete consejeros, se manifiesta a favor del mantenimiento de algunas leyes y costumbres del Principado, pero en lo relativo a la lengua no solo se aferra al castellano y desecha la opción del latín en los pleitos sustanciados en la Real Audiencia y ante los corregidores, sino también en los tribunales inferiores. Es más, pretenden que el rey mande «que en todas las escuelas de primeras letras y de grammática, no se permitan libros impresos en lengua cathalana; escribir ni hablar en ella dentro de las escuelas; y especialmente aprendan la doctrina christiana en nuestra lengua (castellana), que, por estos y otros medios suaves, se irá haciendo común en el Principado». 131  132 

Història de Catalunya, III, 1182. Granda, La presidencia del Consejo Real de Castilla, 329-331. 259

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

El segundo voto particular lo suscribe una sola persona, Matheu de Villamayor, y constituye de hecho una enmienda a la totalidad de la consulta, pues defiende que «no convendría inmutar el gobierno de Cathaluña en lo político y económico, ni en lo jurídico y legal; porque estas leyes y las de cada región fueron en sus principios próvidamente establecidas con atención al genio y situación de las provincias y con el longevo usso de ellas se afirman costumbre en sus naturales». Este voto de Villamayor contiene a nuestro juicio los argumentos más inteligentes y realistas para rechazar la reforma, como cuando afirma su carácter gratuito e innecesario pues «siempre que la autoridad real, como debe, quede sobre la ley, recupere la omnímoda potestad de dispensar gracias y officios y la de tributar sus vasallos al modo justo que le parezca; todo lo demás es de poquísima consecuencia a la soberanía y deberá esperarse una total enmienda de la razón con el tiempo». O como cuando defiende el mantenimiento de la lengua, con curiosos argumentos, o minimiza la importancia de las reformas jurídicas en este notable párrafo: «Variándoles el idioma se inutilizan los archivos públicos y los particulares, con la eversión de los mayores intereses, sin conoscible conveniencia de el Estado a quien le importa poco que los padres exhereden a sus hijos con causa o sin ella; que la mujer adquiera en su matrimonio bienes gananciales o el aumento de la mitad de su dote; que retenga asta la cumplida satisfacción de él y de las arras los bienes de su marido en tenuta; ni otras disonancias que se podrán argüir con las leyes de Castilla; de cuya alteración el fructo es desabrimientos.»

El tercer voto particular, en fin, de cuatro consejeros, considera preferible la instalación de una Chancillería, con su presidente togado, a la de una Audiencia presidida por un militar, habida cuenta de que «es impropio y extraño de el instituto, profesión y genio de los buenos generales, gobernar letrados». La consulta aparece firmada por el presidente Guerra y veinticinco consejeros, es decir, veintiséis personas. Ahora bien, teniendo en cuenta que hubo doce firmantes de votos particulares (pues Francisco de León y Luna firmó dos votos distintos, el primero y el último), se llega a la conclusión de que casi la mitad del Consejo no estaba conforme con la totalidad de la Consulta y que, por tanto, el texto tal cual, fue aprobado por una reducida mayoría. La Consulta concluye con esta advertencia: «El Fiscal General lo ha visto».

VIII.  EL DECRETO DE 16 DE ENERO DE 1716 A)  El proceso legal: los decretos de 9-X-1715 y 16-I-1716 Firmada la Consulta del Consejo de Castilla el 13 de junio de 1715 y remitida al rey, no es claro el camino que los papeles siguieron luego. En teoría, las con260

13.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña

sultas de los Consejos iban directamente al monarca, pero se había abierto la estructura paralela, y más política, de las Secretarías del Despacho, y no hay que olvidar que el titular de la de Estado era José de Grimaldo, que ya había intervenido en la gestión del problema catalán. La tramitación de la Consulta sigue un proceso confuso en un panorama de confusión general. Confusión en el gobierno de España, con una nueva reina, un nuevo primer ministro o valido (Alberoni) y un nuevo equipo ministerial puesto en marcha en noviembre de 1714 y reformado casi a continuación, en abril de 1715 133. Confusión en Cataluña (recién ocupada Barcelona) donde las cuestiones militares dependían del príncipe Tserclaes-Tilly, y lo político y económico de José Patiño, intendente general 134. Confusión en los Consejos de la monarquía y en el deslinde de sus competencias con las recién creadas Secretarías del Despacho, y confusión, en concreto, en el organismo autor de la Consulta, el Consejo de Castilla, con la reforma de 1713 y la contrarreforma de 1715 135. Confusión asimismo en la presidencia del Consejo, con un presidente-gobernador, Gil de Taboada, nombrado el 12 de junio de 1715 (el día anterior a la firma de la Consulta), promovido en julio al obispado de Osma y sustituido –tras hacerse cargo interinamente de la presidencia, el decano Ramírez Baquedano– por Luis Félix de Mirabal el 27 de febrero de 1716 136. Y, lo que más importa aquí, confusión con la Consulta, que sorprendentemente se resuelve con un doble y repetido decreto de 9 de octubre de 1715 y de 16 de enero de 1716, causa en fin de que ese Decreto de Nueva Planta de Cataluña sea citado por unos con una fecha y por otros con otra. Una vez firmada, la consulta pudo haber tomado tres rumbos. El primero, permanecer en la órbita del Consejo de Castilla y ser despachada por su presidente con el rey o con Alberoni. El segundo, pasar al Despacho o Consejo de Despacho, opción a desechar pues con la entrada de Alberoni, como he puesto de relieve en otro lugar 137, el gabinete o Despacho dejó de funcionar. La tercera, pasar a la órbita Alberoni-Grimaldo, es decir, a la del valido o primer ministro de turno y a la del ministro que ya había intervenido en ello. Tal posibilidad parece avalada tanto por la importancia política del tema como por el hecho, señalado por Gay, de que el borrador del decreto que resolverá la consulta se encuentre en el archivo entre los papeles de Estado, que era el ministerio de Grimaldo 138. Sin embargo, el 133  Esas primeras reformas de la estructura ministerial las he estudiado en Los Secretarios de Estado y del Despacho, I, 298-308, y en Los orígenes del Consejo de Ministros, I, 47-58. 134  Castellvi, Narraciones históricas, IV, 486. 135  La situación de los Consejos la examiné en «La reconstrucción de la Administración central en el siglo xviii», 149 y ss. 136  Granda, La presidencia del Consejo Real de Castilla, 332-335. 137  Los orígenes del Consejo de Ministros, I, 58. 138  Gay, «La gènesi del Decret de Nova Planta de Catalunya», 34.

261

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

asunto no es claro pues, con independencia de quien revisara o manejara la consulta en los casi cuatro meses que tardó en ser resuelta, hay que señalar que la ortodoxia administrativa fue respetada y el decreto resolutorio de 9 de octubre de 1715 se dirigió al obispo-gobernador del mismo Consejo de Castilla 139 que había promovido el expediente, es decir a Gil de Taboada, obispo de Osma. Al decreto de 9 de octubre siguió otro de 28 del mismo mes ordenando que la Cámara despachara las consultas oportunas para proceder al nombramiento de los ministros y corregidores, o, como dice el texto, «me consulte las plazas destinadas para esta Audiencia, y los corregimientos señalados para el gobierno de aquel Principado en el número y calidad que previene el citado decreto» 140. Esta disposición explica que no se publicara y diera a conocer inmediatamente el primer decreto, pues quizás se quiso esperar a realizar los nombramientos en él previstos. Así, cuando todo fue cumplimentado, el decreto de 9 de octubre fue comunicado al Capitán general y al regente y oidores de la Audiencia de Cataluña por una real cédula de 16 de enero de 1716 141, y con esta misma fecha vuelve a publicarse el decreto con algunas modificaciones, y así aparece en la ley I, título IX del libro V de la Novísima Recopilación: Real Decreto de 16 de enero de 1716, al que ajustamos aquí nuestro comentario final. B)  Contenido del Decreto Las tres diferencias fundamentales del Decreto catalán de Nueva Planta del dictado para Aragón y Valencia el 28 de junio de 1707 son a nuestro juicio las siguientes. En primer lugar, en lo relativo al proceso de su gestación, la rapidez y brusquedad de éste, que se hace de la noche a la mañana, en contraste con la lentitud y ponderación de aquél, sometido a lo largo de meses a una consulta del Consejo de Castilla y a dictámenes y observaciones de unos y de otros. En segundo lugar, en cuanto al fondo, el decreto catalán respeta el derecho privado del Principado, mientras el aragonésvalenciano, de forma radical, suprime todo, el privado y el público, es decir, aquél es más respetuoso, tolerante e integrador que éste. En tercer lugar, en cuanto al tono y a la forma de redacción, el catalán es más considerado y respetuoso. Esta última característica se aprecia en el prólogo o exposición de motivos del Decreto catalán. Dice así el rey en el texto de 16-I-1716, evocando al de 9-X-1715, que «habiendo con la asistencia divina y justicia de mi causa pacificado enteramente mis armas el Principado de Cataluña, tocaba a mi soberanía establecer gobierno en él, y dar providencias para que sus moradores vivan con paz, quietud y abundancia», frases evidentemente muy distintas de las radicales y amenazadoras del decreto de 1707. 139  140  141 

262

Ibidem, 35, nota 79. Ibidem, 38. Ibidem, 39-40, nota 96.

13.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña

En la opción Chancillería-Audiencia, sobre lo que se habían pronunciado los dictámenes, se decide la creación de una Audiencia presidida por el Capitán General y compuesta por un regente, y diez ministros para lo civil y cinco para lo criminal, dos fiscales y un alguacil mayor, determinándose también el personal inferior de escribanos, alguaciles, abogado de pobres y porteros. En esa Audiencia la suplicación no habrá de hacerse de una sala a otra, sino a la misma que ha dictado sentencia, resolviéndose, en caso de disparidad de criterios entre la primera y la segunda decisión, que la sala se pronuncie por tercera vez con el regente y un ministro de la otra. En el espinoso problema de la lengua, el decreto ordena que «las causas en la Real Audiencia se substanciarán en lengua castellana», desapareciendo así la opción del latín pero permitiendo el mantenimiento del catalán en todos los tribunales que no fueran la Audiencia del rey. Es esta la única referencia del Decreto a la lengua, que como decimos deja libertad para el uso del catalán en cualesquiera otros ámbitos: tribunales inferiores, relaciones económicas, escuelas, etc. Pero pese a esa matizada imposición, este tema constituirá el caballo de batalla de las controversias posteriores, siendo vista por ejemplo por Soldevila como «un arma formidable para la ingerencia castellana» 142. En cuanto al gobierno territorial y municipal, el decreto establece los corregimientos con referencia al territorio de las veguerías, detallándose también el papel de regidores y bayles. Se mantiene alguna institución tradicional, como el Colegio de los notarios del número de Barcelona, pero el intento de procurar la castellanización de los oficios públicos se hace a través de una claúsula que suprime cualesquiera oficios no reglados por el decreto, que quedan suprimidos, repartiéndose sus competencias entre las nuevas instituciones instauradas: «Todos los demás oficios que había antes en el Principado, temporales, perpetuos, y todos los comunes, no expresados en este mi Real decreto, quedan suprimidos y extinctos; y lo que a ellos estaba encomendado, si fuere perteneciente a Justicia o Gobierno, correrá en adelante a cargo de la Audiencia; y si fuere perteneciente a Rentas y Hacienda, ha de quedar a cargo del Intendente, o de la persona o personas que yo diputase para esto.»

En todo caso, hay al término del Decreto otra cláusula con una prevención general a favor del derecho y las instituciones catalanas, que dice mucho, aunque a menudo no se reconozca, en favor de la templanza y mesura de este célebre texto: «En todo lo demás que no está prevenido en los capítulos antecedentes de este decreto, mando, se observen las constituciones que antes había en Cataluña; entendiéndose, que son de nuevo establecidas por este decreto, y que tienen la misma fuerza y vigor que lo individual mandado en él.» 142 

Historia de Catalunya, III, 1185. 263

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

IX. CONCLUSIONES 1.  La Guerra de Sucesión, originada por el testamento de Carlos II en favor de Felipe de Anjou, fue una guerra dinástica e internacional (Casa de Borbón, Casa de Austria, Gran Alianza) que generó en su seno, en España, una guerra civil. Y ha sido vista también como una guerra francesa, pues así es definida en cierto diccionario francés de mediados del siglo xix: «Guerre de 1701. Sorte de guerre française nommée de la succession d’Espagne» 143. Esa Guerra de Sucesión tuvo dos partes: una primera, de 1701 a 1706, favorable a los partidarios del archiduque Carlos; otra segunda, de 1707 a 1713, en la que se impusieron los partidarios de Felipe V, y un epílogo a propósito del llamado caso de los catalanes, en el que a su vez cabe destacar dos referencias: la militar, con la conquista de Barcelona el 11-IX-1714, y la jurídica con el Decreto de Nueva Planta de Cataluña el 16-I-1716. 2.  Felipe V juró en 1701 los fueros y privilegios de Cataluña y recibió el juramento de fidelidad de sus súbditos catalanes. Como había sucedido en Aragón (y reconoce su Decreto de Nueva Planta de 29-VI-1707), la sublevación posterior y su vencimiento, a tenor de los parámetros jurídico-políticos del Antiguo Régimen, investirán al monarca de una doble legitimidad: la derivada del derecho de sucesión al trono y la del derecho de conquista. 3.  Las Cortes de Cataluña de 1701-1702, las primeras que Felipe V convocó y celebró, fueron excelentes para los catalanes. Actualizaron sus constituciones y derechos a través de una Nueva Compilación (Constitutions y altes Drets de Cathalunya), publicada en 1704, reportándoles importantes concesiones y mejoras, entre ellas el permiso por vez primera de negociar con América. Las Cortes se celebraron en catalán y esa Nueva Compilación fue redactada también en catalán. 4.  Al haber sido Felipe V bien recibido en Cataluña, y haber propiciado unas Cortes tan favorables, no es claro el brusco giro posterior y los motivos de desafección que llevaron al enfrentamiento. Se han aducido abusos de las autoridades borbónicas, que en cualquier caso parecen desproporcionadas con un cambio tan radical y el rechazo terminante al mismo rey que antes había sido aclamado. En cualquier caso los catalanes de la época lo que rechazan con especial insistencia es la opresión francesa, elogiando que el Archiduque les haya liberado de Francia. 5.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña (DNPC) de 16-I-1716 está ya incoado en el Decreto de Nueva Planta de Aragón y Valencia (DNPAV) de 29-VI-1707, y forma parte del mismo proceso reformista, del que constituye una segunda parte. En el Decreto para Aragón y Valencia se menciona el deseo de 143 

264

Cit. en Aquilino Iglesia, «Carta del Director», Initium, 19 (2014), XCIII.

13.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña

«reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres, i Tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla». Esa es pues la previsión y eso se lleva a cabo conforme los territorios de la Corona de Aragón van siendo sometidos. Lo que es verdad en DNPAV, es decir, la rebelión de unos súbditos que han jurado fidelidad, legitimando el consiguiente derecho de conquista del rey, es también verdad, aunque el texto no lo repita, en DNPC. Y lo que no es verdad en aquél, es decir, que la rebelión haya sido absolutamente general, tampoco lo es en éste, pues en ambos territorios hubo zonas, ciudades y personas que mantuvieron la lealtad al rey que habían jurado, pudiéndose observar en la Cataluña reconocida como austracista la existencia de un partido borbónico 144. Hubo pues allí austracistas y felipistas, y también, como suele suceder, algunos que fueron primero una cosa y después otra. Antonio de Villarroel, por ejemplo, un destacado militar catalán, pasó de fervoroso felipista a no menos fervoroso austracista. Por lo demás, y según acontece en cualquier guerra civil, la gente queda alineada, al margen de convicciones, en la orientación política dominante del lugar en que se encuentra. Como ha escrito Voltes, «tal como ocurriría en nuestra última guerra civil, muchos españoles tuvieron que seguir, de mejor o peor grado, el partido que dominaba en el paraje donde se encontraban» 145. Todo fue, en consecuencia, un tanto coyuntural, teniendo poco que ver con un mundo de creencias arraigadas o con una historia de buenos y malos. 6.  Un tema capital es por qué se dictaron los Decretos de Nueva Planta (tanto el de Cataluña como el de Aragón-Valencia, pero sobre todo éste pues ya hemos dicho que aquél es su consecuencia o prosecución). Respecto a ello cabe decir:

a)  No parece, frente a lo que se suele afirmar, que esos Decretos fueran una reviviscencia o recuperación de la propuesta uniformista que el Conde Duque de Olivares había hecho a Felipe IV el siglo anterior. Los protagonistas y mentores de los Decretos no citan a Olivares, únicamente recordado, en lo que he podido ver, por un miembro del Consejo de Castilla –el conde de Aguilar– al ser consultado en 1707 sobre la procedencia del DNPAV. Otra cosa es que, de hecho, pretendieran lo mismo, pero no parece que el proyecto de Olivares fuera la fuente inspiradora de los autores de la nueva planta. b)  Creemos, en cambio, que los Decretos de Nueva Planta fueron de neta inspiración francesa y parte principal de un vasto plan de reformas que los franceses aplicaron al conjunto del Estado en España (sustitución de los Consejos por las Secretarías del Despacho en la Administración Central; introducción de los 144  Balaguer, Historia de Cataluña, V, 111. Una excelente síntesis de esa Cataluña dividida, en Santiago Muñoz Machado, Cataluña y las demás Españas, Barcelona, 2014, 15. 145  Felipe V, fundador de la España contemporánea, 80.

265

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Intendentes en la Administración territorial; reformas en la hacienda, ejército, etc., etc.). Como hemos visto en los textos y cartas de la época, el promotor de las reformas de la Nueva Planta fue Luis XIV y el ejecutor su embajador Amelot, quien vino a España con muy claras instrucciones al respecto, contando aquí con la anuencia de Felipe V, la colaboración de la princesa de los Ursinos y el asesoramiento de un erudito como Macanaz. En una segunda fase, consumada la nueva planta en Aragón-Valencia y cuando llega la hora de Cataluña, Felipe V se subroga en el celo antifueros de su abuelo y aparecen otros personajes como Alberoni y el ministro Grimaldo. c)  A tenor de lo dicho y del plan reformista general, es incluso probable que la Guerra de Sucesión no fuera la causa estricta de los Decretos de Nueva Planta, sino la coyuntura que se aprovechó para imponerlos y justificarlos. Una vez promulgado el DNPAV, a raíz de la batalla de Almansa, Luis XIV celebra en carta a Amelot de 18-VII-1707 que Felipe V «hubiera aprovechado una coyuntura tan favorable como la que ha tenido ahora de abolir los privilegios de estos reinos». O, dicho con otras palabras, aunque no hubiera habido conflicto bélico, seguramente los reformistas franceses habrían intentado uniformizar el derecho y abolir fueros y privilegios. d)  No resulta así correcto atribuir los Decretos, o, en concreto, el DNPC, a España o a Castilla, aunque hubiera políticos castellanos que celebraran una medida que suprimía las desigualdades contributivas de los distintos territorios en el sostenimiento del Estado. Nos parece claro que el DNPAV, primer Decreto de Nueva Planta, fue principalmente obra de Luis XIV y Amelot, siendo el DNPC, segundo, consecuencia del anterior, con el concurso además de otros personajes. 7.  En contraste con la dureza de la conquista de Barcelona, defendida heroicamente, y con la extremosidad de las medidas a continuación adoptadas, y en contraste también con la dureza del Decreto aragonés-valenciano de Nueva Planta, el Decreto catalán de 1716 es menos radical en el fondo (suprime el derecho público pero no el privado) y en la forma, con un tono conciliador que desea a los catalanes «paz, quietud y abundancia». DNPAV fue dictado bruscamente y sin contemplaciones. DNPC, en cambio, fue fruto de un proceso reflexivo, con la consulta al Consejo de Castilla y dos informantes principales, uno (Ametller), catalán, y otro (Patiño), que vivía en Cataluña. El resultado del dictamen dado por el Consejo de Castilla es muy parecido a lo que propuso el catalán Ametller. 8.  En cuanto a la resolución del caso de los catalanes y la reacción nacionalista ulterior contra España y los castellanos, parece en verdad curioso que esa reacción no se haya dirigido contra los responsables principales de cuanto sucedió: en primer lugar contra el núcleo francés que ideo y ejecutó los DNP unificadores del derecho en España y que suprimió los fueros en la Corona de Aragón; en segundo lugar, contra el propio archiduque, su rey Carlos III, que abandonó 266

13.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña

Cataluña en pleno conflicto prefiriendo hacerse cargo de la corona del Imperio austriaco; y en tercer lugar contra los ingleses, que, incumpliendo sus compromisos, abandonaron también al final a los catalanes. 9.  Respecto a la persecución de la lengua catalana, tan traída y llevada por las corrientes nacionalistas, cabe decir lo siguiente:

a)  Fuera del contexto del DNPC, ya señalé en otro lugar 146 que la preterición del catalán no fue sólo cosa de los de fuera, sino de los propios catalanes, recordando que una personalidad como don Antonio de Capmany y de Montpalau, al citar en sus Memorias históricas la proposición del rey Martín a las Cortes de Perpiñán de 1406, ofrecía ese texto traducido al castellano porque sería inútil – decía él– copiarla en un idioma antiguo provincial, muerto hoy para la República de las letras y desconocido del resto de Europa (tomo II, 54). Y en la etapa previa al Decreto, hemos visto que las Cortes de 1701-1702, presididas por Felipe V, se celebraron en catalán y en el mismo idioma fue redactada la Nueva Compilación de 1704. b)  En cuanto al propio Decreto, en su génesis, el Informe del catalán Ametller para la consulta-dictamen previa que se había pedido al Consejo de Castilla, propone que en la Audiencia de Cataluña se use el castellano o latín, y en las curias inferiores el catalán, lo que prácticamente asumió el Consejo (castellano para los pleitos en la Audiencia y catalán para los demás) y recogió luego el Decreto de 1716. Es de notar, en fin, que este texto, el Decreto, esgrimido a veces como símbolo de la persecución al catalán, dedica al tema lingüístico una sola frase («las causas en la Real Audiencia se substanciarán en lengua castellana») en el sentido expuesto. No se prohíbe, pues, el catalán en ninguno de los tribunales inferiores, ni tampoco en cualquier otro aspecto de la vida social: relaciones administrativas y comerciales, publicaciones, enseñanza, escuelas, etc., etc. Es más, la existencia de un voto particular a la Consulta del Consejo, firmada por el presidente Guerra y otros siete consejeros, en el sentido de imponer el castellano a rajatabla en todos esos ámbitos, fue desestimada en el propio Consejo de Castilla, imponiéndose el criterio de la aplicación restrictiva en el exclusivo ámbito de la Audiencia regia. No tiene razón así Soldevila cuando habla en general de «l’ofensiva enérgica contra la llengua catalana el que vibra en el designi d’aquests homes del Consell de Castella» 147. Unos sí y otros no, don Ferran. Y la posición oficial, no. c)  La opción que los Informes de Ametller y Patiño proponen, de usar en la Real Audiencia castellano o latín, es prueba de que más que imponer el castellano en sí mismo, lo que se pretendía era unificar la práctica jurídica de la Audiencia 146  147 

«Introducción» a Génesis territorial de España, 35. Història de Catalunya, III, 1183. 267

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

con una sola lengua. Por lo demás, el uso del catalán se mantuvo al parecer en el siglo xviii, decayendo en el xix cuando los Decretos de Nueva Planta quedaban bien lejos 148. 10.  El DNPC suprimió el derecho público de Cataluña y, por consiguiente, sus instituciones político-administrativas, instaurándose el capitán general, la Audiencia y los corregidores, con un nuevo sistema de gobierno 149 Desaparecido antes el Consejo de Aragón como consecuencia del DNPAV, en la administración central catalana desaparece ahora el virrey, la Diputación del General o Generalitat y las Cortes, siendo éstas sustituidas por representantes que habrían de incorporarse a unas presuntas Cortes nacionales, que de hecho no lo fueron pues subsistían las de Navarra. La supresión de las Cortes, en concreto, ha dado pie a fustigar al DNPC, o a Felipe V como responsable, acusándoles de haber destruido el órgano de representación de los catalanes y la admirable asamblea parlamentaria que controlaba el poder político y donde el pueblo de Cataluña hacía oir su voz. Todo ello en teoría es verdad, pero conviene tener en cuenta que cuando Felipe V celebró las tan citadas Cortes de 1701-1702, las Cortes catalanas llevaban más de un siglo sin tomar un solo acuerdo, pues su última reunión completa había sido en 1599, iniciándose la celebración de otras en 1626 que fueron disueltas sin llegar a acuerdo alguno. Felipe V, en consecuencia, fue desde luego el autor del Decreto que clausuró las Cortes catalanas, pero no unas Cortes pujantes que controlaran el absolutismo regio, sino unas Cortes que llevaban cien años inactivas. 11.  La figura de Felipe V, tan denostada por determinados sectores, recibió entonces de los catalanes incontables elogios. El canciller de la Universidad de Cervera, Llàtzer de Dou, llegó a llamarle «el Solón de Cataluña», precisamente por haber sido autor del Decreto de Nueva Planta 150. Capmany en sus Memorias históricas, comentando el crecimiento de la población barcelonesa, habla del «benéfico reinado del señor Felipe V» y de aquella «época feliz de resurrección para la prosperidad nacional». El mismo Soldevila, que se hace eco de estos comentarios 151, reconocerá que la uniformización española y la desnacionalización 148  José Sarrión Gualda, «El Decreto de Nueva Planta para Cataluña: efectos y consecuencias», en Génesis territorial de España, cit.; ver el apartado «El DNP y la lengua catalana», 245-248. 149  Sobre él, Sebastià Solé i Cot, El gobierno del Principado de Cataluña por el capitán general y la Real Audiencia –el Real Acuerdo– bajo el régimen de Nueva Planta (1716-1808), Universitat Pompeu Fabra, 2008. Sobre las reformas, José Sarrión Gualda, «El Decreto de Nueva Planta para Cataluña: efectos y consecuencias», en Génesis territorial de España, 205-251. 150  «Voy a demostrar hoy que Felipe V fue el Solón de Cataluña, el legislador más sabio y prudente de esta provincia». Son palabras de Dou en su discurso de 19-XII-1783 en la Universidad de Cervera. Ver en Ricardo García Cárcel, De los elogios a Felipe V, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, 131 y ss. El título del libro, con abundante información, es de por lo demás harto significativo. 151  Soldevila, Historia de Catalunya, III, 1232.

268

13.  El Decreto de Nueva Planta de Cataluña

de Cataluña (se hicieron) con la indiferencia o la complicidad de los catalanes. Y recordemos en fin que un prestigioso político catalán de aquel tiempo, Ametller, calificó la rebelión de sus paisanos de execrable felonía. Por otra parte, el rechazo inicial a la figura de Felipe V y a la supresión de los fueros debió ceder u olvidarse con el transcurso del tiempo. Durante los reinados de Fernando VI y Carlos III imperó una visión más comprensiva, aunque en las Cortes de 1760 hubiera una tímida queja formal de los procuradores de la Corona de Aragón por los Decretos de Nueva Planta 152Así se explica que a fines del siglo xviii, cuando cierto personaje, el consejero Zamora, escribe a Godoy sugiriéndole aproveche la presencia del ejército en las Provincias Vascongadas para abolir sus fueros, comenta que el previsible rechazo inicial se trocará en satisfacción y contento, como había sucedido en Cataluña: «Conozco que la obra en el día será odiosa a las provincias; pero viendo que entrarán a disfrutar libremente las Américas y a gozar de otros beneficios, sucedería lo que con Cataluña al principio del siglo: que lloró la pérdida de sus privilegios, que desprecia hoy mismo y ridiculizan sus propios escritores en el día» 153.

12.  Si se observan en las cartas y otros textos que hemos citado las múltiples referencias a los fueros, veremos que los franceses de entonces (desde Luis XIV a los políticos y militares) traducen siempre esa palabra, «fueros», como «privilegios» (priviléges), y que los mismos españoles hablan de «leyes y privilegios» o «fueros y privilegios». Los catalanes, en concreto, según señalé, se manifestaban durante el asedio a Barcelona, al grito de Privilegios o morir. Ciertamente en la sociedad estamental del Antiguo Régimen los fueros podían representar, o representaron de hecho, un espacio de libertad, y el régimen pactista una garantía política frente al absolutismo monárquico. Ahora bien, una cosa es ponderar fueros y privilegios en aquellos tiempos históricos y otra distinta reclamarlos en el Estado de hoy, con ciudadanos constitucionalmente iguales, o clamar por el Estado pactista en una sociedad democrática en la que no se sabe bien, de rehabilitarse ese pactismo, quiénes y con quiénes tendrían que pactar, o cuál podría ser el objeto de un pacto que no resultara discriminatorio para los demás. Sí, pues, a la reivindicación de la memoria histórica, o, más bien, de la memoria histórica verdadera. Pero no a la utópica reivindicación operativa, de cara a un presente distinto, asentado en una sociedad democrática de ciudadanos iguales y libres.

152  Ricardo García Cárcel Felipe V y los españoles. Una visión periférica del problema de España, Barcelona, 2002. También Muñoz Machado, cit., Cataluña y las demás Españas, 62. 153  Andrés Muriel, Historia de Carlos IV, BAC, tomo 114, 223.

269

iii la administración central

14.  TRABAJOS Y RECUERDOS DE HISTORIA DE LA ADMINISTRACIÓN * 1 I. INTRODUCCIÓN Quisiera en primer lugar agradecer la hospitalidad del Instituto de Derecho Histórico de Vasconia, y la invitación de su Director, mi colega y amigo el Prof. Gregorio Monreal, para participar en esta jornada académica. Invitación que me permite además en cierto modo un retorno a casa, es decir, a la Facultad de Derecho de San Sebastián, donde fui profesor unos cuantos años en los 70, y reencontrar también entre los docentes de hoy, y en especial entre los de Historia del Derecho, a tantos amigos. Si he entendido bien, lo que debo hacer aquí es un recorrido por la Historia de la Administración al hilo de mis propios y modestos trabajos. Pido disculpas así, desde el principio, por la obligada y continua referencia personal. Todo cuanto diga, además, va a ser comentado y discutido por dos prestigiosos profesores, Pere Molas, de la Universidad de Barcelona, y José María Vallejo, de la Universidad de Castilla-La Mancha, con quienes he mantenido siempre una fructífera relación académica. Les agradezco de antemano su presencia y sus observaciones, y que entre sus muchas ocupaciones y trabajos hayan encontrado un hueco para estar esta mañana con nosotros. *  El texto corresponde a la ponencia del autor en el Seminario del Instituto de Derecho Histórico de Vasconia (San Sebastián), resumiendo sus trabajos de Historia de la Administración y las conclusiones principales. A esa ponencia siguió un debate, que también se recoge, moderado por el profesor Gregorio Monreal, con dos comentaristas principales (los profesores Pere Molas y José María Vallejo) y otros intervinientes (profesores Jon Arrieta, Jean Baptiste Busaall, Rosa María Ayerbe), a los que el autor responde. Fue publicado en Notitia Vasconiae. Revista de Derecho Histórico de Vasconia, n.º 2 (2003), 573-612.

273

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Comenzaré con algún recuerdo lejano que sirva de introducción. Tras la Licenciatura en Derecho, y haber sido alumno de Historia del Derecho del Prof. Ismael Sánchez Bella, acudí a Madrid en 1962 a realizar la tesis doctoral con don Alfonso García-Gallo. Tenía la idea –supongo que por mis orígenes– de trabajar sobre el Justicia de Aragón, pero a García-Gallo no le pareció aquél el tema más oportuno (no recuerdo bien por qué razones) y quedamos en que él me sugeriría otros. Un buen día me entregó un papelito con tres títulos, del que escogí el que decía Los Secretarios del Rey, lo que habría de determinar mi campo vital de investigación, pues, efectivamente, aunque trabajase luego en otras varias cosas, he mantenido hasta hoy una atención sostenida hacia los temas de historia de la Administración Central. Entre 1962 y 1965 (fecha de lectura de la tesis) trabajé en el Archivo de Simancas y en Madrid (sobre todo en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Histórico y en el de Palacio). Desde entonces a la publicación de la tesis (1969) pasé un año entre Alemania y Viena, y otro en Londres, investigando en los manuscritos españoles que entonces se encontraban en el British Museum y ahora en la British Library. La estancia en Centroeuropa me permitió hacer desde Viena alguna escapada al Archivo de Innsbruck y estudiar los orígenes de la Administración Central austroalemana, y, más en concreto, las reformas de Maximiliano a fines del siglo XV que habían sido objeto de debate por la historiografía germánica. Con ello publiqué, en 1966, el que habría de ser mi primer trabajo de historia de la Administración, en el Anuario de Historia del Derecho Español. Aquella tesis doctoral, rehecha tras su lectura y publicada en 1969, me familiarizó directamente con los Secretarios, pero también indirectamente con los Consejos (puesto que muchos Secretarios lo eran de ellos); con los Validos (personajes que en el siglo xvii en cierto modo desplazan a los grandes Secretarios del xvi) y con las Juntas. De ahí que proceda tratar aquí sucesivamente de estas instituciones de gobierno, que en conjunto configuran la Administración Central del Antiguo Régimen. Lo haré refiriéndome a sucesivos trabajos míos sobre estas cuestiones.

II. LOS SECRETARIOS El título de Secretario del Rey constituyó un mero presupuesto, aplicable luego a realidades institucionales distintas. Había Secretarios del Rey en ejercicio (con un salario de cien mil maravedís) y Secretarios honorarios. Entre aquéllos, que son los que nos interesan, podríamos distinguir tres tipos distintos: los de los Consejos; los privados del rey en el siglo xvi, y el del Despacho Universal en el xvii. 274

14.  Trabajos y recuerdos de Historia de la Administración

1.  Secretarios de Consejos y Secretario de Estado Todos los Consejos estaban compuestos al menos por un presidente, varios consejeros y uno o varios secretarios. En este sentido, y en teoría, el secretario de Consejo era una persona de rango secundario. Ahora bien, en la práctica la situación era bien distinta, y ello fundamentalmente por dos razones: porque los Secretarios de Estado y Guerra disfrutaron de acceso directo al rey, y porque un monarca clave como Felipe II organizó el aparato burocrático entendiéndose más con los secretarios que con presidentes y consejeros. El despacho con el monarca podía ser a boca, o de palabra, y por escrito. El despacho a boca tenía lugar en la entrevista personal con el rey. En unos Consejos, como los de Estado y Guerra, cuyo presidente era el mismo monarca que no asistía a las sesiones, el Secretario era en teoría un individuo de rango inferior a los consejeros, pero en la práctica quien veía al rey, transmitía sus órdenes e indicaciones, o contaba al monarca lo que había sucedido en el desarrollo de las sesiones. Carlos V gobernó al principio con un Gran Canciller y varios Secretarios. Ese título de Gran Canciller de la Monarquía, desempeñado por Gattinara, desapareció luego, quedando solo un oficio parecido, el de Canciller Mayor de las Indias, que reaparece en el siglo xvii con el Conde Duque de Olivares. Por lo demás, Carlos V dirigió la Monarquía con un sistema basado en dos ejes: el del consejero flamenco Nicolás Granvela, y el del secretario andaluz Francisco de los Cobos, quien habría de acaparar diversas secretarías de Consejos. En el Consejo de Estado y Guerra el primer secretario fue un personaje flamenco, Juan Alemán, pero tras su destitución fue sucedido por Cobos. De todo este sistema de gobierno del Emperador me he ocupado en un reciente trabajo titulado El gobierno de Carlos V hasta la muerte de Gattinara. Canciller, Consejos y Secretarios. El sistema de Felipe II lo estudié primero en la tesis sobre Los Secretarios de Estado y del Despacho, y recientemente en otro libro titulado Felipe II. El rey en el despacho. Tal como lo veo, se puede decir que Felipe II organizó ese despacho repartiendo la confianza entre varias personas, bien consejeros o bien secretarios. Como consejeros destacan entre otros en la primera época el Duque de Alba y el Príncipe de Éboli, cabezas ambos de dos grupos en la Corte que pugnan por acaparar el favor del rey. En la fase central del reinado, entre 1565 y 1572, prevalece como consejero el Cardenal Espinosa, personaje segoviano que simultaneó los altísimos puestos de Presidente del Consejo de Castilla e Inquisidor General, y quizás la única persona que se aproximó en esos siete años al monopolio de la confianza regia. Y en la última etapa, la figura destacada del portugués Cristóbal de Moura. En el reinado de Felipe II se multiplicaron los secretarios de los Consejos. En el Consejo de Estado, de la única secretaría se pasó a dos (de Norte e Italia). En el de Guerra fueron creadas otras dos –de Tierra y Mar–, y también en el de 275

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Hacienda, con competencias geográficas al norte y sur del Tajo. En los Consejos de Cámara e Italia se pasó de una a tres secretarías: las de Cámara, Justicia y Patronato en aquel Consejo, y las de Nápoles, Sicilia y Milán en éste. Se mantuvo en cambio la única Secretaría del Consejo de Indias, regida por un influyente personaje llamado Juan de Ibarra, que en el reinado siguiente será dividida en dos, de Nueva España y Perú. En cuanto al origen de estos secretarios, hay que decir que fueron de extracción social media, formados en el oficio de papeles en el seno de familias y dinastías: los Eraso, los Pérez, los Vázquez, los Idiáquez, los Ibarra, etc. Con los Reyes Católicos abundaron los secretarios aragoneses, imponiéndose luego, en la segunda mitad del xvi y en el xvii, los vascos o vizcaínos, según se les llamaba. Entre todos los Secretarios del siglo xvi, y en base a su poder e influencia, quizás sea posible destacar a tres personas: el ya citado Francisco de los Cobos; Francisco de Eraso y Juan de Idiáquez. Y en cuanto a notoriedad, sin duda Antonio Pérez, perseguido por Felipe II a raíz de un célebre crimen de Estado, cuya víctima fue el secretario Juan de Escobedo, y que huirá al extranjero desde donde habrá de fustigar al monarca. Ellos y los demás se iniciaron desempeñando puestos burocráticos menores, para ascender luego por la arboladura de los Consejos a las secretarías de mayor rango e importancia, con lo que llegaron a convertirse en expertos conocedores de la trama política de la Monarquía y en consumados burócratas. Su influencia, no obstante, no se correspondió con el presumible acomodo y prosperidad personales, bastante problemática a juzgar por las continuas peticiones de dinero y quejas económicas. Por lo demás, estos secretarios formaron parte de los grupos políticos patrocinados por los altos consejeros, medrando muchas veces a su sombra. Tal será el caso de Eraso respecto a Éboli, o de Gonzalo Pérez respecto a Alba. De semejante fenómeno me hice eco en un texto, Rey, ministros y grupos políticos en la España de los Austrias, correspondiente a la lección de Apertura de Curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander en el verano de 1979. 2.  Secretarios privados Con independencia de los secretarios que trabajan en los Consejos, los reyes suelen tener también en su entorno a algunos secretarios privados para que les ayuden en el despacho. Estos secretarios no ocupan puestos en el aparato administrativo, y, si lo hacen, tal función resulta secundaria respecto a la principal de asistir al rey. La época aurea de los secretarios privados coincide con la segunda mitad del reinado de Felipe II. En efecto, tras la muerte del cardenal Espinosa en septiembre de 1572, el que había sido su secretario, un clérigo llamado Mateo Vázquez, se autopostula como secretario privado del monarca y es nombrado para ello. De 276

14.  Trabajos y recuerdos de Historia de la Administración

esta suerte, Mateo Vázquez recibe el título de Secretario del Rey –que, como hemos dicho, era presupuesto de funciones muy heterogéneas– y pasa a trabajar con él. Felipe II tuvo junto a sí a Mateo Vázquez desde 1572 hasta 1591, en que Vázquez murió. En esos veinte años el Secretario privado rivalizó con los Secretarios de Estado, que hasta entonces habían monopolizado el despacho con el monarca. Tal rivalidad institucional fue además reflejo del enfrentamiento personal entre Mateo Vázquez y Antonio Pérez como consecuencia del asesinato de Escobedo, y que concluyó según sabemos con la derrota y huida de Pérez. Mateo Vázquez fue el gran secretario privado de Felipe II, o, como se le ha llamado, el archisecretario. De todas formas no logró la exclusividad absoluta, pues el monarca dispuso que otra persona, Antonio Gracián, que no era secretario pero que actuaba como si lo fuese, se ocupara de los memoriales y peticiones para transmitírselos al rey. A la muerte de Vázquez ocupó la secretaría privada un pariente suyo, el secretario catalán Jerónimo Gasol. Al acceder al trono Felipe III esta figura se difumina y desaparece. 3.  El Secretario del Despacho Universal Con la llegada de los Validos al iniciarse el siglo xvii los Secretarios de Estado pierden el despacho a boca y el Secretario privado desaparece. Debió producirse entonces un creciente entorpecimiento y atasco en la maquinaria de gobierno, pues por muy lento y minucioso que antes hubiera sido el despacho de Felipe II, con continuos envíos y reenvíos de papeles a secretarios y colaboradores, la aplicación burocrática del Rey Prudente fue ciertamente ejemplar. Y aunque Felipe III y el Duque de Lerma hubieran trabajado algo (desde luego, mucho más de lo que habitualmente se supone), la marginación de los secretarios y la inexistencia del secretario privado abocaron al práctico colapso de la máquina burocrática. Para remediarlo hubo que buscar a un secretario que se dedicara al despacho universal, es decir a anotar, resumir y preparar todos los papeles y consultas de todos los Consejos y Juntas, y preparar asimismo las resoluciones para la firma del rey. Su establecimiento coincide con el inicio del reinado de Felipe IV, cuando el rey nombra para ello a Antonio de Aróztegui. A partir de él se suceden uno a uno los Secretarios del Despacho hasta que finalice el siglo. Recluido en la covachuela de Palacio, y agobiado por el marasmo de papeles, el Secretario del Despacho Universal, como su nombre indica, despacha todo. Calificado de plumífero o burócrata por los contemporáneos, y menospreciado a menudo por una sociedad cortesana que gira alrededor de Validos y nobles, hay que decir que gracias a él llegaron a buen término –a las supremas instancias del Valido y el monarca– los documentos de los Consejos, embajadores y particulares. 277

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

III. LOS CONSEJOS CON LOS AUSTRIAS Desde la época bajomedieval el rey había sido asistido por un Consejo o grupo estable de personas que vive junto a él y le asesora. Estos Consejos de los reinos serán la base del sistema de gobierno característico de la Monarquía surgida con la unión de las Coronas de Castilla y Aragón, y que es conocido como sistema polisinodial (de muchos sínodos o Consejos). Así pues, el régimen de gobierno polisinodial es el gobierno mediante Consejos u organismos pluripersonales y colegiados. A la ordenación del sistema de Consejos, que llegó a contar en el siglo xvii con quince corporaciones, se llegó por las siguientes vías. En primer lugar, por el mantenimiento de los Consejos bajomedievales de los reinos, según fue el caso de los de Castilla, Aragón y Navarra. En segundo lugar, por la segregación, como entidades autónomas, de lo que antes habían sido meras secciones más o menos especializadas de ellos. Así del de Aragón se desprende el de Italia, del de Castilla el de Indias, y de ambos, los Consejos de Cámara correspondientes. Finalmente por la creación de organismos nuevos para hacer frente al gobierno de nuevos territorios incorporados a la Monarquía (Consejos de Portugal y de Flandes), o por la conveniencia de tratar autónomamente determinadas materias en algún reino (Consejo de Órdenes) o en la totalidad del Estado (Consejos de Estado, Guerra e Inquisición). En general cabe advertir dos clases de Consejos a tenor de su competencia: material, en asuntos precisos, o territorial, con atribuciones globales en su marco geográfico, descontadas aquellas reservadas a los organismos anteriores. Sin embargo, habida cuenta del doble carácter de esos Consejos de competencia material, en función de su proyección a Castilla o a la totalidad de la monarquía, y dada la peculiar naturaleza de los Consejos de Cámara o del territorial de Navarra, parece oportuno clasificar el conjunto de ellos en cinco categorías distintas: los competentes en toda la Monarquía; los de gobierno de los distintos territorios; el de Navarra, los de Cámara, y los aplicados primariamente a la administración de la Corona de Castilla. Así pues, dejando a un lado el Consejo de Navarra, pues su peculiaridad radicó principalmente en tener la sede en Pamplona, hagamos ahora algún brevísimo comentario sobre los demás, recordando trabajos publicados. Con todo, más importante que esos trabajos ha sido sin duda el haber promovido y dirigido varias tesis doctorales sobre ellos. 1.  Consejos con competencia en toda la Monarquía Son los de Estado, Guerra e Inquisición. El de Estado se encarga de la política internacional y de los supremos asuntos que desbordan el interés específico de cada reino de la Monarquía. El de Guerra, complementario del anterior, trata de lo mismo cuando los asuntos han adquirido una dimensión bélica. Y el de 278

14.  Trabajos y recuerdos de Historia de la Administración

Inquisición se ocupa de gobernar el Santo Oficio o Inquisición española, introducida en Castilla en 1478. Del Consejo de Estado me ocupé episódicamente en dos pequeños trabajos. El titulado Notas sobre el Consejo de Estado entre los siglos xviii y xix, que apareció en la Revista Hispania, y otro escrito en homenaje al profesor Juan Reglá –Consultas al Consejo de Estado. Trámites irregulares en el reinado de Carlos II–, en el que se aborda su mecánica de despacho en esa época. A su vez, al Consejo de la Inquisición o Suprema he dedicado cuatro estudios: tres breves aparecidos en 1987, 1988 y 1992 (Conflictos en el régimen funcional del Santo Oficio: los Secretarios del Consejo; Inquisidor General y Consejo de la Suprema; Notas sobre la toma de posesión del cargo de Inquisidor General), que tratan de su estructura y funcionamiento, y otro más extenso sobre Los orígenes del Consejo de la Suprema Inquisición, aparecido en 1983, y que tiene su origen en cierta ponencia presentada a un Congreso sobre la Inquisición celebrado antes en Nueva York. En este trabajo sostengo, frente a lo dicho por todos los historiadores de la Inquisición, que la Suprema no fue creada en 1483, y que sólo se puede hablar de ella a partir de 1488. 2.  Consejos de gobierno de los diversos territorios Son los de Castilla, Aragón, Indias, Italia, Portugal y Flandes. De la composición y evolución de estos Consejos, y de los citados antes y después, he dado alguna noticia en mi libro Los Secretarios de Estado y del Despacho. Y he ampliado y sistematizado esas noticias en lo relativo a la segunda mitad del siglo xvi en el libro dedicado a Felipe II. Al margen de ello, he intentado ofrecer una visión de conjunto del gobierno y la Administración Central de las Indias, en cierto estudio (El gobierno central de las Indias: el Consejo y la Secretaría del Despacho), todavía inédito, presentado recientemente a unas Jornadas científicas organizadas por la Fundación Rafael del Pino. A su vez, del Consejo de Portugal me ocupé monográficamente en un trabajo, La creación del Consejo de Portugal, que tiene como punto de partida el hallazgo en el Arquivo Nacional da Torre do Tombo de las instrucciones al Consejo y a su secretario. 3.  Los Consejos de Cámara De los Consejos de Castilla e Indias proceden los paralelos Consejos de Cámara, competentes en la propuesta de nombramientos, gracias y mercedes. Al primero de ellos le dediqué un trabajo, El Consejo de Cámara de Castilla y la reforma de 1588, en el que examino el problema de los orígenes de ese Consejo y el sentido de la fundamental reforma de 1588. A su vez, de los orígenes del segundo trato en otro trabajo, La creación del Consejo de Cámara de Indias, que ha 279

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

visto la luz el pasado 2002 entre las Actas del XII Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano. 4,  Consejos de Administración preferentemente castellana En este último grupo figuran dos Consejos de regular entidad, los de Órdenes y Cruzada, y un tercero de sobresaliente importancia, el de Hacienda. El Consejo de Órdenes entendía de la gobernación y justicia en los territorios de las tres Órdenes Militares castellanas, de Alcántara, Calatrava y Santiago, mientras el de Cruzada se ocupaba de la recaudación y administración de la bula de la Cruzada. El Consejo de Hacienda, en fin, gestionó las finanzas castellanas, pero por el principal papel de Castilla en el sostenimiento de la Monarquía, y la incorporación de las Indias a la Corona castellana, llegó a proyectarse de hecho en el universo de la Monarquía. Del panorama general de los Consejos, de éstos y los otros, al comenzar el reinado de Felipe III, me he ocupado en el artículo La Corte de España en Valladolid: los Consejos de la Monarquía a principios del siglo xvii. Y también en otro paralelo: El traslado de la Corte a Valladolid.

IV.  VALIDOS Y PRIMEROS MINISTROS El acceso al poder por la confianza del rey, y la presencia de un todopoderoso personaje en los aledaños del monarca, son fenómenos perceptibles en muy diversos momentos del Antiguo Régimen. Hubo así Validos medievales como don Alvaro de Luna, o Validos de los Borbones como Godoy, personajes que aparecen y desaparecen sin antecedente ni sucesor inmediato y claro. Sin embargo, en el siglo xvii el tema del valimiento se institucionaliza y hace estable, y es objeto de justificación por los teóricos de la política. Apreciamos así con los últimos Austrias diversos cortesanos que se suceden, uno a uno, y desempeñan las mismas o parecidas funciones. Según vimos antes, los Validos del xvii desplazaron del trato con el rey a los antiguos Secretarios de Estado y a los Secretarios privados (los de Estado quedaron recluidos en su Consejo, y los privados con notoriedad desaparecieron), mientras el papeleo quedó en manos del Secretario del Despacho Universal. Alguno de esos personajes, como el Duque de Medinaceli, aparece al término de la centuria como Primer Ministro. Desde la óptica de la historiografía, hay que advertir que estos individuos han sido poco estudiados. De los Validos tenemos cuatro estimables y modernas biografías (la que ha dedicado al Duque de Lerma Antonio Feros; las dos de Olivares –de Marañón y John Elliott– y la de Godoy del profesor Emilio la Parra). Y contamos también con una interpretación institucional y de conjunto de los 280

14.  Trabajos y recuerdos de Historia de la Administración

Validos del xvii, elaborada por Francisco Tomás y Valiente en un libro aparecido en 1963 y reeditado y ampliado en 1982. Ahora bien, ¿cuál es la razón de esta entrega del poder; qué diferencia al Valido del individuo ocasionalmente poderoso, y cuando y por qué los Validos son reemplazados por Primeros Ministros? Según Tomás y Valiente, dos notas caracterizan y condicionan la existencia del Valido: su amistad íntima con el monarca y la intervención directa en el gobierno de la monarquía. A tenor de ellas, los que cumplen esas condiciones –Lerma, Uceda, Olivares, Haro, Nithard y Valenzuela– son Validos. Los demás son otra cosa (Primeros Ministros; un Dictador como Juan José de Austria, etc.). Como obviamente no hay tiempo de referirse de forma pormenorizada al conjunto de estos personajes y los problemas que suscitan, me limitaré a estas cinco reflexiones: 1.ª  Según estimo, Valido es la persona que monopoliza la confianza y amistad del rey. O con otras palabras, si hay varios que disfrutan de esa confianza y amistad, propiamente no hay Valido. Cuando entra el Duque de Lerma en 1598 y los contemporáneos critican la nueva situación, lo que critican es que habiendo tenido Felipe II muchos privados, ahora Felipe III tenga uno solo, es decir, una persona que monopoliza el favor regio. 2.ª  El Valido está por encima de la estructura de los Consejos en el siglo xvii, y de esa estructura y de la de las Secretarías del Despacho en el xviii, aunque sea consejero de Estado en aquel siglo (Lerma, Olivares, etc.) o Secretario del Despacho de Estado (Godoy) en éste. 3.ª  Un Valido no lo es por acumular cargos, y de hecho otras personas tuvieron más cargos que los Validos importantes. No sería así Valido el Cardenal Espinosa, con Felipe II, quien desempeñó al tiempo dos empleos cumbres de la Administración como Presidente del Consejo de Castilla e Inquisidor General. Ni lo serán tampoco algunos Ministros del xviii, como Patiño o Ensenada, que acumulan varios Ministerios. Los posibles Validos del xviii, además de Godoy, podrían ser Alberoni y el Marqués de Ripperdá, si bien sin un marco institucional como el que se había dado en la centuria anterior. 4.ª  Los Validos, mientras lo son, tienen el único soporte de la amistad palmaria y patente con el rey, pero carecen de apoyatura institucional (el que sean consejeros de Estado no dice nada, pues hay muchos consejeros como él). La afirmación –adelantada por Ranke y aceptada entre otros por Tomás y Valiente– de que el Duque de Lerma disfrutó de la expresa delegación de firma de FelipeIII, lo que sí sería una plataforma institucional máxima e insólita, carece en mi opinión de fundamento. Así lo he expuesto en un trabajo, Los poderes de Lerma, publicado en homenaje a mi maestro García-Gallo. 281

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

5.ª  Es posible y probable que la institucionalización del Valido a fines del conduzca a la aparición de la figura del Primer Ministro. Con ello el personaje tendrá el soporte institucional que no tenía.

xvii

V. LAS JUNTAS Junto a la red de Consejos antes descrita, existió otra más fluctuante de Juntas, que aparece en el siglo xvi y alcanza su mayor grado de complejidad en el xvii. Constituidas por un reducido número de personas, las Juntas surgen para asesorar sobre problemas concretos (la viabilidad del proyecto colombino o la legitimidad de la conquista de América, por ejemplo), o sobre cuestiones que podían ser competencia de varios Consejos. Con el tiempo adquieren consistencia y algunas se convierten en organismos estables de larga duración. Las Juntas fueron así creadas para todo tipo de problemas, grandes y pequeños, existiendo tanto Juntas breves y efímeras como otras que duraron siglos. En el xvii, con los Validos, las Juntas se multiplican. De la importancia de las Juntas me apercibí al investigar Secretarios y Consejos. Años más tarde sugerí a la profesora Dolores M. Sánchez que realizara sobre ellas su tesis doctoral, y yo mismo dirigí otra sobre ese tema que elaboró el profesor Francisco Baltar. En todo caso, cabe de entrada preguntarse dos cosas: ¿por qué se crearon las Juntas? y ¿cómo y con arreglo a qué criterios pueden ser clasificadas? En cuanto a la primera cuestión, hay que decir que las Juntas nacieron por motivos muy diversos. Algunas –las antes citadas de Indias– para asesorar sobre problemas urgentes y concretos, de gran vuelo teórico, que estrictamente no eran competencia de ningún organismo. Otras fueron creadas para tratar asuntos que pertenecerían a dos o más Consejos (así la Junta de Guerra de Indias, aplicada a una temática que correspondía tanto al Consejo de Guerra como al de Indias). Otras, en fin, fueron posiblemente suscitadas por los Validos para, contando con unas pocas personas amigas, controlar asuntos que se les escapaban en manos de los Consejos. Y no es de descartar incluso que alguna Junta, según dio a entender Felipe II, fuera creada para garantizar más –por su reducida composición– la discreción y el secreto. En cuanto a la clasificación de las Juntas, los autores antes citados han propuesto diversos criterios. Con todo sí parece clara una primera división a tenor de su gradación jerárquica en la estructura de la Administración Central. Hay por una parte en el Antiguo Régimen ciertas Juntas Supremas de Gobierno, que están por encima de los Consejos, junto al rey, y que supervisan la totalidad de los asuntos, y otras muchas de rango inferior dedicadas a diversos temas, particulares y específicos. En el Antiguo Régimen las primeras fueron concretamente tres: la llamada Junta de Noche en los últimos años del reinado de Felipe II; la Junta 282

14.  Trabajos y recuerdos de Historia de la Administración

de Gobierno instituida por Felipe IV para que actuase en la minoridad de CarlosII, y la Junta Suprema de Estado en el reinado de Carlos III. Luego, en el siglo xix, se intentará constituir alguna otra Junta de similar carácter, como la Real Junta Consultiva de Gobierno de 1825, a la que dediqué hace muchos años un libro, pero su existencia será fugaz y su importancia mucho menor. Las Juntas particulares, a su vez, tuvieron muy diversa naturaleza y objetivos. Hubo algunas de carácter palaciego y cortesano como la Junta de Reformación o la Junta del Bureo. Carácter económico y financiero tuvieron algunas Juntas importantes como la Junta de la Media Anata, que se ocupaba de la exacción de ese tributo; también las diversas Juntas de Comercio existentes en los reinados de Felipe IV y Carlos II, así como la Junta de Millones, aplicada a la administración de este servicio, o la Junta de Minas de 1624. Especial relevancia tuvieron las Juntas de carácter militar proyectadas a Ultramar, según fue el caso de la Junta de la Armada del Mar Océano y la mencionada Junta de Guerra de Indias. Hubo, en fin, alguna de marcado carácter religioso, como la Junta de la Inmaculada Concepción, creada en el reinado de Felipe III para velar por esa devoción que era oficial en la corona de España. Cabe decir, en fin, que una de las Juntas más importantes y duraderas fue otra palaciega, la Real Junta de Obras y Bosques, encargada de palacios, jardines y parajes reales. Con los Borbones, las Juntas particulares o especiales disminuyen y pierden importancia, pero no desaparecen del todo. En el reinado de Carlos III todavía se siguen constituyendo Juntas para dictaminar problemas diversos. Uno de ellos, de alcance más personal que institucional, la curiosa resistencia de un consejero de Guerra, el Marqués de Rubí, por aceptar cierto nombramiento, llevó consigo la constitución de una Junta en 1788 que estudié en un artículo publicado en el Anuario de Historia del Derecho Español (1980).

VI. DEL RÉGIMEN POLISINODIAL AL RÉGIMEN MINISTERIAL Veamos ahora como aquel régimen polisinodial, de Consejos y Juntas, da paso en el xviii a otro basado en órganos unipersonales, los Secretarios de Estado y del Despacho o Ministros. El arranque de este fenómeno tiene lugar con la llegada de los Borbones, cuando se hizo patente a los nuevos gestores políticos la complejidad y lentitud del viejo sistema. A las alturas del siglo xviii el régimen polisinodial parecía inviable, si bien no era fácil suprimirlo de golpe por su misma complejidad y hasta por la asociación de los Consejos con un pasado glorioso. De esta suerte, Felipe V y sus sucesores optaron por arbitrar una reforma paulatina consistente en ir dejando en segundo plano a los Consejos y crear una estructura paralela de Secretarios del Despacho a partir de aquel único Secretario del Despacho Universal. Así la estructura de los Consejos se va reduciendo, mientras aumenta la de la Secretaría del Despacho, y los asuntos son desviados 283

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

de los Consejos a los nuevos Secretarios. El procedimiento para ello es la llamada vía reservada, mediante la cual el rey se reserva una serie creciente de asuntos, que sustrae a los Consejos y luego entrega a los Secretarios del Despacho. De esta suerte, si habíamos tenido en los siglos xvi y xvii un régimen polisinodial, en el xviii ese régimen decae mientras crece y se afirma el régimen ministerial, de los Secretarios del Despacho, o de Estado y del Despacho, según se les llama, que son ya verdaderos ministros. En el xix el devaluado y antiguo régimen polisinodial es suprimido, y queda en solitario el régimen ministerial que articulará la Administración Central desde entonces hasta hoy. Algunos aspectos de las fases principales de este proceso los resumí en un artículo titulado Orígenes de la Administración Central borbónica y son las siguientes: 1.  El ocaso del régimen de Consejos La decadencia del régimen de Consejos en el siglo xviii la he descrito en mi aportación a la parte correspondiente a los Borbones de la Historia de España Menéndez Pidal (su título: La reconstrucción de la Administración Central en el siglo xviii). Algunas de sus referencias principales son: • Supresión de los Consejos de Flandes y Aragón al iniciarse el siglo. • Reacción favorable a los Consejos en el conjunto de decretos de 10 de noviembre de 1713, que multiplica su composición y, en especial, sus presidencias. • Contrarreforma en 1715: los Consejos vuelven a su pie antiguo. • Reducción de su estructura y, en concreto, de las Secretarías. Las dos Secretarías del Consejo de Estado quedan en una en 1706. Lo mismo sucede con las dos del Consejo de Guerra. En 1717, ambos Consejos, con una Secretaría cada uno, pasan a tener una sola para ambos. • Siglo xix: seis decretos de 24 de marzo de 1834 suprimen los Consejos y crean en su lugar un Consejo Real de España e Indias, que desaparece a su vez por Decreto de 28 de septiembre de 1836. A partir de ahí quedará únicamente un Consejo de Estado, convertido, según ley de 17 de agosto de 1860, en supremo cuerpo consultivo para los asuntos de gobernación y administración. 2.  El régimen ministerial borbónico El régimen ministerial borbónico lo he estudiado y expuesto con detalle en mi libro Los orígenes del Consejo de Ministros en España, que trata tanto de la creación y evolución de las Secretarías como del régimen del despacho colegiado que dará lugar al futuro Consejo de Ministros. Veamos así uno y otro aspecto. 284

14.  Trabajos y recuerdos de Historia de la Administración

2.1.  La aparición de las Secretarías de Estado y del Despacho La Secretaría del Despacho Universal o única deja de serlo en 1705. Un Decreto de 11 de julio de ese año la divide en dos, constituyéndose un Departamento de Guerra y Hacienda, y otro encargado de todo lo demás. Desde esa división inicial, que anuncia el futuro desglose, los hitos principales en el xviii son los siguientes: • 1714. Los dos Departamentos mencionados se convierten en cuatro: Estado. Guerra, Marina-Indias y Justicia. • 1721. Cinco Departamentos: Estado, Guerra, Marina-Indias, Justicia y Hacienda. • 1754. Seis Departamentos: Estado, Guerra, Marina, Indias, Justicia y Hacienda. • 1787. Pese a la reforma de 1754, el enorme volumen de los asuntos de Indias hacen ingobernable este Departamento. Para resolver el problema se presentan tres soluciones: fraccionarlo en razón de la materia; dividirlo por zonas geográficas, o suprimirlo repartiendo sus negocios entre las Secretarías del Despacho de España. Al triunfar el primer criterio, se articula la estructura ministerial más amplia de todo el siglo: Estado. Guerra, Marina, Justicia, Hacienda, Gracia y Justicia de Indias, y GuerraHacienda-Comercio-Navegación de Indias. • 1790. Fracasada la reforma anterior, se opta ahora por la última de las soluciones antes mencionadas. Desaparece en consecuencia la autonomía en la gestión de los asuntos de ultramar, y cada uno de los Departamentos tradicionales asume lo correspondiente de Indias. Se vuelve así al esquema de las cinco Secretarías del Despacho (Estado, Guerra, Marina, Justicia y Hacienda) que persistirá hasta las transformaciones de la Administración central efectuadas por las Cortes de Cádiz. Las peripecias ministeriales del xix han sido relatadas en el capítulo correspondiente de mi Curso de Historia del Derecho, dedicando también a ellas alguna atención particularizada, según fue el caso de mi trabajo sobre El Ministerio de Hacienda y la reforma de Soler (1800). Por otra parte, como en el caso de los Consejos, he dirigido varias tesis doctorales sobre algunos de esos nacientes Ministerios borbónicos, o he sugerido a colegas el estudio monográfico de otros (me remito a los libros de Gómez Rivero sobre el Ministerio de Justicia y de Santana sobre el Ministerio de Fomento). Además dediqué otro libro, Los cambios ministeriales a fines del Antiguo Régimen, a describir las sucesiones en las Secretarías del Despacho a fines del xviii y principios del xix hasta las Cortes de Cádiz. 285

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

2.2.  Los orígenes del Consejo de Ministros Para concluir esta ya larga intervención, me referiré a los orígenes del Consejo de Ministros, que he estudiado en el libro que lleva el mismo título. En él sostengo que la Junta Suprema de Estado, fundada por Carlos III en 1787 y que duró hasta 1792, fue el primer Consejo de Ministros de la historia política de España. Y que fue el antecedente directo del Consejo de Ministros que Fernando VII estatuyó, con ese nombre, el 19 de noviembre de 1823. Obviamente, si los Ministros son los Secretarios del Despacho, el rastreo de los orígenes del Consejo de Ministros, que por definición es el despacho colegiado con varios Ministros, debe comenzar en la fecha en que hay más de un Secretario del Despacho o Ministro. La indagación, pues, debe iniciarse en 1705. Entiendo además que Consejo de Ministros es la reunión sistemática y reglada de todos los Ministros y solo de ellos (es decir, que no es Consejo de Ministros la reunión de todos los Ministros y otras personas). Así las cosas, iniciando el análisis de la forma de despacho del rey con los Ministros en 1705 y yendo hacia adelante, llegamos a la conclusión de que esa Junta Suprema de Estado de 1787 es el primer Consejo de Ministros, lo que por otra parte coincide con el hecho de que el propio Decreto creador del Consejo, en 1823, la cita como precedente del dicho organismo. A las reticencias de algún autor, que rechaza esta tesis por el hecho de darse la Junta Suprema en el marco teórico del Antiguo Régimen y el Consejo de Ministros en el del Estado liberal posterior a Cádiz, he respondido incidentalmente en una nota de mi reciente trabajo, todavía inédito, El Reformismo borbónico y la Administración Central en España, presentado en un Congreso sobre la devolución de Menorca. Hago notar allí que esas divisiones (Antiguo Régimen/ Estado liberal, etc., o las de Edad Moderna/Edad Contemporánea) son convencionales, y que entre la Junta y el Consejo de Ministros sólo pasaron treinta y tantos años, con lo que ambos organismos fueron coetáneos para muchas personas. También que la Junta y el Consejo, pese a ser ubicados en arcos históricos de denominación distinta, estaban compuestos por ministros nombrados por el rey, siendo presidente de ambos el monarca. Y además que los principios típicos del Estado liberal, según los cuales los ministros deben ser nombrados por el Presidente del Gobierno que gana las elecciones, todavía no habían hecho aparición en el Consejo de Ministros fernandino. En suma, que todo era lo mismo. Y ya lo último. Señalar que en esa Junta Suprema de Estado y en ese Consejo de Ministros, preside de hecho en ausencia del rey el Secretario del Despacho de Estado, que con el tiempo será el Ministro de Asuntos Exteriores. Posteriormente el rey nombrará Presidente del Consejo de Ministros a otro Ministro, e incluso a otra persona no perteneciente al gabinete. Se institucionalizará, en fin, la Presidencia del Consejo de Ministros, cuya creación estudié en otro artículo. Éste y otros varios, en fin, han sido reunidos en un libro titulado Administración y Estado en la España Moderna. Nada más y muchas gracias a todos. 286

14.  Trabajos y recuerdos de Historia de la Administración

DEBATE Moderador: Prof. Dr. Gregorio Monreal Zia El señor Moderador: Antes de dar la palabra a los dos profesores que van a intervenir, permitidme que agradezca al Prof. Escudero este enorme esfuerzo por hacer una síntesis de la evolución de la Administración Central desde sus orígenes hasta el siglo xix. Como comprenderéis, eso no es posible si alguien no ha hecho una investigación directa, de primera mano, sobre muchos de los problemas que ha expuesto y, además, si no está de por medio un profesor como él, acostumbrado a las grandes síntesis y a la pedagogía 1. Me parece que para los que formamos parte de este Instituto nos ha marcado líneas de trabajo. Ha hablado de la proximidad del poder. Ha hecho alusión a que no con los Reyes Católicos pero sí con los Austrias, hay grandes personajes vascos –como pusiste de relieve en tu libro– que están sirviendo a la Monarquía, lo que Caro Baroja llamó la burguesía burocrática vasca, gente que se enriqueció sirviendo a la Administración y que volvió y desempeñó un papel verdaderamente importante. Dejando a un lado el tema de la estructura de poder, pero volviendo al tema de los Secretarios del rey y a nuestro propio trabajo, cuando has hecho un balance del estado de la cuestión –de lo que hay y de lo que no hay–, han aparecido las figuras de los Idiáquez, de los Ibarra, etc. Algo similar podríamos decir al hacer el balance de los Consejos. Te has referido al Consejo que hasta ahora ha resistido una investigación a fondo, el Consejo de Hacienda. Importa además destacar aquí el Consejo de Navarra 2. Quizá, interesa que se vuelva sobre él. Un trabajo reciente que se publicó en el Anuario 3 prueba –se refiere únicamente a la última fase del Consejo– la complejidad del Consejo de Navarra. Cuando nos hemos metido con cosas de Navarra para tratar otros temas enseguida nos damos cuenta que con el Virrey, el Consejo es una figura absolutamente clave y que requiere trabajos ulteriores. Es obvio que, aparte del interés general, nos interesa muchísimo ubicar nuestros problemas dentro de un contexto general. Aquí han 1  Vid. Escudero, José Antonio, Los Secretarios de Estado y del Despacho, Madrid: I. E. A., 1976, 2» ed., 4 vols. Los cambios ministeriales a fines del Antiguo Régimen, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997. Felipe II: El Rey en el despacho, Madrid: Editorial Complutense, 2002. «Los orígenes del régimen ministerial», en De los Austrias a los Borbones, Madrid: Real Academia de Historia, 2002. Para el estudio de algunos aspectos de este Seminario es también interesante la lectura de una serie de trabajos del autor recogidos en Administración y Estado en la España Moderna, Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 1999. En concreto, vid. Orígenes de la Administración central borbónica, pp. 43-51. 2  Para el estudio es interesante la lectura de Salcedo Izu, J., El Consejo Real de Navarra en el siglo xvi, Pamplona, 1964; Ostolaza Elizondo; María Isabel, Gobierno y administración de Navarra bajo los Austrias. Siglos xvi-vxii, Pamplona, 1999. 3  Vid. García Pérez, Rafael, El Consejo de Navarra, Anuario de Historia del Derecho Español, LXXII (2002).

287

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

aparecido líneas de investigación de trabajo para los próximos años. Creo que debemos tomar nota. Vamos a empezar dando la palabra al Prof. Pere Molas Ribalta para que con toda libertad y enfocándola corno le parezca oportuno, comente la intervención que hemos escuchado del Prof. Escudero, otros puntos que él quisiera resaltar y sus matizaciones. Insisto, desde la informalidad y con toda libertad. Dr. Pere Molas Ribalta [Universidad de Barcelona]: Me doy cuenta de que si quiero comentar todo lo que ha dicho el Prof. José Antonio Escudero, voy a estar otra hora. De manera que voy a empezar por el tema final. Sobre el tema de si en el Antiguo Régimen existe el Primer Ministro o no. Desde el punto de vista institucional, más bien no. Se piensa que el que haya algún Primer Ministro es una anomalía, una perversión, una fractura de autoridad real. Hay una formalización del cargo en el caso de Francia con Richelieu, Mazarino 4. Luego está el otro caso que unas personas, detentando determinados cargos de hecho, tengan la plenitud del poder, como sucedía con los Validos. Antes se ha visto que los Validos eran miembros del Consejo de Estado y de la Casa Real. Tenían una serie de títulos. ¿Qué pasa con los Primeros Ministros que mencionaba Tomás y Valiente 5? La clave estaba en si Carlos II estaba en posición de decidir algo, de dar la confianza a alguien; esto explica que estos señores deban el cargo más a su propia fuerza dentro del juego de equilibrios palaciegos que no a un cargo institucional y, además, después de la caída de la despedida del Conde de Oropesa en 1691 no hubo Primer Ministro. No hubo Valido. No hubo nada. Realmente es difícil estudiar lo que podríamos llamar una secuencia de los principales gobernantes de la Monarquía española entre 1691 y una fecha que podemos situar en 1724 marcada por el libro del Prof. Escudero. Hablando en un sentido estricto, parece que con la llegada de los Borbones se introdujo la racionalidad administrativa. Realmente la creación de la planta de Secretarías en 1714, como se ha visto, es el eje de toda la Administración centralista. En cuanto a saber quién mandaba o quiénes eran las principales personas de confianza del rey para el gobierno de la Monarquía durante el primer reinado de Felipe V, es dificilísimo. Tomemos el caso de Alberoni. No tenía el título de Consejero de Estado 6. 4  En el tema sigue siendo fundamental la obra de Madelin, Louis, Los grandes servidores de la Monarquía: Richelieu, Mazarino, Colbert, Louvois. Traducido por José María Quiroga Pla. Buenos Aires: Colección Biblioteca Argos: Historia y viajes, Buenos Aires, 1947. 5  Vid. Tomás y Valiente. Francisco, Los Validos en la Monarquía española del siglo xvii (Estudio Institucional), Madrid, 2.ª ed., 1982. 6  Es recomendable la consulta de Barrios, Feliciano, El Consejo de Estado de la Monarquía española. 1521-1812, Madrid: Consejo de Estado, 1984. Los Reales Consejos: el Gobierno central de la Monarquía en los escritores sobre Madrid del siglo xvii, Madrid: Universidad Complutense, Facultad de Derecho. Sección de Publicaciones, 1988.

288

14.  Trabajos y recuerdos de Historia de la Administración

Tampoco era Secretario del Despacho. Un personaje sin título dirigió el destino de la monarquía durante cuatro años sin un título oficial. Esto nos da una imagen de Estado Moderno; da una imagen de lo que es costumbre llamar Corte barroca. Creo que ha sido magistral la definición que ha hecho el Prof. Escudero de un régimen polisinodial que mengua mientras suben los Secretarios de Estado, pero esto pasaba en toda Europa. El régimen polisinodial no desaparece nunca hasta que no viene el Estado liberal; entonces no hay duda, suponiendo que hay una Monarquía, hay varios Secretarios de Estado. ¿Cuál es el primero?, ¿a quién le corresponde la primacía? La realidad práctica era que muchas veces es el Secretario de Estado el que se ocupa de las materias llamadas de Estado, la política dinástica y el exterior. Pero muchas veces son los Secretarios de Hacienda. Si repasamos los ministros del siglo xviii aparecen Patiño, Campillo, Ensenada, Esquilache, etc. Todos empezaron fundamentalmente como Secretarios de Hacienda, exceptuando Floridablanca, que fue primero Secretario de Estado. Pero a pesar del auge de los Secretarios de despacho, los Consejos conservaban capacidad de reacción. Dos de los principales ministros de Carlos III, considerados tales por la bibliografía, pertenecían al Consejo de Castilla: el conde de Aranda como Presidente durante siete años, y Campomanes como fiscal durante diecisiete, y otros seis como gobernador. Mientras Floridablanca organizó el poder central a través de la Junta Suprema de Estado, Aranda proponía una vía tradicional; la restauración del Consejo de Estado, cuyos miembros no siempre debían ser los titulares de determinados cargos de la Administración. La disolución de la Junta de Estado en 1792 fue una especie de victoria pírrica de Aranda porque tuvo que admitir que los Secretarios de Estado –a los cuales él hubiera querido poner en la covachuela– fueran miembros natos y él tuvo que ocupar el cargo de Floridablanca; interino, para que no se diga. Es una especie de reconocimiento implícito a que el poder está ahí, en la primera Secretaría de Estado. Todo lo que sé de esto, buena parte, el 90% lo he aprendido del Prof. José Antonio Escudero. ¿Se puede añadir una alguna cosa más? El señor Moderador: Puedes seguir todo el tiempo que quieras. Dr. Pere Molas Ribalta: La división de las Secretarías por materias correspondía a cuáles eran las prioridades del Estado. En el Antiguo Régimen las prioridades del Estado podían ser la política internacional, Guerra, Marina, Justicia. Hay una cierta ironía en el hecho de que el Ministerio de Gobernación lo hubieran creado los liberales. Es ilustrativo que en el siglo xviii en Madrid existiera el Palacio de los Consejos. Los Consejos estaban en un Palacio, donde ahora me parece ocupa la Capitanía General. Los Ministerios, de momento, no tienen un Palacio; están en la covachuela. Me parece que luego se construye un palacio para la primera 289

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Secretaría de Estado. Hay por ahí la impresión que se dice mucho en la época: La consulta ha subido. Habrá subido físicamente desde la covachuela hasta las habitaciones de los reyes, cuando los Secretarios despachaban con ellos. En este Seminario se han dicho muchísimas cosas interesantes: el poder y los círculos informales del poder. No son tan informales las personas que rodean al rey. El Confesor, por ejemplo, no sólo debía juzgar la conducta del rey como persona, sino la conducta política. El confesor era una especie, no diría que de Ministro sin cartera, pero formaba parte del equipo. Ningún Valido, ningún Primer Ministro, podía tolerar que hubiera un confesor que no estuviera de acuerdo con sus ideas. No es un cargo que se suela estudiar en las listas de instituciones, pero estaba previsto que debía tener esta función. Introduciría una reflexión sobre la humildad del Secretario. En general, se ha exagerado la idea de que el Secretario procediera de las clases medias. En Francia, por ejemplo, los Secretarios procedían del grupo más amplio de funcionarios propietarios de sus cargos, como un mercader de paños. Era un funcionario ennoblecido que acabó teniendo un título de marqués. En España podemos encontrar, quizá, ejemplos de procedencia social mucho menos rica. El caso de Mateo Vázquez, el propio Antonio Pérez, aunque su padre fuera Secretario de Estado, pero era un hijo ilegítimo. El mismo Floridablanca o el propio Campomanes procedían de la pequeña nobleza. Es posible encontrar más ejemplos pero quizá no abusemos del tópico del funcionario que viene de demasiado abajo porque quizá de muy abajo no se llega a tanto. Tengo una nota personal. ¿Cómo leí por primera vez a José Antonio Escudero? No lo leí directamente; lo hice indirectamente a través de una amplia recensión que hizo de su tesis un historiador catalán ya fallecido, Joan Mercader Riba, que era investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ya no podía investigar por problemas de salud, de asma, pero trabajaba muchísimo y hacía unas recensiones maravillosas, muy detalladas. Fue también un hombre que hizo una aportación a la Historia institucional de la Nueva Planta que, desde mi propio punto de vista, no ha sido hasta ahora superada. El señor Moderador: El Prof. José María Vallejo tiene la palabra. Dr. José María Vallejo García-Hevia [Universidad Complutense] 7: Quiero agradecer al Prof. Gregorio Monreal su amable invitación para estar hoy aquí, lo que me permite intervenir en esta sesión académica del Instituto, y tener una Notitia Vasconiae, no sólo escrita, a través de esta Revista que el Instituto ha puesto en 7  Con fecha de 9 de mayo de 2003, el coponente obtuvo, por concurso oposición, la plaza de Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Facultad de Derecho de Albacete, de la Universidad de Castilla-La Mancha.

290

14.  Trabajos y recuerdos de Historia de la Administración

marcha, sino también un contacto personal con todos Vds. A alguno de los miembros de este Instituto ya lo conocía hace tiempo, como a mi amigo Jon Arrieta. Se nos ha colocado al grupo de debate [los Profs. Molas y Vallejo] enfrentados al ponente, Prof. Escudero, y al moderador, Prof. Monreal. Parece como un duelo a primera sangre. Por eso, quiero decir, ante todo, utilizando un lenguaje militar –que, desgraciadamente está de moda ahora, con la Guerra de Irak–, que en este mismo momento deserto, y me voy no sólo donde está la Prof. Virginia Tamayo [situada la última en la mesa del Seminario, junto al aparato de grabación], sino junto, a la puerta. En una palabra, me rindo, porque aquí hay autoridades, en esta mesa, destacados profesores todos Vds. en estas materias, y yo, por supuesto, soy el que menos sabe de todas estas cuestiones. He preparado unas notas, a las que voy a añadir cosas que han surgido en el Seminario. No quiero extenderme demasiado, aunque el Prof. Monreal, que es quien tiene la guillotina del tiempo, la puede descargar sobre mi cabeza en cualquier momento, y acabaremos antes. Sigo con este lenguaje militar, que es el de ahora y era el de muchos Consejos del xvi y el xvii, pero, creo que no conviene abusar [de él], dadas las circunstancias. He preparado unas notas, como decía, haciendo unas consideraciones sobre la obra histórica, sobre la producción científica del Prof. Escudero. Últimamente ha publicado, en 2002, un libro, Felipe II: el Rey en el Despacho, que es su última monografía. Viene ya [dicha investigación y producción científica] de hace más de cuarenta años, como nos ha dicho, desde sus inicios con el maestro GarcíaGallo. Lo más interesante es su atención original y constante por la dimensión burocrática del poder político, algo que en los años sesenta no estaba de moda, como Vd. mismo nos ha dicho. Esta última monografía suya sobre Felipe II no es sólo una biografía políticoadministrativa de un monarca, de un reinado, sino que es, en términos generales, una indagación meticulosa sobre el poder, sobre la historia del poder desde dentro. Diría, quizá abusando del término, una intrahistoria, personal e institucional, del poder político en la Edad Moderna. Esto es muy importante. No en vano el poder es una dimensión esencial del hombre en sociedad, como todos sabemos. Ya decía Cervantes, en la Segunda Parte [cap. XIII] de El Quijote, por boca de Sancho Panza, que: Es bueno mandar, aunque sólo sea a un hato de ganado. A partir de ahí, lo que estamos hablando es de cuestiones importantísimas. Es decir, lo que está detrás de todo lo que Vd. nos ha expuesto hoy, de todos esos Secretarios, del Rey, etc., es cómo se conformó el poder político en la Edad Moderna. Una idea fundamental previa es que el Príncipe, en la Edad Media, desde Roma, desde el emperador romano, tenía una doble condición, en tanto que era soberano: la [de ser] Razón jurídica decisiva, es la figura del Rey-juez; y también la Fuerza militar suprema, es decir, el Rey-caudillo, el Rey-soldado. Pero, en el Renacimiento ocurrió algo que cambió todo esto. Existe ya un saber práctico que obliga al Príncipe –está en todos los manuales, y en los tratados concernientes a 291

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

la educación de los Príncipes–; se considera que debe saber, que debe incorporar, personal e institucionalmente, como titular de la soberanía, el conocimiento de esos mecanismos concretos del poder político, los resortes propios del poder político. Siempre había habido consejeros de emperadores, de monarcas, de señores, pero, ahora, el conocimiento de los mecanismos de consejo, el saber de los consejeros, pasó a estimarse como algo digno de la atención y del saber político de los Príncipes. Todo ello es digno de la atención, de la sabiduría política del monarca, y por eso mismo Maquiavelo, en 1513, en El Príncipe, en el, capítulo XXII, De his quos a secretis principes habent/De los Secretarios de los Príncipes 8, dice textualmente que: No es asunto de poca importancia para un príncipe la elección de sus ministros. Éstos son buenos o malos según la prudencia del príncipe mismo; de ahí que el primer juicio que nos formamos sobre la inteligencia de un señor sea a partir del examen de los hombres que tiene a su alrededor; cuando son competentes y fieles se le puede tener siempre por sabio, puesto que ha sabido reconocer su competencia y mantenerlos fieles. Pero cuando son de otra manera, hay siempre motivo para formar un mal juicio de él, puesto que su primer error ha sido precisamente elegirlos.

Por lo tanto, la sabiduría política de los Príncipes depende o se deduce del conocimiento, o de la competencia y de la fidelidad de sus Secretarios. El nuevo Príncipe del Renacimiento, el Monarca moderno, ya no se contentará con ser el dominus de la máquina de gobierno, el soberano, el titular de la soberanía, sino que además necesitará ser su administrator, quien directa y efectivamente la dirija. Aunque luego la delegue, como han recordado aquí los Profs. Escudero y Molas. Saavedra Fajardo, en 1640, revisando sus Empresas políticas 9, que son un semillero de sabiduría, ya constataba esto. Los Secretarios, calificados de compás del Príncipe, comprobaban que el Rey se había convertido en un burócrata. ¿Por qué? Porque la burocracia es una dimensión esencial de la soberanía. Eso es algo que me interesa fundamentalmente de su obra. Estamos ante una cuestión crucial, la burocracia y el monarca. Un monarca que es burócrata porque la burocracia forma parte de la soberanía, es su faceta preeminente, y más visible. Es más, dice Saavedra Fajardo, en la Empresa número 56, que el oficio de secretario conllevaba un reflejo de la majestad, si no era parte de la majestad misma: Poco importa que en los Consejos se hagan prudentes consultas, si quien las ha de disponer las yerra. Los consejeros dicen sus pareceres, el príncipe 8  Vid. Maquiavelo, Nicolás, El Príncipe, Madrid: Alianza Editorial, reimpresión de 2002. Título original: 11 Principe (1532). 9  Vid. Saavedra Fajardo, Diego de, Idea de un Príncipe político cristiano representada en cien empresas, ed. de la B. A. E., Tomo XXV. Hay otra edición preparada por Aldea Vaquero, Quintín, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Vid. también las Obras completas [recopilación, estudio preliminar, prólogo y notas de González Palencia, M.], Madrid: Aguilar Editor, 1946.

292

14.  Trabajos y recuerdos de Historia de la Administración

por medio de su secretario les dá alma. Y una palabra puesta aquí o allí muda las formas de los negocios (...). Oficio tan unido con el del príncipe (es el de secretario), que, si lo permitiera el trabajo, no había de concederse a otro; porque, si no es parte de la majestad, es reflejo della.

Estamos ante un tópico, es decir, el Rey, el primer Secretario, es el primer burócrata. Esa es la novedad. Años antes, en 1609, en el número 19 de sus Aforismos sacados de la «Historia» de Cayo Cornelio Tácito para conservación y aumento de las Monarquías, Benito Arias Montano había enlazado todo ésto, la administración directa y personal (burocrática) del Reino con la soberanía regia. El Rey, como burócrata, el primero de la Administración de sus Reinos, es parte esencial de la soberanía: El Príncipe, para gobernar bien, téngase por tutor y no señor de los vasallos, y de su Reino: y piense que ha de dar cuenta de la administración. Otra cosa que me interesa de la obra historiográfica del Prof. Escudero es ese alejamiento voluntario de los tópicos históricos del pasado, pero también de los del presente. Tenemos que huir tanto del tópico de la leyenda negra como de la leyenda rosa. Además, del tópico del llamado paradigma estatalista, pero, también de lo que llamaré el paradigma corporativista, que pretende sustituirlo. Creo que es un tópico que está ahora en muchas obras y en casi todos los discursos historiográficos, que preconizaría, frente a las tesis de una rígida y anacrónica Monarquía unitaria, una ausencia de Monarquía, como entidad e identidad predominante, en la Edad Moderna, predominando, en cambio, una superposición conflictiva de corporaciones. En una palabra, la Monarquía no existiría como unidad e identidad jurídico-política, sino que se trataría de una ficción, de una superposición aparentemente dominante. Por otra parte, también me interesa esa atención esencial del Prof. Escudero sobre todo lo relativo al oficio y papel históricos del Rey. Esa preocupación por el Rey en su despacho, como es el caso de Felipe II, en su oficio diario de Rey. Algo muy olvidado, muy despreciado y desatendido por los historiadores políticos, de ayer y de hoy. Porque, la historiografía del siglo xix, ¿de qué se ha preocupado? De las intrigas, de las conspiraciones, de las conjuras, facciones y tramas cortesanas y políticas, de las guerras, de las querellas diplomáticas, etc. Teóricamente, la historiografía del siglo xx, que ha querido y dicho que deben olvidarse tales cuestiones, debiera haber superado dichas preocupaciones y objetivos, considerados estériles e irrelevantes. Pero, curiosamente, ahora llamándolas redes de intereses y alianzas, sociales y familiares, han vuelto a penetrar y a estar en el centro de los intereses de la llamada Historia política. Al tiempo que la dictadura de una monolítica interpretación de la Historia social y económica, excluyente y exclusiva, pretendía arrumbar todo lo que despreciaba como superestructura, yendo a otras cuestiones. Y la mayor de las superestructuras, por supuesto, la del Rey. 293

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Voy a citar a un destacado historiador no jurista, precisamente, para que no se nos acuse de deformación o de interesado punto de vista a los historiadores institucionales, a propósito de lo que nos ocupa. El Prof. Fernando Bouza es un experto en el mundo áulico, de las Cortes reales, y en un artículo muy interesante, sobre la Construcción del mito real de Felipe II (1994 y 1998), dice lo siguiente, teniendo que reconocer que: Porque no parece que pueda haber Corte sin Rey, es una paradoja historiográfica que el gran olvidado en recientes estudios dedicados al mundo áulico-político haya venido a ser, precisamente, el propio monarca. Ésta es la situación dentro de las más modernas corrientes historiográficas de la Historia política. Por lo que es un mérito, que hay que reconocer, el que el Prof. Escudero haya puesto, desde hace casi cuarenta años, la lupa de investigador sobre el monarca, en su oficio burocrático, como parte esencial de la puesta en práctica del concepto político moderno de soberanía. Entendiendo que el régimen de despacho del Rey con sus ministros, con sus Secretarios, constituye la clave de la historia política de las Monarquías europeas en la Edad Moderna. Las instituciones de gobierno estaban reglamentadas de acuerdo con ese régimen de despacho que el Prof. Escudero ha mencionado en su exposición. Y –como apuntaba el Prof. Molas– las consultas de los Reales Consejos bajaban, subían, se movían. Y, con ellas, con el vuelo de los papeles, los destinos, los intereses y las zozobras, y las angustias, de millones de hombres. El no conocer los engranajes de la Máquina –o maquinaria– de Gobierno en los siglos xvi a xviii aboca a no saber, lamentablemente, por qué ocurrieron muchas cosas en la Monarquía Universal Española: ¿por qué no se pudo hacer lo que se dejó de hacer?, ¿por qué se hizo lo que se hizo, desde el punto de vista social, económico, jurídico, etc.?, ¿por qué se fracasó en lo que se fracasó, o se acertó cuando hubo éxitos? Se ha citado aquí a Mateo Vázquez, y su importancia extraordinaria en el reinado de Felipe II. Me interesa plantear, a propósito de él, una serie de cuestiones. Que el monarca era la encarnación máxima de esa dimensión burocrática del poder político, y el centro de la Administración, queda claro cuando el Prof. Escudero dice, por ejemplo, que entre 1548 y 1556 fueron años de ausencias y presencias intermitentes del príncipe Felipe en España, en Flandes, en Alemania, en Inglaterra. Observando, al mismo tiempo, una clara subordinación de los Secretarios peninsulares (Juan Vázquez de Molina, Gonzalo Pérez) respecto de los Secretarios que acompañaban a Carlos V, por el centro y el norte de Europa (Francisco de Eraso, nuestro famoso Alonso de Idiáquez). Donde estaba el monarca, en este caso, Carlos V, allí estaba su despacho, la faceta visible y actuante de su soberanía. Y allí estaba también, por lo tanto, su Administración Central. Una Administración Central que fue itinerante con un rey nómada como fue Carlos V, y estable con un rey sedentario como fue Felipe II. Utilizando una terminología que emplean los historiadores de las Cortes reales, los historiadores 294

14.  Trabajos y recuerdos de Historia de la Administración

áulicos actuales, el tiempo del rey y el espacio del rey resultaban extraordinaria y vitalmente importantes. ¿Cuál era el tiempo del rey? El dedicado a las actividades burocráticas, el Despacho en sentido estricto. Podía ser mayor o menor, y con Felipe II, como ha dicho el Prof. Escudero, fue toda su existencia, hasta la tumba. Como su secretario Mateo Vázquez, murió de la misma enfermedad, la de los papeles. Con otros monarcas, aquel tiempo fue menor. En cada uno, hay que investigarlo. Y, por otro lado, estaba el espacio del rey. O lo que es lo mismo, la Corte. En la que apareció el Valido, pero, alguien que nunca pudo desplazar en el Despacho al soberano, como ha mostrado el Prof. Escudero, con sólidos argumentos, en su monografía sobre Los poderes de Lerma, dado que Felipe III nunca delegó en su privado, el duque de Lerma, la firma. Por lo demás, de que este régimen de gobierno político-administrativo era sustantivamente persona– lista, propio de monarcas absolutos, se dieron siempre cuenta sus contemporáneos. Y no sólo los cronistas. De ahí la famosa expresión de Cabrera de Córdoba, de que cuando el rey se cansa o descansa, para toda la máquina de la Monarquía. Y las críticas y murmuraciones que contra los soberanos corrían por sus reinos, como las que refiere un fraile dominico, fray Jerónimo Vallejo, de quien he encontrado esta interesante referencia: ven (los vasallos) que todo pasa por mano de Vuestra Majestad, todos los malos sucesos se los cargan e imputan. Razón por la cual, Felipe II no era tan bien quisto como solía, ni tan amado. En la última monografía del Prof. Escudero, que es en la que más me detengo, por razón de su actualidad, me han interesado, lógicamente, muchas cosas, pero sólo puedo detenerme en algunas. Una de ellas, la de las dos figuras de Secretarios a las que adjudica dos prefijos de designación muy expresivos: el pseudosecretario Sebastián de Santoyo y el archisecretario Mateo Vázquez. Me voy a centrar, básicamente, en estos dos personajes, para no cansarles a Vds. Sebastián de Santoyo, ayuda de cámara de Felipe II, sin título de Secretario del rey, se interpuso –Vd. [Prof. Escudero] así lo detalla, lo prueba, lo documenta exhaustivamente– entre el monarca y los demás secretarios, tanto los Secretarios institucionales (los del Consejo de Estado y los otros Consejos) como los Secretarios privados, desde 1560, aproximadamente, hasta el año de su muerte, en 1588. Incluso el todopoderoso Mateo Vázquez recibía memoriales y órdenes, papeles, por la vía de Santoyo. Es un hecho sorprendente, ya que se ha visto que la Administración Central de la Monarquía era lo que su soberano quería que fuese, y estaba donde el monarca quería que estuviese: con Carlos V, parte en Alemania, y parte en España. También con Felipe II, que dijo: Aquí estoy [en Madrid], aquí planto mis reales, y aquí está mi Administración. Por eso hay que preguntarse: ¿por qué no recibió Santoyo el título de Secretario real?, ¿quizá porque no era letrado? Eso es lo que me he planteado, pero, creo que es evidente que, en cualquier caso, Santoyo, este pseudosecretario del rey, fue colocado por 295

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Felipe II como una especie de hechura de segundo grado, como un Secretario facticio y factual, al mismo tiempo, un secretario de secretarios, entre Antonio Pérez y Mateo Vázquez, y otros. Hay que preguntarse, entonces, si Santoyo no fue un límite regio más a ese otro límite institucional, en favor del monarca, que fueron los Secretarios privados. Porque, a su vez, los Secretarios privados –como Mateo Vázquez–, que aparecieron sin apoyatura institucional de ningún tipo, simplemente sobre la base de su confianza personal con el rey, por su despacho diario, escrito o verbal, con el soberano, surgieron, precisamente, como una especie de límite a las instituciones, a los Consejos, a sus Secretarios, a los Secretarios del Consejo de Estado en particular, etc. Y luego apareció ese otro pseudosecretario como segundo límite personal del rey, en concreto de Felipe II. Es como ahora, que aseguran –y el símil militar y bélico no disuena tanto como parece de aquella realidad administrativa pretérita, muchas veces defensiva por parte de los soberanos, paradójicamente– que la Guardia Republicana de Irak está apuntalando dos fortificaciones, como línea de defensa para recibir el ataque de las tropas anglo-norteamericanas. Felipe II tenía unos Secretarios institucionales que ya estaban dados, y que no podía tocarlos. Luego colocaba a los Secretarios privados, como Mateo Vázquez que es el más representativo. [Tenía así] una primera línea de defensa, y luego como una segunda, o tercera línea de defensa colocaba a un señor que no contaba con título de Secretario del rey, que era, por tanto, un Secretario factual. Era una necesidad manifiesta que el soberano quería un ámbito de poder más reducido e íntimo. De acuerdo con la famosa tesis de Kantorowicz, el cuerpo físico del rey se imponía, en una Monarquía absoluta –o tendencialmente absoluta– a las reglas del cuerpo moral o cuerpo político de dicha Monarquía. En definitiva, el juego político de las instituciones decaía ante el poder absoluto de un monarca que estaba desligado de las leyes. Incluso esta cesión podía ser mayor que una de segundo grado. Si los Secretarios institucionales de los Consejos, y también el primero de ellos, el Consejo de Estado (las leyes, las reglas comunes de la Monarquía), cedían ante un Secretario privado (las reglas personales, la voluntad jurídica del monarca, con eficacia pública general), o lo que es lo mismo, el cuerpo político del Reino ante la persona del Rey, todavía era posible una vuelta de tuerca más: que un Secretario privado, tan poderoso como Mateo Vázquez, tuviese que ceder ante un Secretario factual, y facticio (que era pura voluntad extrajurídica del soberano) como fue Sebastián de Santoyo. Otra cosa que quería destacar es que, para comprender la naturaleza jurídicopolítica compleja de la Monarquía Universal Hispánica, esa Monarquía compuesta o plural que se ha apuntado, resulta clave el apartado que el Prof. Escudero dedica a los títulos del Rey, a los títulos regios. Es decir, el que trata sobre el encabezamiento de las Provisiones Reales, Reales Cédulas y demás despachos regios, en las que iban enumerados todos los Reinos de dicha Monarquía: 296

14.  Trabajos y recuerdos de Historia de la Administración

Castilla, Aragón, Navarra, Nápoles, Milán, Flandes, etc. En 1580 se planteó el problema de la incorporación de un nuevo Reino, el de Portugal, a aquella Monarquía compuesta, y de intercalar su referencia en la relación de los restantes, en los títulos y provisiones regias. Se trataba, además, de ensamblar una nueva pieza territorial 10). Había, por ejemplo, una Casa de la India portuguesa, y un Consejo de las Indias castellano, y sus correspondientes Secretarios. Me llamó poderosamente la atención, cuando leí el libro del Prof. Escudero, una expresión muy castiza proferida por un Secretario muy relevante, Gabriel de Zayas, Secretario del Norte del Consejo de Estado y Secretario del Consejo de Italia. Se hallaba en 1580 en Portugal, en Elvas, acompañando a Felipe II, ocupado en la difícil política y diplomacia de la incorporación ante sus nuevos vasallos portugueses, y escribió una carta, el 16-XII-1580, al Cardenal Granvela. En ella hacía referencia a un problema propio de Secretarios, el de cómo colocar el título del Reino de Portugal en la complejísima relación de los Reinos, Principados, Ducados, Condados y Señoríos de la Monarquía Hispánica. Y decía lo siguiente: En los despachos de Castilla se pone León inmediatamente después della, y en el Supremo Consejo y Reynos de la Corona de Aragón se pone Castilla, Aragón, León, etc., porque quieren preceder a León, y no ay quien se lo estorve porque «cada gallo canta en su muladar».

En esa Monarquía plural y compuesta de la Edad Moderna, donde los Reinos tenían que ser articulados cuidadosamente, el problema principal era cómo ensamblar las diferentes piezas territoriales, portadoras de distintas instituciones representativas y de gobierno, con diferentes derechos, diversas economías, distintas sociedades, dispares costumbres... Todo había que incardinarlo en el seno de una máquina de gobierno unitaria, que dirigía el monarca: la llamada Monarquía Universal Española. Y, ¡claro!, todo eso creaba unos problemas complejísimos. Afortunadamente, sabemos gracias a Zayas, que se expresaba tan castizamente, que los Secretarios del rey eran perfectísimamente conscientes de todo eso. ¿Cómo no iban a ser conscientes, estando como estaban en el núcleo del torbellino del poder? Pero, hasta qué punto eran conscientes de ello lo sabemos por Zayas. Había muchos gallos, muchos Reinos, Principados, Ducados. Había muchos gallos, en efecto, y cada uno quería cantar en su muladar. Otro gran acierto de la obra del Prof. Escudero es el que su autor se haya mantenido al margen del problema del juego político de las facciones cortesanas, 10  Felipe II se transformó en Felipe I de Portugal en las Cortes celebradas en Tomar, en 1581. Aceptó guardar como Derecho privilegiado el portugués histórico, puesto que era el de un país que se integraba en una Monarquía múltiple, en la que cada Reino conservaba su gobierno y derecho propios, así como su específica situación política, económica y social. Las Cortes portuguesas pidieron al nuevo Rey que no extendiese a él el Derecho castellano-leonés, así como una serie de medidas coyunturales más concretas, de protección e individualización financiera, económica, militar, gubernativa y jurisdiccional.

297

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

y de tratar esta cuestión con gran mesura y equilibrio. La competencia y la enemistad entre los albistas y los ebolistas durante el reinado de Felipe II, entre los partidarios del duque de Alba y los partidarios del príncipe de Éboli, no lo explica todo, como quieren algunos historiadores, ni mucho menos. Y otro acierto son las breves páginas, pero muy densas y orientadoras, que el Prof. Escudero dedica a Antonio Pérez. Es muy gratificante para los que nos dedicamos a la Historia del Derecho y de las Instituciones constatar que, un investigador, un profesor o un joven becario, cualquier persona que humildemente pisa un archivo y se pasa en él varios años trabajando, en una labor oscura, dura, ingrata, a veces incomprendida, luego, [esa ardua labor] fructifica en forma modesta, sencilla, pero que, a la larga, resuelve problemas históricos cruciales, preguntas esenciales. Una muestra de ello es lo que yo llamo el mito historiográfico de Antonio Pérez. En este libro sobre Felipe II, su autor lo ha puesto en sus justos términos con un simple dato de archivo, magistralmente interpretado. Dice el Prof. Escudero que esa confianza absoluta de Felipe II, aparentemente sin fisuras, en Antonio Pérez, que los historiadores del siglo xix, y también del xx, se empeñan en mantener que le dispensaba antes del asesinato de Juan de Escobedo, está muy lejos de haber existido. Y ello se demuestra, claramente a mi juicio, con el dato que proporciona. Dice Vd. que un Secretario privado, de memoriales y peticiones, que además es poco conocido –por lo menos, para mí lo era–, que se llamaba Antonio Gracián, que murió joven, etc., y cuya posición era relativamente modesta entre los grandes Secretarios del monarca, por la documentación de archivo que ha manejado, se interponía constantemente entre Felipe II y el poderosísimo Antonio Pérez en el despacho ordinario de los papeles: consultando Gracián lo que Pérez debía o no hacer, las cartas que debía o no debía ver, los asuntos delicados de los que convenía, o no, ponerle al tanto. En consecuencia, todo lo que se ha escrito, en miles y miles de páginas, sobre si Antonio Pérez era una especie de Valido, hay que ponerlo en tajante cuestión. Por supuesto que Antonio Pérez gozaba de un amplio poder, era un Secretario del Consejo de Estado. Pero, ahora hay que indagar, sobre todo, hasta qué punto, hasta qué límite, y en qué condiciones, o con qué restricciones. Otro mito historiográfico, éste más reciente, que considero que también el Prof. Escudero ha puesto en sus justos términos, nacido en el siglo xx, y no como el de Antonio Pérez, que echó sus raíces ya en el xix, es el de la denominada privanza del Cardenal Diego de Espinosa. Entre 1565 y 1572, según una serie de valiosos historiadores políticos, estudiosos de la Corte de Felipe II, Espinosa habría sido elegido por el monarca porque no estaba adscrito ni a la facción ebolista, ni a la albista. Su cometido habría sido el de imponer la Contrarreforma como ideología religiosa, como una cultura de élites sobre las creencias y prácticas religiosas populares de la sociedad. Según esos mismos historiadores políticos actuales, el Cardenal Espinosa se habría servido de un grupo clientelar, de unos 298

14.  Trabajos y recuerdos de Historia de la Administración

clientes letrados que habrían visitado y reformado las diferentes instituciones de la Monarquía, sustituyendo a sus oficiales, a los que –dicen–: se les entregó una reglamentación para que anotaran las actividades de cada organismo en sus respectivos libros-registro, designando con claridad las funciones encomendadas. Ello daría por resultado un gobierno ágil y ejecutivo (...). Espinosa comenzó a reunir diversas juntas de expertos (técnicos) sobre las distintas materias, para discutir y tomar decisiones. Este nuevo sistema de gobierno se generalizó a la muerte del cardenal (...). Pero, la originalidad más importante residía en la red de informadores que Espinosa había tejido a lo largo de los reinos, actuando como auténticos brokers. Creo que no cabe mayor número de despropósitos en menos líneas. Desde luego, como a nadie se le escapa, la reglamentación de los oficios regios, mediante instrucciones y ordenanzas, no nació con el Cardenal Espinosa en 1565, y viene ya de la Edad Media, sin que podamos entrar ahora en mayores honduras. Ni el gobierno de los letrados tuvo que esperar a su concreta llegada al poder. Ni el régimen de Juntas, de gobierno y particulares, fue un invento suyo, ni funcionó sólo a partir de la muerte del Cardenal. Ni las redes de informadores (para la provisión de los corregimientos, de los obispados, de las canonjías) surgieron de la nada, con el mismo Espinosa, convertido así en verdadero Creador omnipotente de la Administración histórica de la Edad Moderna. Aquí queda de manifiesto un problema que sugiero para el debate: el de construir la Historia política desde la exclusiva óptica de las luchas entre facciones cortesanas, entre grupos de poder. El microscopio sobre los grupos clientelares, con olvido de las instituciones, de su funcionamiento y organización. Es un problema que me planteo como historiador del Derecho, como historiador jurista dedicado a la investigación de nuestras instituciones históricas. Aquí tenemos al Prof. Molas, que es un investigador ejemplar sobre Historia social de la Administración 11. Incluso los mismos historiadores juristas olvidamos, en ocasiones, que hay que conocer primero, profundamente, la estructura de la Monarquía, de la concreta forma del poder político en el pasado, para avanzar en su comprensión, en la comprensión de los problemas sociales y económicos pretéritos. Eso se compadece poco con la justi11  Disponemos de un conjunto de trabajos sobre la Historia de la Administración de Molas Ribalta, Pere, De la Junta de Comercio al Ministerio de Fomento. En Actas del IV Symposium de Historia de la Administración, Madrid: 1983, pp. 529-556; Consejos y Audiencias durante el reinado de Felipe II, Valladolid: Universidad de Valladolid, 1984; Monarquía hispánica y Monarquía austríaca en el siglo xvi: estudio comparativo, Madrid: 1989; La Monarquía española, siglos xvi-xviii, Barcelona: 1990; Los Cancilleres de Carlos I, en Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530-1558), Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001, pp. 227-246. En colaboración con otros autores: Historia social de la Administración española. Estudios sobre los siglos xvii y xviii, Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Departamento de Historia Moderna, 1980.

299

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

cia de que se nos critique de formalistas, si nos quedamos en ese conocimiento estructural, organizativo, funcional. Con una Historia política entendida, casi exclusivamente, como intrincada lucha de facciones cortesanas, perdida entre patronos, clientes, conspiraciones y conjuras, la investigación histórica se convierte en un verdadero culebrón. Cuando estaba preparando estas notas, que me han permitido hilar mínimamente esta intervención –no sé con qué fortuna, aunque temo que con poca o ninguna, Vds. me perdonarán–, apunté inmediatamente este término, el de culebrón. Pero, me dije, en un Instituto tan serio como el de Derecho Histórico de Vasconia no puedo emplearlo, porque, dada su seriedad y solvencia científica, su Director Científico, el Prof. Monreal, me tirará por la ventana, me defenestrará virtual o –me temo– también materialmente, siendo la defenestración una solución política con raigambre y precedentes históricos bien famosos, como es sabido. O pueden pensar mis oyentes que preparé dichas notas viendo la televisión, en agradable sobremesa, con algún culebrón iberoamericano de fondo. Nada más alejado de la realidad, para desgracia mía, pero, es que siempre pienso que quien habla mal el castellano somos los españoles, y quien trata bien nuestro común idioma es en Iberoamérica. Y así es, porque inmediatamente acudí al Diccionario de Autoridades en cuyo tomo II, impreso en 1729, se puede leer la segunda acepción del término culebrón, que es aquella por la que metaphoricamente se llama al hombre astuto y engañoso. Creo que un discurso historiográfico engañoso, aun involuntariamente, puede ser éste, en el que la Historia política revolotea alrededor de las instituciones, ajena realmente a ellas, e incluso con evidente desprecio de su juego, presencia e influencia, en la creencia de que no son más que algo adjetivo de los hombres que las manejan. Como si los sentimientos, emociones y ambiciones comunes de un hombre del siglo xvi y de otro del xxi sean lo que expliquen todo. pese a que uno haya sido Secretario del Consejo de Estado de una Monarquía como la Hispánica de la Edad Moderna, y otro Ministro de Asuntos Exteriores de un Reino de España como el de la hora presente, incardinado en la Unión Europea y la política internacional de este Tercer Milenio emergente. Sus grandezas y miserias personales pueden ser comunes o divergentes, sus conspiraciones y lucha por el poder similares, pero, su pertenencia a instituciones diferentes en mundos jurídicos disímiles, y culturas jurídicas de diversa evolución, hacen que todo varíe, obviamente, de forma sustancial. En última instancia, ambiciones políticas e intrigas por el poder, miserias individuales o colectivas, las ha habido siempre. En sí mismas no justifican nada. Hay que ir, pues, algo más lejos, y preguntarse cómo se articulaba todo eso. Por ejemplo, el Prof. Escudero ha desmontado esa teoría trabajosamente elaborada por los historiadores políticos del régimen clientelar pretendidamente instaurado por el Cardenal Espinosa, y la supuesta promoción a las Secretarías de los 300

14.  Trabajos y recuerdos de Historia de la Administración

Consejos de gente nueva, cuya carrera burocrática habría auspiciado entre 1565 y 1572. Prueba de ello son estas palabras de Escudero: Su enorme poder no se tradujo, sin embargo, en una promoción en las Secretarías de gente nueva, cuya carrera «él hubiera auspiciado». La gran mayoría de quienes entonces accedieron al «establishment» burocrático venían de atrás, y su historia había dependido de otros secretarios. Éste era el caso de los sucesores de Gonzalo Pérez en la Secretaría de Estado: Antonio Pérez, a quien promocionaría su padre, y Zayas, oficial y amigo de Gonzalo. El nuevo secretario de Guerra, Vázquez de Salazar, era sobrino de Vázquez de Molina. Pedro de Hoyo, el de Obras y Bosques, era conocido de antiguo. Antonio de Eraso debió de conseguir la Secretaría de Indias por ser hijo de quien era. Y así sucesivamente.

La moraleja sería que, en los archivos, consultando y contrastando documentos, en paciente y engorrosa labor, sacrificada en demasía a veces, pueden ser destruidas fácilmente brillantes construcciones historiográficas, carentes, en realidad, de base histórica. Creo que eso es, modestamente como toda ciencia que se precie de tal, lo que la Historia institucional puede aportar al conocimiento humano. Nada más, y nada menos. Aunque no sé si estoy equivocado. Vds. me rectificarán, verbal o documentalmente, desde luego El señor Moderador: José Antonio no sé si sientes la necesidad de tomar la palabra respecto algunas intervenciones pero creo que sería interesante que otros que están aquí presentes tengan también la oportunidad de intervenir si lo desean y con toda libertad porque en un Seminario no hacen falta grandes presentaciones. Cualquiera que lo desee que diga lo que le parezca oportuno. Dr. Jon Arrieta Alberdi [Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uniberstitatea]: A lo largo de toda la sesión que, en mi caso, se remonta a todo el conocimiento, lejano en su inicio, de la obra del Prof. Escudero, sobre todo Los Secretarios de Estado y de Despacho, hemos podido constatar hoy también que en el entorno de estos Secretarios como miembros muy activos en el Consejo de Estado, efectivamente, se concentraba un poder de decisión o por lo menos de poder influir en decisiones importantes de la Monarquía como tal muy considerable y, al mismo tiempo –como ha explicado hoy mismo muy bien–, funcionaban los llamados Consejos territoriales ocupados de asuntos específicos del reino correspondiente, del cual estos Consejos eran también cabeza final, cúspide de la pirámide institucional. Siendo estas dos realidades paralelas y simultáneas, lo que quería plantear y poner sobre la mesa es si se podría establecer alguna diferencia entre ambos estratos de dimensión del ejercicio de poder y de la importancia y trascendencia de la toma de decisiones porque, en definitiva, estamos [debatiendo] cómo se toman las decisiones en la última escala en la que se formaliza la voluntad del rey 301

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

que, sin duda –como se ha dicho muy bien por parte de los contra ponentes–, es la que realmente culmina en la resolución que, en su caso, se materializa en un título dirigido a la persona a la cual ese asunto le afecta. Siendo esto así, ¿sería posible y, en su caso, conveniente distinguir y situar el Consejo de Estado y el de Guerra, en esa dimensión externa de la Monarquía donde las decisiones tienen un alcance de orden general que supera, sin duda, al de los diferentes territorios y ámbitos concretos que afectan a súbditos de esos ámbitos, Castilla, Italia, Aragón, Flandes, etc.? Si esa distinción se admite ¿podría influir en el grado de necesidad de justificar jurídico-formalmente la decisión? ¿Por qué digo esto? Porque en la actividad de los Consejos llamados territoriales que conozco, mejor a través del Consejo de Aragón 12, naturalmente, los Consejos tienen como función básica la de informar, la de asesorar al monarca sobre la decisión que va a tomar. Esa información está referida, dado que se trata de un Consejo que está ligado a súbditos concretos que, a su vez, entran en conexión con este Consejo por problemas que tienen o bien con la propia Monarquía, oficiales de la Monarquía y, frecuentemente, lo más normal, entre sí, estos súbditos necesitan que el rey resuelva esas cuestiones. Por tanto, la función del Consejo es que el rey tome una resolución justificada. ¿Por qué tiene que ser justificada? Porque como generalmente están debatiendo entre sí personas concretas, el éxito de la resolución depende de que ese asunto se acabe o haya a su vez un recurso del que haya resultado desfavorecido. Quiero decir que en ese plano de administración ordinaria, cotidiana sobre personas de carne y hueso, concretas, las desarrollan primordialmente los Consejos territoriales: Me pregunto, pues, si no sería lógico y razonable y procedente, en su caso, establecer una diferencia con el Consejo de Estado, en el cual, la dimensión de los asuntos está por encima de esta cotidianidad, de esta realidad material, y permite, a su vez, que todo el desarrollo de una gran parte de la exposición que hemos escuchado hoy nos lleve a un ámbito del poder de decisión, hasta cierto punto, diferenciable del otro aunque, sin duda, en su último libro demuestra perfectamente el Prof. Escudero las conexiones múltiples en los puntos de decisión o esos continuos filtros que decía el Prof. Vallejo, límites, quizá. Quiero decir que aunque sí es cierto que la organización que tan espléndidamente hemos ido desarrollando a lo largo de la mañana, lógicamente, funciona siempre que haya puntos de conexión. Sin embargo, la cuestión de los Secretarios de Estado y de Despacho, el régimen ministerial ya más específico del siglo xviii, nos sitúan más bien en un ámbito de decisión más general que podría ser carac12  Vid. Arrieta Alberdi, Jon. El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707), Zaragoza: Facultad de Derecho, Universidad de Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1994. Gobernar rescribiendo. Felipe II y el Consejo de Aragón. En Felipe II y el Mediterráneo, III. La monarquía y los reinos, Madrid. 1999, pp. 65-96.

302

14.  Trabajos y recuerdos de Historia de la Administración

terizado por un grado mayor de discrecionalidad en la toma de decisión correspondiente y en un grado menor de vinculación a posibles problemas por recursos, reclamaciones que pudieran venir de los afectados por la decisión. Por tanto, se trata de ver si podemos distinguir dos planos en la Administración que sin estar desvinculados entre sí, sin embargo, podrían ser considerados como diferenciables a los efectos del juicio general que merecía la Historia de la Administración. Sr. D. Jean-Baptiste Busaall [Universidad Pública de Navarra/Nafarroako Unibertsitate Publikoa-Université d’Aix-Marseille III]: He aprendido muchísimo, así que sólo quisiera realizar un comentario, sobre un momento de la historia que está en el límite del campo cronológico de la intervención del Prof. Escudero. El último Valido, el Príncipe de la Paz, Godoy (Badajoz, 1767-París, 1851), fue un personaje cuya gran impopularidad fue utilizada por el partido del Príncipe heredero para permitir la ascensión de Fernando VII al trono con los acontecimientos de Aranjuez, en marzo de 1808. El inicio de la crisis que se desencadenó en la Guerra de la Independencia fijó el mito de Fernando el Deseado frente al Valido culpable de todos los infortunios de la Península. Hay que tener en cuenta el descrédito total del sistema de Validos para seguir la evolución de la organización del Gobierno en los diferentes proyectos que se sucedieron hasta la Constitución que el Emperador de los franceses concedió a España. Apuntamos que, a pesar de las circunstancias de su imposición, [el Estatuto de Bayona] es el primer texto constitucional escrito para España y daba desde el primer proyecto una lista de los ministros, formalizando la estructura del sistema en nueve ministerios 13. La Comisión ad hoc consultada por Fréville y La Forest en Madrid, integrada de Ministros y miembros de los Consejo de Castilla, Estado, Guerra, indias, se preocupó del excesivo número de Ministros por el gasto que iban a generar. El segundo proyecto redujo a ocho el número. El tercer proyecto, presentado a la Asamblea reunida en Bayona en junio de 1808, introducía la posibilidad de que el Rey pudiera confiar diversos Ministerios a un solo Ministro 14. Los notables reaccionaron en sus informes y en la discusión de 13  El artículo 27 del Título VI, Del Ministerio, de la Constitución de Bayona de 1808 decía textualmente: Habrá nueve Ministerios, a saber: Un Ministerio de Justicia. Otro de Negocios Eclesiásticos. Otro de Negocios Extranjeros. Otro del Interior. Otro de Hacienda. Otro de Guerra. Otro de Marina. Otro de Indias. Otro de Policía General. (Vid. Diego Sevilla, Andrés, Constituciones y otras Leyes y Proyectos Políticos de España, Madrid: Editorial Nacional, 1969, Tomo I, p. 53, que transcribe el texto publicado por Sanz Cid, C., La Constitución de Bayona, Madrid, pp. 418 y ss.). 14  Artículo 29 in Actas de la Diputación General de Españoles que se juntó en Bayona el 15 de junio de 1808, en virtud de convocatoria expedida por el Gran Duque de Berg y la Junta Suprema de Gobierno, precedidas de dicha orden convocatoria y seguida del Proyecto de Constitución consultada por el Emperador a la misma y la Constitución definitivamente hecha, que fiie aceptada por la misma Diputación General el 7 de julio del propio año (Madrid, 1874). CD ROM Ed. por el Congreso de los Diputádos, Diario de Sesiones, Serie Histórica 2, p. 55.

303

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

la Asamblea quejándose de esta posibilidad vista corno introductora del peligro a la vuelta del sistema de Valido, a pesar de la introducción que pasa inadvertida de un artículo colocando a todos los ministros en pie de igualdad, o sea la exclusión del primus inter pares. El Duque de Frías, el Conde Fernán-Núñez, Pablo Arribas y Gómez Hermosilla, Raimundo Ettenhard y Salinas, del Consejo de la Suprema y General Inquisición se opusieron por un motivo claramente enunciado que en palabras de Arribas era que una buena parte de los males de España han provenido de haberse reunido en un solo hombre varios empleos 15, razón por la cual, Amorós y Llorente propusieron que se especificara que esta posibilidad fuera únicamente interina 16. La oposición de la Asamblea hizo cambiar el artículo en el texto final, limitando la posibilidad de reunión de ministerios de modo que no pueda haber menos de siete 17. Es lo que hubo al inicio de los proyectos constitucionales en España. El señor Moderador: ¿Te parece, José Antonio, procedente intervenir? Dr. José Antonio Escudero [Universidad Complutense]: Aquí se han dicho cosas muy interesantes, así que no sé bien qué puedo comentar o añadir. Si les parece, voy a seguir el orden inverso de las intervenciones, comenzando por la del Sr. Busaall. A mí me parece muy bien lo que Vd. dice. Efectivamente, creo que en el tema de Bayona lo que subyace es la preocupación porque cada uno tenga su campo de competencias y porque se diferencien, es decir, que no se dé esa imagen de acaparamiento de varias funciones. Por otra parte, eso se hará frecuente y normal. Es decir, cuando se hace referencia a la Administración se va persona por persona, diciendo: Ministro de tal... o Secretario del Despacho de cual, su competencia, etc. Para mí ha sido una observación atinada y estoy completamente de acuerdo. No sé si he entendido bien al Prof. Arrieta, pero me parece que hay dos cuestiones de fondo en sus reflexiones que merece comentar. Una: todos los Consejos –no sólo el de Aragón– tienen la misión de asesorar. Y no sólo todos los Consejos, sino todo el mundo. El único con potestad resolutoria y que en realidad decide es el rey. Ahora bien, quizás quepa decir que ese nivel de asesoramiento fue más claro en unos Consejos que en otros, y que los Consejos supremos, como los de Estado y Guerra, tuvieron un mayor nivel de discrecionalidad o una capacidad ejecutiva mayor. A mí me parece que no. El Consejo de Estado, desde el punto de vista de la mecánica, funciona como otro Consejo cualquiera. Vid. Actas de Bayona op. cit. pp. 72 (también pp. 64, 67, 81 y 114). Op. cit. pp. 80 y 100. 17  Rechazo del artículo en la Junta 9a del 27 de junio (op. cit., p. 38) y artículo 29 del texto definitivo que dice así: El Rey podrá reunir, cuando lo tenga por conveniente, el Ministerio de Negocios Eclesiásticos al de Justicia y el de Policía General al del Interior. 15  16 

304

14.  Trabajos y recuerdos de Historia de la Administración

Es decir, escribe unas cosas o hace unas propuestas y el rey decide. De hecho, el Secretario privado lleva al monarca de la misma manera una consulta del Consejo de Estado y otra del de Órdenes. Como antes vimos, junto a la estructura de los Consejos hubo otra, de Juntas, que se multiplicó en el siglo xvii con los Validos. Existieron desde luego muchas Juntas y las razones de su creación, como dijimos, no son claras: aligerar el despacho; asegurar el secreto, o, sencillamente, controlar mejor el aparato polisinodial marginando los Validos a los Consejos. Por encima de la estructura de Consejos y Juntas hay, en la etapa final de Felipe II, un órgano, la Junta de Gobierno, conocido como la Junta de Noche, que revisa las consultas que vienen de todos los Consejos. Es decir, los papeles no sólo van de Consejo a Consejo y hacia arriba, sino que antes de que lleguen al Secretario privado del rey, van a esa Junta de Noche. Las instancias, pues, serían las siguientes: Consejos y Juntas; por encima, la Junta de Gobierno cuyo secretario (Mateo Vázquez o Gasol) es el secretario privado del rey; y todavía por encima el despacho del monarca con ese secretario privado. Por lo que he visto, esas gentes igual examinaban una consulta importante que otra banal y carente de interés. Podría poner algún ejemplo pintoresco. Hay un episodio en el reinado de Felipe II que da la razón a quienes ridiculizan el sistema. Cierto convento de carmelitas, de Daimiel, tenía licencia para salir y recoger unas carretadas de leña. Los frailes piden por escrito que se les renueve la licencia por tres años. Ese papel merece nada menos que una consulta del Consejo de Castilla, que se reúne y dedica un tiempo a examinar si a los carmelitas se les puede renovar el permiso por tres años. Y el altísimo Consejo de Castilla dice: Sí, de acuerdo. Pero la cosa no queda ahí y el acuerdo no se convierte en ejecutivo. La consulta debe pasar todavía a la Junta de Noche, y estos señores, ocupados en los asuntos más importantes de la Monarquía Universal, han de ver la propuesta de la leña de ese convento desconocido, que ya ha sido informada positivamente por el Consejo de Castilla. Así pues, la ven, reiteran su conformidad con la opinión del Consejo de Castilla, pero la cosa todavía no se ha acabado. El secretario Mateo Vázquez coge la documentación, con los dos pareceres concordes con la propuesta y la remite al rey. Es de suponer que Felipe II dedicaría al menos media hora al tema. Sorprendentemente el rey lee aquello (los carmelitas del convento que piden se les renueve la licencia y que ésta sea por tres años, y los dictámenes conformes del Consejo y de la Junta), y escribe al margen: Sí. Por dos años [Risas]. En verdad, increíble. El Prof. Arrieta ha tocado otro tema que me parece digno de ser recordado: si hubo o no mayor discrecionalidad en los Ministros del siglo xviii. Creo que sí. Tengo la impresión de que el mero hecho de ser un órgano unipersonal facilitó la libertad de decisión. 305

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

La intervención del Prof. Vallejo, muy minuciosa y perspicaz, ha glosado numerosas cuestiones de interés. Los Secretarios de los Consejos de Estado y Guerra sólo acuden cuando se les llama. Desde luego aquí no hay horas de despacho prefijadas. Y también van cuando son llamados los Secretarios privados. Nadie va si no se le llama. Si alguna vez aparece un documento más o menos titulado así –A qué horas despachan los Secretarios– habrá que cambiar de opinión, pero entretanto hay que seguir afirmando esto. A los Secretarios se les decía: Que suba a las dos, o Que suba a la una. En primer lugar, entonces se almorzaba mucho antes. Se comía a las once y para la una ya se había echado la siesta el rey. Cuando a un secretario se le hace subir a la hora de comer es para que esté disponible y eventualmente almuerce en palacio para trabajar luego, pero no para compartir el almuerzo con el rey. No he visto un solo documento –si es que nos hemos de fiar de los documentos, y no hay otra cosa de qué fiarse– que autorice a afirmar que ninguno de los colaboradores del monarca almorzaba con él. En cuanto a los Secretarios, tras haberles dedicado muchos años de estudio, tengo la impresión, según dije antes, de que los tres grandes en el siglo xvi fueron un andaluz, Francisco de los Cobos; un navarro, Francisco de Eraso, y un vasco, Juan de Idiáquez. Estos tres fueron, en mi opinión, los que tuvieron más poder y ascendencia. Felipe II trató con el don a dos personas. Una, Juan de Idiáquez. La otra, un político y consejero portugués llamado Cristóbal de Moura. El rey decía así al anotar los papeles: Que lo vea don Cristóbal; Que lo vea don Juan. De hecho, la gente de Consejos y Tribunales, cuando mandan papeles, si se refieren a don Juan es que hablan de Idiáquez, y de Moura si aluden a don Cristóbal. Idiáquez fue una persona de tanto peso que fue el único de los grandes colaboradores de su padre aceptado por Felipe III. Otra cosa: ¿En qué desplaza el Valido al Secretario de Estado’? Creo que le desplaza en algo clave que es el despacho a boca con el monarca. El Valido asume esa entrevista personal con el rey y el Secretario de Estado pasa a ser un Secretario más en su Consejo. Y como con Felipe III no hay secretarios privados del rey que anoten consultas y papeles, esa necesidad hará aparecer la figura del Secretario del Despacho Universal. Hay otras cuestiones que se han ido planteando, que para mí tienen el denominador común de la desconfianza en los mitos historiográficos. Lo poco que sé de esto lo aprendí de mi maestro, D. Alfonso García-Gallo, maestro también del Prof. Monreal, que entre otras cosas era un investigador que no daba nada por sentado. Por mucho que mucha gente hubiera dicho y repetido una cosa, a lo mejor se podía cuestionar la afirmación, aunque hubiera sido repetida muchas veces a lo largo de siglos. Así si el señor A dice una cosa lo hace porque lo afirmó antes el prestigioso señor B, y éste porque lo dijo C y éste porque lo aseguró D. 306

14.  Trabajos y recuerdos de Historia de la Administración

Se forma así, con el tiempo, una especie de sacrosanta communis opinio. Pero ¿qué fundamento tiene? ¿qué es lo que hay que buscar? Pues lo que hay que buscar es quién responde de la primera afirmación, en la que a la postre se apoyan todas las demás. Creo que lo más sugestivo de la obra científica del Prof. GarcíaGallo fue su insobornable sentido crítico. En los últimos tiempos ha habido un tipo de historiografía que ha hablado de los partidos políticos en el reinado de Felipe II, atribuyendo posicionamientos ideológicos y programáticos que no se encuentran en los documentos. Sucedió, como sucede siempre, que la gente apoya y protege a sus amigos, pero ya sabemos que una cosa es un grupo de amigos y otra muy distinta un partido político. Por otra parte, los Secretarios accedían al oficio desde plataformas familiares. En cierta ocasión Felipe II proyecta nombrar como secretario a alguien de fuera, y uno de los candidatos le recuerda que esto de los papeles hay que mamarlo en la leche. Así de claro. La gente aprende el oficio con su padre, su tío o su cuñado, y por eso se dan aquellas sagas familiares de los Eraso, de los Ibarra, de los Idiáquez, etc. El secretario más simpático y ocurrente es Gabriel de Zayas. Es el único personaje gracioso y chispeante en un mundo de secretarios que hablan siempre de cosas graves y severas: la muerte, la fidelidad al rey, los problemas económicos, etc. Zayas es el autor de ese gracioso comentario, recordado por el Prof. Vallejo, de que cada gallo canta en su muladar, referido al hecho de que en la enumeración de los títulos regios –rey de Castilla, Aragón, etc.– –hay algunos elementos fijos, pero también otros variables dependientes del destino del documento, con lo que el territorio correspondiente, al cual va dirigido el texto, antecede a otros porque cada gallo canta en su muladar. En lo que respecta a Antonio Pérez, el Prof. Vallejo ha recordado mi referencia a Sebastián de Santoyo como pseudosecretario, porque era un señor que sin título, siendo ayuda de cámara, actúa como secretario de hecho. La actuación de Santoyo, que transmite órdenes a los secretarios más ilustres, nos recuerda algo interesante: que el último que mandaba era el último que había estado con el rey. O dicho de otra manera: que no siempre mandaban los más importantes a los menos importantes, sino que el que despacha con el monarca transmite de inmediato órdenes a los demás. A lo mejor llega el Duque de Alba a despachar con Felipe II y recibe un papel en el que le dice que diga a Antonio Pérez tal cosa o a Eraso tal otra. Pero es que dos días después le da otro papel a Antonio Pérez, comisionándole para que transmita a Alba tal indicación. Con Antonio Pérez pasa lo mismo. Él era una persona brillante, desenvuelta y desenfadada, de quien Felipe II nunca se fió del todo. En el otro extremo se sitúa el secretario Antonio Gracián, persona muy religiosa y vinculada con los carmelitas, pero como aquí se ha recordado, entre el brillante Antonio Pérez, 307

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Secretario de Estado, y este Gracián, institucionalmente poca cosa, el rey elige a menudo al segundo para dar órdenes al primero. El último que veía al rey participaba así de sus inquietudes y transmitía sus órdenes. Y voy a concluir refiriéndome a la sugestiva intervención del Prof. Molas, de quien en estos años –en que nos hemos enviado y reenviado libros y artículos– he aprendido tantas cosas. En primer lugar en lo relativo a la figura del Primer Ministro, tema complicado si se quiere deslindar de los normales Validos. Y eso porque algunos de los calificados como Primeros Ministros tienen título de tales, y otros en cambio no. Medinaceli, por ejemplo, sí lo tiene, según ha puesto de manifiesto la profesora canaria Dolores Álamo. En la actualidad trabajamos conjuntamente en un Proyecto de Investigación sobre Validos y Primeros Ministros, y es de esperar que se aclaren algunas cosas. Estoy completamente de acuerdo con Molas en la importancia del Secretario del Despacho de Hacienda. La impresión que tengo es que en el siglo xviii el equipo ministerial bascula sobre dos pivotes: Estado y Hacienda. El Secretario del Despacho de Estado disfruta jerárquicamente del mayor rango y preside luego de hecho la Junta Suprema de Estado. Pero el Secretario de Hacienda es también muy importante porque todo, en última instancia, depende de la financiación y el dinero. Sucede también a veces en ese siglo que se produce un fenómeno de concentración ministerial, es decir, que varios Departamentos quedan en manos de dos o tres personas. En una ocasión, incluso, todos los Ministerios fueron gestionados por dos hermanos, los hermanos Patiño. Por otra parte, y como tú señalas muy bien, se dan en el xviii unas personas, que no son Secretarios del Despacho, que disfrutan de enorme poder. Es el caso de Campomanes. Y en cuanto al arco de los Ministerios en el siglo xix , hay que apreciar primero los que se heredan del siglo anterior, y luego otros creados de nuevo. De hecho, cuando hoy día los ministros, a la salida de un Consejo de Ministros, se fotografían con el Presidente en la puerta del Palacio de la Moncloa, el orden de colocación depende no de la antigüedad personal sino del orden de antigüedad de los Departamentos que sirven. Es decir, Presidente en el centro; a derecha e izquierda los Vicepresidentes, si los hay, y a derecha e izquierda de ellos los ministros por orden de antigüedad de los Ministerios. Tras el Secretario del Despacho Universal, la primera partición es en 1705, pero como esa partición deja por un lado a Guerra y Hacienda, y por el otro a todo lo demás, no hay aquí ningún Ministerio individualizado a efectos de antigüedad. Sí lo habrá en 1714, con Estado y Justicia, cuyos titulares son los más antiguos, prevaleciendo el de Estado por su mayor rango. En el siglo xix la gran cuestión es la creación del Ministerio de Fomento, del que se desglosarán bastantes de los Ministerios que llegan a nuestros días. 308

14.  Trabajos y recuerdos de Historia de la Administración

De la intervención del Dr. Molas subrayaría por último su llamada de atención sobre la figura del Primer Ministro, al que me referí antes, que tiene también que ver con el peso de la Secretaría del Despacho de Hacienda. Y así como el Consejo de Hacienda está necesitado de un estudio en profundidad, algo parecido le sucede al Ministerio, desde 1714 hasta hoy. Y esto es un poco de lo que se me ocurre con relación a unas intervenciones tan sugestivas y tan sugerentes. El señor Moderador: Convendremos que el esfuerzo hecho por el ponente ha sido muy grande. ¿Hay alguien que piensa que tiene alguna pregunta relevante? No vamos a ser muy exigentes a la hora de calificar la relevancia. Dra. María Rosa Ayerbe Iríbar [Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea]: Un comentario nada más, además de agradecer al Prof. Escudero el contenido y la didáctica con la que ha expuesto la lección del Seminario. No le extrañe que a Juan de Idiáquez, figura que quiero reivindicar aquí por guipuzcoano 18, le llame Felipe II don, dado que fue su preceptor. Es una persona de reconocido prestigio 19 y gran prudencia 20, fundamental en la Historia de Gipuzkoa, que le nombrará su Secretario fiel, y que no solamente está en Corte recibiendo consultas o remitiendo sugerencias a la provincia, sino que está al tanto para avisar cuándo es el momento idóneo para presentar al rey asuntos importantes 18  Don Juan de Idiáquez, Olazabal, Yurramendi y Herveta caballero de rarísima prudencia y religión... y grandísimo lector, según ha escrito Garibay, nació circunstancialmente en Madrid el 12 de marzo de 1540. Hijo del Secretario, Alonso de Idiáquez, y de su esposa, Gracia de Olazábal. Se crio junto a Carlos I, del que fue menino. Casado antes de los 23 años con Mencía de Butrón y Múgica [hija de Gómez Butrón y Múgica, señor de Butrón, Múgica y Aramayona, y de Luisa Manrique, hermana del Marqués de Aguilar], la cual murió en agosto de 1566 y con la que tuvo un único hijo: Alonso de Idiáquez de Butrón y Múgica [nacido en San Sebastián en 1565], que llegó a ser primer Duque de Ciudad Real, Conde de Bianda y Aramayona, Mayordomo Mayor del Rey, Ballestero Mayor de Vizcaya, Virrey y Capitán General de Navarra, Castellano y Maestre de Campo de Milán, de la Orden de Santiago y Comendador Mayor de León. 19  La fama, caballerosidad e hidalguía de Don Juan de Idiáquez llegó a oídos de Felipe II, quien le llamó a Corte nombrándole Embajador en Génova con tan solo 33 años, y en Venecia desde 1577-1578, siendo nombrado asimismo para Francia y Alemania, pero al caer en desgracia el Secretario Antonio Pérez, el Rey le nombró Secretario y Consejero de Estado en 1579. El ascenso en la carrera política fue imparable: Comendador de León, de la Orden de Santiago desde 1543, miembro de los Consejos de Estado y de Guerra, Presidente del Consejo de Órdenes y Caballerizo Mayor de la Reina Margarita. 20  En opinión de sus contemporáneos [Cabrera de Córdoba] era de singular virtud y religión, secreto, prudencia espesa, modestia personal, composición y curso largo en los negocios graves cerca de grandes príncipes y embajadores, cordura y personal composición, digno de la confianza y estimación de que él hizo S. M. [...] Don Juan ha recorrido mucho y es agradable con las personas que negocian con él, es vizcaíno [por vasco]..., ha desempeñado durante muchos años la Secretaría y está muy al corriente de las cosas de Estado..., es muy estimado, por lo que el Rey recurre a él con mucha frecuencia.

309

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

y conseguir para aquélla lo que el resto de la Monarquía va a intentar en alguna ocasión y no va a lograr. De hecho, en los volúmenes de las Juntas 21 que se han citado dicen textualmente que corre sangre en Castilla por lo que ha conseguido Gipuzkoa a través de Don Juan Idiáquez 22. Dr. José Antonio Escudero: Me interesa muchísimo lo que has dicho, Rosa. ¿Dices que Felipe II le daba el título de don porque era su preceptor? Dra. María Rosa Ayerbe Iríbar: Hay una monografía preciosa que estudia esta figura 23y explica cómo le incorporó a la Corte ya su padre, el Secretario Don Alonso de Idiáquez, conviertiéndose pronto en preceptor del Príncipe. Dr. José Antonio Escudero: Hay un libro de Pérez-Mínguez que habla de D. Juan de Idiáquez y de su parentela, pero si a mí alguien, comentando que había dos personajes a los cuales Felipe II llamaba don me hubiera preguntado si sabía por qué, les hubiera contestado: no sé. Respecto a lo que tú dices, hay que tener en cuenta que a los preceptores no les llama con don, y que además creo que Idiáquez no fue preceptor del rey. Dra. María Rosa Ayerbe Iríbar: Pero con Juan de Idiáquez tenía el rey tal confianza que dejaba todos los asuntos en sus manos 24. Creo que el don es un atributo o algo que consiguió, sobre todo, por esa cercanía y confianza absoluta que tenía depositada en él. 21  Vid. Díez de Salazar Fernández, L. M. y Ayerbe Iríbar, M.ª. R., Juntas y Diputaciones de Guipúzcoa (1550-1600). Documentos, San Sebastián: Juntas Generales y Diputación Foral de Gipuzkoa, 19901997, 14 vols. El siglo xvii está siendo investigado, ya en solitario, por la Dra. Ayerbe y actualmente está en prensa el núm. 24 (1626-1629). 22  El texto literal reproducido dice así: Estabilizada la situación en la Provincia, el 24-111-1595 llegaba a ella la noticia del envío del nuevo Corregidor y del cese del envío del Juez, «que avía sido negocio que sonó en Corte, y que se devía estimar en mucho porque se les avía denegado en ~las ciudades de España a donde primero no se avían enviado semejantes Juezes, y que hera el primero con quien se avía ronpido una premática. Que corría sangre. Y que muchas cosas avían concurrido para alcançar esta merced, y que la principal es la que ha hecho el señor Don Joan de Idiáquez, que habló a S. M. sobre ello. Y que si no fuera por esta bía no se podría remediar porque S. M. hera el que mandó que fuesen estos Juezes a todos los Corregimientos sin acuerdo del Consejo, como a él [el Licenciado Alzaga 1(6] le dixo el señor Presidente (p. 536). Una deuda de la Provincia hacia su natural y valedor Don Juan de Idiáquez [Op. cit. Tomo XII, p. XV]. 23  Se refiere a la monografía de Pérez Mínguez, Fidel, D. Juan de Idiáquez: Embajador y Consejero de Felipe II, San Sebastián: Tirada aparte de Revista Internacional de Estudios Vascos, 1934. Reproducido en San Sebastián: Diputación de Guipúzcoa, 1935. 24  El propio Felipe II dijo de él que habiendo yo tanto menester pensamos que me ayudes a la gran carga que tengo, haríame Don Juan terrible falta y tanto que no veo forma como se pudiese sufrir. [...] Era grave y venerable en sus costumbres y acciones, atento y tenido por muy prudente, no dejándole resolver los muchos medios y dificultades que le representaba el discurso y juicio; y así parecía tardo y remiso, mas la concurrencia de negocios en alguna manera le excusaba, y el no tomar la mano que podía; cauto y receloso en la inmunidad de su príncipe, aunque jamás obraba absoluto, sino consultado. (En Revista Internacional de Estudios Vascos, 1934, p. 248).

310

14.  Trabajos y recuerdos de Historia de la Administración

Dr. José Antonio Escudero: Sólo he visto que a esas dos personas llama don. Conviene tener en cuenta que don Juan de Idiáquez era hijo de Alonso Idiáquez, que fue Secretario de Carlos V y murió en una batalla en Alemania. Murió cercado y fue asesinado allí. Don Juan de Idiáquez fue embajador en Italia y realmente su conexión con la esfera de gobierno de la monarquía es bastante tardía porque Idiáquez estaba de embajador en Italia, desde luego, y hay un momento que es cuando detienen a Antonio Pérez y viene a España el Cardenal Antonio Granvela, entonces Felipe II consulta al Cardenal, que había estado en Italia, le dice: La mejor persona para esto es Idiáquez. A partir de entonces Idiáquez, que había sido nombrado embajador en París, pasa a Madrid y se queda y termina incorporado allí. No sé. Es un poco misterioso todo. No sé si lo que tu decías era que la obra era de Pérez-Mínguez. Hay un libro que me parece se titula Los Idiáquez y el Monasterio de San Telmo 25 que describe la historia de la familia. Dra. María Rosa Ayerbe Iríbar: Juan de Idiáquez murió en 1614 26 y está enterrado en el Museo de San Telmo 27. Dr. José Antonio Escudero: Es muy llamativo el respeto de Felipe II por Juan de Idiáquez. Cuando llega Lerma y echa a todo el mundo, incluido Moura, al que manda a Portugal, al único que no echa es a don Juan de Idiáquez. No sé si es por el respeto que le tenía su padre. Me parece que Idiáquez tiene una calle aquí, en San Sebastián, ¿no? El señor Moderador: Sí. Dr. José María Vallejo García-Hevía: Observo que la familia entera aparece en tres libros de las Juntas. Ejercieron un papel importante también defendiendo los intereses de Gipuzkoa en la Corte, ¿no es eso? Dra. María Rosa Ayerbe Iríbar: Sí. 25  Vid. Perez-Mínguez, Fidel, Los Idiáquez y el Monasterio de San Telmo en San Sebastián, San Sebastián: Diputación de Guipúzcoa, 1931. 26  En marzo de 1614 se sintió enfermo de tabardillo (insolación) y en septiembre quiso aún acompañar al rey, Felipe III, a Lerma, pero el 12 de octubre murió en Segovia en manos de su sobrino y Obispo, Don Juan de Idiáquez y Manrique. 27  El Museo Municipal de San Sebastián, fundado en 1902, se ubica desde 1932 en el antiguo convento dominico de San Telmo, de estilo renacentista, construido a mediados del siglo xvi gracias al patronazgo de Alonso de Idiáquez y de su esposa, Gracia de Olazábal. En 1813 es expoliado durante el incendio de la ciudad, aunque el edificio no resulta excesivamente afectado. Tras la desamortización de Mendizábal (1834), con la que el Gobierno pone fin a las órdenes religiosas, el Convento pasa a ser ouartel de artillería. Mediante Real Orden de 14-V-1913 una parte del convento es declarado Monumento Nacional y el Ayuntamiento donostiarra lo convirtió en Museo en 1932. Por su calidad se distingue, entre otras, la colección de armas y una de las mayores colecciones de estelas discoideas de toda Europa, la mayoría provinentes de Navarra, que abarca un amplio abanico cronológico desde la época prerromana hasta finales del xix.

311

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

El señor Moderador: Vamos a dar por terminado el debate. José Antonio has hecho un esfuerzo. A ti te parece normal; pero desde fuera nos parece grandísimo. Realmente la presentación del Prof. Escudero la he hecho muy sobria sobre la base de que tenía los datos en el Programa y de que estáis acostumbrados a leer e interpretar currículos. El curriculum del Prof. Escudero está ahí y nos impresiona a los demás. Creo que hemos tenido una oportunidad estupenda. El Seminario se ha creado para que los que participamos y quieran asistir tengan la oportunidad de conocer a los maestros excepcionales para saber dónde está el nivel en el saber y en el exponer. Obviamente, el Seminario lo que pretende es que nos sensibilicemos respecto de los que son los grandes temas historiográficos. El tema de hoy, la Administración de esta superestructura impresionante que fue la Monarquía Universal Española y su sucesora, la Administración Borbónica, es un tema de la mayor relevancia. Creo que hemos podido apreciar en la exposición –ya no los que han seguido su obra– la gran capacidad del Prof. Escudero para distinguir lo que son las cuestiones importantes, las nucleares, las esenciales, de lo que son las cuestiones secundarias. Recuerdo –es una anécdota personal, pero me permito contarla– que cuando terminé la tesis doctoral 28, se llevó un ejemplar a Madrid, al Padre Gonzalo Martínez Díez, que no tenía tiempo para leer tesis doctorales y, obviamente, estaba con el alma en vilo. Se acababa de presentar una tesis doctoral en Madrid y no conocía en absoluto su significado. Volvió de Madrid aliviado y dijo: Mira, José Antonio Escudero ha leído la tesis doctoral. Tiene una mirada de águila para ver lo que vale y lo que no y dijo: «eso va a pasar. Me ha dicho que está bien». El padre Gonzalo se tranquilizó. Caracteriza al Prof. Escudero la capacidad para hacer las grandes preguntas. Uno puede tener una gran erudición, pero esa erudición no le sirve para nada porque entre todos estos materiales no es capaz de captar lo que es la gran pregunta. Todos hemos visto –a poco que hayamos realizado algo de investigación en nuestra Vida– que la burocracia tiene un papel fundamental en el ejercicio del poder y se vincula realmente al ejercicio de la soberanía, pero convertir eso que es una mera intuición en una gran teoría sobre la base de una gran investigación, eso lo ha hecho el Prof. Escudero, que ha colocado la historia de la burocracia dentro de la Monarquía española y en primer orden. Hemos tenido una gran oportunidad de verle hacer la gran síntesis y de explicarnos todo ese mundo con las grandes cuestiones. Por cierto, José Antonio, mencionas a García Gallo en su condición de maestro. Cuando alguien iba con un 28  Vid. Monreal Zia, Gregorio, Las Instituciones públicas del Señorío de Vizcaya (hasta el siglo xviii), Bilbao: Publicaciones de la Diputación de Vizcaya, 1977.

312

14.  Trabajos y recuerdos de Historia de la Administración

problema y quería hacer una investigación, inmediatamente el Prof. García Gallo le decía: Un gran problema es este, pero no es solamente un gran problema. Este problema se subdivide en toda esta serie de cuestiones y, a su vez, una serie de cuestiones menores. Uno salía con una hipótesis de trabajo para hacer una investigación y, además, no tenía una, sino cuatro. El discípulo podía elegir. El Prof. José Antonio Escudero ha heredado esa condición del maestro García Gallo y estamos realmente encantados de que haya venido por aquí y querríamos que te vincularas ahora y en el futuro con este Instituto. Muchas gracias. Se levanta la sesión.

313

15.  EL REY Y EL GOBIERNO CENTRAL DE LA MONARQUÍA EN EL ANTIGUO RÉGIMEN * 1 Desde la unidad nacional lograda por los Reyes Católicos con la unión de las Coronas de Castilla y Aragón, hasta nuestros días, el rey ha gobernado España y dirigido su Administración Central mediante dos regímenes diferentes: el polisinodial, o de múltiples sínodos o Consejos, es decir, de organismos pluripersonales y colegiados, y el ministerial, de los Secretarios del Despacho o ministros, es decir, de órganos unipersonales. En términos generales cabe decir que aquel régimen polisinodial imperó como único durante los siglos xvi y xvii, y que el régimen ministerial se impuso desde entrado el siglo xix hasta hoy, siendo el xviii un siglo de coexistencia de ambos sistemas, en el que aparecen progresivamente los Secretarios de Estado y del Despacho y declinan los Consejos, siendo cada vez más importantes aquellos Secretarios o ministros, y cada vez menos estos Consejos. De forma más precisa, podemos señalar lo siguiente. A lo largo del siglo xvi tiene lugar el despliegue de los Consejos, a partir de los antiguos sínodos territoriales de los reinos y coronas (Consejos de Castilla y Aragón). En esa centuria, y singularmente en su segunda mitad, el rey gobierna el aparato polisinodial de la Administración Central apoyándose en los secretarios, tanto los de los Consejos como aquellos otros que son personales y privados del monarca, con lo que esos secretarios, y sobre todo los privados y los Secretarios de Estado (o del Consejo de Estado), aparecen como la pieza básica y central del gobierno. En el siglo xvii surge el Valido, que relega a los secretarios a un segundo plano, con lo que el rey dirige ese mismo aparato polisinodial (que ahora, además de Consejos, tiene otros órganos colegiados menores llamados Juntas) con la colaboración y apoyo de Validos. Los secretarios de los Consejos y los privados del monarca pierden importancia política e institucional, mientras para el despacho de los papeles se crea un cargo específico, el Secretario del Despacho Universal, que es quien recibe las consultas y papeles de Consejos y Juntas y prepara los dictámenes para el monarca y su Valido. *  Publicado en el libro colectivo, dirigido por el autor, El Rey. Historia de la Monarquía, 3 vols., Planeta, 2008; en I, 315-380 y 442-450 (notas).

315

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Al iniciarse el siglo xviii, aquella única Secretaría del Despacho Universal se fracciona, multiplicándose con los años y dando lugar a varios Secretarios del Despacho, competentes en los diversos ramos de la Administración. Aparecen así Secretarías del Despacho con el mismo nombre (Estado, Guerra, Hacienda, etc.) que los Consejos. Con el tiempo, esos Secretarios del Despacho se convierten en verdaderos ministros, cada vez con mayor importancia y peso político, mientras los Consejos decaen. Tal situación se prolonga durante el primer tercio del siglo xix, exactamente hasta 1834, año en el que los Consejos son suprimidos en su totalidad. A partir de ahí el régimen ministerial queda en solitario, primero dependiente del rey y luego de forma más directa del Primer Ministro que es nombrado por el monarca. Por su parte, el despacho de los ministros será al principio individual con el rey, pero en 1787 se ensaya un despacho colectivo y regular de esos titulares de los departamentos que se reúnen en la llamada Junta Suprema de Estado, la cual dura hasta 1792. Ese organismo será el antecedente del Consejo de Ministros, creado en 1823 y que alcanza a nuestros días 1. Adelantado este sucinto panorama general del gobierno de España y de su Administración Central, examinemos ahora con más detalle cada uno de los períodos.

I. SIGLO XVI: EL GOBIERNO DEL REY CON CONSEJOS Y SECRETARIOS A)  Antecedentes medievales: de las Curias a los Consejos del Rey En los siglos medievales, y como consecuencia de la necesidad por parte del rey de asesorarse a la hora de gobernar, y de la obligación correlativa de los súbditos de prestar consejo al monarca, éste requirió de esos súbditos un doble tipo de asesoramiento: el normal y ordinario de los nobles y eclesiásticos que vivían en la Corte, relativo a los asuntos cotidianos, y aquel otro consejo que el rey pedía en circunstancias graves y extraordinarias, para el que ordenaba convocar 1  Existe un documentado estudio del panorama histórico de los órganos colegiales de gobierno, y de su contraste con los órganos unipersonales. Es el de Julián Valero Torrijos, Los órganos colegiados. Análisis histórico de la colegialidad en la organización pública española y régimen jurídico-administrativo vigente, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales-Inap, 2002. Este autor escribe: «Por lo que se refiere al ámbito gubernativo, la colegialidad de composición técnica propia de los Consejos que integraban el régimen polisinodial fue cediendo terreno a favor de la unipersonalidad de los Secretarios de Estado y del Despacho... En consecuencia, la colegialidad en las tareas ejecutivas quedaría reconducida al ámbito deliberante del Consejo de Ministros... En segundo lugar, la colegialidad constituye un medio especialmente apropiado para la asunción de tareas representativas en la medida que permite la confluencia de la diversidad en el seno del órgano, facilitando asimismo la discusión y deliberación en orden al acercamiento de posiciones enfrentadas» (pág. 45).

316

15.  El Rey y el gobierno central de la monarquía en el...

además a otros súbditos importantes, también nobles y eclesiásticos, que gobernaban los territorios del reino y vivían en ellos. En uno y otro caso, gentes procedentes de los estamentos sociales privilegiados formaron parte de la llamada Curia regia, que en razón de lo dicho podía ser ordinaria o extraordinaria. La Curia ordinaria, de fácil y habitual acceso al monarca, estuvo compuesta por los miembros de la familia real, los oficiales de palacio (que antes habían integrado el Officium Palatinum godo) y diversos magnates eclesiásticos y seglares. Con el tiempo –quizás desde el siglo xiii– se integraron también los jurisperitos o sabidores del derecho, a fin de asesorar en el complejo mundo legal producto de la recepción romano-canónica. A su vez la Curia extraordinaria o Curia plena incorporó, junto a los miembros de la ordinaria, a los dirigentes de los distritos territoriales, condes o duques, así como a los obispos o abades de diócesis y conventos, y también a los maestres de las Ordenes Militares. En consecuencia, el rey gobernaba el reino con el asesoramiento de dos organismos o Curias. Con la Curia reducida despachaba los asuntos cotidianos y normales, lo que un autor como Procter ha llamado day-to-day administration 2, mientras ese grupo de magnates palatinos era al tiempo tribunal de justicia competente en los asuntos reservados al rey y en aquellos otros que llegaban por vía de apelación de sentencias dictadas por jueces inferiores. La Curia plena, por su parte, era convocada o pregonada para reunirse bajo la presidencia del monarca y pronunciarse sobre los asuntos de interés superior: la jura del heredero al trono, el matrimonio de los príncipes, la declaración de guerra o los subsidios económicos requeridos por el soberano. Esta Curia plena asistía asimismo al monarca en el ejercicio de la potestad legislativa, teniendo sus disposiciones el carácter de leyes generales del reino, y actuaba al tiempo como tribunal de justicia, sentenciando litigios de diversa naturaleza y, entre ellos, algunos pleitos planteados entre concejos. Con el paso del tiempo tendrá lugar un proceso de institucionalización de ambas Curias. Cuando en las extraordinarias o plenas irrumpen, junto a nobles y eclesiásticos, los representantes de las ciudades, esas asambleas se convierten en los diversos países de Europa en Parlamentos, Dietas, Estados Generales o Cortes, lo que viene a suceder entre los siglos xii y xiv. A su vez la consolidación de la Curia reducida, con un grupo fijo y determinado de magnates nobiliarios y eclesiásticos instalados en palacio, da lugar al Consejo del rey. Existirá así en el reino un Consejo permanente del monarca para que le asesore en el gobierno y administre la justicia superior, y ese Consejo recibirá con el tiempo el nombre del reino: Castilla, Aragón, Navarra. Por su primacía, el Consejo de Castilla será el conocido también como Consejo Real, o simplemente el Consejo por antonomasia. 2  E. S. Procter, Curia y Cortes en Castilla y León, 1072-1295, Madrid, 1988. He tratado esto en mi Curso de Historia del Derecho. Fuentes e instituciones político-administrativas, 3.ª ed., Madrid, 2003, 531 y ss.

317

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

El Consejo de Castilla se constituye como tal en las Cortes de Valladolid de 1385, y es reorganizado en las de Briviesca de 1387 3. Con independencia de la función política que el Consejo hubiera podido asumir desde entonces –Piskorski llegó a hablar de una organización parlamentaria del Estado 4–, el Consejo recibe en el siglo xv algunas ordenanzas entre las que destacan las que le dio Enrique IV en 1459. Por su parte el Consejo de Aragón aparece formalmente organizado por pragmática de Fernando el Católico de 14 de noviembre de 1494 –la pragmatica super modo procedendi in causis dirimendis in regio consilio Aragonum 5–, pero el Consejo venía de atrás, de un cuerpo consultivo que los reyes catalano-aragoneses habían tenido desde Alfonso III a fines del siglo xiii 6; de hecho en 1286, un ordenamiento dado por ese rey en Huesca preveía la reunión diaria del Consejo al que sus componentes deben asistir 7. B)  El Rey y los Consejos Con el matrimonio de los Reyes Católicos, los asuntos de una u otra Corona se despachan por el Consejo respectivo, con lo que los Consejos de Castilla y Aragón aparecen como germen de los que podemos llamar Consejos de competencia territorial. Pero entrado el reinado, otros sínodos colegiales se reunen para entender de determinadas materias, lo que dará lugar a Consejos de competencia material. Así el cronista Fernando del Pulgar, refiriéndose a las Cortes de Toledo de 1480, nos dirá que allí, «en el palaçio donde el Rey e la Reyna posavan, todos los días avía çinco Consejos, en çinco apartamientos que avía en el palaçio real». Y esos sínodos son descritos así: «En el uno estava el Rey e la Reyna, con algunos de su Consejo que ellos llamavan, para ver e entender en las enbaxadas de los reynos extraños que venían a ellos, e en las cosas que se tratavan en corte de Roma con el Santo Padre, e con el rey de Francia, e con los otros reyes, e para las otras cosas que heran neçesarias de se proveer por expediente. 3  Que en términos generales la Curia reducida cristalice en el Consejo, no quiere decir que la Curia castellana diera paso directo al Consejo de Castilla tal como éste aparece organizado. El profesor Salustiano de Dios (El Consejo Real de Castilla 1385-1522, Centro de Estudios Constitucionales, 1982, 28 y ss.) ha destacado la novedad de lo realizado en Valladolid en 1385, pero él mismo presenta como precedentes la existencia de un Consejo y consejeros en reinados anteriores. 4  Las Cortes de Castilla en el período de tránsito de la Edad Media a la Moderna, 1188-1520, Barcelona, 1930, 180-181. 5  Ferran Soldevila, «El document de fundació del Consell Suprem d’Aragó», en V Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, 1955, I, 331-339. 6  Ludwig Klupfel, «El règim de la Monarquía catalano-aragonesa a finals del segle xiii», en Revista jurídica de Cataluña, 35 (1929), 289-327, y 36 (1930), 298-331. 7  Jon Arrieta Alberdi, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707), Zaragoza, 1994. Véanse los epígrafes «El Consejo Real en la Corona de Aragón antes de Fernando el Católico», y «Fernando el Católico y el Consejo de Aragón», en el inicio de la primera parte de la obra.

318

15.  El Rey y el gobierno central de la monarquía en el...

En otra parte estavan perlados e doctores, que entendían en oyr las petiçiones que se davan, e en dar cartas de justiçia; e estos tenían tanto trabajo en ver demandas e respuestas e proçesos e ynformaçiones que venían de todas las partes del reyno ante ellos, que no podiendo sufrir el trabajo, por ser muchas las causas, e de diversas calidades, repartían entre si los cargos para hazer relacion en aquel Consejo... En otra parte del palaçio, estavan cavalleros e doctores naturales de Aragon, e de Cataluña, e de todo el reyno de Seçilia, e de Valencia, que veyan las petiçiones e demandas, e todos los otros negoçios de los que venían de aquellos reynos ante el Rey e ante la Reyna; e estos entendían en los oyr e expedir, porque eran ynstrutos en los fueros e costumbres de aquellas partidas. En otra parte del Palaçio estavan los diputados de las Hermandades de todo el reyno, que veyan e expedían todas las cosas conçernientes a las Hermandades, segund las leyes que tenían. En otra parte estavan los contadores mayores e ofiçiales de los libros de la hacienda e patrimonio real; los quales facían las rentas, e libravan las gracias e mercedes, e otras cosas que el Rey e la Reyna facían, e avían de terminar las causas que convenían a la hacienda e patrimonio real» 8.

En ese texto se aprecia el germen de algunos de los futuros Consejos con los que el rey gobernará en el siglo xvi. De acuerdo con la proyección de Castilla al Atlántico y de Aragón al Mediterráneo, de los dos primeros Consejos territoriales de esas coronas se desgajarán otros dos para el gobierno de los territorios de ultramar. De los asuntos de las Indias, incorporadas a la corona de Castilla, se encargaron al principio algunos miembros del Consejo de Castilla, pero luego, en 1524, se ordena un Consejo de Indias independiente, del que forman parte consejeros togados y otros de capa y espada, así como un secretario y luego dos (de Nueva España y Perú), dirigidos por un presidente que aparece como figura de gran relevancia en la Corte, y ocasionalmente también por otro personaje titulado Gran Canciller de las Indias 9. A su vez, de los asuntos de Italia se hicieron cargo hasta mediados del siglo xvi algunos miembros especializados del Consejo de Aragón, constituyéndose en 1555 un Consejo de Italia autónomo con el que el rey gobernaba los reinos de Nápoles y Sicilia, y el ducado de Milán. Este Consejo estaba constituido por seis regentes, tres españoles y tres italianos (un napolitano, un siciliano y un milanés) y tres secretarios, uno para cada territorio 10. 8  Crónica de los Reyes Católicos, edición y estudio por Juan de Mata Carriazo, 2 vols., EspasaCalpe, Madrid, 1943; en I, 421-422. En la reproducción del texto he introducido puntos y aparte para diferenciar los «çinco Consejos, en çinco apartamientos» 9  La obra fundamental sobre este Consejo es la de Ernesto Schäfer, El Consejo Real y Supremo de las Indias. Su historia, organización y labor administrativa hasta la terminación de la Casa de Austria, 2 vols., Junta de Castilla y León-Marcial Pons, 2003. Para el Consejo en el siglo xviii, Rafael D. Garcia Perez, El Consejo de Indias durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, Eunsa, 1998. 10  Hay información sobre este Consejo en la obra de Manuel Rivero, Felipe II y el gobierno de Italia, Sociedad Estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998.

319

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Con la expansión de la monarquía, que trajo consigo la incorporación de Navarra a Castilla, la de Portugal en el reinado de Felipe II, y la anexión de territorios de Flandes, aparecerán otros tres Consejos territoriales con los que el rey gobierna los territorios respectivos. El Consejo Real de Navarra, compuesto de un presidente, seis regentes y otro personal, disfrutó de amplias atribuciones gubernativas y judiciales, y fue el único que no residió en la Corte, manteniéndose siempre en Pamplona 11. Para el gobierno de Portugal, Felipe II instituyó en 1582, a raíz de las reclamaciones presentadas por las Cortes de Thomar, un Consejo de Portugal compuesto de seis consejeros entre los que destaca la figura del «veedor de hacienda», oficio de vieja estirpe en la administración portuguesa 12. A su vez, para el gobierno de los Países Bajos estableció también Felipe II, en 1588, un Consejo de Flandes que sufrirá diversas peripecias hasta su supresión por Felipe V en 1702. En los Consejos de Castilla e Indias, una tarea de fundamental importancia fue la propuesta al rey de los incontables nombramientos que él había de proveer, y de las gracias y mercedes a otorgar, de lo que se ocuparán los Consejos de Cámara correspondientes. Estos asuntos ya habían merecido en el Consejo de Castilla en el siglo xv un despacho autónomo, habida cuenta de su especial naturaleza que no hacía necesaria la audiencia de parte, dependiendo solo de la merced y libre voluntad del monarca. Fundado en 1518, y compuesto en los primeros años del presidente del Consejo Real y de tres consejeros, el Consejo de Cámara de Castilla fue reorganizado en 1588 con tres secretarías para los asuntos de gracia, patronato y justicia. A imagen suya se creó en 1600 el Consejo de Cámara de Indias, suprimido ocho años después y restablecido en 1644 13. Ahora bien, si el rey gobernó esos territorios con los Consejos correspondientes, y repartió gracias o hizo nombramientos en Castilla e Indias a instancias de los respectivos Consejos de Cámara, determinadas materias fueron despachadas por el monarca con otros Consejos especializados en ellas. Nos encontramos así con los Consejos de competencia material, entre los que hay que contar con los de Ordenes y Cruzada, más propios de la corona de Castilla; con el de Hacienda, castellano en principio pero universal de proyección habida cuenta de que Joaquín Salcedo Izu, El Consejo Real de Navarra en el siglo xvi, Pamplona, 1964. Santiago de Luxan Melendez, La revolución de 1640 en Portugal, sus fundamentos sociales y sus caracteres nacionales. El Consejo de Portugal: 1580-1640, Servicio de Reprografía de la Universidad Complutense, Madrid, 1988. 13  Sobre el Consejo de Cámara de Castilla, Salustiano de Dios, Gracia, merced y patronazgo real. La Cámara de Castilla entre 1474 y 1530, Madrid, 1993; José Antonio Escudero, «El Consejo de Cámara de Castilla y la reforma de 1588», en Administración y Estado en la España moderna, Junta de Castilla y León, 2002, págs. 467-482. Sobre el Consejo de Cámara de Indias, José Antonio Escudero, «La creación del Consejo de Cámara de Indias», en Feliciano Barrios (coordinador), Derecho y Administración pública en las Indias hispánicas, 2 vols., Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca 2002; en I, págs. 621-649. 11  12 

320

15.  El Rey y el gobierno central de la monarquía en el...

Castilla soportaba buena parte del coste de aquella monarquía universal, y con el Consejo de Inquisición, para los asuntos del Santo Oficio, competente en la totalidad de los territorios del Imperio. El Consejo de Ordenes, dirigido directamente por un lugarteniente general del monarca, entendió de los asuntos de gobierno y justicia en los territorios de las tres Ordenes Militares castellanas de Alcántara, Calatrava y Santiago. El Consejo de Cruzada fue competente en lo relativo a la bula de la Cruzada, conociendo tanto de las cuestiones de recaudación y administración de los ingresos, como de los pleitos y conflictos que se suscitaron por ello. Mucha más importancia y complejidad tuvo el Consejo de Hacienda, instituido en 1523 para atender las cuestiones financieras que antes habían caído bajo la jurisdicción de las Contadurías Mayores, y que desde mediados del siglo xvi se compuso de un presidente, tres consejeros del de Castilla y los contadores mayores 14. El Consejo de Inquisición, en fin, fue tan importante como lo fue en la España de entonces la Inquisición misma, introducida por bula de 1 de noviembre de 1478. De la existencia de este Consejo, que representa la estatalización de una actividad eclesiástica y religiosa como era propiamente la inquisitorial, tenemos noticias desde 1488. Constituido a la cabeza de toda la red de tribunales, el Consejo de Inquisición o Suprema (por elipsis de su nombre completo de Consejo de la Suprema y General Inquisición), tenía según hemos dicho jurisdicción universal. A su cabeza figuraba el Inquisidor General, siendo la importancia del Consejo inversamente proporcional a la de su presidente, lo que quiere decir que el organismo pasó a segundo plano con inquisidores generales autócratas y poderosos, recuperándose en cambio y logrando un cierto protagonismo y un estilo de gobierno más colegiado con algunos inquisidores generales tolerantes o débiles 15. Ahora bien, al proceso de desglose de Consejos en el siglo xvi, acompañó otro de la mayor importancia, el de la institucionalización de la monarquía y del monarca en cuanto tales. Convenía en efecto que si algunas piezas del aparato polisinodial eran propias de cada reino o Corona, y otras de asuntos específicos y determinados, hubiera también algunas vinculadas directamente al rey y que cohesionaran aquel conjunto heterogéneo y plural de coronas, reinos, ducados, condados, señoríos, etc. Es decir, piezas de gobierno propias exclusivamente del monarca y de la monarquía universal, sin dependencia de territorios concretos ni de asuntos específicos y determinados. Para ello se crearon dos Consejos de supremo rango: el de Estado, competente en la política internacional, que afectaba 14  Carlos Javier de Carlos Morales, El Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602. Patronazgo y clientelismo en el gobierno de las finanzas reales durante el siglo xvi, Junta de Castilla y León, 1996; Tomás García-Cuenca Ariati: «El Consejo de Hacienda (1476-1803)», en La Economía española al final del Antiguo Régimen, IV, Madrid, 1982, págs. 406-502. 15  José Ramón Rodríguez Besne, El Consejo de la Suprema Inquisición. Perfil jurídico de una institución, Editorial Complutense, 2000.

321

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

a la monarquía en su conjunto, y también en los asuntos internos más graves y en los conflictos entre las otras piezas de la polisinodia, y el Consejo de Guerra para ocuparse de la seguridad de la monarquía en su conjunto y de los conflictos bélicos. Ambos Consejos eran supremos en el sentido más estricto del término, porque su presidente era el propio rey. Por lo mismo estaban por encima de todos y, según la terminología de la época, no concurrían, es decir, no se alineaban con los demás ni se confrontaban con ellos en problemas de precedencia o rango. El Consejo de Estado fue creado en 1521 a instancias del canciller Gattinara, reorganizándose en Granada en 1526 para dar entrada en él a personajes castellanos, españolizándose definitivamente en el reinado de Felipe II. A lo largo de su historia se mantuvo siempre en la cúspide de la administración del Estado y fue el único Consejo que sobrevivió (con otro carácter, de organismo meramente consultivo) en la supresión general de los Consejos que tendrá lugar según veremos en 1834 16. Compuesto por nobles de elevado rango y por los personajes principales de la monarquía, el Consejo de Estado tuvo al principio una secretaría única que luego se dividió en dos, para los asuntos del norte de Europa, e Italia y Mediterráneo. A su vez, el Consejo de Guerra, complementario del de Estado, se ocupó de la propuesta de los mandos militares, construcción de fortificaciones, empresas militares, fabricación de armas, etc. Tuvo dos secretarías de Mar y Tierra 17. Ocasionalmente ambos Consejos, el de Estado y el de Guerra, aparecen agrupados en un Consejo pleno de Estado y Guerra. C)  El Rey y sus secretarios y consejeros Durante las etapas en que estuvo vigente el régimen polisinodial cabe distinguir en relación con el monarca tres tipos de secretarios. En primer lugar los privados y particulares suyos, que son gente que le rodea, ayuda en el despacho y mantiene con él tanto el llamado despacho a boca, es decir, el propio de la entrevista personal, como el despacho por escrito, a través del envío de billetes, papeles y cartas. En segundo lugar, los secretarios de los Consejos, y ocasionalmente, los secretarios de las Juntas de gobierno, que en determinados períodos despachan con el rey por escrito. Y en tercer lugar, algunos secretarios especiales de esos Consejos, como los de Estado y de Guerra, es decir, los secretarios de los Consejos de Estado y Guerra, organismos supremos de gobierno que al ser presididos por el monarca y no asistir él a las sesiones, son controlados y dirigidos por el soberano a través de esos secretarios, con quienes despacha tanto a boca como por escrito. En suma, los secretarios privados y los de Estado y Guerra son los que tienen acceso directo y personal al rey, constituyendo una elite política Feliciano Barrios, El Consejo de Estado de la Monarquía absoluta, 1521-1812, Madrid, 1984. Sobre el Consejo de Guerra, Juan Carlos Dominguez Nafria, El Real y Supremo Consejo de Guerra, (siglos xvi-xviii), Madrid, 2001. 16  17 

322

15.  El Rey y el gobierno central de la monarquía en el...

de máxima influencia. A ese sector restringido habrá de sumarse en el reinado de Felipe II el secretario de una importante Junta a la que nos referiremos luego, la de Obras y Bosques, que aparece como interlocutor cotidiano del monarca. Junto a los reyes habrá además consejeros, o miembros de algunos Consejos más importantes, en especial de Estado y Guerra, o también de Castilla, Aragón, Indias, Hacienda e Inquisición, que según épocas y circunstancias tendrán sobre los reyes influencia y serán consultados sobre asuntos de gobierno. Todo ello en el siglo xvi, pues en el xvii los principales personajes serán los Validos. Dicho esto, examinemos el papel de secretarios y consejeros en los diferentes reinados. 1.  Precedentes medievales Desde la época medieval los reyes tuvieron consigo unos secretarios para redactar, ordenar y refrendar los documentos. Estos secretarios despachan la correspondencia del monarca, reciben un nombramiento, ingresan emolumentos públicos y aparecen en suma como funcionarios de la administración central. En un principio los secretarios estuvieron bajo el control del canciller, pero al recaer este oficio en Castilla en el arzobispo de Toledo, el oficio de canciller se convirtió en honorífico, logrando los secretarios depender directamente del monarca y, con ello, un mayor protagonismo e importancia. En Castilla observamos además que durante el reinado de Juan II se perfila la existencia de un secretario principal del rey, junto a los restantes que quedan en segundo plano 18. 2.  Reyes Católicos Con los Reyes Católicos los secretarios regios se multiplican, apreciándose en ellos una cierta especialización en determinadas materias 19. Este fue el caso, por ejemplo, de Juan de Coloma o de Lope de Conchillos, a quienes vemos despachar los asuntos de Indias, llegando Coloma a representar a los reyes en las conversaciones previas a las Capitulaciones de Santa Fe 20. Otro secretario, Fernando de Zafra, aparece centrado en los asuntos andaluces, y en especial en los de la guerra de Granada. En esta época se dibuja además en la Corte la figura de un primer secretario o secretario encargado de los asuntos internacionales, puesto de máxima confianza de los reyes que ocupará primero el citado Juan de Coloma y luego Miguel Pérez de Almazán, quienes habrían sido, según Doussinague «los dos primeros Secretarios o Ministros de Estado que ha tenido España, y aun Europa, 18  José Luis Bermejo, «Los primeros secretarios de los reyes», en Anuario de Historia del Derecho español, 49 (1979), págs. 187-262. 19  Para los secretarios en la Edad Moderna, véase mi libro Los Secretarios de Estado y del Despacho (1474-1724), 4 vols., 2.ª ed., Madrid, 1976. 20  Juan Manzano, Cristobal Colón. Siete años decisivos de su vida, 1485-1492, Madrid, 1964, pág. 281.

323

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

pues nuestra nación ha sido la primera en tener una Secretaría de Estado dedicada exclusivamente a asuntos internacionales, ejemplo que hasta un siglo después no imitó Francia y mucho más tarde las demás potencias» 21. En los años terminales del reinado, muerto Almazán, se ocupa de esa secretaría de asuntos internacionales Pedro de Quintana. Con los Reyes Católicos es de destacar la presencia masiva de secretarios aragoneses, introducidos por su paisano el monarca en todas las instancias de la Corte. Un contemporáneo como Fernández de Oviedo escribió así: «Gran copia de secretarios aragoneses es la que habemos visto en tiempo del Rey Cathólico, y todos medrados y ricos en poco tiempo, y mejorados en nobleza de sus personas e en renta e patrimonios» 22. Estos influyentes secretarios aragoneses procedían sobre todo de las ciudades de Tarazona y Calatayud (de Tarazona fueron Conchillos y Quintana, y de Calatayud Coloma y muy probablemente Pérez de Almazán), pero como grupo geográfico no conseguirán pasar a los reinados siguientes. 3.  Carlos V Carlos V despachó al principio con personajes flamencos (Chièvres y Sauvage) y, sobre todo, con Gattinara, que aparece como «gran canciller de todas las tierras y reinos del rey». Durante su estancia en el norte de europa, don Carlos tuvo además secretarios en lengua francesa y alemana, entre los que destacan Jean Hannart y Jean Lallemand, más conocido en España como Juan Alemán 23. Muerto Gattinara, Carlos V, a instancias de su confesor García de Loaysa, estableció una diarquía de gobierno con un alto consejero, Nicolás Granvela, y un secretario andaluz, Francisco de los Cobos, que se hace cargo de la secretaría del Consejo de Estado, entonces única, y de las de otros Consejos. Carlos V despachará con Granvela los asuntos de Flandes y Alemania, y con Cobos los de España y el Mediterráneo. Al concluir el primer tercio de la centuria, el embajador Tiépolo advierte cuatro consejeros importantes junto al Emperador: Cobos, Granvela, García de Padilla y el arzobispo de Bari, explicando la forma de despacho que se seguía: «Ni uno però di questi consiglieri è ora di tanta autorità che non parli con l’imperatore sempre con gran rispetto nelle cose sue, perchè sua maestà non si rimette ad altri in cosa alcuna, se non in quelle che vanno per il corso ordinario, ma in tutte l’altre vuole essa stessa ben conoscere, e in tutte vi 21  José María Doussinague, La política internacional de Fernando el Católico, Madrid, 1944, págs. 95-96. 22  Gonzalo Fernandez de Oviedo, Batallas y Quinquagenas, 4 vols., Real Academia de la Historia, Madrid, 1983-2002. 23  José Antonio Escudero, «El gobierno de Carlos V hasta la muerte de Gattinara. Canciller, Consejos y secretarios», en el libro colectivo dirigido por Bernardo J. Garcia Garcia, El Imperio de Carlos V. Procesos de agregación y conflictos, Fundación Carlos de Amberes, 2000, págs.83-96.

324

15.  El Rey y el gobierno central de la monarquía en el...

mette pensiero, e non lascia che alcuna ne passi senza l’intervento o saputa sua; e di queste tali, quando gli par che siano di qualche importanza, essa ne tien nota appresso, di sè in memorialetti di man sua propria. Ode in tutte la opinione e consiglio dei suoi, in forma però che non l’autorità d’alcuno, ma la ragion sola vaglia con seco; dalla quale solamente mossa, in qualunque maniera di termini, fa le deliberazioni a modo suo, il che ancora vuole che si creda da ognuno» 24.

En 1543, con ocasión de abandonar España, Carlos V da a su hijo Felipe unas instrucciones sobre el modo de gobernar 25. En la Instrucción de 1 de mayo le advierte «que provea todos los oficios de justicia que vacaren, con parecer del muy Rvdo. Cardenal de Toledo, y del Presidente del Consejo (de Castilla) y del Comendador Mayor de León (Francisco de los Cobos) del mi Consejo de Estado». Poco después, en la Instrucción del día 6, don Carlos pergeña un retrato de los colaboradores que deja a su hijo: «A Cobos tengo por fiel; hasta ahora ha tenido poca pasión, si bien veo que no le falta; no es tan gran trabajador como solía, la edad y dolencia lo causan. Bien creo que la mujer le fatiga y es causa de meterle en las pasiones... Bien será que os sirvais de él como yo lo hago, no a solas ni dándole más autoridad que la que se os propone en las Instrucciones... Yo le he dado muchas mercedes y todavía querría algunas más». A su vez a Granvela le reserva la gestión de los asuntos europeos, incluida Italia: «Para los negocios de Estado e información de los tocantes a los reinos de la Corona, Italia, Flandes y Alemania, para Francia e Inglaterra y otros reyes y potentados y gobiernos de ellos, yo estoy cierto que no hay persona que mejor los entienda, ni más generalmente y particularmente los haya tratado que Granvela... El es fiel y no piensa engañarme. Bien hareis y creo que os es necesario serviros de él en una de las dos cosas, que es tenerle cabe vos». Cuatro años más tarde murió Cobos y siete Granvela. En 1546, un año antes de desaparecer el secretario andaluz, el embajador Navagero asegura que uno y otro son los mejores colaboradores del César: «Ha l’imperatore duo principali consiglieri solo, che sostengano il carico di tutti gli stati suoi, Covos e Granvela». De ambos hace un retrato similar en lo que concierne a la confianza que disfrutan de don Carlos y al poder que tienen. Cobos: «Conosce la natura di Cesare ed il tempo di ottener ogni cosa da lui... Quando si ritrova con l’imperatore, ogni cosa passa per sua mano; ed in assenza, nelle cose d’importanza, manda per il consiglio e parer suo». 24  Relazione di Niccolo Tiepolo ritornato ambasciatore de Carlo V l’anno 1532, en Eugenio Alberi, Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato raccolte, annotate ed edite da, 15 vols., Florencia, 1839-1863; en I, págs. 60-64. 25  Francisco de Laiglesia, Instrucciones y consejos del Emperador Carlos V a su hijo Felipe II al salir de España en 1543, Madrid, 1908; Escudero, Los Secretarios de Estado y del Despacho, I, 91 y ss.

325

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

En cuanto a Granvela: «Monsignor di Granvela è uomo, sendo nato in Borgogna, molto pratico delli Paesi Bassi e dell’Impero...e ultimamente egli era in tanta riputazione, che ogni cosa, e piccola e grande, era da lui trattata. E chiamato da Cesare suo primo consigliero e guardia del suo suggello» 26.

Desaparecida la diarquía de gobierno (Cobos despachaba todo lo de España y las Indias, y Granvela todo lo de Europa), y desaparecido también alguno de sus más importantes secretarios privados (como Alonso de Idiáquez), Carlos V gobernó en los últimos años de forma más asistemática, apoyándose en el despacho en otros secretarios privados como Gaztelu, en alguno del Consejo de Guerra como Vázquez de Molina, o en el secretario de Estado Gonzalo Pérez. En todo caso parece que la persona de su mayor confianza fue un joven secretario, Francisco de Eraso, ante quien el Emperador formalizó su abdicación en Bruselas en 1556, dedicándole un profundo elogio, y que habría de pasar a colaborar con su hijo Felipe: «Passó la renunciación de los Reynos de Castilla, Indias y Maestrazgos de las Ordenes Militares ante Francisco de Eraso, descendiente de la ilustre casa de los Erasos, una de las más nobles y antiguas del Reyno de Navarra, Comendador de Moratalaz, Secretario y Notario Mayor, y tan singular ministro y leal criado, que el Cesar al despedirse dixo al Rey: Quanto os he dado este día no es tanto como daros a Eraso» 27.

4.  Felipe II Con ocasión de las ausencias de su padre, y tras la regencia de Maximiliano y María, don Felipe se ocupó como lugarteniente general y gobernador de los reinos de España, firmando en los documentos Yo. El Príncipe. Tras el matrimonio con María Tudor, lo hace como Yo. El Rey Príncipe. y tras las renuncias del Emperador de los Países Bajos (octubre de 1555) y de España (enero de 1556), firma Yo. El Rey. Entre las gentes de confianza de don Felipe antes de la abdicación de su padre, se contaba un consejero, Ruy Gómez de Silva, y un secretario, Francisco de Eraso. El primero, de origen portugués, acumuló los cargos de tesorero, consejero de Estado y sumiller de corps, cargo que le facilitará el acceso directo a los aposentos y a la intimidad del monarca. Ruy Gómez habrá de convertirse después en el jefe de una de las dos facciones más importantes de la Corte, apareciendo como un verdadero privado de don Felipe y siendo así conocido por ello como rey Gómez. 26  Relazione di Bernardo Navagero, ritornato ambasciatore da Carlos V nel luglio 1546. En Alberi, Relazioni, I, págs. 344-346. 27  Lorenzo Vander Hammen y Leon, Don Filipe el Prudente, Segundo de este nombre, Rey de las Españas y Nuevo Mundo, Madrid, 1625, pág. 5.

326

15.  El Rey y el gobierno central de la monarquía en el...

Eraso, el secretario, amigo de Ruy Gómez, pertenecerá a esa facción. La otra estuvo encabezada por el Duque de Alba, formando parte de ella, además de importantes nobles, el secretario del Consejo de Estado Gonzalo Pérez. Felipe II, a pesar de la amistad que tenía con Ruy Gómez desde la juventud, actuó a modo de árbitro sin inclinarse ostensiblemente por unos u otros. Al regresar el rey a España, Eraso era su secretario principal, convirtiéndose en titular de las secretarías de los Consejos de Hacienda, Ordenes, Cámara de Castilla e Indias, es decir, de una parte muy considerable de la máquinaria polisinodial. Otro secretario, Juan Vázquez de Molina, procedente del reinado anterior y que había permanecido en la Península al frente de la llamada «Secretaría de Estado y Guerra de España», tuvo que doblegarse ante el Eraso recién llegado. Este mismo Eraso prepararó entonces la minuta de La orden que queremos y es nuestra voluntad que se tenga, guarde y cumpla de aquí adelante en los negocios de Castilla, anotada y corregida por don Felipe en julio de 1559, que constituirá una buena parte de su programa de gobierno 28. Por la relación de un embajador veneciano, Antonio Tiepolo 29, conocemos la vida y hábitos del rey a mediados de los años sesenta. Por la mañana, recibe a los embajadores antes de salir a oír misa. Tras el almuerzo en público, atiende a los que acuden con súplicas y demandas, que se entregan al secretario correspondiente. De los asuntos de Estado y Guerra, un consejero le hace relación por separado. Por la mañana, entre la misa y el almuerzo, o a última hora de la tarde, e incluso tras la cena, el rey debió despachar con los secretarios. Con el inicio de la década de los sesenta triunfa en toda regla el grupo ebolista, con Ruy Gómez como consejero principal y Eraso de titular de varias secretarías. Sin embargo, poco después se inicia una investigación que acusa al secretario de diversos cargos, lo que concluye en 1566 con una sentencia condenatoria que ordena su destitución en alguno de los oficios más significados, y que habrá de marcar el declive futuro del clan ebolista. Ese declive se consumará con la derrota de los puntos de vista contemporizadores del grupo, y del propio Ruy Gómez, en la cuestión de Flandes, donde se impondrá la postura más radical del Duque de Alba, partidario de una intervención sin concesiones. El ocaso de Ruy Gómez de Silva como privado y consejero principal fue seguido por la meteórica elevación al poder de Diego de Espinosa, quien llegó a ser probablemente el consejero de don Felipe con más peso institucional. A partir de 1566 Espinosa fue titular simultáneo de los dos puestos más influyentes de la monarquía, presidente del Consejo de Castilla e Inquisidor General. Luego fue 28  Para todo lo relativo a la forma de despacho y a los secretarios de Felipe II, me remito a mi libro Felipe II. El rey en el despacho, Madrid, 2002. 29  Relatione del clarissimo messere Antonio Tiepolo, ritornato ambasciatore dal serenissimo re cattolico, l’anno 1567, a di 24 di settembre, en Louis Prosper Gachard, Relations des ambassadeurs vénitiens sur Charles Quint et Philippe II, Bruselas-Gante-Leipzig 1856, págs. 135-162.

327

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

promovido al cardenalato a instancias del propio rey, quien le dispensó un especial tratamiento: salía a la antecámara a recibirle descubierto, no cubriéndose hasta que Espinosa lo hiciera; le sentaba en las audiencias y capillas públicas en un solio especial, llevándole en las procesiones a su derecha y otorgándole además la mitra de Sigüenza rica en rentas. El poderío de Espinosa, conocido como el otro rey, fue breve, pero mientras existió, el eclesiástico segoviano aparece como el segundo privado –tras Eboli– de un monarca nada propicio a confiarse enteramente a una sola persona, e inclinado siempre a repartir el poder. En 1572 Espinosa es exonerado de los cargos y ese mismo año muere. Eboli muere también al año siguiente, con lo que desaparece ese género de consejeros predilectos de un rey como Felipe II que preferentemente gobernó con los secretarios. En lo que respecta a éstos, Felipe II adoptó tres medidas principales. En primer lugar consolidó la maquinaria polisinodial multiplicando las secretarías de los Consejos y despachando por escrito con quienes estaban al frente de ellas. En segundo lugar potenció el papel de los Secretarios de Estado (o del Consejo de Estado) y Guerra (del Consejo de Guerra), y el de algún otro organismo como la Junta de Obras y Bosques, despachando a boca y por escrito con ellos. En tercer lugar, consolidó la secretaría privada, con un único titular que sirvió de nexo entre su persona y la red de los Consejos. La primera medida –la multiplicación de las secretarías de los Consejos– fue un fenómeno llamativo que se realizó principalmente en la última etapa del reinado. Felipe II recibió un Consejo de Estado con una única secretaría, pero a la muerte de Gonzalo Pérez, en 1567 la dividió en dos (Norte e Italia) que fueron entregadas a Gabriel de Zayas y a Antonio Pérez. El Consejo de Guerra, con una única secretaría hasta 1586, tuvo desde esa fecha dos, de Tierra y Mar. El Consejo de Hacienda tenía también una secretaría, pero a fines del reinado, en 1596, fue fraccionada en dos, con la divisoria geográfica entre ellas del río Tajo. Otra secretaría tenía el Consejo de Cámara de Castilla, que se vio convertida en tres (Justicia, Cámara y Patronato) en 1588. y lo mismo cabe decir del Consejo de Italia, con una secretaría hasta 1595, y tres de Nápoles, Sicilia y Milán desde entonces. La potenciación de los Secretarios de Estado y Guerra, en segundo lugar, fue también clara. Los secretarios de Guerra fueron gente tan significada como Juan Delgado, Andrés de Prada, Esteban de Ibarra, etc., con quienes Felipe II intercambió infinidad de billetes y papeles. A su vez, los secretarios de Estado se situaron en la cúspide del aparato administrativo y gozaron de la máxima confianza del monarca, contándose dos de ellos (Antonio Pérez y Juan de Idiáquez) entre sus colaboradores predilectos. Felipe II distinguió así con consideración y afecto a Antonio Pérez, pese a sus orígenes oscuros como hijo de clérigo, aunque a la muerte de su padre Gonzalo el rey se negó a darle la secretaría de Estado en su totalidad por ser mozo derramado, es decir, en palabras del cronista Cabrera de 328

15.  El Rey y el gobierno central de la monarquía en el...

Córdoba 30, carente de virtud y recogimiento. Los acontecimientos subsiguientes al asesinato de Escobedo, que Antonio Pérez debió ordenar con conocimiento y consentimiento del rey, empeoraron progresivamente la situación del secretario hasta su arresto y procesamiento, con el desenlace de la huida a Aragón, primero, y posteriormente al extranjero, con lo que la amistad del monarca se trocó en persecución y condena 31. Mucho más estable y profunda fue la admiración y respeto que Felipe II tuvo hacia don Juan de Idiáquez, una de las dos personas (junto al consejero portugués Cristobal de Moura) a las que el rey se refirió siempre con el don por delante. Este Idiáquez fue embajador en Génova y Venecia, incorporándose luego a la Corte como secretario de Estado entre 1579 y 1586, para desempeñar en esos años al tiempo, y con la total confianza del rey, las dos secretarías de Norte e Italia. y en cuanto al alza institucional de la Junta de Obras y Bosques, encargada de los jardines, palacios, residencias y propiedades regias, y especie de Patrimonio Nacional de entonces, es explicable por el interés personal de Felipe II, aficionado a las construcciones y a las obras de reparación y mantenimiento que seguía día a día, lo que significó que el secretario de esa Junta (durante muchos años Pedro de Hoyo) se convirtiera en interlocutor habitual del monarca, y por lo mismo en hombre sumamente influyente. La consolidación de la secretaría privada –tercer ámbito de acción del rey en el mundo burocrático– tuvo lugar a la muerte de Espinosa en 1572. El que había llevado los delicados papeles de Estado del cardenal, y fuera su secretario particular, un oscuro eclesiástico llamado Mateo Vázquez, se autopostuló como secretario del propio monarca. Los orígenes y status social de Mateo Vázquez no eran ciertamente muy brillantes, pues al igual que Antonio Pérez debió ser hijo de clérigo, pero eso a Felipe II no parecía importarle gran cosa con tal de que el interesado fuera trabajador y discreto. Así que tras un astuto billete de Vázquez a principios de 1573 («No parece... que tiene Vuestra Magestad secretario propio, de que resulta no poder escusar de leer y scrivir muchas cosas y desta ocupación y trabajo se podrían temer en la salud el daño que la experiencia a mostrado siempre en los que más tratan papeles»), Felipe II aceptó la propuesta y le convirtió en su secretario. Desde entonces hasta su muerte en 1591 Mateo Vázquez desempeñó en solitario la secretaría privada del monarca, convirtiéndose como comentaron algunos en el archisecretario, o, como decían otros, en la peana que necesariamente había que adorar para llegar al santo escondido en El Escorial. En tal situación privilegiada Mateo Vázquez entró en conflicto con los secretarios de Estado, que tenían parejo poder y también acceso personal al monarca, siendo especialmente Felipe II, Rey de España, 4 vols., Madrid, 1876-1877. Sobre la vida de Antonio Pérez sigue siendo indispensable la magistral biografía de Marañon, Antonio Pérez (El hombre, el drama, la época), 2 vols., 8.ª ed., Espasa-Calpe, Madrid, 1969. 30  31 

329

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

virulento su enfrentamiento con Antonio Pérez. A la muerte de Vázquez, esa secretaría privada pasó a su cuñado, el catalán Jerónimo Gasol, uno de los pocos casos de secretario de esa región que alcanzó notoriedad. Hubo pues, junto a la pléyade de los secretarios de los Consejos, la línea única del secretario privado, interlocutor cotidiano del rey, en el que confluían buena parte de las consultas, representaciones, cartas y billetes dirigidos al monarca. En tan profusa red política y administrativa, los papeles ascendían desde las secretarías de los Consejos a las altas instancias del monarca que despachaba con el secretario privado. Ahora bien, la misma naturaleza de los negocios, que afectaban a más de un Consejo y debían ser vistos e informados por cualquiera de los organismos afectados, y el carácter inquisitivo y dubitativo del rey, que devolvía peticiones y consultas para recabar un nuevo dato o precisar una nimiedad dudosa, tornaron el despacho en algo sumamente complejo. Así lo comentaría, en tono sarcástico, un noble de la época, el Conde de Portalegre: «Quanto a la menudencia con que Su Magestad tratta los negocios más menudos, años ha que entendemos que es materia de lástima, porque perder el tiempo para no ocuparle, eso es lo que los hombres llaman pasatiempo, mas ocuparle para perderle cosa es a que no se puede poner el nombre que merece» 32.

En los últimos años, la crisis de salud del rey impuso otro estilo de gobierno. A raíz de las Cortes de Monzón de 1585 se instituyó una Junta para ayudarle en las tareas de gobierno, que viene siendo conocida como Junta de Noche por el testimonio aislado de un cronista de la época, pero que en términos técnicos, en sus propios papeles y documentos, aparece sencillamente como la Junta. Compuesta al principio por cuatro consejeros y un secretario (Juan de Zúñiga, Cristóbal de Moura, Juan de Idiáquez y el Conde de Chinchón, con Mateo Vázquez como secretario), ese organismo fue la primera gran Junta de Gobierno central de la historia moderna de España. La Junta revisaba una a una las consultas de los Consejos, remitiendo finalmente los papeles al rey a través del secretario de la Junta, que era, al tiempo, secretario privado del monarca. De cómo despachaba Felipe II con ella da testimonio un documento de la época, según el cual los pareceres de sus miembros eran apuntados o comunicados al rey por Mateo Vázquez, y cuando a éste se lo impedía la gota, por los mismos consejeros a las horas que les estaban señaladas: «a D. Cristóbal en despertándose, dándole la camisa y estregándole los pies, todo el rato y tiempo que era menester; al de Chinchón después de comer, un rato; a Idiáquez a la tarde hasta anochecer, y llevaba cada cual su minuta o memoria de lo que consultaba, y lo que el Rey resolvía se quedaba con ello S. M.» 33. 32  33 

330

En mi libro, Felipe II: el rey en el despacho, pág. 587. Felipe II: el rey en el despacho, págs. 339-340.

15.  El Rey y el gobierno central de la monarquía en el...

Tras diversas alternativas al desaparecer Zúñiga en 1586 y enfermar el Conde de Chinchón, los miembros de esa Junta se vieron reducidos a dos, que trabajaban con Mateo Vázquez como secretario hasta su muerte en 1591 y desde esa fecha con Jerónimo Gasol. Como escribía el embajador Tomás Contarini en la relación presentada en 1593 a su regreso de España, «todo el peso del gobierno, tan difícil, de la Monarquía, en los asuntos de mayor importancia, descansa en tres personas solamente: el rey, don Juan Idiáquez y don Cristóbal de Moura». A la vista de esta situación más que dificultosa, se procedió en 1593 a una reforma que dio entrada al sobrino del rey, el archiduque Alberto, traído de Portugal, al marqués de Velada y al Príncipe mismo para que se iniciara en los asuntos de gobierno. Esa Junta habría de reunirse en los aposentos del Príncipe y bajo su presidencia tres horas por las tardes. Ahora bien, la reforma no significó un radical apartamiento de don Felipe ante la presencia del Príncipe, pues el rey siguió despachando y refrendando documentos, atribuyéndose además en exclusiva las provisiones eclesiásticas, encomiendas, hábitos y oficios de justicia. Así siguió hasta 1596 o 1597, cuando ya le fue imposible rubricar y firmar, y autorizó al Príncipe a hacerlo en su nombre, mientras la Junta continuaba las habituales sesiones de trabajo. Antes de morir, don Felipe recomendó a su sucesor que contara con Moura y con otros colaboradores, insistiendo en que el Príncipe se sirviera de muchas personas, como él había hecho, sin entregar la confianza a una sola. «Pidiole mucho –comenta Porreño– que no se dexasse governar de otro y le nombró algunos ministros que tenían aquellas partes de gran experiencia y juicio» 34.

II. SIGLO XVII: EL GOBIERNO DEL REY CON VALIDOS, CONSEJOS, JUNTAS Y SECRETARIO DEL DESPACHO UNIVERSAL A)  El Rey, Validos y Primeros Ministros Al morir Felipe II sucedió exactamente lo contrario de lo que él había deseado y previsto. Su hijo, Felipe III, llamó inmediatamente a la Corte al Marqués de Denia y luego Duque de Lerma, asociándole al poder y haciéndole depositario de toda su confianza. La Junta desapareció y se volvió en exclusiva al régimen de Consejos, todo bajo el dominio y control del Duque. Se iniciaba así la época de los Validos, pues si bien es cierto que estos personajes ya habían aparecido ocasionalmente antes (Alvaro de Luna) o aparecerán también después (Godoy), en el siglo xvii el gobierno por Validos se convierte en una realidad institucional 34  Baltasar Porreño, Dichos y hechos del Señor Rey Don Felipe Segundo, el prudente, potentíssimo y glorioso monarca de las Españas y de las Indias, edic. de Paloma Cuenca, Madrid, 2001, pág. 71.

331

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

permanente, y es objeto de justificación o crítica por los teóricos de la política. De esta suerte, Felipe III, Felipe IV y Carlos II gobernarán sucesivamente a través de un personaje principal que primero aparece como Privado o Valido, y más tarde ocasionalmente como Primer Ministro. Ahora bien, ¿cuáles son las características institucionales del Valido?; ¿en que se diferencia del individuo episódicamente poderoso?; ¿cuál es la distinción –si la hay– entre Privados y Validos?; ¿cómo fueron vistos por los teóricos o por los propios súbditos, y como juzgaron éstos el hecho de que el rey delegara o compartiera el poder?. Analicemos en primer lugar estos problemas de carácter general, para pasar luego revista a lo sucedido en cada reinado. Cabe afirmar que dos notas caracterizan la figura institucional del Valido. De una parte, la amistad íntima con el rey, o más bien el hecho de que el Valido llega al poder precisamente a través de esa amistad, y no mediante la fuerza o cualquier otro procedimiento. De otra, la intervención directa en los asuntos de gobierno. Aplicando ambos parámetros a la serie de influyentes y poderosos personajes que desfilan por la Corte española del siglo xvii, cabe fijar el catálogo de los Validos en los siguientes seis nombres: Lerma y Uceda con Felipe III; Olivares y Haro con Felipe IV, y Nithard y Valenzuela con Carlos II 35. Los Validos, pues, alcanzan el poder por la designación voluntaria, gratuita y amistosa del monarca, y en base a ello dirigen la maquinaria de gobierno. Por eso no deberían tenerse como Validos a algunos otros personajes que gobiernan en el reinado de Carlos II: a don Juan José de Austria, que se hizo con el poder no a través de la amistad con el rey sino por la pura fuerza, o a Medinaceli y Oropesa que lo obtuvieron mediante la presión de partidos y camarillas cortesanas. Según indicamos en otro lugar 36, privado es la persona que tiene acceso al monarca y disfruta de su amistad y confianza, y en base a ello controla determinados resortes del gobierno. Consecuentemente puede haber uno o varios privados. En cambio, la calificación de Valido suele hacer referencia al exclusivismo de esa amistad y confianza, y por ende al exclusivismo también en el poder y el mando. Podríamos así decir, en base a los textos de la época, que cuando el Privado es uno, ese Privado es tenido por Valido, o, por lo mismo, que un monarca puede tener varios privados pero no puede tener varios validos. De esta forma, la existencia de varios privados o consejeros de confianza nunca había planteado problemas mayores; sí, en cambio, que todo el poder fuera acaparado por una sola persona. En 1543 Carlos V había aconsejado a su hijo Felipe: «tratad los negocios con muchos, y no os ateys ni obligueis a uno solo; porque aunque es más descansado, 35  Francisco Tomas y Valiente, Los Validos en la Monarquía española del siglo xvii, 2.ª ed., Madrid, 1982. 36  «Privados, Validos y Primeros Ministros», introducción al libro colectivo, por mí coordinado, Los Validos, ed. Dykinson, 2004.

332

15.  El Rey y el gobierno central de la monarquía en el...

no os conviene... porque luego dirán que sois gobernado» 37. y algo parecido, según hemos visto, aconsejó el mismo Felipe II a su hijo Felipe III. Felipe II había tenido ciertamente privados ocasionales –Eboli, Espinosa–, pero ninguno de ellos monopolizó en exclusiva el poder, que el rey compartió con otros consejeros o con poderosos secretarios. Pero a la entrada del siglo xvii todo cambió. Los influyentes consejeros del reinado anterior fueron apartados o destituidos de sus cargos, y Lerma aparece como único confidente del monarca y dirigente máximo de la maquinaria de la Administración. Ciertamente, él y los otros validos que le siguen, acostumbraron a desempeñar uno o varios cargos en esa estructura polisinodial, y de ordinario fueron consejeros de Estado, pero lo verdaderamente definitorio no fue eso, sino el hecho de disfrutar de la confianza absoluta del monarca y mandar sobre Consejos y secretarios. En suma, lo que llamó la atención al entrar a gobernar Felipe III no fue que el rey tuviera amigos y hombres de confianza, sino que sólo tuviera uno, de suerte que por ello un buen conocedor del mundo palaciego como el conde de Portalegre escribió entonces: «Es verdad que se han trocado los negocios y estilos de la Corte de pies a cabeza». De esta suerte, si la inmensa mayoría de los autores estuvo de acuerdo en que el rey tuviera amigos o privados que disfrutaran de parcelas de poder, muchos menos fueron los defensores del privado único, favorito real o valido. En todo caso no faltaron autores que justificaran también esa privanza exclusiva o valimiento. Tal fue el caso de fray Pedro de Maldonado en su Discurso del perfecto privado, en el reinado de Felipe III, o de Juan Baños de Velasco, con su obra El ayo y maestro de Príncipes, Séneca en su vida, en el de Carlos II. El propio Quevedo, que escribe reinando Felipe IV, tras dar por sentado en su Política de Dios y gobierno de Cristo que los reyes habían de tener criados acreedores de distinta confianza y responsabilidad, y a los que dispensarían mayor o menor afecto, llega a admitir que «entre ellos podrá ser que uno solo sea dueño de la voluntad del Príncipe». Observemos también que con el tiempo algunos de estos personajes aparecen con el título de Primer Ministro, lo que nos lleva a una cuestión de interés cual es la semejanza o diferencia institucional del Valido y del Primer Ministro. En relación con ello parece posible afirmar que ser valido –como ser amigo del rey, o, mejor dicho, como ser único gran amigo del rey– es un fenómeno de hecho, extrainstitucional, aunque se proyecte a dirigir la maquinaria del Estado. Por eso no hay título de Valido, ni el Valido como tal tiene sueldo ni rango determinado en la Administración pública que dirige, ni figura como tal en el ranking de precedencias u honores. Todo eso les corresponde, a quienes ostentan el valimiento, en función del otro cargo o cargos que desempeñan (Condestable, Sumiller de 37  Instrucción secreta de 6 de mayo de 1543. En Francisco (1515-1555), Madrid, 1918.

de

Laiglesia, Estudios históricos

333

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Corps, consejero de Estado, etc.), pero no en función de ser Validos. El título de Primer Ministro viene a suponer la institucionalización del valimiento. Es decir, que la figura amorfa e inaprensible del Valido cuaja institucionalmente en la de Primer Ministro. Veamos ahora cómo fue esa asociación al poder regio en los tres reinados de la centuria. 1.  Felipe III El 13 de septiembre de 1598 muere Felipe II. Según la narración del cronista Cabrera de Córdoba, «llegó su Majestad del Rey nuestro señor hasta entrar en la bóveda con el cuerpo de su padre, donde por su mandado el Marqués de Denia, a quien su Majestad ha hecho Duque de Lerma, y de su Consejo de Estado, y su camarero mayor, sumiller de corps, caballerizo mayor y comendador mayor de Castilla... hizo la entrega del cuerpo de su Majestad a fray García de Santa María, prior de dicho convento» 38. Como se ve, producido el desenlace, Felipe III llama a su amigo marqués; le hace duque; le nombra para relevantes cargos políticos y palaciegos, y hace ostensible su predilección por él asociándole al acto de entrega del cadaver de su propio padre. A partir de entonces resultó meridianamente claro que Lerma era la segunda persona de la monarquía, tras el rey, quedando con este acto inaugurada la etapa histórica de los validos de los Austrias. Lerma mantuvo esa privilegiada situación durante dos décadas, desde 1598 hasta 1618. Ahora bien, respecto a los poderes que recibió al hacer acto de presencia en la Corte, se ha venido afirmando (en base a lo que dijo en su día el historiador Leopoldo von Ranke, y luego repitieron quienes se ocuparon de estas cuestiones, entre ellos Tomás y Valiente, estudioso de los Validos) que en 1598 el rey delegó su firma en Lerma 39, con lo que se habría llegado a una situación insólita, cual es la de que la firma del Valido valiera tanto como la firma del propio rey. De ser esto así, Lerma habría sido objeto de una distinción sin precedentes antes y sin consecuentes después, convirtiéndose no solamente en valido, sino en valido con unos poderes extraordinarios que nadie nunca tuvo. Sin embargo, esto no fue así, pues, según creemos haber demostrado 40, la afirmación procede de un equívoco del historiador alemán que no se corresponde con la realidad de los hechos, habida cuenta de que en las cartas, papeles y documentos de la época ni el rey habla nunca de haber delegado la firma, ni Lerma Felipe II, rey de España, 4 vols., Madrid, 1876-1877; en IV, pág. 32. En su obra La Monarquía española de los siglos xvi y xvii (México, 1946, pág. 79), Ranke escribió: «el primer acto del rey (Felipe III) fue recibir juramento de Lerma, su primera orden, una orden sin igual, fue que la firma de Lerma valiera tanto como la propia firma del rey». Acepta esa afirmación Tomas y Valiente en su libro Los Validos en la Monarquía española del siglo xvii. 40  En el estudio, «Los poderes de Lerma», en Administración y Estado en la España moderna, págs. 275-325; reproducido en el libro colectivo Los Validos, págs. 121-175. 38 

39 

334

15.  El Rey y el gobierno central de la monarquía en el...

de haber sido beneficiado con ello, ni ningún contemporáneo asegura cosa tan extraordinaria, que por lo demás, de ser cierta, tendría por su propia naturaleza que haber sido pública y notoria a todos. Lo que en verdad sucedió fue que desde el primer momento Felipe III hizo patente que su amigo y confidente era Lerma, amén de distinguirle con los cargos que antes vimos. En sus veinte años de valimiento hay que distinguir dos etapas: antes y después de 1612. En ese año, el 23 de octubre, Felipe III se vio precisado a dirigir la siguiente cédula a los Consejos: «Desde que conozco al duque de Lerma, le he visto servir al rey mi señor y padre, que aya gloria, y a mí con tanta satisfacción de entrambos que cada día me hallo más satisfecho de la buena quenta que me da de todo lo que le encomiendo y mejor servido del; y por esto, y lo que me ayuda a llevar el peso de los negocios, os mando que cumplais todo lo que el duque os dixere o ordenare, y que se haga lo mismo en ese Consejo, y podrásele también dezir todo lo que quisiere saber del, que aunque esto se ha entendido assí desde que yo subcedí en estos Reynos, os lo he querido encargar y mandar agora.»

Esta cédula, dirigida a los Consejos, hace ver que el poder de Lerma entonces se había debilitado o era discutido, lo que obliga al rey a recordar que se le obedezca y se le informe. Eso, dice el texto, «se ha entendido assí desde que yo subcedí en estos Reynos», pero el rey lo va a «encargar y mandar agora», lo que evidentemente prueba que no hubo delegación de firma ni se mandó nada en 1598. Es ahora, en 1612, cuando el monarca se ve precisado a ordenar que se obedezca e informe a su Valido, lo que a todas luces tampoco significa que le delegue la firma. Antes y después, de 1598 a 1618, Lerma mandó siempre en todos sus billetes y cartas en nombre del rey y no en virtud de una autoridad propia consiguiente a la firma presuntamente delegada. En la primera etapa Lerma mandó de forma absoluta y sin problemas, hasta que éstos surgieron y el rey tuvo que dar la orden de 1612. En la segunda, a partir de este año, el poder se torna más problemático, y ya insostenible desde su nombramiento como cardenal en marzo de 1618. Antes Lerma había presentado su dimisión, pero cuando a fines de ese año, por cédula de 15 de noviembre, fue efectivamente cesado, recibió la noticia con consternación. El rey manda en esa cédula que a partir de entonces todas las mercedes y ordenes las rubricará él, y que cese la comunicación de los Consejos con el Duque. Éste se retira a Lerma, pasando la privanza a su hijo mayor, Cristobal Gómez de Sandoval Rojas y la Cerda, primer duque de Uceda. Uceda, pese al parentesco, había liderado en la Corte la facción contraria a Lerma en connivencia con el dominico y confesor del rey fray Luis de Aliaga. Así su poder se fortaleció progresivamente, sobre todo desde abril de 1618, cuando, como consecuencia del capelo concedido a su padre, se hizo cargo de los oficios 335

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

palatinos que él desempeñaba. La privanza, sin embargo, una vez obtenida no duró mucho, pues la muerte de Felipe III en 1621 llevó consigo la caída de Uceda, quien el mismo día del fallecimiento, el 31 de marzo, entregó los papeles y «el manejo de los negocios» a don Baltasar de Zúñiga. Felipe III murió arrepentido por haber abandonado el gobierno en manos de otros, pero el sistema siguió y Zúñiga se hizo cargo del valimiento por orden expresa del nuevo rey. 2.  Felipe IV Con el acceso al trono de Felipe IV, dos personajes de la misma familia, tío y sobrino, don Baltasar de Zúñiga y el Conde de Olivares, aparecen en la escena política con opción al valimiento. Olivares era ya amigo y confidente, como gentilhombre suyo, del príncipe Felipe antes de ser rey, por lo que es posible que el nombramiento de Zúñiga se debiera a una estrategia de su sobrino que prefirió mantenerse al principio en segundo plano. Desde luego es clara la ascendencia y fuerza de Olivares al morir Felipe III. Según la anécdota que recoge Marañón 41, «cuando Uceda... vagaba consternado por los alrededores de la cámara regia encontró, poco antes de la muerte del Rey, a Olivares. ¿Cómo van las cosas del Príncipe?, le preguntó; y Don Gaspar, sin poder reprimir la ambición satisfecha, respondió Todo es mío. ¿Todo?, replicó el Duque. Todo, sin faltar nada, dijo el Conde». En esta situación, según relata un embajador de la época, Olivares dio a don Baltasar «el peso de las consultas y gobierno, quedándose él con todo lo que de adentro de Palacio pertenecía». En los primeros días de gestión de Zúñiga, Olivares permaneció apartado, pero en unos meses le vemos actuar ya en el gobierno, con lo que Zúñiga actúa a modo de valido oficial y Olivares de verdadero. En todo caso esta ficción duró poco, pues el valimiento oficial del tío habría de mantenerse tan solo año y medio, desde el 31 de marzo de 1621 al 7 de octubre de 1622, fecha en que la que Zúñiga desapareció víctima de una enfermedad tan rápida que, en comentario de Quevedo, «visitarle enfermo y acompañarle muerto se hizo con unos propios pasos». A raíz de esto, según señala cierta relación de entonces, «mandó Su Magestad al Conde de Olivares tomase los papeles que tenía don Baltasar; y aunque rehusó se lo mandó segunda vez. Con que hubo de obedecer» 42. Con independencia de juicios positivos o negativos sobre su gestión, es indudable que Olivares, a diferencia de otros muchos validos, fue un auténtico hombre de Estado, que adoctrinó al rey sobre lo que debía o no hacer. Un hombre de Estado con ideas, planes y proyectos sobre la política nacional e internacional, 41  El Conde-Duque de Olivares (La pasión de mandar), 3.ª ed., Espasa-Calpe, Madrid, 1952, pág. 44. 42  En Tomas y Valiente, Los Validos, págs. 13-14.

336

15.  El Rey y el gobierno central de la monarquía en el...

aunque las más de las veces unos y otros abocaran al fracaso 43. Su visión del gobierno de España pasaba por la uniformización de aquella monarquía heterogénea, en base a las leyes de Castilla, para facilitar un buen gobierno que él veía comprometido por las peculiaridades de Cataluña y de la Corona de Aragón. Tal como le sugirió a Felipe IV en el Gran Memorial de 1624: «Tenga V. Majd. por el negocio más importante de su Monarquía el hacerse rey de España; quiero decir, señor, que no se contente V. Majd. con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo maduro y secreto por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia en todo aquello que mira a dividir límites, puertos secos, el poder celebrar cortes de Castilla, Aragón y Portugal en la parte que quisiere, a poder introducir V. Majd. acá y allá ministros de las naciones promiscuamente y en aquel temperamento que fuere necesario en la autoridad y mano de los consellers, jurados, diputaciones y consejos de las mismas provincias en cuanto fueren perjudiciales para el gobierno y indecentes a la autoridad real, en que se podrían hallar medios proporcionados para todo, que si V. Majd. lo alcanza será el príncipe más poderoso del mundo» 44.

Con esta propuesta de castellanización de la monarquía, Olivares pretendía sobre todo fortalecer el poder real. No se trataba, además, de hacer algo de manera urgente e inmediata bajo su privanza, sino de instruir al rey, dada su juventud, para que tuviese un norte político claro en los años futuros cuando el propio Conde-Duque desapareciera. Así, tras el texto que hemos reproducido, Olivares anotaba que «todo esto no es negocio que se puede conseguir en limitado tiempo», y en el oficio de remisión del Gran Memorial, fechado el 25 de septiembre de ese año 1624, escribía al rey: «Espero que V. Majd. se hallará servido deste pequeño trabajo y que después de muchos años pasados, y después de muerto yo, hallará V. Majd. en estos breves renglones algunas máximas ciertas, y rastros de la fidelidad, celo y amor deste humilde criado y esclavo de V. Majd. que guarde Dios siglos enteros para bien de la Cristiandad y destos reinos». Olivares actuó como Valido durante veintiún años, desde 1622 a 1643. Los primeros tres lustros hizo gala de un poderío firme y creciente, pudiendo situarse su apogeo en 1638, cuando tuvo lugar la batalla de Fuenterrabía, pero el último lustro fue de deterioro y desprestigio en los tres frentes principales de la política interior: la guerra de Cataluña, la guerra de Portugal y la conjuración de Andalucía. Su enfrentamiento con la nobleza, a la que nunca profesó considera43  Un completo estudio de la vertiente política del Valido se encuentra en la biografía de J. H. Elliott, El Conde-Duque de Olivares, ed. Crítica, Barcelona, 1990. 44  Este Gran Memorial figura en la obra de John H. Elliott y José F. de la Peña, Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares, 2 vols., ed. Alfaguara, 1978-1981; I, págs. 49-100; el texto citado, en pág. 96.

337

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

ción ni simpatía, tuvo como correlato el hecho del protagonismo de los nobles en los movimientos de separación, pues, como ha escrito Marañón 45, «la desmembración de España la realizaron o la intentaron realizar estos nobles, a los que fácilmente tomaba la plebe ‘por cabeza’; los Guzmanes y Braganzas en Portugal; Medina-Sidonia y Ayamonte en Andalucía; Híjar en Aragón, etc.». Como en el caso de Lerma, podemos preguntarnos si destituyó el rey al Valido o fue éste quien abandonó el gobierno. Tras los desastres, Olivares pidió licencia a Felipe IV «para irse a su estado de San Lucas», a lo que el monarca, dubitativo, queriéndolo y no queriéndolo, respondió: «Tan lejos, no, conde; más cerca sí». Al fin el monarca accedió al permiso solicitado (17 de enero de 1643), consumándose el cese por una comunicación al Consejo de Cámara el día 24. La caída de Olivares fue distinta a la de Lerma en el sentido de que el sucesor del Conde-Duque, a diferencia del de Lerma, no participó directamente en su derrocamiento, aunque es posible que no estuviera muy lejos de alguno de los movimientos conspiratorios. Además Felipe IV había decidido, tras la salida de Olivares, gobernar en solitario sin ayuda de valido («Con esta ocasión me ha parecido advertir al Consejo que la falta de tan buen Ministro no la ha de suplir otro sino yo mismo», rezaba el decreto de exoneración del Conde-Duque), pero tales propósitos no duraron mucho, y al igual que tras Zúñiga eligió a su sobrino Olivares, tras Olivares recurrió a su sobrino Haro. Felipe IV –y es lo que nos interesa aquí– consideraba como obligación suya gobernar por sí solo, que era además a lo que le instaba machaconamente su interlocutora sor María, la monja de Agreda 46. Por eso transcurrieron unos meses hasta que Haro entró en los negocios, y mucho más tiempo hasta que el rey reconoció públicamente al nuevo Valido. De hecho, fue en carta de fecha tan tardía como 30 de enero de 1647, cuando Felipe IV confesó a sor María su necesidad de un ministro principal o criado confidente, habida cuenta de que los reyes «no pueden por sí solos obrar todo lo necesario». Felipe IV, como ha señalado Gambra 47, pretendió encubrir esa recurrente práctica del valimiento con una doble excusa: la de que él trabajaba –«No rehúso trabajo alguno... estoy continuamente sentado en esta silla con los papeles y la pluma en la mano»–, y además la de que Haro no era un Valido al uso, es decir que absorbiera absolutamente su confianza y voluntad, sino un muy querido colaborador, pero un colaborador más. Don Luis de Haro, con Lerma y Olivares, cierra la trilogía de los grandes validos del siglo xvii. Los tres disfrutaron de la confianza regia durante mucho tiempo, aproximadamente veinte años cada uno. La peculiaridad de Haro fue ser El Conde-Duque de Olivares, pág. 96, nota 19. Carlos Seco Serrano, Cartas de sor María de Jesús de Agreda y de Felipe IV. Edición y Estudio preliminar de--–, en Epistolario español, IV (BAC, CXXXII). 47  «Don Luis Méndez de Haro, el Valido encubierto», en Los Validos, 277-309; referencia en pág. 282. 45  46 

338

15.  El Rey y el gobierno central de la monarquía en el...

el único que murió –en 1661– sin perder el favor real. Además él aparece por vez primera en un documento oficial –el texto de la Paz de los Pirineos– como primero y principal ministro 48, lo que constituirá un anticipo del fenómeno antes mencionado de institucionalización del valimiento. Muerto Haro, Felipe IV consiguió resistir a la tentación de reemplazarle, y gobernó por sí mismo los cinco años que transcurrieron hasta su muerte. Ciertamente, nada más desaparecer don Luis, el rey había manifestado esos buenos propósitos: «Yo ya tengo edad para abrir los ojos, y cualquier cosa que necesitare de remedio en mis servicios, avísemenla y adviértanmela, que yo oiré con todo cuidado a quien me advirtiese lo que conviniere, y sabré remediar lo que necesitase de remedio, que no ha de ser como hasta aquí». Con estas palabras hacía referencia el rey a que habría de tener no uno sino varios consejeros. Se había recuperado así el principio del gobierno personal del monarca. 3.  Carlos II Cuando murió Felipe IV, el 17 de septiembre de 1665, su sucesor el príncipe Carlos tenía solo cuatro años. y bien fuera simplemente por esta circunstancia, o quizás por evitar que él o su madre doña Mariana de Austria cayeran bajo el dictado de un nuevo valido 49, el caso es que Felipe designó en su testamento a doña Mariana tutora, pero asistida por una Junta, de Estado o de Gobierno General, que habría de reunirse a diario en palacio y que iba a estar compuesta por una serie de notables del reino: el presidente del Consejo de Castilla, el vicecanciller de Aragón, el arzobispo de Toledo y el Inquisidor General, en razón de sus cargos, más un grande y un consejero de Estado. Aquella Junta constituía la segunda Junta de Estado o Junta de Gobierno General de los Austrias (tras la llamada Junta de noche, en el reinado de Felipe II), y estaba formada por personajes representativos de las principales funciones del gobierno. Se dieron así cita en ella un político –el Conde de Castrillo–; un diplomático –el Conde de Peñaranda–; un jurisconsulto –Crespí de Valldaura–; un militar –el Marqués de Aitona–, un alto eclesiástico –el cardenal Folch de Cardona y Aragón–, y un burócrata, el secretario Blasco de Loyola. La Junta daba cabida, de otro lado, a una representación de los diversos reinos de la monarquía: Castrillo era andaluz, Valldaura valenciano, Peñaranda salmantino, Aitona y Cardona catalanes, y Loyola vasco 50. La reina regente comenzó a gobernar con ayuda de la Junta, declarando ella misma que no quería «valido ni valida». Pero enseguida, ante los enfrentamienVer ese texto en Tomas y Valiente, Los Validos, apéndice IX, págs. 174-175. Tomás y Valiente cree –y la hipótesis es plausible– que Felipe IV estableció en su testamento una Junta de Gobierno precisamente para evitar la presencia de un nuevo Valido (Los Validos, pág. 18). 50  Escudero, «Rey, ministros y grupos políticos en la España de los Austrias», en Administración y Estado en la España moderna, 515-529. 48  49 

339

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

tos que tuvieron lugar en el supremo órgano asesor, buscó orientación y consejo en su confesor, el jesuita Juan Everardo Nithard, procedente de una modesta familia del Tirol, el cual pasó, como dice un papel de la época, «desde la celda y refectorio, al puesto de consejero de Estado, de Inquisidor General y de Primer Ministro» 51. Con su presencia se consumó además un fenómeno de sumo interés, cual es la influencia de los confesores de los reyes en las altas instancias del poder político. Salvados los inconvenientes de su origen extranjero, y naturalizado español, y salvado también, mediante bula papal, el obstáculo que suponía su condición de jesuita, Nithard fue nombrado Inquisidor General e integrado en la Junta de Gobierno. Pero entonces surgió un poderoso y decidido opositor, don Juan José de Austria, hijo bastardo de Felipe IV, que organizó contra Nithard una verdadera conjura, presentándose en el escenario político como líder del pueblo y candidato de la Cataluña descontenta 52. Desde Barcelona don Juan dirigió una curiosa marcha hacia Madrid, por lo que, ante la gravedad de los acontecimientos, el Consejo de Castilla y la Junta de Gobierno propusieron a la reina la salida de Nithard, lo que efectivamente tuvo lugar en febrero de 1669. La manifestación popular aparece así, en la España del xvii, como medio de presión política, siendo Nithard destituido, según confesó la propia reina, por la pura necesidad y la violencia, a fin de salvar la quietud pública. Nithard se convirtió en el primer Valido depuesto en contra de la voluntad regia, y don Juan triunfó en lo que ha sido calificado por algún autor de auténtico golpe de Estado 53. Don Juan sin embargo no se hizo entonces con el poder, que la reina entregó a un privado suyo, Fernando de Valenzuela, marido de una de sus camareras, que ya desde 1673 era tenido en la Corte como nuevo Valido. Hombre sinuoso e intrigante, Valenzuela se convierte en confidente y correveidile de la reina viuda, decidiendo al parecer los nombramientos en las propuestas enviadas por los Consejos, e informando a doña Mariana de cuanto sucedía y de los dichos y hechos cortesanos, por lo que habría de ser conocido como el Duende de Palacio. En 1675, el 6 de noviembre, Carlos II cumplió catorce años y alcanzó la mayoría de edad, lo que llevaba consigo un replanteamiento del régimen de gobierno. Desterrado momentáneamente Valenzuela, en abril de 1676 volvió a la Corte, conquistando también el favor de don Carlos. La Junta de Gobierno fue disuelta y Valenzuela, según asegura Maura, fue nombrado «Primer Ministro de Su Majestad Católica» 54, llegando a instalarse en palacio, en el cuarto del príncipe, Tomas y Valiente, Los Validos, pág. 19. Escudero, «Don Juan José de Austria frente al padre Nithard», en Administración y Estado en la España moderna, págs. 615-619. 53  José Antonio Maravall, Teoría española del Estado en el siglo xvii, Madrid, 1944, pág. 306. 54  Duque de Maura, Vida y reinado de Carlos II, 2 vols., 2.ª ed., Espasa-Calpe, Madrid, 1954; en I, pág. 240. 51  52 

340

15.  El Rey y el gobierno central de la monarquía en el...

cosa que no había hecho ninguno de los grandes Validos anteriores, y logrando en su favor una real cédula que ordenaba que los presidentes de los Consejos, excepto el de Castilla, despacharan con él. «Para saber lo que votaba cada cual –añade Maura– usurpó el flamante Primer Ministro otra prerrogativa regia, jamás hasta entonces compartida con nadie: la de asistir desde la “escucha” a las sesiones de los Consejos». Semejante ostentación de poder, junto a la enemiga de los nobles que veían a Valenzuela (hecho Marqués de Villasierra), como un advenedizo, hicieron crecer la reacción en su contra. Los nobles redactaron un manifiesto exigiendo que se separara del monarca a su madre la reina, y que Valenzuela fuera hecho prisionero. Finalmente don Juan José de Austria consumó el proceso con un nuevo levantamiento. Valenzuela, tras refugiarse en El Escorial, fue detenido, con lo que tuvo en su contra tanto la jurisdicción secular como la eclesiástica del nuncio, quien dictó un mandamiento desterrándole por diez años a Filipinas 55. Se consumó así un fenómeno insólito e inédito: el destierro de un Primer Ministro a ultramar, y el destierro a instancias de la jurisdicción eclesiástica. Valenzuela llegó a Filipinas el 29 de noviembre de 1679, y allí permaneció hasta que se le permitió volver, no a España, sino a México, donde un accidente casual –la coz de un caballo– le ocasionó la muerte el 7 de enero de 1692. Don Juan José de Austria gobernó desde que entró en Madrid, el 23 de enero de 1677, hasta su muerte el 17 de septiembre de 1679, no pudiendo en rigor ser considerado como valido pues él logró el poder por la fuerza y no por la amistad y favor del monarca, con lo que prefigura más bien la figura de un moderno dictador 56. Valenzuela aparece así como el último de los validos del xvii, ya que en los últimos veinte años de la centuria, si bien tampoco el rey habrá de gobernar por sí mismo, los dos personajes que sucesivamente mandan lo hacen en virtud de intrigas y presiones cortesanas. El sucesor de don Juan fue el Duque de Medinaceli, octavo de este nombre, quien el 21 de febrero de 1680 recibió el siguiente título de Primer Ministro: «Habiendo pedido a Dios me alumbre los medios de que debo valerme, para cumplir con mi obligación en el expediente de tanto como está a mi No conocemos el título de Primer Ministro de Valenzuela, pero así aparece en muchos de los documentos de la época. En el proceso que originó su caída se le acusa de que «llegó a hacer en su casa audiencia pública como Primer Ministro, recibiendo memoriales en todo género de pretensiones», lo que no sabemos si quiere decir que se hizo pasar por Primer Ministro sin serlo, o bien –lo que parece más probable– que trasladó a su domicilio la gestión pública beneficiándose de los pretendientes. Sobre ello, M.ª del Camino Fernández Giménez, «Valenzuela: Valido o Primer Ministro», en Los Validos, págs. 353-405; ref. en pág. 387. 55  Sobre ello, Escudero, «El destierro de un Primer Ministro: notas sobre la expulsión de Valenzuela a Filipinas», en Administración y Estado en la España moderna, págs. 621-635. 56  Maravall, Teoría española del Estado en el siglo xvii, págs. 305-306. M.ª Teresa Manescau Martín, «Don Juan José de Austria, ¿Valido o Dictador?», en Los Validos, 447-545. 341

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

cargo, he reconocido que la formalidad del Gobierno de mi Monarquía y las ocurrencias de ahora necesitan de Primer Ministro; y habiéndole de tener, no he dudado en encargarte me ayudes en esta forma, así por tus grandes obligaciones, como por lo que en ti he experimentado; por lo cual he mandado a mi confesor, te exprese mi ánimo: y espero de tu buena ley, te sacrificarás a obedecerme, seguro de que conozco cuanto harás en esto por mi servicio. 21 de febrero de 1680. Yo el Rey» 57.

Medinaceli gobernó un lustro, pero a las dificultades de la política interior y exterior se sumó la animadversión tanto de la reina madre doña Mariana, quien no olvidaba que Medinaceli había propiciado su destierro en Toledo, como de la reina María Luisa de Orleans, enemiga de Medinaceli por varias razones y entre otras porque el Duque había destituido a su caballerizo mayor. Tan desfavorable situación le llevó sentirse incómodo y querer dimitir. En junio de 1684 había sido nombrado presidente del Consejo de Castilla don Manuel Joaquín Alvarez de Toledo y Portugal, Conde de Oropesa, quien era también consejero de Estado. «Posee (Oropesa) –según un papel de la época– un ventajoso talento, un bien templado juicio, una noticia universal de cosas prácticas adquiridas en los libros; aplicación a los negocios, facilidad en comprenderlos, claridad en explicarse, suavidad en su trato y moderación en sus costumbres. Si esto basta para ser buen Ministro, para ser buen Valido y buen Primer Ministro no basta» 58. Según puede verse, los contemporáneos equiparaban el ser Valido y Primer Ministro, lo que confirma nuestra tesis de que el cargo de Primer Ministro significaba en realidad la institucionalización del valimiento. El 18 de abril de 1685, Medinaceli presentó formalmente su dimisión al monarca mediante el siguiente billete: «Señor: el viernes de la semana pasada, puesto a los Reales pies de Vuestra Majestad, representé a Vuestra Majestad, con gran dolor mío, lo postrado que me tenían mis achaques y otras causas, que no sólo me impedían el continuar la fatiga del empleo de la mayor confianza, con que Vuestra Majestad se dignó honrarme, sino que hacían preciso, en mi conciencia y obligación, solicitar se me exonerase de esta carga, creyendo firmemente que en el estado presente convenía así al servicio y aciertos de Vuestra Majestad en su gobierno, y que mi retiro del manejo de los negocios facilitaría que la suma comprensión y santa intención de Vuestra Majestad, ayudada de los buenos consejos de tan grandes Tribunales y Ministros como Vuestra Majestad tiene, tomase Vuestra Majestad las acertadas resoluciones que hemos menester a que se juzga puedo yo embarazar» 59. 57  El título fue publicado por el Duque de Maura (Vida y reinado de Carlos II, I, pág. 352) y, con referencias archivísticas, por M.ª Dolores Álamo Martell, «El VIII Duque de Medinaceli: Primer Ministro de Carlos II», en Los Validos, págs. 547-571; véase pág. 567. 58  Duque de Maura, Vida y reinado de Carlos II, I, 419. 59  Duque de Maura, Ibidem, pág. 421. Los subrayados son suyos.

342

15.  El Rey y el gobierno central de la monarquía en el...

Carlos II aceptó la renuncia de Medinaceli, y por billete secreto de 9 de junio del mismo año, dirigido a él («conociendo muchos inconvenientes en tu asistencia en la Corte que nunca se ha podido compadecer con quien ha sido Primer Ministro» 60), le ordenó se retirara de Madrid, lo que hizo trasladándose a Cogolludo, aunque logró retornar años después a la capital para morir. Con la salida de Medinaceli se hizo cargo de los negocios de Estado don Manuel Garci-Alvarez de Toledo y Portugal, Conde de Oropesa, perteneciente a una rama segunda de la casa de Braganza, en cuya gestión hay que anotar el saneamiento de las finanzas (con la reforma monetaria de 1686 y la presupuestaria de 1688) y el intentar reducir la burocracia en 1691 61. Sus manejos burocráticos, en cambio, dejaron mucho que desear, pues al parecer se llevaba los papeles a casa donde permanecían, según comentó alguien, «días, meses y años». No conocemos bien cuál fue exactamente el status institucional de este personaje, y ni siquiera si habiendo actuado como un nuevo Primer Ministro, llegó a ser nombrado como tal. La respuesta a esta cuestión, según creemos, debe ser negativa, pues no nos consta esa titulación y nada dice de ella el rebuscado y barroco mensaje que le envió el rey el 24 de junio de 1691 apartándole del gobierno: «Oropesa: bien saves que me has dicho muchas veces cómo para ti no eran menester cumplimientos; y así, viendo de la manera que está esto, ques como tú sabes, y que si por juicios justos de Dios y por nuestros pecados quiere castigarnos con su pérdida, que no espero de su infinita misericordia, por lo que te estimo y estimaré mientras viviere, no quiero sea en tus manos; y assí tú verás de la manera que ha de ser, pues nadie como tú, por tu juicio y amor a mi servicio lo savrá mejor; y puedes creer que siempre te tendré en mi memoria para todo lo que fuere mayor satisfacción tuya y de tu familia, y así verás si aora te se ofrece algo, para que lo experimentes de mi venignidad y afecto a tu persona» 62.

Oropesa, en suma, no debió ser formalmente Primer Ministro aunque muchos autores le califiquen como tal. Lúcidamente advirtió Cánovas que «para distinguirse algo de su antecesor, no quiso tomar el nombre de primer ministro, guardando el de presidente de Castilla, ni gobernar solo, por lo cual compartió el 60  El billete en Alamo Martell: «El VIII Duque de Medinaceli: Primer Ministro de Carlos II», pág. 567. 61  Henry Kamen, La España de Carlos II, ed. Crítica, 1981. 62  En Tomas y Valiente, Los Validos, Apéndice XV, pág. 179. Tampoco en su respuesta del día siguiente (pág. 180) hace referencia Oropesa a haber sido Primer Ministro: «Haviéndose dignado V. Magd. de desatar a mi obligación los lazos de sus reales preceptos que sujetaron mi obediencia a los ministerios en que me ha empleado V. Mgd. concediéndome su Real benignidad por la misma el desembarazo de mi retiro, juzgo en él la ociosa propiedad de la Presidencia de Italia que me mandó V. Magd. sirviese, y assí con la veneración que devo a la honrra con que V. Magd. me favoreció con ella, la pongo a los Reales pies de V. Magd. para que la confiera V. Magd. en quien pueda servirla, no deviendo yo defraudar al deseo que tengo de contribuyr al Real servicio con lo mismo que subministra mi retiro».

343

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

poder con D. Manuel de Lira» 63. La salida del Conde de Oropesa constituyó un triunfo personal de la reina, quien habría de rodearse de la gente más pintoresca, y entre ellos de algunos alemanes como la baronesa de Berlips, apodada la Perdiz, o un tal Enrique Wiser, conocido como el Cojo. En el despacho, a Oropesa no le siguió otra persona que, con título o sin él, monopolizara el favor de Carlos II, aunque algo parecido vino a representar en los primeros momentos la figura del Duque de Montalto, quien, también según Cánovas, «sin nombre de primer ministro ni valido, llegó a serlo del todo». No obstante, por consejo de Montalto, Carlos II expidió un decreto con nombramientos importantes para varias personas. «Así –comentó también Cánovas– se pensaba tenerlos a todos contentos; y no parecía mal imaginado, ya que estaba convertida la monarquía en botín» 64. Las postrimerías del reinado del último Austria aparecen marcadas por la reaparición efímera de Oropesa y la presencia del arzobispo de Toledo, don Luis Manuel Portocarrero. En el verano de 1700, tras una excursión a El Escorial, el monarca cayó postrado en el lecho del que no habría de levantarse. Fue entonces cuando llamó a Portocarrero, quien se instaló en los aposentos regios convirtiéndose en el primer consejero del moribundo rey. El 29 de octubre Carlos II expidió un real decreto entregándole el gobierno de la monarquía: «Habiendo sido Nuestro Señor servido de poner mi vida en el estrecho término de perderla, y estando por esta causa imposibilitado de atender (como siempre lo he deseado) al Gobierno y Providencias de que necesitan mis Reynos...y hallándome con tanta satisfacción y experiencias del celo con que Vos, el Cardenal Portocarrero, Arzobispo de Toledo, de mi Consejo de Estado, me habeis servido y ayudado en todo lo que he fiado a vuestro grande amor en las mayores importancias; quiero y mando, que en el ínterin que Nuestro Señor dispone de mí... Goberneis en mi nombre y por mí todos mis Reinos, así en lo político como en lo militar y económico, en la misma forma que yo he hecho hasta aquí y puedo hacerlo en adelante, sin excepción ni reserva de cosa alguna» 65.

Como vemos, Carlos II entregó todo el poder a Portocarrero en el ínterin que Nuestro Señor dispone de mí. Ahora bien, Nuestro Señor dispuso de él a los tres días, pues en la mañana del 1 de noviembre, tras un ataque de epilepsia, el rey falleció. Portocarrero fue así la segunda persona de la monarquía durante esos breves tres días. 63  Antonio Cánovas del Castillo, Bosquejo histórico de la Casa de Austria en España, en las Obras Completas publicadas por la Fundación Cánovas del Castillo, Madrid 1997, VII tomos y 13 volúmenes; vol. 2, págs. 5-203, ref. en pág. 177. 64  Bosquejo histórico, pág. 183. 65  Este decreto lo publica Tomas y Valiente, Los Validos, Apéndice xvi, págs. 180-181.

344

15.  El Rey y el gobierno central de la monarquía en el...

B)  Las Juntas especiales A lo largo del siglo xvii los Consejos siguen siendo piezas básicas del gobierno polisinodial, pero junto a ellos aparece un gran número de organismos colegiados menores, de composición más reducida, las Juntas, que se aplican al estudio de problemas específicos o temas concretos. Estas Juntas suelen ser promovidas por los Validos, y de ordinario una vez cumplido su cometido desaparecen. No obstante, existen también algunas Juntas con vocación de permanencia, que se mantienen como organismos estables de la maquinaria polisinodial al lado de los Consejos 66. Entre las Juntas, forzoso es diferenciar desde el principio las que podemos llamar Juntas de Estado o Juntas de Gobierno, es decir, Juntas de Gobierno General, a las que ya nos hemos referido, y todas las demás, es decir, las que aquí llamamos Juntas especiales. Aquéllas rigen la política y administración de la totalidad de la monarquía por un período más o menos largo, y en el Antiguo Régimen fueron tres 67: la Junta instituida por Felipe II a raíz de las Cortes de Monzón de 1585, es decir, la que viene siendo conocida –no con todo rigor, según vimos– como Junta de noche; la Junta de Gobierno que funcionó durante la minoridad de Carlos II, y la Junta Suprema de Estado que se constituirá en el reinado de Carlos III y de la que trataremos luego 68. Ahora, pues, no nos referimos a aquellas Juntas de Estado o de Gobierno General, sino a las otras, a las instituidas para tratar problemas particulares y concretos. De entrada procede advertir que ya durante el siglo xvi habían sido creadas algunas Juntas para ocuparse de problemas específicos. En la primera mitad de la centuria nos encontramos así con la Junta de Burgos de 1512 o con la de Valladolid de 1513, encargadas de estudiar los problemas de América; con la Junta Magna, formada en 1545 con miembros de los Consejos de Castilla, Hacienda e Indias, para el cobro del almojarifazgo; o con la Junta de Modificación de las Costumbres, creada por Carlos V en 1548 para estudiar el problema morisco. En el reinado de Felipe II también aparecen ocasionalmente algunas, como la Junta de Prelados y la Junta de reformación, que en el trienio 1564-1566 vuelven sobre el tema morisco, o la Junta que trató los asuntos relativos a la herencia de Portugal. Es sin embargo bajo los Austrias del xvii cuando las Juntas proliferan, y aparecen como una tupida red paralela a la más simple de los Consejos. 66  Este fue el caso de la Junta de Obras y Bosques, a la que nos referimos en el reinado de Felipe II, y que durará varios siglos. 67  De ellas, nos hemos referido ya a las dos primeras. De la tercera nos ocuparemos después. 68  Sobre las Juntas particulares contamos con los libros de Juan Francisco Baltar Rodríguez, Las Juntas de Gobierno en la Monarquía Hispánica, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, y de Dolores M. Sánchez González, El deber de consejo en el Estado moderno. Las Juntas «ad hoc» en España (1471-1665), Madrid, 1993, y Las Juntas Ordinarias, tribunales permanentes en la corte de los Austrias, Uned, Madrid, 1995.

345

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

Ahora bien, ¿por qué se constituyen estas Juntas especiales?. Algunas primeras surgen, como las citadas de Indias, cuando el Consejo respectivo todavía no existe. Pero en general, consolidada la trama de los Consejos, las Juntas aparecen como un procedimiento más ligero y expeditivo, y con Felipe II, obsesionado por la discreción y el sigilo, como unos organismos que, por el reducido número de sus componentes, garantizaban mejor el secreto. En todo caso parece claro que esas Juntas hurtaron competencias a los Consejos, y es más que probable que, habiendo hecho acto de presencia los Validos como rectores de la política del Estado, ellos promovieran juntas de uno u otro signo a fin de marginar a los tradicionales Consejos, cuyo control siempre resultaba más difícil, estableciendo así órganos dúctiles y dóciles, con gente nombrada ad hoc para los asuntos que en cada momento interesaran. De otra parte, esas Juntas, compuestas a menudo por individuos de varios Consejos, actuaron a modo de agentes disolventes de la especificidad y autonomía de cada uno de ellos, favoreciendo el control del Valido sobre el conjunto del aparato polisinodial. Los reyes presidieron desde luego las dos Juntas de Estado o de Gobierno General que hubo con los Austrias (en un caso Felipe II; en el otro la reina regente Mariana de Austria), pero no las Juntas especiales, por lo que éstas se muestran más directamente ligadas a los Validos, aunque en buena lógica el monarca hubiera de ser informado –por el Valido, principalmente– de sus propuestas. Su número fue muy elevado, y sin ánimo de ofrecer un listado exhaustivo, podemos presentar, siguiendo a Baltar 69, el siguiente muestrario de Juntas en el siglo xvii en razón de las diversas materias. 1.  Juntas de gobierno de la Corona de Castilla Entre ellas nos encontramos con las que pretenden mejorar la moral pública, desterrando vicios y abusos. Este es el caso de la Junta de Reformación de 1621, o de la Junta Grande de Reformación del año siguiente, de la cual fue artífice Olivares. Para los problemas más específicos de controlar las propiedades y bienes, evitando el enriquecimiento injusto de los ministros, se constituyó en enero de 1622, a instancias de don Baltasar de Zúñiga, la Junta de Inventarios. A su vez, los problemas demográficos corrieron a cargo de las Juntas de Población, en Madrid y Granada, mientras de las explotaciones del subsuelo se ocupó en 1624 la Junta de Minas. 2.  Juntas de asuntos económicos y financieros Entre ellas hay que mencionar las Juntas de Comercio, erigidas en los reinados de Felipe IV y Carlos II, o la Junta del Almirantazgo, creada en 1624 y com69 

autor. 346

Resumo la segunda parte, «Una clasificación y estudio de las Juntas», de la obra de este

15.  El Rey y el gobierno central de la monarquía en el...

puesta de siete personas expertas en el comercio europeo, que se reunió en la lonja de Sevilla 70. Muy numerosas e importantes, dada la crisis económica de la monarquía, fueron las Juntas de Hacienda, presentes ya en el reinado de Felipe II con la llamada Junta de Presidentes, formada en 1573 por los presidentes de varios Consejos; con la Junta para las Finanzas de Italia, de 1576, o con la Junta de Arbitrios u otras que funcionan al término de ese reinado. Con Felipe III se constituye en 1602 la Junta del Desempeño, dirigida por hombres de confianza de Lerma, que detrajo numerosas competencias del Consejo de Hacienda, erigiéndose en una especie de organismo rival y paralelo. y ya con Felipe IV la Junta de Millones, encargada de administrar y distribuir el servicio del mismo nombre, que llegó a disfrutar de jurisdicción civil y criminal en las materias de su competencia, o también las varias Juntas del Donativo, para atender la administración de las ayudas y donativos pedidos por el monarca, o las también diversas Juntas de Moneda, directamente implicadas en los problemas de la acuñación de moneda de vellón y en las necesidades financieras de España. Otro conjunto heterogéneo de Juntas en esa época se agrupa bajo el título de Juntas de Medios o Juntas de Arbitrios, encargadas de mejorar el régimen impositivo, allegar recursos o hacer frente a las suspensiones de pagos y crisis del Estado. Directamente relacionada con la política financiera del Conde-Duque, y con los agobios al uso, fue la Junta Grande de 1629, compuesta por un número extraordinario de miembros, una veintena de diversa procedencia, y que curiosamente conectaba con otra Junta de once teólogos que seleccionó sus propuestas encaminándolas al rey. La Junta de la Media Anata, por su parte, formada en 1631 para la administración y recaudación del tributo del mismo nombre, fue también presidida –sorprendentemente dada su naturaleza– por el Inquisidor General, en cuya posada se celebraban las reuniones, prolongando su gestión con algunos altibajos hasta la entrada de los Borbones. Juntas financieras fueron, en fin, la Junta de la Sal, creada en 1631 para administrar el tributo de la sal, y la Junta del Papel Sellado, existente desde que se hizo obligatorio el uso de este papel en 1637 para validar oficialmente los documentos. En el reinado de Carlos II, un organismo llamado Junta de Fraudes se ocupó de la investigación de irregularidades y malversaciones, mientras otro, la Junta de Aranceles, disponía la ejecución de la política proteccionista de entonces. Nos encontramos también con la Junta de Dependencia de Millones, ocupada de este servicio, y con la Junta de Reformaciones, relacionada con las rentas destinadas a la Emperatriz, mientras en Aragón funcionaba una Junta Patrimonial, con el virrey y otros altos consejeros, para administrar los ingresos reales. Otras juntas 70  Sobre esta junta, Francisco Javier Díaz González, «La creación de la Real Junta del Almirantazgo (1624-1628)», en Espacio, tiempo y forma. Revista de la Facultad de Geografía e Historia, serie IV, 12 (1999), págs. 91-128. y del mismo autor, «Los miembros de la Real Junta del Almirantazgo (1625-1643)», en Historia, Instituciones, Documentos 26 (1999), págs. 193-209.

347

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

significativas en aquella España del último de los Austrias fueron las llamadas Juntas de Visita, aplicadas a inspeccionar los organismos y rentas de la monarquía, y entre ellas la Junta de Visita del Pardo o la Junta de la nueva reedificación de la Iglesia, Palacio, Convento, Colegio y Seminario de San Lorenzo el Real, competente en la restauración de los daños del real sitio, que actuó a partir de 1671 bajo la presidencia del omnipresente Inquisidor General. Entre esas juntas de visita, tuvo especial importancia la denominada Junta de Visita del Consejo de Hacienda y de sus Tribunales, promovida por el Duque de Medinaceli y que actuó entre 1681 y 1685. 3.  Juntas militares La política belicista de la monarquía española (o de los países europeos en general), que le hizo sostener múltiples confrontaciones militares, se tradujo en la creación de muchas juntas que operaron al margen o en conexión con el Consejo de Guerra. La Junta de Armadas tuvo sus antecedentes a fines del siglo xvi, y fue restablecida y potenciada por Olivares en 1622, ocupándose, bajo la presidencia del propio Valido, de todo lo relacionado con los navíos de guerra que surcaban el Atlántico. De forma paralela, de la navegación en el Mediterráneo se ocupaba la Junta de Galeras, compuesta por consejeros de Guerra y de otros Consejos, que se reunía en la posada del Comisario General de Cruzada. En contacto con estas dos juntas, vemos una tercera, la Junta de Fábricas de Navíos, creada en 1604 y que controló las operaciones de la necesaria construcción naval. En relación con las medidas a adoptar para precaverse de la guerra, aparece la llamada Junta de Ejecución de las Prevenciones de la Defensa de los Reinos 71, o, más brevemente, Junta de Defensa, puesta en marcha en 1634 y de la que formaban parte veintiún miembros, entre ellos el presidente del Consejo de Castilla. Una de sus comisiones se constituyó en entidad independiente con el nombre de Junta de Presidios, y otra dio lugar a las Juntas de Caballería, y más en concreto a la Junta de Caballería de las Ordenes, mientras la preocupación por integrar a la nobleza castellana en cuerpos armados se tradujo en otro pequeño sínodo, la Junta de la Nobleza. A propuesta de aquella Junta de Defensa surge también la Junta de las Coronelías. Hacia 1637 la Junta de Defensa es reemplazada por la Junta de Ejecución, donde figuraba el propio Olivares y otros ministros de varios Consejos. Esta junta fue creada para remediar los peligros de la inobservancia o dilación de las órdenes, lo que era tenido entonces como uno de los graves males que aquejaban al gobierno. Con propósitos más claramente bélicos, en fin, fue 71  Dolores M. Sánchez González, «La Junta de Ejecución: el órgano rector de los destinos de la Monarquía», en Javier Alvarado Planas y Regina M.ª Pérez Marcos, Estudios sobre Ejército, Política y Derecho en España (siglos xii-xx), Madrid, 1996, págs. 129-149.

348

15.  El Rey y el gobierno central de la monarquía en el...

creada la Junta de Guerra de España, con sala propia en palacio, ocupada del nombramiento de los mandos militares y de la organización del ejército. 4.  Juntas de Indias Además de las primeras juntas que se ocuparon de la legitimidad de la presencia española en América, el mundo indiano dio lugar a tres juntas de singular importancia. La primera fue la llamada Junta Magna, creada en 1568 y cuyo presidente fue el influyente Diego de Espinosa, presidente de Castilla e Inquisidor General, compuesta de otros presidentes de Consejos (los de Indias y Ordenes) y un selecto número de consejeros de los Consejos de Estado (entre ellos, nada menos que el príncipe de Éboli), Castilla, Hacienda e Indias. De competencias muy variadas e importantes, en torno a los grandes problemas hacendísticos y eclesiásticos del Estado, y a tenor del número y calidad de sus componentes, este organismo se nos muestra como uno de los más significados en la historia de las juntas. Con la llegada al trono de Felipe III, y las reformas del gobierno de las Indias conducentes a la creación de su propio Consejo de Cámara, aparecen dos juntas importantes y paralelas: la Junta de Guerra de Indias y la Junta de Hacienda de Indias, que en realidad responden a un único problema: ¿qué hay que hacer para defender las Indias y proteger a las flotas que van y vienen?. Eso, lógicamente, tenía una vertiente bélica, pero otra, de no menor calado, financiera. La Junta de Guerra de Indias 72 fue establecida por real cédula de 25 de agosto de 1600, que institucionalizó ciertas reuniones de consejeros de Indias y Guerra habidas en los últimos años del reinado de Felipe II, y estuvo presidida por el presidente del Consejo de Indias, formando parte de ella dos miembros del Consejo de Guerra y otros dos del de Indias, al que también pertenecían el secretario, fiscal y oficiales de la Junta. Competente en la organización de ejércitos navales y flotas, así como en las fortificaciones y provisión de oficios militares, la característica más singular de esta junta fue su extraordinaria persistencia y duración. Así, mientras el Consejo de Cámara de Indias, a cuya sombra fue erigida, vivió una historia accidentada y fue suprimido y restablecido varias veces, la Junta permaneció impertérrita a lo largo de todo el siglo xvii, adentrándose incluso en el xviii. De esta suerte, la Junta de Guerra de Indias aparece no como un sínodo esporádico y coyuntural sino como un órgano fijo de la administración central del Estado. Complementaria en cierto modo de ella fue la Junta de Hacienda de Indias, compuesta por miembros de los Consejos de Indias y de Hacienda, y coincidente en su historia inicial con la anterior (arranque en los años finales del xvi y 72  Juan Carlos Domínguez Nafria, «La Junta de Guerra de Indias», en Temas de Historia Militar, Congreso de Historia Militar, Zaragoza, 1988, I, págs. 81-115.

349

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

reorganización en 1600), pero distinta en su duración que sólo alcanzó a 1606, año en el que fue suprimida tras haber sufrido la implacable oposición del Consejo de Indias. 5.  Juntas relativas a la Casa Real El buen orden y la actividad de palacio, la administración interna de la Corte, y la salud y descanso del monarca, dieron lugar a diversas juntas que se ocuparon de estas cuestiones. Entre ellas cabe citar a una de notable importancia, la mencionada antes de Obras y Bosques; a otras dos muy destacadas en la vida palaciega (del Bureo y del Aposento), y a otras varias de heterogénea naturaleza. La Junta de Obras y Bosques, encargada de los jardines, bosques, residencias, alcázares y propiedades del monarca, es otra de las Juntas especiales que logró consolidarse y convertirse en órgano estable de la Administración 73. Su origen es muy confuso, no pareciendo fiable la fecha de nacimiento de 1545 que dan la mayoría de los autores. Probablemente existió al principio un secretario de Obras y Bosques, que en el reinado de Felipe II adquirió excepcional importancia por convertirse en interlocutor del rey, para institucionalizarse la Junta como tal en los años setenta del siglo xvi. Compuesta por gentes relevantes de los Consejos y de palacio (el caballerizo mayor, el mayordomo, etc.), la Junta tuvo competencias gubernativas, judiciales (para los delitos cometidos en los Reales Sitios), y normativas, despachándose a través de ella pragmáticas, provisiones y cédulas. Para la organización de la Casa Real y la administración de justicia en ella, fue creada con Carlos V la Junta del Bureo 74, en conformidad con los usos y costumbres de la Casa de Borgoña. Compuesta por personal palatino (el mayordomo mayor y otros) y un consejero de Castilla como asesor, se reunía dos veces por semana en el cuarto del mayordomo mayor, actuando como tribunal para los pleitos habidos entre criados del rey, soldados de las guardias o proveedores de la Casa Real, e incluso para los delitos cometidos en palacio por otras personas. A su vez, la Junta del Aposento se encargaba del alojamiento e instalación de los componentes de la Casa Real y de los miembros de Consejos y Juntas. Presidida por el Aposentador Mayor, formaban parte de ella otros cinco aposentadores, rigiéndose en su organización por unas ordenanzas de 1621. Además de esas juntas principales, otras palaciegas fueron la Junta de Gobierno de la Casa de Castilla, que cuidó hasta 1749 de la observancia –a diferencia del borgoñón– del estilo cortesano tradicional de Castilla; la Junta de vestir la Casa Real, compuesta por miembros de los Consejos y que entre 1540 73  Sobre ella, Francisco Javier Díaz González, La Real Junta de Obras y Bosques en la época de los Austrias, Dykinson, 2002. 74  Emilio de Benito Fraile, «Notas para el estudio de la Real Junta del Bureo», en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 79, págs. 475-486.

350

15.  El Rey y el gobierno central de la monarquía en el...

y 1668 se ocupó de la indumentaria palatina, o las diversas Juntas de Médicos, constituidas con ocasión de enfermedades de los miembros de la familia real. 6.  Otras Juntas Con independencia de estas juntas, existieron otras proyectadas a problemas y cuestiones de determinados territorios. Respecto a la Corona de Aragón funcionó a fines del xvi una para estudiar la incorporación del condado de Ribagorza, y otra por entonces en Madrid, principalmente con gentes del Consejo de Aragón, para determinar qué se hacía en el caso de Antonio Pérez que había huido a Zaragoza. También para el gobierno de Italia se constituyeron ocasionalmente pequeños sínodos al margen del Consejo, como la Junta de la Visita del Reino de Sicilia o la Junta de la Contribución de los Eclesiásticos. En el gobierno de Flandes hay que anotar la Junta sobre Flandes o Junta de la Materia Reservada, formada en la Corte al iniciarse el reinado de Felipe IV. También con el Conde-Duque, y con ocasión de la marcha de la guerra y los conflictos en el norte de Europa, se creó la Junta de Reformación de las Cosas de Flandes, apareciendo a mediados del xvii otra Junta de Materias de Flandes. Portugal no fue menos, mereciendo juntas tanto para estudiar el problema de su incorporación con Felipe II (como la que actuó a partir de 1579, compuesta por relevantes personajes), como las que ya se aplicaron a su gobierno. De este tipo es la Junta de Hacienda de Portugal, promovida por el Duque de Lerma, o las Juntas del confesor Sotomayor, que en buena medida suplantaron al Consejo. Olivares a su vez intentó poner en marcha una Junta de Estado y Guerra, y creó luego, con ocasión de ciertos disturbios habidos en Évora, otra que los estudiara y propusiera medidas a adoptar. Desde 1629 funcionó la Junta Grande de Portugal, a modo de órgano superior de gobierno, y más tarde otras varias con diversos objetivos, según fue el caso de la llamada Junta de Pernambuco, formada a raíz de la pérdida del territorio brasileño y que se reunía en el aposento de Olivares. Las preocupaciones religiosas, en fin, en un mundo que no diferenciaba demasiado las esferas espiritual y temporal, dieron lugar a Juntas de naturaleza estrictamente religiosa, compuestas de ordinario por teólogos. Este fue el caso de las constituidas para informar sobre diferencias surgidas con los papas, para las relaciones Iglesia-Estado, para otros problemas coyunturales (situación y provisión de obispados, órdenes religiosas, etc.), o para alguna devoción considerada nacional, según fue el caso de la Junta de la Inmaculada Concepción. C)  La unificación del despacho: el Secretario del Despacho Universal Del panorama de Consejos expuesto antes, y del de Juntas especiales que acabamos de ver, cabe deducir algunas conclusiones principales. En primer lugar, la 351

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

extremada complejidad de la maquinaria polisinodial, y la también extremada dificultad de precisar las competencias de unos y otros en un mundo tupido de organismos concurrentes, lo que dio lugar a numerosos conflictos de competencias. En segundo lugar el hecho de que la razonable presencia de algunas Juntas en el siglo xvi, dio paso en el xvii a una espesa red que parece llegar a su mayor sofisticación bajo el gobierno del Conde-Duque de Olivares, verdadero adicto a la tarea de crear juntas y más juntas. En tercer lugar advertir que un discreto número de personas figuraba al tiempo en muy diversos Consejos y Juntas, con lo que es de suponer una vertiginosa actividad de presidentes, consejeros y junteros a la hora de acudir a la infinidad de reuniones de tan diversos organismos. y finalmente el hecho de que si en estas juntas observamos ciertamente la presencia de expertos o presuntos expertos en la materia de que se trate, también circulan por ellas gentes sin conocimientos específicos acreditados, elegidos simplemente por el hecho de pertenecer a tal o cual Consejo. Amén de que, por la dimensión trascendente y religiosa del universo social, de la vida política y de la administración pública, confesores, obispos o clérigos cualificados son llamados continuamente a pronunciarse y pontificar sobre todo lo divino y lo humano. y no digamos nada del polivalente Inquisidor General, miembro del Consejo de Estado donde ha de pronunciarse sobre la política internacional y los más graves problemas de política interna, o presidente de juntas muy técnicas y aparentemente alejadas de su formación y quehacer espiritual. En cuanto a la complejidad de la maquinaria, y todavía en la época de Felipe II en la cual no se había multiplicado la red de juntas, el ir y venir de los papeles aparece reflejado y ridiculizado en este comentario de alguien que contempló el profuso tinglado burocrático: «La tercera consideración es ¿en que razón cabía el laberinto de Creta que había?: que el negociante daba su memorial a Juan Ruiz; Juan Ruiz a Su Majestad o hacía relación el Rey a Juan Ruiz; Juan Ruiz a Gasol; Gasol a Villela; Villela para sacar la relación; Villela a Gasol; Gasol a la Junta; la Junta a Gasol; Gasol a Juan Ruiz; Juan Ruiz a Su Majestad; Su Majestad a don Cristobal de Mora; don Cristobal a Juan Ruiz; Juan Ruiz a Gasol; Gasol a la parte. ¡Que aun para referirlo es largo, cuanto más para pasar por ello!» 75.

Así las cosas, podemos preguntarnos ahora por la mudanza del estilo de gobierno del siglo xvi al xvii. Ya advertimos antes que en aquella centuria, y especialmente en su segunda mitad, los Secretarios de Estado y los Secretarios privados habían disfrutado del despacho a boca y por escrito con el rey, lo que les convirtió en personajes muy poderosos. Ahora bien, en el xvii los Validos desplazan a los Secretarios de Estado, que quedan anclados en su Consejo, sustituyéndoles en el despacho a boca con el monarca. y también en ese mismo despacho 75  Procedente de un manuscrito de la British Library, publiqué este texto en Los Secretarios de Estado y del Despacho, I, pág. 212.

352

15.  El Rey y el gobierno central de la monarquía en el...

a los secretarios privados, que simplemente desaparecen. La tradición de los Eraso, Mateo Vázquez, Gasol, etc. se ha interrumpido. De otra parte, el Valido, por mucho que trabaje, no parece dispuesto a asumir el agobiante quehacer burocrático de los secretarios, ni descender a las minucias de hacer resúmenes de asuntos y anotar tantas consultas y papeles. Se produce así un vacío en las primeras dos décadas de la centuria, dado que alguien había de impulsar los billetes, cartas y documentos desde la maquinaria de Consejos y Juntas al nucleo decisorio Rey-Valido, y devolver luego las respuestas. Para hacer frente a esa necesidad, al acceder al trono crea Felipe IV una nueva figura, el Secretario del Despacho, que como se ocupa de todo género de papeles aparece como Secretario del Despacho Universal. Este individuo, que es un experto burócrata, se instala en la covachuela de palacio, y desde allí, bajo la dependencia del Valido, hace frente en solitario al alud de papeles de la monarquía universal. El Secretario del Despacho Universal es una sola persona que cuando muere es sustituido por otra, y luego ésta por otra y así sucesivamente. Desde el primero que fue nombrado en 1621 (Antonio de Aróztegui), hasta el último al finalizar el siglo (Antonio de Ubilla), se extiende una línea de personas oscuras pero eficaces, gracias a las cuales la de por sí lenta maquinaria de Consejos y Juntas no llegó a colapsarse del todo. El Secretario del Despacho Universal, recluido en la covachuela de palacio, alcanza un rango superior, a modo de secretario privado del rey, en el reinado de Carlos II, y muy en especial con la Junta de Gobierno que actuó en su minoridad, habida cuenta de que ese Secretario del Despacho es titular también entonces de la secretaría de la Junta. Recordemos, en fin, que los Consejos y Juntas de aquella maraña burocrática del xvii tenían sus secretarios, y que si esos secretarios habían sido preferentemente aragoneses con el Rey Católico, también entonces hacen acto de presencia los secretarios vascos (Lazarraga, secretario de Isabel; Baracaldo, secretario de Cisneros, etc.) que pronto llegarán a crecer y multiplicarse, controlando buena parte de las importantes piezas de la Administración. La familia de los Idiáquez (Alonso con Carlos V; don Juan, Martín y Francisco con Felipe II) fue quizás la principal estirpe en el xvi, pero muchos otros vascos, o vizcaínos como se les llamaba entonces, ocupan otras secretarías en ese siglo y en el siguiente. El fenómeno, en fin, fue tan notorio que Pulgar, en una de sus cartas (publicada en el tomo I del Epistolario español), dice irónicamente de los de aquellas provincias que se les veía más en los empleos burocráticos que en las batallas, y basta repasar una obra como el Quijote para encontrar referencias a esta realidad, percibida por todos en el tránsito de una a otra centuria 76. 76  Cuando en el capítulo XLVII de la Segunda Parte Sancho pregunta, con ocasión de gobernar en la Insula Barataria, quién es su secretario, uno de los presentes responde: «Yo, señor, porque sé leer y escribir, y soy vizcaíno.» «Con esta añadidura –dijo Sancho–, bien podeis ser secretario del

353

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

En el xvii los secretarios vascos continuaron desempeñando muchos puestos no solo en las secretarías de los Consejos, sino también en las de las juntas más importantes (en Obras y Bosques, Juan de Ibarra), copando durante muchos años la Secretaría única del Despacho Universal (Oyanguren, Blasco de Loyola, Jerónimo de Eguía, etc.). Otro autor literario, Alarcón, ratificará esa realidad en época más tardía, al poner en boca de uno de los personajes de su comedia El examen de maridos, cierto comentario de quien se extraña que aparezca un secretario no vasco, comentando: «Y a fe que es del tiempo vario/ efecto bien peregrino/ que no siendo vizcaíno/ llegase a ser secretario». La proliferación de Consejos y Juntas concurrentes en muchas materias, con gentes que salían de las reuniones de unos organismos para entrar en las de otros, condujo lógicamente a múltiples conflictos de jurisdicción y competencias que afectaron especialmente a los Consejos de Castilla e Inquisición. Estos conflictos, más agudos en el reinado de Felipe IV por la misma proliferación de Juntas, fueron calificados por Olivares como el mayor embarazo existente en el gobierno de la monarquía. Para resolverlo se crearon diversas Juntas de Competencias, y en 1625 el propio valido instituyó una muy importante de la que formaba parte un consejero por cada Consejo, algunos secretarios y otros miembros de las juntas especiales más afectadas por los conflictos (por ejemplo Junta de Obras y Bosques, Junta del Bureo). En todo caso, la labor de esa Junta de Competencias no debió resultar muy satisfactoria, pues a instancias del Consejo de Castilla fue suprimida en 1643.

III. SIGLO XVIII: EL GOBIERNO DEL REY CON LOS SECRETARIOS DE ESTADO Y DEL DESPACHO O MINISTROS A)  Felipe V y la creación del régimen ministerial Según hemos visto, el Secretario del Despacho había sido universal, es decir, único, desde su establecimiento en 1621 hasta la entrada del siglo xviii. Es entonces, con la nueva dinastía borbónica, cuando Felipe V constituye un Consejo de Despacho, o lo que se llamó el Despacho, compuesto inicialmente por el rey, dos influyentes personajes (el cardenal Portocarrero y el presidente de Castilla, Manuel Arias) y ese mismo secretario –a la sazón Antonio de Ubilla– que continuaba llevando los papeles. El Consejo de Despacho no era así otra cosa que la ampliación pluripersonal del despacho individual que hasta entonces había tenimismo Emperador». Más adelante añade el Gobernador: «y vos, como buen secretario y como buen vizcaíno, podeis añadir todo lo que quisiéredes y más viniere a cuento». 354

15.  El Rey y el gobierno central de la monarquía en el...

do el rey, el Valido o el Primer Ministro de turno, con el Secretario del Despacho Universal 77. Coincidiendo con la presencia de la princesa de los Ursinos, agente de Luis XIV en la Corte de Madrid, el Consejo de Despacho se desdibuja y Felipe V reduce el despacho a sus sesiones de trabajo con Ubilla. ¡Enfin voilà le roi qui gouverne par lui-même!, comentó la reina a sus damas. Pero al aparecer junto a la Ursinos un influyente personaje francés, Orry, quien se entendía mal con Ubilla, el Consejo de Despacho se reactivó y los negocios de Guerra le fueron sustraídos en 1703 a Ubilla y entregados al marqués de Canales, «quien entra a despachar lo de su negociación a diferentes horas que el marqués de Rivas (Ubilla) lo demás universal» 78. Formalmente la Secretaría del Despacho seguía siendo única, y su titular Ubilla, pero el despacho de los asuntos de Guerra corría a cargo del marqués de Canales. Con independencia de las peripecias que sufrió el Consejo de Despacho (con la salida y posterior retorno de la Ursinos y Orry), era claro que si Felipe V quería convertir al Secretario del Despacho en pieza clave de una Administración ágil y eficiente, abandonando así el despacho con los Consejos y Juntas tradicionales heredados de los Austrias, la universalidad del tráfago burocrático en manos de una sola persona era poco menos que imposible. Así pues, hecha la opción por el Secretario del Despacho (con Consejo de Despacho o sin él), la consecuencia no podía ser otra que hacer que aquella secretaría dejara de ser universal, o lo que es lo mismo, multiplicarla y repartir su tarea entre varias personas. El primer paso en ese sentido se dio con el decreto de 11 de julio de 1705, que dividió la hasta entonces única Secretaría del Despacho Universal en dos, una de Guerra y Hacienda, a cargo de José de Grimaldo, y otra para todo lo demás, que pasó a manos de Pedro Cayetano Fernández del Campo. El proceso, pues, de cara al futuro, quedaba planteado en los siguientes términos. El gobierno del rey y la administración central habría de bascular sobre las Secretarías del Despacho, órganos unipersonales y expeditivos, lo que planteaba la posible disolución de los tradicionales Consejos, más numerosos de composición, lentos y lastrados por cuestiones legalistas, disputas de precedencias, etc. Ahora bien, esos Consejos, que todavía evocaban un pasado glorioso, no podían ser suprimidos sin graves convulsiones y problemas. Así pues la solución habría de ser una solución de compromiso: no suprimir los Consejos, pero tratar de gobernar sin ellos. y al igual que antes los Consejos habían sido margi-

77  He expuesto con detalle el desarrollo de todos estos acontecimientos en Los orígenes del Consejo de Ministros, 2 vols., 2.ª ed., Editorial Complutense, 2001. 78  Melchor Rafael de Macanaz, Noticias individuales de los sucesos más particulares, tanto de Estado como de Guerra, acontecidos en el reynado del rey nuestro señor don Felipe Quinto (que Dios guarde) desde el año de 1703 hasta el de 1706, en el Semanario Erudito de Valladares y Sotomayor, vol. VII, pág. 48.

355

E stu d i o s d e Hi sto r i a de l De re cho

nados en beneficio de las Juntas, ahora lo serán en beneficio de las nacientes Secretarías del Despacho. A la bipartición de 1705 siguió la fundamental reforma de 1714, año en el que bien puede situarse el acta de nacimiento del régimen ministerial en España. Muerta la reina María Luisa, y con el retorno del reformista Orry, el Consejo de Despacho perdió la preponderancia española y se convirtió en un organismo internacional con dos franceses (el propio Orry y el P. Robinet), dos italianos (el cardenal Giudice y el príncipe de Cellamare), un flamenco (el conde de Bergeick) y dos españoles (el presidente del Consejo de Castilla y el duque de Veragua). Así las cosas, un real decreto de 30 de noviembre de ese año, desdobló la dúplice Secretaría del Despacho en